En la reciente crisis de seguridad que México ha vivido hay un periodo poco explorado en el que algunas acciones del gobierno lograron disminuir la violencia. Aquí, el análisis de lo que sucedió en ese singular momento.

Cuando en un texto de historia colombiana se habla de La Violencia —así, con mayúsculas— los lectores de ese país saben a qué se refiere el autor. Se trata de un periodo bien delimitado, que comenzó en 1948, con el asesinato del candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán, y concluyó en 1958 con un acuerdo político. En Colombia, La Violencia fue un decenio marcado por un sangriento conflicto entre liberales y conservadores, que cobró la vida de unas 200 000 o 300 000 personas y obligó a muchas más, tal vez millones, a abandonar sus comunidades.

Es posible que, cuando las próximas generaciones de mexicanos miren hacia atrás y revisen el inicio del Siglo XXI, muy probablemente usarán ese mismo término. No hablarán del Neoliberalismo ni de la Cuarta Transformación. Dirán simplemente La Violencia, y se entenderá que piensan en los tiempos de Calderón, de Peña Nieto y de López Obrador. Los tres presidentes, que se perciben a sí mismos tan distintos, quedarán enmarcados en un solo fenómeno, mucho más significativo que sus colores partidistas o sus ideologías.

Los incidentes de violencia armada, en particular los homicidios en sus distintas modalidades, han sido el rasgo definitorio de la vida social del país en los últimos años. Si se piensa en una crisis de origen netamente delictivo, el aumento de los homicidios en México es inédito. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo su propia crisis de violencia criminal hace medio siglo. De 1962 a 1972 los homicidios en ese país subieron 119 %. Lo que al norte de la frontera llevó una década, en México ocurrió en apenas dos años (de 2007 a 2009, de acuerdo con el Inegi, los homicidios aumentaron 123 %); si tomamos la década que va de 2007 a 2017, los homicidios crecieron un escalofriante 262 %.

Para encontrar cifras comparables a las de México es necesario voltear a ver a países que hacen frente a conflictos armados. Ya sea conflictos bélicos internacionales o, como fue el caso de Colombia durante La Violencia, a alguna forma de guerra civil. Ésa es una clave de la crisis de inseguridad mexicana que las autoridades junto con muchos estudiosos se han negado a asumir plenamente. La situación que vivimos se resiste a las definiciones convencionales de “guerra” o “delincuencia”. Los generadores de violencia tienen su origen en el desarrollo de actividades meramente delictivas, en particular el narcotráfico. Sin embargo, frecuentemente recurren a estrategias y a recursos de corte militar.

La crisis de violencia que se registró en México a partir de 2008 no sólo fue excepcional en términos cuantitativos. No se trató de una simple multiplicación de los homicidios. El mayor cambio fue de carácter cualitativo. En varios estados del país se hicieron frecuentes los enfrentamientos, las balaceras, las masacres y otros fenómenos que exceden la capacidad de operación de la delincuencia común. En algunas regiones, el rompimiento del orden público se volvió casi cotidiano.

Entre los hechos más cruentos de aquella ola de violencia destacan las incursiones de Los Zetas en el municipio de Mier, en la Frontera Chica de Tamaulipas, en noviembre de 2010, que quedó prácticamente reducido a pueblo fantasma después de que la mayor parte de la población huyera. También destaca la masacre en Allende, Coahuila, ocurrida en marzo de 2011. En esta última participó un comando armado de alrededor de 50 camionetas con sicarios que se dedicó a arrasar metódicamente a la comunidad y a secuestrar a buena parte de la población (decenas, tal vez cientos, fueron asesinados).

Los criminales también desarrollaron la capacidad para movilizar comandos armados en el corazón de zonas metropolitanas densamente pobladas. Por ejemplo, en pleno centro de Monterrey, en julio de 2011 un comando armado se presentó un viernes por la noche en el popular Bar Sabino Gordo, desalojó a los clientes y acribilló, por lo menos, a 21 de los meseros y vigilantes del local. Este ataque fue sólo uno de varios que se sucedieron por aquel entonces en antros de Monterrey.

