Comprar o vender facturas para simular operaciones inexistentes es reprochable, pues afecta de manera grave la viabilidad de instituciones estatales, programas sociales y servicios públicos. Con el propósito de combatir estas prácticas, en noviembre de 2019 se publicó un paquete de reformas que catalogaron la compraventa de facturas como un delito que pone en riesgo la seguridad nacional. Estas modificaciones incluyen el encarcelamiento obligatorio durante el proceso y la dispensa de controles para actos de investigación propios del combate al terrorismo o la conspiración para cometer golpes de Estado.

Ilustración: Patricio Betteo

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió una acción de inconstitucionalidad contra este paquete de reformas que le plantea a la Suprema Corte, entre otras, una pregunta clave: si el legislador tiene facultad irrestricta para decidir qué delitos ponen en riesgo la integridad territorial y viabilidad del gobierno nacional o si se tiene que sujetar a un parámetro racional que limite el concepto de seguridad nacional, sobre todo cuando esta clasificación implica un régimen de excepción permanente al debido proceso y a las garantías de éste. Asimismo, la CNDH denunció la inconstitucionalidad del tipo penal de compraventa de facturas debido a su enorme ambigüedad y a su falta de claridad.

Con esta acción de inconstitucionalidad, la Suprema Corte tiene la oportunidad de mandar un mensaje claro: la forma en la que prohibimos, juzgamos y castigamos nos define como sociedad; eliminar los controles judiciales que buscan racionalizar el castigo estatal, por más injusto que sea el delito que se persigue, nos ubica en un escenario problemático en términos democráticos pues es en los tribunales en donde los derechos de las personas que habitamos en este lugar se encuentran en constante tensión frente al poder público.

 

Alejandro Jiménez Padilla
Investigador y consultor independiente en temas de justicia penal y seguridad.

 

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