Las políticas de gobierno que buscan prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres deben incluir también acciones que promuevan el desarrollo de hombres con identidades distintas a la masculinidad dominante. Es decir, hombres con mejores capacidades de distanciarse crítica y vivencialmente del ejercicio de la violencia contra las mujeres y de todos esos comportamientos que no llamamos directamente “violencia”, pero que son actos cotidianos de dominación masculina. El origen de la violencia de género, en efecto, puede rastrearse a las desigualdades de género que existen en nuestro país.

La lucha impulsada por el movimiento feminista que exige al Estado intervenciones eficaces, está centrada en las respuestas que se dirigen a atender a las víctimas de violencia. Los avances logrados hasta ahora —del todo insuficientes— tienen que ver con la creación de un marco normativo e institucional que, sólo en cierta medida, identifica y penaliza las diversas formas de violencia de género.

Este conjunto de reclamación justas tiende a dejar de lado el origen del problema: los hombres agresores. Se trata de reivindicaciones río abajo, que demandan que el Estado actúe una vez que ha ocurrido la agresión contra las mujeres, no sólo para proteger y resarcir a estas últimas, sino quizás bajo la presunción de que un contexto de cero impunidad tendría efectos disuasorios, por tanto preventivos.

Ilustración: Kathia Recio

Cualquier política de prevención de la violencia de género dirigida a los hombres no debe menoscabar un ápice lo que se ha avanzado por esa vertiente en beneficio de las mujeres y tampoco tiene que quitar el dedo del renglón en ninguna de sus demandas actuales: ampliar presupuestos y mejorar el aparato de justicia. Cualquier política que contemple a los hombres debe constituir una ampliación del marco de intervención exigible al Estado para que éste añada acciones orientadas hacia la prevención de la violencia masculina.

Cabe diferenciar dos grandes tipos de acciones (río arriba) urgentes en ese sentido: las destinadas a la educación y cambio de actitudes y conductas de los hombres, y las modificaciones legales necesarias para inhibir la reproducción de las desigualdades de género desde el Estado mismo.

Con relación al primer grupo (políticas dirigidas a dislocar el vínculo entre “masculinidades” y violencia), es necesario entender que todas las formas de violencia contra las mujeres están vinculadas por una raíz común: la naturalización del dominio masculino. La cuestión, por tanto, es leer bajo esta clave las estadísticas producidas mediante investigaciones académicas e imaginar acciones a partir de ellas. Dos ejemplos: en un análisis de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), Irene Casique encontró que las parejas con mayor responsabilidad compartida de los hombres en las tareas del hogar presentan menos violencia de pareja que aquellas donde la carga del trabajo doméstico recae sobre todo en las mujeres. Por años hemos sugerido que podría impulsarse una campaña de corresponsabilización de los hombres en estas tareas (campaña que no tendría que mencionar la palabra “violencia”), en busca de tener un impacto sobre las tasas de violencia que se observan actualmente. Los colectivos que trabajan con hombres que desean renunciar a la violencia advierten, sin embargo, que también hay quienes hacen de su participación en el trabajo doméstico una nueva herramienta de control y dominio sobre las mujeres. Por tanto, una campaña de este tipo debería hacerse con ayuda de las organizaciones que saben de esto para no errar en el objetivo.

El segundo ejemplo se refiere a la tolerancia que existe en México al uso de violencia física contra los hijos. Sonia Frías1 ha mostrado, con datos de la Endireh, que 36 % de las mujeres y 19 % de los hombres “les pegan a sus hijos cuando se portan mal”. La misma encuesta muestra que aquéllos que sufrieron violencia en la infancia tienen una mayor propensión a ejercerla en la vida adulta. De aquí se derivan al menos dos posibles acciones: una campaña de desincentivación del uso de golpes a los hijos, no sólo con relación a lo que ya la ley tipifica como violencia intrafamiliar, sino incluso cuando se usa con fines pretendidamente educativos. Y una estrategia de identificación temprana, a través de los servicios de salud y de las escuelas, de las personas que sufrieron violencia en la infancia, con miras a atender sus necesidades de salud mental y disminuir el riesgo de que reproduzcan estos patrones en la vida adulta.

También es necesario fortalecer el Programa de Reeducación para Víctimas y Agresores de Violencia de Pareja, que existe desde 2009 en la Secretaría de Salud. Todavía no hay una evaluación sistemática que permita conocer su alcance real y sus limitaciones y reforzar aquellos componentes que no estén funcionando. Para este fin es indispensable garantizar el presupuesto en este rubro.

Otras acciones posibles son:

• Integrar la equidad de género en el currículo educativo desde la educación básica; criticar todas las formas de desigualdad y promover relaciones igualitarias y democráticas entre los sexos, incluida la aceptación hacia todas las expresiones de la diversidad sexual.

• Impulsar mediante campañas educativas un cambio de actitudes de los hombres ante su violencia y ante cada forma que atestigüen de violencia contra las mujeres, al promover que abandonen su indiferencia y motivándolos a intervenir para detener tales hechos.

• En estas campañas podrían integrarse contenidos educativos sobre las leyes que prohíben toda forma de desigualdad y de violencia contra las mujeres.