Detrás de estos incidentes de violencia masiva hay una capacidad económica y logística (de reclutamiento y entrenamiento de sicarios, de acopio de armas, vehículos, centros de comunicación y equipamiento diverso de índole militar) que no se construye ni se mantiene con facilidad. Por lo mismo, es importante recalcar que la crisis de violencia en México no surgió de forma descentralizada y gradual, como resultado de cambios sociales o demográficos. Por el contrario, un grupo relativamente reducido de actores: las cúpulas del Cártel de Sinaloa, del Cártel de Juárez, de la Organización de los Beltrán Leyva, del Cártel del Golfo y de la Familia Michoacana, eran los únicos que tenían, a principios del sexenio de Calderón, la capacidad para reclutar y operar grandes ejércitos criminales o brazos armados. Los conflictos entre estas organizaciones, y entre ellas y las autoridades, ocasionaron casi en su totalidad el aumento de los homicidios en la fase temprana de la crisis de violencia (de 2008 a 2011). En este ensayo el argumento principal se construye a partir del análisis de uno de esos conflictos: la guerra entre el Cártel del Golfo y su brazo armado, Los Zetas, en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. Dicho conflicto fue el que se distinguió, en aquellos primeros años de violencia, por generar los eventos de violencia más espectaculares.

También es importante señalar que la operación de grandes comandos armados supone algún nivel de complicidad, o al menos de pasividad, de las autoridades. Es casi imposible que la movilización de caravanas de vehículos con gente armada pase inadvertida. También resulta improbable que los criminales se arriesguen a perder la enorme inversión que supone reclutar y equipar un brazo armado, a menos que tengan alguna razón para pensar que no habrá intervención de la fuerza pública. Es por esta razón que preocupa la operación de comandos armados en zonas urbanas, donde el tiempo de respuesta de la policía ante incidentes suele ser de pocos minutos.

Cuando los especialistas y académicos han examinado las causas del aumento de los homicidios registrado a partir de 2008, han recurrido a variables como el mercado trasnacional de drogas (el aumento y la disminución de precios o el auge de nuevas sustancias), los cambios en la disponibilidad de armas al norte de la frontera, la alternancia política en los gobiernos estatales y la estrategia de captura y abatimiento de capos impulsada desde el gobierno de Felipe Calderón.

Todas estas variables tienen, en principio, relevancia. Sin embargo, para completar la explicación todavía hace falta entender mejor cómo estos factores se traducen en estrategias de actores criminales para desplegar comandos de decenas de sicarios, con capacidad para perpetrar las balaceras y enfrentamientos. Más importante todavía: también hace falta entender el impacto que los distintos tipos de operativos del gobierno tienen sobre la capacidad de las organizaciones criminales para mantener o reconstruir sus brazos armados.

Ilustración: Víctor Solís

Al respecto, hay un dato estadístico hasta ahora no explorado, que parece sugerir que la clave para disminuir la violencia en México radica precisamente en reducir la capacidad (o los incentivos) que los criminales tienen para desplegar brazos armados y propiciar eventos de violencia de alto impacto. De 2011 a 2014 hubo, por así decirlo, un paréntesis en la escalada homicida. En ese período los homicidios dolosos, de acuerdo con el Inegi, pasaron de 27 213 a 20 010. Una caída nada desdeñable del 24 %.

Sin embargo, cabe señalar que la baja de la violencia registrada de 2011 a 2014 no fue generalizada ni se puede entender como un fenómeno nacional. La mayor parte de la disminución se concentró en cinco estados contiguos del norte del país: Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León y Tamaulipas (en contraste, en ese mismo lapso los homicidios empezaron a crecer de forma preocupante en el centro, en particular en Guanajuato y en Puebla).

De 2011 a 2014 no sólo disminuyó de forma drástica la violencia en el norte; también hubo cambios cualitativos. Uno de los más importantes es que las masacres y los eventos de violencia de más alto perfil, justo aquellos que más habían crecido en años previos, disminuyeron a un ritmo más acelerado que el conjunto de los homicidios. De acuerdo con la base de datos de Lantia Consultores, para todos los eventos de violencia letal vinculados con el crimen organizado que se registraron en 2011, el promedio de víctimas por evento fue 1.43. Esta cifra se redujo en los años siguientes y en 2014 se registraron 1.33 víctimas promedio por evento. La diferencia, aunque no suene impactante, es significativa. Sin embargo, cuando se hace el análisis por estado se observan cambios de mayor magnitud. En Coahuila el número de víctimas promedio por evento pasó de 1.58 en 2011 a 1.34 en 2014. En Nuevo León el descenso fue más dramático: en 2011 se registraron 1.63 víctimas promedio por evento; para 2014 la cifra cayó a 1.16.

