La Guardia Nacional es una corporación civil encargada de la seguridad pública. En la reforma constitucional que la habilitó se aprobó un artículo quinto transitorio en el que se señala que el presidente podrá disponer, bajo determinados límites, de las fuerzas armadas (FF. AA.) para realizar tareas de seguridad pública durante el tiempo que ese cuerpo civil desarrolle sus capacidades. Posteriormente, el presidente López Obrador emitió un acuerdo en el cual ordenó a las FF. AA. a participar, hasta el final de su sexenio, en determinadas labores que originalmente le corresponden a la Guardia Nacional conforme a su propia ley.

Ilustración: Patricio Betteo

En contra de ese acuerdo, el ayuntamiento de Colima y la presidencia de la Cámara de Diputados, entre otras entidades del país, promovieron una controversia constitucional. Un recurso que permite a ciertos actores políticos denunciar, ante la Suprema Corte, cuando una medida de alguna entidad, poder u órgano, ya sea federal, estatal o municipal, invade las competencias constitucionalmente previstas —es decir, los límites constitucionales para que un poder político pueda actuar o tomar decisiones— de otra entidad, poder u órgano federal, estatal o municipal.

El ayuntamiento argumenta que el acuerdo vulnera la autonomía del municipio para hacerse cargo de la seguridad pública mediante la policía municipal, como lo señala el artículo 115 constitucional. Por su parte, la presidencia de la Cámara de Diputados plantea que, conforme a la Constitución y el derecho internacional, sólo el Congreso está facultado para regular la actuación de las FF. AA. en labores de seguridad pública. En otras palabras, si las FF. AA. participan en tareas que les corresponden a las policías u otras corporaciones civiles, dicha participación debe constar en la ley y no sólo en decretos del Ejecutivo. Ambas demandas coinciden en que el acuerdo rebasa las restricciones —establecidas en los artículos 21 y 129 de la Constitución, en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional, y en precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos— que limitan la participación de las FF. AA. en la seguridad pública.

La Suprema Corte debe decidir si este acuerdo para que las FF. AA. participen en labores de seguridad pública cumple con los requisitos tanto constitucionales como internacionales y, además, si con su expedición el presidente invadió o no facultades constitucionales de los municipios y del Congreso.

 

Daniel Quintanilla Castro
Abogado por el ITAM.

 

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