Justificar las enormes desigualdades de nuestra sociedad al atribuir el éxito de unas cuantas personas al esfuerzo, el trabajo arduo y sus conocimientos y habilidades, y los constantes fracasos de la gente menos afortunada ha sido el argumento ideal contra cualquier programa que busque aliviar la situación de pobreza y marginalidad de millones de personas en México, con una profunda fiscalización del dinero público utilizado para el desarrollo social; no así para los enormes privilegios de una élite que ha capturado históricamente al Estado mexicano, porque pareciera que “lo merece”.

Tal dogma es especialmente pernicioso en una sociedad como la mexicana, caracterizada por al menos tres grandes flagelos. El primero son las enormes y extremas desigualdades —económica, de ingresos, de género, intergeneracional, territorial, entre otras— que se han mantenido históricamente en el país. Aunque es la décima segunda economía más grande del mundo, en desarrollo y de ingresos medios altos, en México persisten marcadas brechas con sensibles contrastes; un espejo de los ganadores y perdedores de los actuales procesos globales: el ingreso del 5 % más pobre de México es igual al del 2 % más pobre del mundo, mientras que el ingreso del 5 % más rico de México es similar al ingreso del 5 % más rico en países desarrollados.1

Ilustración: Patricio Betteo

El segundo son los altos y persistentes índices de pobreza entre la población mexicana. Tanto si medimos la pobreza por ingresos como por carencias, de acuerdo con datos de Coneval, la pobreza se ha estancado en México sin mayores cambios en los últimos veinticinco años: casi 42 % de la población se encuentra en situación de pobreza, equivalente a 52.4 millones de personas; 7.4 % está en pobreza extrema, unos 9.3 millones de personas.2 A esto se suma el tercer flagelo de la muy baja movilidad social; es decir, que el origen de cuna marca, en buena medida, el destino de las personas en México. De acuerdo con la ESRU-EMOVI 2017, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar la condición de pobreza, donde la desigualdad de oportunidades aporta casi la mitad de la desigualdad económica.3

La conjunción de estos tres enormes desafíos plantea el panorama de una sociedad profundamente desigual, donde una pequeña élite concentra la mayor parte de los ingresos y la riqueza; que a su vez convive con millones de personas en pobreza; donde el color de piel, la región donde vives, el género con el que te identificas o tus apellidos determinan buena parte de tu camino de vida; y donde si naciste en un hogar desventajado, difícilmente podrás estar en una situación distinta en el transcurso de tu vida. Sostener la ilusión de la meritocracia ante este panorama parece difícil, pero a la vez no es irreversible.

Ante estos tres retos, el Estado podría jugar un papel central en su combate que es, sobre todo, una batalla por la justicia. Pero según la creciente evidencia, una fracción importante de esta mezcla de factores negativos se explica por la incapacidad y la inacción del Estado mexicano para revertir estos tres flagelos durante al menos el último siglo, en parte ocasionado por la falta de acción social contra la desigualdad y la pobreza.

Antes de la intervención del Estado, la desigualdad de mercado en México es muy similar a la de Australia, Luxemburgo y Nueva Zelanda. Sin embargo, una vez que el Estado interviene en la economía, casi todos los países logran una reducción considerable de la desigualdad, pero México se posiciona como la segunda economía más desigual de los miembros de la OCDE, solamente después de Sudáfrica. La acción del Estado mexicano apenas reduce la desigualdad en 4 % —la menor reducción del grupo en términos porcentuales— frente al 46 % de Irlanda o el 40 % en Grecia.

Detrás de esta inacción se encuentran al menos dos explicaciones. En primer lugar, la falta de capacidad del Estado mexicano originada por sus históricos ingresos públicos bajos, que a su vez provocan una muy baja inversión en capital físico y social, es decir: en la formación de capacidades humanas, educación, salud o infraestructura públicas. De hecho, el presupuesto destinado a salud, infraestructura y educación se encuentra a la mitad de lo que se gasta en promedio en los países desarrollados. Esto se debe, en parte, a que la recaudación de impuestos del Estado mexicano es la más baja entre países de la OCDE y una de las más bajas de América Latina, en niveles similares a El Salvador, una de las economías más pobres de la región; además de las crecientes obligaciones del Estado mexicano, como el pago de la deuda y de las pensiones.

Una segunda posible explicación es la captura del Estado mexicano por una pequeña élite, que ha obstaculizado en distintas ocasiones las necesarias reformas al sistema fiscal para dotar al Estado de recursos y hacerlo un instrumento de combate a la pobreza y las enormes desigualdades. Basta ver el origen de la fortuna de los cuatro hombres más ricos de México para entender la dimensión de esta captura, sin la cual no se explican sus riquezas.