La disminución de los homicidios se debió en buena medida a que, en la región del país que más violencia había concentrado, se frenaron de forma abrupta los ataques y enfrentamientos con muchos muertos (esos que involucran comandos armados con decenas de vehículos y largas balaceras). Las masacres, entendidas como aquellos eventos donde cuatro o más personas son ejecutadas, disminuyeron 56 % de 2012 a 2014. En algunos estados prácticamente desaparecieron. Nuevo León es un caso ilustrativo. En dicho estado hubo 38 masacres en 2012. En contraste, en 2014 se registró una. También de forma contundente, las masacres en Coahuila pasaron de cuarenta en 2012 a apenas cinco en 2014. Junto con las balaceras y las masacres, algunos estados del norte se despidieron de otras alteraciones al orden público, como los bloqueos viales o carreteros (comúnmente llamados narcobloqueos). Algo muy importante tuvo que cambiar en el noreste a partir de 2011. Hubo dos vertientes de acciones de las autoridades que podrían explicar la aparente retirada de los grandes brazos armados del noreste del país.

En la primera vertiente, las Fuerzas Armadas llevaron a cabo dos operaciones en el noreste con los nombres Lince Norte (del 16 de julio al 4 de agosto de 2011) y Escorpión (del 28 de agosto al 31 de octubre de ese mismo año, como respuesta ante el ataque de Los Zetas al Casino Royale, que dejó un saldo de 52 muertos). Lo poco que se sabe sobre ambos operativos proviene de los boletines oficiales emitidos por Sedena. De acuerdo con esta información, las operaciones involucraron un gran número de elementos (en el caso de la primera se señala que participaron 4000 soldados; en el caso de la segunda se habla de un reforzamiento de 1500).

El objetivo de las operaciones no fue la mera vigilancia, sino que se generó inteligencia que permitiera al Ejército actuar de forma proactiva. Tampoco se priorizó la captura de líderes criminales importantes. En este sentido, las operaciones Lince Norte y Escorpión representaron un viraje importante de la estrategia de combate al crimen organizado que el gobierno de Calderón habría seguido en años previos, y que había girado en torno a una obsesión con los golpes mediáticos, en particular la captura de los líderes más famosos de todas las organizaciones criminales del país.

Otra peculiaridad de las operaciones Lince Norte y Escorpión es que se buscó golpear las estructuras “operativa y logística” de Los Zetas, considerada como la organización que más violencia generaba en aquel entonces; así como actuar bajo una lógica de “concentración de fuerzas”. Durante la operación Escorpión, la más ambiciosa de las dos, fueron detenidos más de mil sicarios y se aseguraron 1355 vehículos (de hecho, en buena medida gracias a las operaciones en el noreste, el aseguramiento de vehículos por parte de Sedena aumentó 60 % de 2010 a 2011). También fueron clausurados un número importante de establecimientos mercantiles, incluyendo bares y casinos que presumiblemente operaban bajo control de Los Zetas. Un dato revelador del éxito alcanzado es que el general Noé Sandoval Alcázar, el entonces comandante de la IV Región Militar que estuvo al frente de ambos operativos, fue nombrado dos años después subsecretario de la Defensa Nacional (el segundo puesto en la línea de mando de Sedena, sólo después del secretario).

En la segunda vertiente, por aquel entonces también se hizo un esfuerzo importante de depuración y fortalecimiento de las corporaciones policiales, tanto estatales como municipales. Este esfuerzo fue importante en Nuevo León. La depuración policial en dicho estado se realizó en coordinación con las Fuerzas Armadas. Como parte de la operación Escorpión fueron detenidos medio millar de elementos con probables vínculos con Los Zetas en una docena de municipios. Además, el gobierno estatal, junto con el importante sector empresarial local, hicieron una inversión histórica que permitió que la Fuerza Civil del estado se convirtiera por algún tiempo en el modelo nacional de profesionalización policial.

En Coahuila y Durango también hubo algunas acciones importantes de depuración policial, si bien no se llevaron a cabo con recursos equiparables a los que se invirtieron en Nuevo León. Por ejemplo, desde 2010 fueron dados de baja 400 elementos de la policía de Torreón y en 2013 se desintegraron las corporaciones municipales de Gómez Palacio y Lerdo. En Tamaulipas, desde 2011 se inició un proceso en el que las Fuerzas Armadas asumieron buena parte de las responsabilidades en materia de seguridad pública y que concluyó en abril de 2013 con la desaparición formal de las corporaciones municipales en todo el estado.

