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Cuando una familia sufre la desgracia de que le desaparezcan a un miembro, tiene que tratar con un entramado institucional complejo: policías, ministerios públicos, peritos, médicos y fiscalías. Entre esas familias priva la desesperación, la frustración y la rabia con todo ese conjunto institucional. Usualmente, la experiencia de los familiares de los desaparecidos con todo el aparato de procuración de justicia es terrible, y ha creado en ellos una desconfianza que el Estado se ha ganada a pulso.

Pongo por ejemplo las fosas irregulares que se descubrieron en los panteones municipales de Tetelcingo, Morelos, en 2016 y de Jojutla, Morelos, en 2017. Son casos que han atraído mucho la atención de los medios, en parte porque se trata de fosas comunes pertenecientes a la fiscalía, que fueron usadas por el crimen organizado para inhumar ilegalmente a sus víctimas, y en parte también por la escala del fenómeno: se descubrieron restos de 117 individuos en Tetelcingo y van 85 en la primera fase de los trabajos de exhumación en Jojutla. Se sabe que se descubrirán más inhumaciones allí cuando reinicien los trabajos de excavación.

Ilustración: Patricio Betteo

Se ha comentado menos la increíble lentitud que ha habido en el proceso de identificación de esas víctimas. De hecho, todavía no concluye el proceso de sacarles pruebas de ADN a los cuerpos de Jojutla, aunque han pasado ya más de tres años desde que se exhumaron los restos.

Esa espera interminable de los resultados de pruebas se debe aparentemente a la insuficiencia de recursos de la fiscalía del estado de Morelos, pero también al hecho de que, debido a la desconfianza que se han granjeado los servicios forenses de las fiscalías tanto estatal como federal, los familiares de los desaparecidos han exigido que se cotejen resultados de las pruebas entre cuatro instituciones. Dicho mal y pronto: los familiares no confían en los resultados que presente la fiscalía y exigen que cada uno se compare entre varios laboratorios. Esa desconfianza afloró ante grados de incompetencia demostrada en situaciones concretas, que finalmente obligaron al gobierno a acceder a que los resultados de sus pruebas de ADN fueran cotejados por varias instituciones.

Pero este problema es en realidad general y cala muy hondo, tanto que se puede decir, sin exagerar, que aunque la desaparición empieza siempre con un rapto, el fenómeno no queda consumado sino a partir del procesamiento irregular que se le da a los cuerpos asesinados cuando aparecen.

Quizá cueste un poco asimilar lo que acabo de escribir, así que lo voy a repetir: la desaparición es un fenómeno en el que participan, en primer lugar, los criminales que secuestran y matan y, en segundo lugar, los organismos de gobierno que están encargados de investigar crímenes y de reunir datos forenses. Por omisión o por comisión, la policía, el ministerio público, las fiscalías y los semefos son parte activa en la desaparición como fenómeno social. Veamos.

Cuando aparece un muerto no identificado, los primeros en manipular su cuerpo son los policías locales y entre ellos es práctica común mover a los cuerpos para quitarles pertenencias valiosas. Así desaparece una primera capa de evidencia que podría, en algunos casos, haber ayudado a identificar a la víctima. En este primer ejemplo vemos cómo la pequeña corrupción también contribuye (involuntariamente) al fenómeno de la desaparición.

Sigamos la ruta del cuerpo de la víctima otro poco. Cuando el muerto llega al Semefo, se le deben tomar fotografías, pero por falta de recursos o por descuido, se acostumbra capturar esas fotos con los teléfonos celulares de los empleados y no siempre se integran a la carpeta correspondiente. Así se pierde una segunda capa de evidencia, y el gobierno vuelve a contribuir de manera involuntaria a la desaparición de un individuo. Después, el caso no siempre es ingresado a la base de datos estatal. Luego, las bases de datos de los estados no empatan bien con la base de datos federal… Y así sucesivamente.

Las prácticas cotidianas de los empleados encargados de procesar a los cuerpos no identificados van haciendo cada vez más difícil que sus familiares los puedan encontrar. Hay robo de evidencia, omisión de información disponible en las carpetas, confusión de carpetas, problemas de captura de información en bases de datos, inhumación de cuerpos sin un registro exacto del lugar del entierro, etcétera. Poco a poco, los familiares se van dando cuenta de que el gobierno es parte activa del fenómeno de la desaparición. Por eso no le tienen confianza.

Esa desconfianza es costosísima, en primer lugar para las propias víctimas —es decir, para las personas que buscan a un desaparecido—, que viven con la certeza de que si ellos no se involucran en las búsquedas, no habrá una investigación confiable. Pero la desconfianza también tiene costos para la sociedad completa, que intuye la parte que tiene el gobierno en el fenómeno de la desaparición. Por último, la desconfianza le cuesta caro al propio Estado mexicano, que tiene que duplicar, triplicar o cuadruplicar las mismas funciones para poder generar un mínimo de credibilidad. Y con frecuencia ni así la consigue. ¿Cuánto dinero se ha gastado en la investigación de las desapariciones de Ayotzinapa? ¿Habrá acaso alguna confianza en los resultados de las investigaciones? ¿Habrá alguna vez justicia en el caso?

No lo creo, porque, más allá de cualquier voluntarismo, el Estado mexicano sigue siendo una parte activa en la transformación de una persona asesinada en una persona “desaparecida”.

 

Claudio Lomnitz
Profesor de antropología de la Universidad de Columbia. Es autor de Nuestra América. Utopía y persistencia de una familia judía, La nación desdibujada. México en trece ensayos y El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, entre otros libros.

 

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