La Cámara de Diputados estableció como salario del presidente de la República la cantidad de $111 990.00 mensuales para el año 2020. Por mandato constitucional, esta cantidad debe considerarse para calcular los salarios de todos los funcionarios del país, ya que ninguno puede ganar más que el presidente. En consecuencia, se vieron reducidos los presupuestos, entre otros, del Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Nacional Electoral y, por supuesto, también los salarios de sus correspondientes funcionarios.

Ilustración: Patricio Betteo

Estos órganos constitucionales, en respuesta, reclamaron este ajuste salarial ante la Suprema Corte, mediante un procedimiento conocido como controversia constitucional. Su argumento principal es que el salario del presidente fue fijado de forma arbitraria, en atención a su propio deseo, lo cual resulta violatorio del artículo 127, primer párrafo, de la Constitución. La cantidad, arguyen en sus respectivas demandas, se fijó sin una metodología que permita comprobar que es proporcional a las responsabilidades del mandatario; es incompleta porque no contempla los ingresos en especie, y genera una distorsión transversal que afecta a los salarios de todos los funcionarios públicos del país.

La Suprema Corte está obligada a cumplir con sus deberes epistémicos de investigar, deliberar, argumentar y, sobre todo, respetar sus propios precedentes. Sin duda, en el más importante se determinó que las normas que ordenan fijar el salario del presidente son inconstitucionales, básicamente por las mismas razones que esgrimen los demandantes: la falta de un criterio objetivo.

Además, los ministros deberán tomar en cuenta los casos que establecen que cuando se prueba que un poder se entromete en la esfera de competencia de otro, afecta su independencia o lo subordina, se viola el principio de división de poderes. Y, en particular, deberá no desconocer el principio de irreductibilidad salarial; ni tampoco decisiones previas sobre el presupuesto de egresos.

El problema central que plantean estas demandas va mucho más allá del tamaño del cheque de los altos funcionarios. Es decir, en el fondo, lo que plantean estos órganos constitucionales autónomos es si un poder puede imponerse sobre otro u otros con el resultado de una concentración de poder que rebase los límites constitucionales. La Suprema Corte tiene la última palabra.

 

Roberto Lara Chagoyán
Investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, Ciudad de México.

 

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