La figura de la extinción de dominio tiene como propósito privar del derecho de propiedad a una persona, sin compensación ni indemnización alguna, siempre que el bien en cuestión haya sido instrumento o resultado de ciertos delitos, como secuestro, trata de personas, corrupción, etcétera. Esta medida pareciese razonable en nuestro país para cortar las fuentes económicas de las redes de delincuencia y corrupción.

Ilustración: Patricio Betteo

En marzo de 2019, en medio de un álgido debate, se aprobó una reforma constitucional para ampliar el catálogo de delitos a los que era aplicable la extinción de dominio, determinar los bienes que podían ser objeto de tal extinción y centralizar la facultad legislativa en el Congreso de la Unión. En agosto de ese mismo año, se emitió la correspondiente Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED); en respuesta, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso una acción de inconstitucionalidad contra esta ley ante la Suprema Corte. Aquí, en breve, sus ocho principales argumentos:

1) Se dejó a las entidades federativas sin la posibilidad de aplicar la figura de extinción de dominio, a pesar de que la Constitución establece que tanto federación como estados hagan uso de esta herramienta.

2) La preparación de la extinción de dominio no puede ser información “reservada” ni pretender que esta etapa pueda ser similar a una investigación penal, ya que la Constitución establece que la extinción es un procedimiento de naturaleza civil.

3) Con la reforma constitucional de marzo de 2019, la ley ya no puede aplicarse a bienes que sean instrumento, objeto o producto de los delitos; sólo sobre bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones.

4) La extinción no puede ser imprescriptible, porque implicaría que deberíamos resguardar por siempre la documentación comprobatoria de la procedencia lícita de cualquier bien pues la autoridad podría, en cualquier momento, requerir su comprobación.

5) El origen de la extinción no puede ser la “investigación para la prevención” porque ésta simplemente no está permitida en la Constitución.

6) El ministerio público no tiene facultades para asegurar bienes y entrar a bases de información patrimonial sin autorización judicial.

7) No se puede dar a la autoridad administrativa las facultades discrecionales para decidir cuándo se deben vender anticipadamente bienes sujetos a extinción.

8) No se puede aplicar retroactivamente esta ley porque el ciudadano debe conocer una ley para que le pueda aplicar.

La decisión de la Suprema Corte se encuentra pendiente de resolver, esperemos que se pronuncie pronto en favor de la protección de los derechos constitucionales.

 

Susana G. Camacho
Especialista en derecho procesal penal.

 

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