Uno de los ejes rectores de gobierno del presidente López Obrador es la realización de determinados proyectos estratégicos de infraestructura, dentro de los que se encuentra el denominado Tren Maya, cuyo objetivo principal es el desarrollo integral del sureste de México y la península de Yucatán.
Varios grupos y organizaciones han alzado la voz señalando su inconformidad con dicho proyecto por considerar que impactará de manera negativa tanto al medioambiente como a los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en la zona.
Ilustración: Patricio Betteo
Tal es el caso de un grupo de indígenas pertenecientes al pueblo maya peninsular y ch’ol, quienes promovieron una demanda de amparo indirecto, ante el juzgado primero de distrito con sede en Campeche, en contra de actos que consideran que violan los derechos consagrados en los artículos 1, 2, 14, 16 constitucionales y 1, 6, 7 y 8 del Convenio 169 de la OIT. En breve, arguyen que la consulta indígena ordenada por el Ejecutivo fue efectuada en perjuicio de los pueblos indígenas de los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas, y se realizó en violación al derecho humano a una consulta previa libre e informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Los grupos indígenas consideran que el gobierno federal ha diseñado unilateralmente un plan de afectación a sus territorios que implica una alteración absoluta a su cosmovisión con la eventual ejecución del proyecto Tren Maya. Los demandantes aseguran que en ningún momento las autoridades han considerado a los pueblos indígenas involucrados como sujetos de derechos. De tal manera que nunca consensuaron con ellos las directrices del protocolo de consulta como los lugares de ésta, fechas, modalidades, etcétera. A esto se suma que las cuatro etapas de la consulta se realizaron en menos de un mes, de ahí que, a su juicio, la premura con la que se efectuó es indicio de que no es una consulta, sino una simulación.
El Poder Judicial —y, en su caso, la Suprema Corte— tiene que resolver si el gobierno federal actuó con dolo y mala fe, como señalan los quejosos y, a su vez, deberá determinar si en efecto este proyecto de desarrollo cumple la ley con sólo organizar una consulta o, más bien, requiere además del consentimiento de las comunidades indígenas afectadas. El caso plantea la oportunidad de abrir un diálogo institucional con mecanismos adecuados que permita escuchar a representantes de las comunidades indígenas y conocer sus demandas.
Melisa S. Ayala García
Maestra en Derecho por Harvard Law School.
