La Ley Federal de Austeridad Republicana materializa uno de los ejes políticos más importantes de la actual administración federal. Bajo la consigna: “No gobierno rico con pueblo pobre”, el Congreso de la Unión trazó líneas que definen el gasto, los sueldos y las restricciones a las que estarán sujetos servidores públicos de distintos órganos.

A este texto legal, polémico por sí mismo, se suma una controversia constitucional que hace todavía más complejo el mandato impuesto por el Congreso. En enero de este año, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) acusó al legislativo federal de invadir su esfera competencial y atentar contra su autonomía constitucional. El asunto está en la mesa de la Suprema Corte de Justicia, que se alista para resolver definitivamente el choque de intereses.

Ilustración: Patricio Betteo

Esta ley prohíbe que los órganos del Estado excedan el gasto con respecto al ejercicio presupuestario anterior. Además, impide que se contraten seguros de gastos médicos privados, de vida, de ahorro o cualquier plan de jubilación o pensión en beneficio de los servidores públicos. Por su parte, la Cofece argumenta que debido a su autonomía constitucional puede ejercer de forma independiente los montos presupuestarios que se le asignan y decidir el esquema de remuneraciones de sus funcionarios. Es decir, considera que es su facultad, y no del Congreso, decidir cómo y en qué gastar.

Otro de los puntos más polémicos de esta ley es que establece que los funcionarios que ocupen puestos de alta jerarquía y se separen del cargo no podrán emplearse, hasta por diez años, en empresas privadas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada. La Cofece considera que esta regla afecta gravemente su autonomía técnica, impide su especialización y dificulta la retención del talento humano.

Finalmente, esta legislación otorga a las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública la facultad para interpretar el cuerpo normativo y emitir lineamientos para asegurar su cumplimiento. Para la Cofece, tal interpretación y lineamientos no deben ser vinculantes, pues supondría la subordinación de un órgano constitucional autónomo a las reglas emitidas por dependencias del Ejecutivo, vulnerando el principio de división de poderes.

Sobra mencionar que la discusión en la Suprema Corte será fundamental para definir el alcance de la autonomía constitucional de la Cofece y su relación con los otros poderes.

 

Daniel E. Torres Checa
Abogado por la Universidad Panamericana.

 

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