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El próximo 6 de junio millones de mexicanos elegirán a sus representantes nacionales y locales. Este proceso electoral será el más complejo del que tengamos memoria. Desafortunadamente, la pandemia, el deterioro de la economía nacional y la alta polarización política en la sociedad mexicana no son los únicos factores que ensombrecerán las elecciones; estarán también acompañadas de una intensa violencia política-electoral. Cientos de candidatos serán víctimas letales de este tipo de violencia.

Ilustración: Estelí Meza

En México, las organizaciones criminales han demostrado sistemáticamente su capacidad para influir en los procesos electorales. Tan sólo en el proceso electoral de 2017-2018, Lantia Intelligence registró más de cien víctimas de violencia política-electoral. Las ejecuciones y ataques en contra de figuras políticas no son eventos aislados en nuestro país. Tanto en democracias consolidadas como incipientes, las elecciones son un espacio que diferentes actores buscan manipular para obtener algún tipo de beneficio.

Con el arribo de la democracia a México, las organizaciones criminales buscan hacerse del control político en la esfera local. Capturar a quienes ocupan puestos de elección popular genera grandes beneficios a las organizaciones criminales: desde extraer rentas del erario hasta dominar a las policías municipales. Estas organizaciones ven en los procesos electorales una oportunidad única para manipular a las autoridades formales y reducir sus márgenes de incertidumbre. En términos generales, el crimen organizado tiene dos grandes estrategias para capturar al Estado: la cooperación y la confrontación. Aquí analizo la estrategia de confrontación que se traduce en ataques, secuestros y asesinatos de actores políticos. Además, ofrezco una prospectiva de riesgos electorales rumbo al 6 de junio.

 

En vísperas del próximo proceso electoral, más allá de hacer un seguimiento sobre el número de eventos de violencia política-electoral, resulta urgente identificar aquellos factores que predicen en dónde habrá un recrudecimiento de la violencia en las próximas semanas y meses. Según el monitoreo diario de eventos de violencia política-electoral que se hace en Lantia Intelligence, desde junio de 2020 hasta febrero de 2021 se han registrado un total de ochenta eventos de violencia política-electoral1 con más de cien víctimas. Febrero es el mes más violento con el mayor número de eventos registrados.

Este aumento de la violencia tiene dos posibles explicaciones. Por un lado, los partidos políticos están definiendo y perfilando posibles candidatos, lo cual naturalmente produce disputas internas, divisiones y afrentas entre diversos actores. Esto, sin duda, puede generar violencia política-electoral. Por otro lado, las organizaciones criminales desempeñan un papel protagónico en la definición de las candidaturas en regiones específicas. El crimen organizado busca posicionar candidatos locales afines para establecer esquemas de poder político a mediano y largo plazo. Al mismo tiempo, las organizaciones criminales intentan eliminar a aquellos candidatos que se nieguen a establecer pactos, así como a candidatos que estén aliados con grupos criminales rivales. Esto provocará un recrudecimiento de la violencia en los próximos meses.

Sin embargo, la violencia política-electoral no se comporta de forma homogénea. Existen patrones criminales y políticos que nos permiten estimar con cierta precisión el nivel de riesgo que corren los candidatos locales. Por ejemplo, los estados con el mayor número de eventos de violencia política-electoral son Veracruz y Guerrero. Éstos no son casos aislados. De acuerdo con un modelo estadístico elaborado con datos de Lantia Intelligence, que incluye información sobre las disputas criminales, la competitividad electoral y el comportamiento de las ejecuciones por estado, la violencia política-electoral se agudiza en regiones en donde existen disputas territoriales entre dos o más grupos criminales y en donde la competencia electoral es elevada. En cuanto a los factores políticos asociados con un alto riesgo electoral, es importante señalar que la mayoría de los precandidatos asesinados no pertenecían al partido en el gobierno. Acerca de la afiliación partidista de los actores políticos asesinados: la mayoría pertenecían a Morena en primer lugar y al PRI en segundo lugar.

La competencia criminal es un factor que predice en gran medida la vulnerabilidad de los candidatos. Sin embargo, esta vulnerabilidad se incrementa en aquellas regiones en donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene una clara intención de controlar el territorio y en donde existen otras organizaciones criminales con una presencia relevante. Por ejemplo, la violencia política-electoral en estados como Veracruz, Guerrero y Michoacán es predecible y continuará aumentando. En el caso particular de Veracruz, la región sureste de este estado enfrenta una compleja disputa criminal entre el CJNG y los Zetas Vieja Escuela. Por su parte, en la zona de Tierra Caliente y la Costa Grande de Guerrero, la rivalidad entre el CJNG y diferentes brazos armados y mafias subordinadas al Cártel de Sinaloa, así como otras organizaciones criminales locales como los Rojos y los Viagras, explican en gran parte el aumento de este tipo de violencia. Además, en el caso específico de Guerrero habrá escenarios locales de alta competitividad electoral y de posible alternancia política, lo cual incrementa la vulnerabilidad de los candidatos.

Estos estados no son los únicos en los que presenciaremos altos niveles de violencia política-electoral. En aquéllos en donde el CJNG busca consolidarse como organización criminal hegemónica, es altamente probable que la violencia escale en los próximos meses. Entidades como Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Quintana Roo, entre otras, deben ser un foco de atención por el riesgo electoral que representan. Aunque es común asociar la violencia política-electoral con los ataques y asesinatos de actores políticos, no debemos ignorar el riesgo que corren los miles de capacitadores y funcionarios electorales que se han empezado a desplazar por todo el territorio nacional. Por la importancia, las dimensiones y las implicaciones políticas que tiene la próxima elección, las organizaciones criminales podrían buscar nuevos esquemas de intimidación y confrontación en contra de funcionarios electorales con el fin de atemorizar a la población y así manipular el comportamiento electoral a favor de sus candidatos afines.

Desafortunadamente, ser candidato local en México es un trabajo de alto riesgo. La violencia política-electoral ha iniciado un nuevo ciclo. Aunque no se puede evitar este tipo de violencia en su totalidad, hay elementos que permiten identificar regiones que serán focos rojos para los candidatos. Una vez más, el crimen organizado será un actor protagónico en la construcción de nuevos equilibrios políticos. Sumado a esto, los altos niveles de polarización política y de crisis internas en los partidos detonarán la penetración del crimen organizado en las contiendas electorales. Es urgente que las instituciones, los partidos y las agencias de seguridad coordinen y unan esfuerzos para identificar las regiones en donde los candidatos son más vulnerables. Si esto no ocurre, el próximo proceso electoral será, sin duda, el más violento del que tengamos memoria.

 

Amalia Pulido Gómez
Profesora-investigadora de la División de Estudios Políticos del CIDE y consultora asociada de Lantia Intelligence.


1 Consideramos en esta categoría ataques, secuestros y asesinatos de actores políticos, funcionarios, familiares y colaboradores.

 

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