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Durante los últimos años de la administración de Enrique Peña Nieto, el volumen de combustible robado de ductos de Pemex aumentó hasta máximos históricos. Este delito se expandió rápidamente porque implicaba riesgos mínimos en relación con las exorbitantes ganancias. Esto cambió al inicio de la administración de López Obrador: desde el primer día el presidente mostró un gran interés en sanear las finanzas de Pemex y, desde su perspectiva, el combate al huachicol debía convertirse en una prioridad nacional.

Ilustración: Estelí Meza

El robo de hidrocarburos no es exclusivo de México. Ocurre también en otros países con tradición petrolera en los que persisten altos niveles de impunidad. Lo que distingue al caso mexicano es una combinación de circunstancias que propiciaron que, en tan sólo unos cuantos años, este tipo de robo se incrementara hasta alcanzar niveles insostenibles; como referencia, en noviembre de 2018 se perdió aproximadamente el 6.6 del volumen bombeado en ductos (ver gráfica).

Al asumir sus funciones, López Obrador lanzó una estrategia ambiciosa de intervención en Pemex que consistió en la suspensión del transporte por ducto cuando se detectaran signos de extracción ilícita. Poco después, en enero de 2019, esta suspensión generó un desabasto masivo en al menos diez estados del país, lo que generó descontento social. Aunque la decisión fue polémica, la opinión pública terminó por aceptar que era una acción necesaria que, además, tuvo resultados positivos: entre noviembre de 2018 y febrero de 2019 el volumen desviado disminuyó un 89 %; al tiempo que el nivel de aprobación de López Obrador ascendió a 67 % en febrero de 2019, el más alto en su administración hasta ahora.1

Para evitar que estos buenos resultados se reviertan en el futuro próximo, el gobierno federal debe atender las condiciones que propiciaron el problema. Un primer factor relevante es la proliferación de grupos criminales que surgieron después de la atomización de grupos más amplios, pero que rápidamente se fortalecieron por los amplios márgenes de ganancia del robo de combustible. Si bien este tipo de robo ha disminuido, poderosas organizaciones, como el Cártel Santa Rosa de Lima, se mantienen como actores centrales en otros mercados ilícitos: robo a transporte de carga, extorsión presencial y robo de gas LP, por mencionar algunos. A su vez, estos grupos han sido eficientes en construir una extensa base social que los apoya y una intrincada red de protección por parte de autoridades locales. Lo anterior ha permitido que las organizaciones delictivas muestren gran resiliencia frente a los operativos en su contra.

La colaboración más estrecha entre Pemex y agencias de seguridad ha sido efectiva para proteger instalaciones estratégicas. Más que un logro de este gobierno, tal política es consecuencia de la labor de los grupos coordinación táctica-operativa creados por la administración anterior. No obstante, las actuales autoridades no se han dado a la tarea de combatir las redes de corrupción y cooptación criminal de funcionarios y trabajadores sindicalizados de Pemex, lo que explica que continúen apareciendo tomas clandestinas de alto costo para la empresa. Sin contabilizar el combustible perdido, Pemex invirtió aproximadamente 519 millones de pesos en 2020 para clausurar las casi diez mil tomas.

En suma, la estrategia de Andrés Manuel López Obrador disminuyó el volumen robado, pero no ha atendido las condiciones que facilitaron el delito, lo que ha propiciado que continúe una alta incidencia de delitos relacionados, como el robo de gas LP, mencionado previamente, y el robo a ferrocarril. El legado de López Obrador dependerá de la capacidad de su gobierno para aplicar estrategias de prevención social y de combate a la corrupción de funcionarios y trabajadores de Pemex. Sólo así se garantizará que grupos criminales no vuelvan a controlar empresas públicas tan importantes para el desarrollo de México.

 

Luis Alfredo Osnaya Hoyos
Abogado. Es Integrante del equipo de consultores de Lantia Intelligence.


1 Encuesta Mitofsky, “Aprobación promedio de López Obrador en enero 2021”, la mayor desde 2019, 3 de febrero de 2021.