A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

La calumnia, dice Maquiavelo, es un poderoso recurso en las manos de los ambiciosos. Es, sin embargo, una amenaza para la ciudad. Así como las acusaciones públicas son beneficiosas, las calumnias envenenan al Estado. ¿Cuál es la diferencia? El calumniador no requiere testigos ni pruebas de sus dichos: cualquiera puede ser calumniado. En cambio una acusación requiere de un acusador que ofrezca evidencias y pruebas que sustenten los cargos que formula. Las acusaciones se presentan ante los magistrados; las calumnias circulan en las plazas o en el ciberespacio. La calumnia florece ahí donde las acusaciones son poco frecuentes o inefectivas. Aquél que constituye una República, aduce el florentino, debe hacerlo de tal forma que los ciudadanos puedan formular cargos contra cualquiera sin temor de ningún tipo y sin hacer distinción de personas. Cuando esto no sucede, invariablemente ocurren graves desórdenes. En el fondo, la calumnia es contraproducente. Las calumnias no castigan a los ciudadanos: sólo los exasperan. Y como el odio se excita más rápidamente que el temor, los agraviados buscan la manera de desquitarse por lo que se ha dicho de ellos. Tal vez, tomarán represalias haciendo públicos sus videos. El odio arraiga en todos los campos, lo que produce divisiones; éstas engendran facciones, que a su vez causan la ruina de la República. Las calumnias son el recurso preferido de los demagogos. Sirven para entronizar a un individuo y son muy efectivas cuando se emplean en contra de ciudadanos poderosos que estorban los planes del ambicioso. El demagogo halaga al pueblo y para atraérselo reafirma sus resentimientos.

Ilustración: Belén García Monroy

En muchos sentidos atestiguamos el régimen de la calumnia institucionalizada. Maquiavelo pensaba que la calumnia era, sobre todo, un arma en el arsenal de los individuos hambrientos de fama y poder, como Manlio, el general romano que envidiaba a su rival Camilo y estaba dispuesto a calumniarlo para poner al pueblo en su contra. Así provocó tumultos populares y desórdenes en Roma. Hay que cuidar al Estado de tales ambiciosos dispuestos a causar su ruina en aras de su engrandecimiento. Sin embargo, a veces el calumniador puede ser el Estado mismo. Cuando éste renuncia a las acusaciones, a los procedimientos judiciales, se convierte en Manlio. El gobierno se transforma entonces en una facción más, deseosa de aniquilar a sus adversarios por cualquier medio. No es la justicia, salvaguarda de la República, lo que persigue, sino el descrédito de sus enemigos políticos. Cuando la ley prevalece, las acusaciones disuaden a los potenciales malhechores de atentar contra el bien público. Si lo hacen, son castigados sin miramientos. Además, estos procesos sirven como una válvula de escape del descontento popular en contra de ciertos individuos. Cuando esa salida no existe de forma ordinaria, se echa mano de métodos irregulares que terminan por causar un desastre. Así, “nada estabiliza y fortalece más a una república que una institución, creada por las leyes, a través de la cual se desfoguen debidamente los cambiantes humores que la agitan”.

Un Estado que le da la espalda a su papel de guardián de las leyes y las instituciones para convertirse en el Gran Calumniador subvierte a la República. Eso ocurre cuando utiliza de manera facciosa su poder coercitivo, pero también cuando renuncia a los procedimientos judiciales ordinarios y por el contrario hace de la difamación su método de elección y se lanza a hacer consultas espurias. Así institucionaliza el uso de la calumnia. Eso es lo que los antiguos llamaban acertadamente corrupción. Una consulta popular, en las plazas, sin ningún sustento legal, para que la gente decida si se enjuicia a los expresidentes no es sino calumnia promovida por el Estado. Nada tiene que ver con las acusaciones públicas. Es un recurso que acciona impúdicamente los viejos resortes de la calumnia, ahora desde el poder. No busca la justicia, sino la manipulación demagógica. Lo mismo puede decirse de la especie con la que se difama a numerosas organizaciones civiles, abocadas a las más diversas causas ciudadanas, que han recibido financiamiento de fundaciones internacionales. No hay acusación: sólo calumnia. Y finalmente, qué decir de un gobierno que usa facciosamente su poder para atacar a una revista que le resulta incómoda. La calumnia de Estado se repite en redes sociales sin pudor alguno ni consideración al debido proceso. No importa que los tribunales echen por tierra la acción: el objetivo del Leviatán calumniador no es la justicia, sino la difamación y la deshonra pública. No nos engañemos: quien ha hecho de la infamia un recurso de Estado busca la ruina de la República, aunque se vista con los ropajes del magistrado. Es, qué duda cabe, el Gran Corruptor.

 

José Antonio Aguilar Rivera
Investigador del CIDE y autor de La geometría y el mito. Un ensayo sobre la libertad y el liberalismo en México, 1821-1970 y Cartas mexicanas de Alexis de Tocqueville, entre otros títulos.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.