• Impulsar campañas educativas de promoción de paternidades equitativas, democráticas, afectuosas, diversas y corresponsables en la crianza y educación de los hijos e hijas.

La experiencia de la sociedad civil que trabajan con talleres de masculinidad y de hombres que quieren dejar su violencia muestra que este tipo de intervenciones sigue siendo un campo de experimentación y aprendizaje, en el que aún hay mucho que aprender. Por ello es fundamental que el Estado no se desentienda y asigne presupuestos para estos fines, y que trabaje con estas organizaciones que han acumulado el mayor conocimiento disponible en estas materias.

Sobre los cambios legales que se requieren, es importante señalar que ya existen importantes avances en el marco legal que necesitamos para cerrar la brecha de género que hoy existe. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres es uno de ellos (por razones de espacio, no es posible mencionar aquí todas las leyes que apuntan en esta dirección). Sin embargo, es importante entender que el Estado aún produce y reproduce las desigualdades de género a través de sus propias leyes e instituciones. Un ejemplo es la Ley del Servicio Militar, que nunca especifica que aplica sólo para las personas del sexo masculino. Se sobreentiende así porque tradicionalmente se ha asociado a los varones con las armas y lo militar. De manera que, a los efectos del servicio militar, las regulaciones del Estado presuponen y a la vez reproducen la noción de que lo militar concierne ante todo a los hombres. Otro ejemplo es la Ley del Seguro Social que en su artículo 64 fracción II establece el derecho a una pensión a las viudas del asegurado, al tiempo que señala que “la misma pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la asegurada”. Es decir, la redacción de la ley da por sentada la dependencia de las mujeres y el rol proveedor de los hombres (salvo que demuestren lo contrario).2 Un tercer ejemplo son los artículos 132, fracción XXVII Bis, y 170 fracción II y II Bis de la Ley Federal del Trabajo que otorga cinco días de permiso de paternidad a los hombres ante el nacimiento o adopción de un infante, y seis semanas a las mujeres por adopción. Se presupone aquí que tras la adopción del infante será la mujer la que estará a cargo. Y al mismo tiempo, al reglamentarse así, se prescribe tal arreglo, ratificando la construcción de un cierto tipo de hombres y mujeres ante el Estado. Un último ejemplo (también declarado inconstitucional por la SCJN pero aún vigente): el Código Civil del Distrito Federal en su artículo 282, apartado B, inciso II, señala que en caso de divorcio “los menores de doce años deberán quedar al cuidado de la madre, excepto en los casos de violencia familiar cuando ella sea la generadora…”. De nuevo, la ley presupone y a la vez reproduce un mandato de género, esta vez asumiendo que en principio las madres son mejores cuidadoras.

La importancia de este tipo de leyes es que tienen efectos performativos: crean al sujeto al que reglamentan y, por un efecto circular, deben su eficacia a dicha creación. De modo que una política de ataque al patriarcado (fundamento último de la violencia contra las mujeres) tendría que echar abajo todas las leyes, instituciones, reglamentos y usos que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres pero, como dije al principio, sin retroceder un sólo milímetro en los derechos ya alcanzados por las mujeres.

 

Roberto Castro
Investigador del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM

Agradezco la asesoría de Benno de Keijzer, Estefanía Vela y Roberto Garda. La responsabilidad por el contenido es solamente mía.


1 Ambas del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.

2 La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional este artículo de la ley. Sin embargo, tal declaratoria ha aplicado hasta el momento para un número menor de amparos que los requeridos para sentar jurisprudencia. Sorprende, con todo, que la ley no se haya modificado.

 

Un comentario en “Para hombres

  1. Dr. Roberto Castro, pertinencia de acuerdo y continuada reflexión es el artículo que nos comparte sobre éste tema toral en el desarrollo y convivencia de nuestra sociedad mexicana, la cuál se esfuerza en la intención de acceder a la igualdad y a la modernidad comunitaria. Me permito compartir dos comentarios de opinión propia al respecto:
    Uno. Estoy convencido que la asignación de presupuesto es fundamental para que los programas funcionen, sin embargo considero que no hay que esperar mucho de ello, pues el actual gobierno no ha dado muestras de verdadero compromiso con las causas que buscan la igualdad de género y el equilibrio de fuerzas sociales en comunidad. Dado que está situación planteada por usted es impostergable, no sería conveniente esperar el presupuesto para actuar, sino ser creativos y buscar alternativas de acción que no necesariamente dependan de la asignación de recursos del Estado y por el contrario nos permitan la acción inmediata.
    Dos. Considero que es importante, cómo acción fundamental, que se insista, no sólo a nivel de discurso sino con la implementación de protocolos sustentados y respaldados por la instituciones correspondientes, en la revisión puntual de lo que estipula la legislación y de todo aquello que se omite referente a contenidos de programación de televisión abierta y de la publicidad que la acompaña, puesto que es de todos sabido, la insistente degradación de género que ahí se gesta y se hace llegar a las masas de personas y que se asume como verdad absoluta. Debemos propugnar por un cambio radical en la manera qué y cómo se les dice a niños y a jóvenes sobre cuestiones de equidad, eso debe cambiar.
    Agradezco de antemano su atención y su importante aportación.
    Es cuanto, quedo a la orden.

    Juan Carlos Torres