Las crisis son síntomas de la incapacidad de un sistema para ofrecer soluciones satisfactorias a los problemas urgentes. La situación de violencia e inseguridad es justo una prueba de esto; a pesar de los esfuerzos realizados, seguimos sin vislumbrar un horizonte de salida. De ahí la relevancia de analizar la idoneidad de las herramientas propuestas, como la Ley de la Guardia Nacional, por el actual gobierno federal para enfrentar esta problemática.

Ilustración: Patricio Betteo

Tal análisis, sobra mencionar, debe darse bajo los estándares establecidos en la Constitución y a través de los mecanismos correspondientes. En este sentido, el 26 de junio de 2019, el entonces presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad en contra de esta ley.

La esencia de la demanda gira en torno a las tareas de seguridad pública y procuración de justicia. Es decir, se trata de establecer los límites adecuados a la actuación de la Guardia Nacional o, en otras palabras, los supuestos y circunstancias bajo los cuales debe operar. Al respecto, dos de los elementos más importantes que deberá resolver la Suprema Corte son, por un lado, si el Congreso excedió su discrecionalidad legislativa frente al texto constitucional al aprobar esta ley y, por el otro, el nivel de precisión con que se trazaron los límites de actuación de la Guardia Nacional.

Por ejemplo, una de las preguntas clave que plantea la demanda es si las atribuciones que la ley otorga a la Guardia Nacional, en materia de investigación para la prevención de delitos, como los supuestos bajo los cuales pueden llevar a cabo operaciones encubiertas o intervenir comunicaciones privadas, son actos de molestia que vulneran derechos a la privacidad, así como la prohibición de injerencias arbitrarias.

Cuando se presente la discusión sobre este asunto entre los ministros, no debemos perder de vista que los contrapesos constitucionales deben ser vistos como una fortaleza del Estado y no como un obstáculo. De tal manera que le tocará a la Suprema Corte, en su papel de árbitro político, determinar si las herramientas propuestas por la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión para solucionar la crisis de inseguridad se apegan a los principios y derechos reconocidos en la Constitución.

 

Carlos R. Asúnsolo Morales
Maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.