Todo parece indicar que las organizaciones que sucedieron a Los Zetas y al Cártel del Golfo en Coahuila, en Durango y en Nuevo León simplemente ya no han tenido los recursos o los incentivos para generar violencia a gran escala. De hecho, Durango y Coahuila son las dos únicas entidades federativas en las que se registró una disminución de los homicidios de 2014 a 2018. Cabe señalar que Tamaulipas es un caso distinto. Los homicidios en la zona metropolitana de Tampico, la más importante del estado, siguieron una trayectoria similar a la de Nuevo León o Coahuila (es decir, se observó una importante disminución a partir de 2012). Sin embargo, en varias ciudades fronterizas, Reynosa en particular, la violencia nunca se fue realmente ni cambió de naturaleza. Los enfrentamientos, las balaceras y las masacres continuaron hasta hace poco, a pesar de las operaciones Lince Norte y Escorpión, de los repetidos operativos de las Fuerzas Armadas que les siguieron y, en fecha más reciente, de la decisión del gobierno estatal por reclutar y entrenar en Estados Unidos a grupos de operaciones especiales.

La experiencia de la crisis ocasionada por el conflicto entre Los Zetas y el Cártel del Golfo en el noreste y la pacificación registrada en esa región partir de 2011 —aunque fue incompleta— arroja algunas lecciones útiles para entender la economía de guerra de las organizaciones criminales, así como las alternativas que existen para contenerla.

La primera lección es que es necesario priorizar el combate a los actores que generan violencia de más alto perfil (enfrentamientos, balaceras, masacres y narcobloqueos) y es necesario limitar su capacidad para hacerlo. Es decir, es necesario neutralizar la amenaza de carácter militar que suponen algunos de los grupos criminales con mayor poder de fuego. Las operaciones Lince Norte y Escorpión son un precedente importante al respecto, sobre todo porque se enfocaron, con buenos resultados, en golpear la estructura logística de Los Zetas por medio de las detenciones masivas de sicarios y del aseguramiento de equipamiento y vehículos.

Las segunda lección es que las acciones de depuración y fortalecimiento institucional son necesarias. Sin embargo, ahí donde operan grupos armados con alto poder de fuego es importante que vayan acompañadas de un despliegue de las Fuerzas Armadas (o de la Guardia Nacional) que permita reducir la capacidad logística de los brazos armados o que, cuando menos, tenga un efecto disuasivo. La clave de la notable pacificación que se logró en Nuevo León de 2011 a 2014 fue una inversión importante en las corporaciones policiales que, en su origen, estuvo respaldada por las Fuerzas Armadas (como se comentó previamente, el Ejército incluso participó de forma directa en la depuración de algunas policías). Por el contrario, no tiene mucho sentido invertir en mejorar las capacidades de la policía municipal en localidades donde ésta claramente opera a merced de grupos criminales con mayor poder de fuego, que terminarán controlándola.

La tercera lección es que es más difícil contener la violencia en las regiones que tienen una importancia genuinamente estratégica para el crimen organizado. Los cruces fronterizos de Tamaulipas claramente entran dentro de esta categoría. El negocio de pasar droga por dichos cruces fronterizos es tan rentable que, una vez que las estructuras de Los Zetas y del Cártel del Golfo fueron desarticuladas, las células delictivas que quedaron se reagruparon en dicha frontera. Surgieron nuevas organizaciones, como Los Metros y el Cártel del Noreste, más pequeñas, pero que a la fecha conservan la capacidad para paralizar por horas ciudades enteras.

Por el contrario, hay amplias regiones del país donde los brazos armados se dedican al negocio, más complicado y menos rentable, de cobrar cuota (como ocurría en Monterrey y en la Laguna, así como en amplias zonas rurales del noreste). Si se logra golpear las capacidades logísticas de dichos grupos hay una alta probabilidad de que pasen meses o años antes de que puedan reconstruirse o, incluso, existe también la probabilidad de que estos golpes contribuyan decisivamente a lograr una pacificación permanente.

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez
Socio director de Lantia Consultores. Es especialista en crimen organizado y seguridad pública.

Roberto Valladares Piedras
Consultor sénior de Lantia Consultores. Es especialista en crimen organizado y seguridad pública.