Para revertir estas tendencias se deben tomar decisiones desde la esfera pública con profundas implicaciones en el funcionamiento de la economía y la sociedad. Para romper el círculo vicioso de desigualdad, pobreza e inmovilidad social, que ha creado dinastías de élites que capturan al Estado mexicano, es necesario revisar y corregir nuestro sistema fiscal y el rol de lo público en nuestra vida diaria. Pero contrario a lo que se ha argumentado históricamente, estas decisiones son de carácter político, no económico ni técnico.

El primer paso es la transición hacia un sistema fiscal más justo, progresivo, amplio y transparente que dote al Estado mexicano de recursos para asumir su papel central en el combate a las desigualdades. Debemos voltear a ver lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en otros países y entenderlo, más allá de lo económico, desde las distintas desigualdades sociales: de género, territoriales, intergeneracionales, raciales, entre otras.4

Para aumentar la progresividad del sistema fiscal mexicano es necesario revisar y eliminar todos los privilegios que infestan nuestro sistema fiscal y que hacen que lo que realmente pagan las personas de mayores ingresos sea apenas una fracción de lo que están obligadas. Esto requiere poner en el centro de nuestro sistema tributario los impuestos directos, como el impuesto sobre la renta, ya que ponen una cara a la exigencia, a diferencia del IVA y otros impuestos indirectos.

La decisión más necesaria es la creación y ampliación de impuestos al capital, como se propone en Estados Unidos y en Europa, para las enormes desigualdades en la riqueza. En el caso mexicano, el impuesto predial y a la tenencia de automóviles son impuestos al capital en el nivel local, que ayudarían a mejorar la casi nula recaudación de nuestras ciudades.

Pero el principal instrumento fiscal sería un impuesto a las grandes herencias y donaciones, casi inexistente en América Latina. Aunque en México se gravaron hasta hace unas décadas, ya no ocurre así por la enorme resistencia de los sectores más privilegiados, los principales afectados por la medida. Sería el instrumento ideal para una sociedad más justa: con un fuerte impacto en la recaudación, altamente redistributivo —tanto en la sociedad actual como de manera intergeneracional, porque impide que se transmitan las enormes fortunas entre familias— y crearía reglas del juego más justas.

El arreglo fiscal es un fiel reflejo de la sociedad que hemos construido, pero también de la que aspiramos a tener. Si queremos una sociedad más justa, donde origen no sea destino y haya mayor igualdad de oportunidades, la impostergable decisión es ampliar deliberadamente la presencia del Estado; con un aumento de la recaudación para financiar la provisión universal y digna de servicios públicos, a los que actualmente se accede nada más por el dinero y no por los derechos.

El cambio no se dará solo y aunque los nuevos liderazgos políticos ayudarían a tener una creciente voluntad política, su velocidad dependerá del grado de exigencia de la sociedad mexicana. Ése es el único cambio que en verdad está en uno mismo.

 

Carlos Brown Solà
Economista e internacionalista.


1 Vázquez, Dovalí y Jaramillo. México Justo: propuestas de políticas públicas para combatir la desigualdad, 2018. Obtenido del sitio web de Oxfam México: https://bit.ly/2TqTF2i.

2 Coneval. Evolución de las dimensiones de la pobreza 1990-2018, 2019. Obtenido del sitio web de Coneval: https://bit.ly/39bgX2K.

3 CEEY. Informe de movilidad social en México 2019. Hacia la igualdad de oportunidades, 2019. Obtenido del Centro de Estudios Espinosa Yglesias. https://bit.ly/32zB1cM.

4 Ver: El Colegio de México. Desigualdades en México 2018, 2018. Obtenido de la Red de Estudios sobre Desigualdades: https://desigualdades.colmex.mx/informe2018.

 

4 comentarios en “El arreglo fiscal

  1. Muy bien realizado el analisis con profundo conocimiento del tema y abordado sin partidismos irreflexibles felicidades CARLOS BROWN SOLA

    • Muy buenas las observaciones de Carlos, la desigualdad a sido históricamente el flagelo del pueblo Mexicano y la recaudación de impuestos sobre todo de las grandes empresas siempre a sido muy bajo, pero yo opino que como siempre a la clase media nos cargan más la mano

  2. La corrupciòn entre los funcionarios públicos y los grandes empresarios es otro factor que influye en los contribuyentes a evitar el pago de impuestos,

  3. Muy interesante articulo pero desde otra óptica no identifica al capital como el principal impulsor de inversión. Grabarlo como indica solo provocaría la fuga a otros lugares menos hostiles con la consecuente pérdida de empleos.
    Tal vez buscando como evitar los monopolios y facilitando la creatividad emprendedora pueda dar resultados sin priorizar el gravamen.