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Mucho nos hemos preguntado quién será responsable de indemnizar a una persona por efectos adversos graves de la vacunación contra el covid-19. En principio, es importante recordar que el proceso de obtención del consentimiento en la investigación y atención clínica no sólo se trata de acciones éticas para ejercer nuestra autonomía, sino también de un derecho constitucionalmente protegido, como lo es el derecho a recibir toda la información necesaria sobre las consecuencias y riesgos que pueden derivar de una intervención en la salud, en este caso, la vacunación.

Ilustración: Raquel Moreno

Si contamos con datos claros y asequibles, podremos decidir de manera informada si aceptamos o no dicha intervención. Lo anterior puede cambiar en una pandemia como la que estamos viviendo, pues al ser una emergencia de salud pública, se tendrá que ponderar entre el derecho individual a autodeterminarnos y la búsqueda del bienestar de la salud poblacional para lograr la inmunización ante el virus SARS-CoV-2.

La mayor parte de la literatura al respecto establece un choque de derechos: el derecho a la salud, en su faceta pública, y el derecho a la libertad de decisión o a la autodeterminación. De esta manera, se tendrá que resolver un dilema bioético con las herramientas interpretativas y de ponderación de derechos. Surge así una especie de balance entre la medida deseada y el nivel de restricción del derecho de autodeterminarse. Más aún, existen normas que establecen las obligaciones del Estado para reparar cualquier daño que se derive por la afectación al derecho a la salud. Es aquí donde se dimensiona la obligación de informar y la responsabilidad que puede implicar un efecto adverso de una medida de salud pública, como lo es la vacunación (ya sea voluntaria u obligatoria). En otras palabras, el consentimiento a la vacunación conlleva el deber implícito de informar sobre las repercusiones que determinado producto farmacéutico, incluidas las vacunas, puede ocasionar a algunas personas.

¿Tenemos información pública sobre las reglas de compra y contratación de las vacunas contra el covid-19 en México? No. Pero, por ejemplo, de acuerdo con un ejecutivo de AstraZeneca, los contratos bilaterales de la farmacéutica con los Estados han garantizado protección contra cualquier acción legal derivada de sus productos de vacunación, dado que “no pueden tomar el riesgo” de la responsabilidad derivada de un efecto secundario de los mismos. En países como Estados Unidos existe la legislación especial The Public Readiness and Emergency Preparedness Act, la cual proporciona inmunidad de demanda alguna por daños relacionados con la vacunación, con muy pocas excepciones. Sin embargo, de esta misma legislación emana un Fondo de Compensación para asumir ese riesgo de demandas del cual han deslindado a quienes producen vacunas.

Nuestras siguientes preguntas: ¿existe dicho Fondo de Compensación en México?, ¿el Estado está planeando crear el fondo para compensar el riesgo asumido ante algún efecto adverso mortal? Los daños ocasionados por la vacunación pueden encaminar acciones para obtener una compensación económica, que generalmente se litiga por negligencia médica. Sin embargo, en este caso de medida de salud pública no estaríamos hablando de una negligencia de quienes trabajan en el sector salud, sino de la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del riesgo asumido en la implementación de las vacunas. Aunado a ello, se ha consentido acceder a esta inmunización sin la información completa de efectos adversos derivados, dado que es una etapa muy temprana aún para conocerlos en su totalidad.

Crear un esquema de compensación en el que las farmacéuticas incorporen su responsabilidad social sería un acierto ético que llevaría a países como el nuestro a adquirir las vacunas y asumir un riesgo solidario. ¿Será que la industria farmacéutica refleje alguna convicción sobre responsabilidad solidaria y justicia social?

 

María de Jesús Medina Arellano
Doctora en Bioética. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante del Colegio de Bioética A. C.

Marco Antonio Tapia
Tesista de licenciatura del programa en Derecho del Departamento de Derecho del ITAM.

 

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