Una de las banderas electorales del entonces candidato López Obrador fue cancelar el proyecto de infraestructura más ambicioso de la administración de Peña Nieto: el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), cuya planeación inició en 2013.

Ilustración: Patricio Betteo

¿Cuáles son los principales argumentos jurídicos que ciertos sectores de la sociedad civil han planteado a tribunales federales en contra de dicha cancelación? El amparo indirecto 599/2019, presentado ante el juez octavo de distrito, ubicado en Naucalpan de Juárez, Estado de México, puede ser una muestra representativa de las decenas de juicios de amparo que se han interpuesto al respecto. A continuación se explican tales razones.

Un primer planteamiento alude a la legalidad de la consulta a la ciudadanía del país, convocada por el todavía presidente electo López Obrador, en octubre de 2018, para determinar la cancelación del NAICM. Aquí se arguye que esta consulta no cumplió con los requisitos mínimos de un ejercicio democrático imparcial; en especial, los principios de igualdad y universalidad del sufragio.

El segundo cuestionamiento se enfoca en el aumento a la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) fijada y cobrada por el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México en prácticamente todos sus servicios. El argumento plantea que es ilegal que haya aumentado la TUA para costear la cancelación de los bonos suscritos para financiar el NAICM, ya que tal opción simplemente no está prevista en la ley. Es decir, el argumento es básico pero contundente: el gobierno federal sólo puede hacer lo que la ley le faculta.

La última razón central de este amparo se enfoca en los principios rectores del gasto público. La Constitución expresamente señala que los recursos económicos del Estado deben ejercerse bajo los principios de eficiencia, eficacia y honradez. La demanda, en este sentido, plantea que esta decisión es irracional e ineficiente, ya que debido a su sistema de financiamiento, las penalidades que implicó su cancelación hicieron que ésta fuese más costosa que terminar su construcción.

 

Juan Luis Hernández Macías
Abogado por la Universidad de Guanajuato.

 

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