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El sector agroalimentario es, junto con el automotor, la mayor historia de éxito en la apertura comercial del país. Sus exportaciones totales pasaron de 4015 millones de dólares en 1993 a 39 525 en 2020, más que los ingresos por petróleo y derivados, turismo internacional y, hasta 2019, remesas. Además, pasó de ser deficitario en los años noventa a tener un saldo consistentemente positivo en la última década, que ascendió a 12 347 millones de dólares el año pasado.1

Ilustración: Estelí Meza

El motor de este fenómeno ha sido el sector agrícola, que en 2019 alcanzó una producción total de 675 368 millones de pesos, casi 12.5 veces mayor a la de 1993, que fue de 54 227 millones de pesos.2 Este crecimiento se debe, principalmente, a la agricultura de exportación, un sector altamente tecnificado y especializado en frutas y hortalizas, que obtiene rendimientos muy superiores a los cultivos tradicionales.

La distribución territorial de esta bonanza agrícola muestra, sin embargo, una similitud inquietante con la geografía de la violencia. De los nueve estados con mayor producción en 2019, sólo uno (Sinaloa) no figura también entre los nueve con más homicidios dolosos.3 En general, la comparación de los valores de producción y homicidios de las 32 entidades federativas arroja una correlación de 0.56, no muy fuerte pero sí significativa.

Para comprender si esta correlación es algo más que una coincidencia, es necesario recordar la evolución del campo mexicano en las últimas décadas. La reforma del artículo 27 en 1992 y la entrada en vigor del TLCAN dos años después dieron lugar a un modelo agrícola expansivo, acelerado y extractivo, caracterizado por varios factores, entre los que sobresale el acceso a tierras en renta y mano de obra barata de los propios núcleos agrarios o zonas indígenas depauperadas.4

Junto con un crecimiento económico innegable, este modelo trae cambios sociales profundos: escinde a los agricultores entre una minoría que exporta, sola o en alianza con transnacionales, y la mayoría que renta sus tierras y provee mano de obra o continúa en cultivos tradicionales, margina a éstos últimos y provoca migraciones crecientes de trabajadores agrícolas. Además, los productores de exportación suelen evitar la contratación de jóvenes de 16 y 17 años, prohibida por ley en la agricultura.

La bonanza agrícola no incluye, sin embargo, a los gobiernos municipales, que en zonas rurales suelen ser débiles y no cuentan con el mismo respaldo estatal y federal que en las áreas urbanas. Tal circunstancia atrae a grupos delictivos y les facilita la extracción de rentas por medio de la extorsión. Éstos encuentran un terreno demográfico fértil para reclutar soldados, ante la abundancia de hombres jóvenes, con posibilidades económicas limitadas y criados en hogares monoparentales. Con frecuencia, dichos grupos capturan los gobiernos locales para facilitar su acceso a información, recursos y la fuerza pública.5

La violencia en las regiones agrícolas exportadoras sirve a varios propósitos. Además de intimidar a empresarios y líderes políticos locales para favorecer sus intereses económicos, los grupos delictivos la ejercen para controlar a la población y combatir a grupos rivales. En algunos casos, además, su presencia ha provocado el surgimiento de defensas comunitarias, particularmente en Michoacán.6

La violencia en México es un fenómeno demasiado complejo para atribuirla a un solo factor, pero hay suficientes indicios de una relación con la agricultura de exportación para que la propia industria y el gobierno no la pasen por alto. El reto es comprender a fondo los impactos sociales y ambientales de la agricultura de alto rendimiento y, a partir de ello, modificar el modelo para asegurar su sostenibilidad con base en la resiliencia comunitaria.

 

Rafael Escobedo
Maestro en Desarrollo Internacional Sostenible. Es asesor en cambio social para el sector agropecuario y consultor asociado de Lantia Intelligence.


1 Banco de México, Sistema de Información Económica, consultado el 23 de febrero de 2021, https://bit.ly/3daxFT4.

2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, consultado el 23 de febrero de 2021, https://nube.siap.gob.mx/cierreagricola/.

3 Ibid. y Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva del Fuero Común, nueva metodología, consultado el 22 de enero de 2021, https://bit.ly/39hzBYX. Los nueve estados con mayor producción son, en orden de valor: Michoacán, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, México y Baja California. En materia de homicidios dolosos, sobra Sinaloa, pero falta Guerrero.

4 Sandoval Moreno, A. “Gobernanza y procesos socioterritoriales: el caso de las frutillas en Michoacán”, Cuadernos Americanos 169, México, 2019/3, pp. 119-139.

5 Trejo, G., y Ley, S. Votes, Drugs, and Violence: The Political Logic of Criminal Wars in Mexico, Cambridge University Press, 2020.

6 Fuentes Díaz, A., y Paleta Pérez, G. “Violencia y autodefensas comunitarias en Michoacán, México”, en Iconos. Revista de Ciencias Sociales, núm. 53, FLACSO, Quito, Ecuador, septiembre 2015, pp. 171-186.

 

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