El 26 de junio de 2019, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó una demanda de acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Nacional del Registro de Detenciones publicada un mes antes.

La CNDH en su escrito celebra la aprobación de la ley y reconoce la importancia de la creación de un sistema que concentre la información de las detenciones de todo el país. Sin embargo, sostiene que esta ley no cumple con el requisito de acotar debidamente las actuaciones de la autoridad y genera incertidumbre jurídica para los ciudadanos. En el texto de la demanda, argumenta dos conceptos de invalidez.

Ilustración: Patricio Betteo

En el primero, la CNDH menciona que, en los transitorios de la reforma constitucional, se enlistan los contenidos mínimos que la ley debía incluir. Todos estos contenidos fueron contemplados en la ley salvo uno: el que se refiere a las acciones en caso de que la base de datos se vulnere o ponga en riesgo. La CNDH acusa al Congreso de omisión por no cumplir con el mandato constitucional de legislar este aspecto.

La comisión recuerda que la necesidad de este registro tiene como antecedente las violaciones a los derechos humanos de las personas detenidas que, en muchas ocasiones, son sometidas a torturas, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. Sostiene que el vacío legal compromete la seguridad de la información y diluye la responsabilidad en caso de que la información se pierda, robe o altere.

En el segundo concepto de invalidez, la CNDH menciona que la ley no describe cómo hará el registro de las detenciones realizadas por elementos castrenses. En este sentido, argumenta que la lectura sistemática de la reforma constitucional y las leyes relacionadas permiten entender la responsabilidad de las Fuerzas Armadas de dos formas: a) cuando las fuerzas militares realicen tareas de seguridad pública, no tienen la obligación de dar aviso inmediatamente de sus detenciones a la autoridad policial; b) las fuerzas militares son autoridades obligadas a realizar directamente el registro de sus detenciones.

La CNDH sostiene que la existencia de dos posibles interpretaciones genera incertidumbre jurídica. Además estima que la primera interpretación da pauta a que las detenciones realizadas por elementos castrenses no sean registradas, lo que vulneraría los derechos de las personas detenidas. Por todo lo anterior, la comisión solicita declarar la inconstitucionalidad de la norma.

 

Fernanda Caso
Maestra en Leyes de la Seguridad Nacional por la Universidad de Georgetown.

 

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