Santiago trabaja como director de una empresa trasnacional y pertenece, según sus ingresos, al 1 % más rico del país. Alcanzar tal nivel le ha costado mucho mérito y esfuerzo. Piensa que paga una alta cantidad de impuestos; más de lo que debería, de hecho. Es por eso que le parece justo que anualmente su contador especializado logre deducir de impuestos cerca de 30 000 pesos en gastos de servicios médicos, colegiaturas y los intereses de la hipoteca. Al llegar a su casa, abre su red social favorita y se entera de que pronto desaparecerá ese programa social que lleva dos décadas entregando 200 pesos mensuales a las familias en pobreza extrema. La noticia lo llena de júbilo. “Finalmente, eso no servía para nada. Acostumbra a la gente a vivir de impuestos de los demás y los míos. Sólo los incentiva a ser flojos. El pobre es pobre porque quiere”.

Ilustración: Patricio Betteo

El ejemplo anterior puede parecer una versión exagerada de las percepciones y actitudes en el país respecto de la justicia distributiva. Pero la realidad no es tan lejana. De hecho, una causa de la incesante reproducción de la desigualdad es la legitimidad con la que cuentan los beneficios fiscales de las clases más altas en el país y de la que carecen los más pobres cuando reciben cualquier tipo de transferencia.

El término “justicia fiscal” describe una situación contraria, donde el sistema progresivo de redistribución del Estado disminuye sustancialmente la “desigualdad de mercado”. Como consecuencia, la desigualdad medida con el coeficiente de Gini promedio para los países de la OCDE pasa de 0.475 a 0.317. En contraste, México sólo logra disminuir dicho coeficiente en dos centésimas (de 0.478 a 0.459).1 El casi nulo impacto de la justicia fiscal en el país se asocia con su baja recaudación tributaria (sólo 16 % del PIB), muy por debajo del promedio en la OCDE (34 %) y de países de la región como Bolivia, Honduras y Nicaragua (24 %) o Uruguay, Brasil y Argentina (30 %).

La baja recaudación reduce la capacidad redistributiva del Estado. Y se suma otro problema: mientras que la redistribución vía programas sociales (que sumaban 875 000 millones de pesos en 2017) es ciertamente progresiva,2 la redistribución vía tributaria, sobre todo con respecto al gasto fiscal (conjunto de deducciones, exenciones y otros similares que alcanzó 816 000 millones en 2017, y creció 15 % para 2019),3 es sumamente regresiva.

Resultan importantes las diferencias sobre quiénes son los más beneficiados por estas dos vías. Por ejemplo, en cuanto a programas sociales, el quintil más pobre (20 % más pobre) en el país recibía 32 % del monto total otorgado por Prospera en 2017,4 cuyo presupuesto total era de 80 000 millones de pesos en 2017. En contraste, las deducciones en ISR de personas físicas se distribuyen en extremo desigual: mientras que el decil X acapara más del 80 % del monto total, el decil I sólo alcanza 0.1 %. Además, la mayor parte del monto deducido es acaparado por hombres, por lo que la extrema acumulación también se cruza con la dimensión de género.5

Pero el mayor problema es que “el fantasma de la justicia fiscal redistributiva en México” es legítimo según la narrativa meritocrática dominante: “Sólo merecen redistribución aquellos que se esfuerzan”. Dicha lógica es evidente cuando las clases medias altas y altas defienden su “derecho” a deducir impuestos, al tiempo que se estigmatiza a quienes reciben una beca escolar, porque “no vayan a hacerse flojos o malgastar el dinero en alcohol y drogas”.6 De hecho, seis de cada diez personas en México creen que “los programas sociales acostumbran a la gente a no trabajar lo suficiente”.7

¿Se fiscaliza y estigmatiza por igual a los más ricos y sus beneficios fiscales, que pueden deducir hasta 138 000 pesos anuales (en promedio para el decil X), y a los beneficiarios de programas sociales, que reciben menos de 5000 pesos anuales promedio?8 La legitimidad diferenciada de ambos casos es tal que desde hace años son públicos los padrones de beneficiarios de programas sociales (“para evitar duplicidad”, por ejemplo), mientras que aún sigue la lucha legal para hacer pública la información sobre la totalidad de gastos fiscales y sus beneficiarios. Peor aún, por invitación del gobierno, este año los beneficiarios de programas sociales “marcharon en agradecimiento“ en el desfile militar del 16 de septiembre. ¿Cuándo se ha visto que aquellas personas que deducen sus gastos en educación y salud privadas desfilen “en agradecimiento” al gobierno en turno?

Mientras en el país no se cuestione el mito de la meritocracia, ni se deconstruyan las creencias sobre los factores estructurales asociados con pobreza y riqueza, se antoja difícil legitimar un sistema de justicia fiscal más redistributivo. Rumbo a eso parece crucial la mayor transparencia y difusión de información sobre los impuestos cobrados y no cobrados a cada grupo social, y los montos y efectos de verdad de los programas sociales. Y poner más énfasis en por qué los beneficios fiscales a los más ricos lucen como un derecho incuestionable, mientras que las transferencias redistributivas a los más pobres no dejan de percibirse como “dádivas”.

 

Máximo Ernesto Jaramillo-Molina
Doctor en Ciencia Social por El Colegio de México y economista por la Universidad de Guadalajara.


1 OECD Income Distribution Database, disponible en: http://dx.doi.org/10.1787/888933533625

2 Coneval. Inventario de Programas Federales de Desarrollo Social 2017.

3 SHCP. Presupuesto de Gastos Fiscales 2018 y 2019.

4 Valencia Lomelí, Enrique, y Jaramillo Molina, Máximo Ernesto.
“El Programa Progresa-Oportunidades-Prospera en el régimen de bienestar dual mexicano”, en Hernández Licona, Gonzalo; De la Garza, Thania; Zamudio, Janet, y Yaschine, Iliana (coords.). El Progresa-Oportunidades-Prospera, a 20 años de su creación. Coneval, Ciudad de México, 2019.

5 SHCP. Presupuesto de Gastos Fiscales 2018 y 2019.

6‘Despilfarro y vergüenza’: Merecimiento y estigma de las #BecasAMLO” en Animal Político.

7 UNAM. Encuesta Nacional de Pobreza.

8Acostumbrados a vivir del Estado: mitos en la construcción social del (in)merecimiento de programas sociales”. nexos, 25 de junio de 2019.

 

Un comentario en “El beneficio y la dádiva

  1. “poner más énfasis en por qué los beneficios fiscales a los más ricos lucen como un derecho incuestionable, mientras que las transferencias redistributivas a los más pobres no dejan de percibirse como “dádivas”.

    Una deducción y una dádiva son lo mismo conceptualmente. Me parece que al autor parte de la premisa de que todo ingreso pertenece al Estado y que cualquier proporción de este que el individuo conserve después de impuestos es un favor que el gobierno nos hace. No señor: con una deducción solo se reduce el monto de lo que generé y el Estado me confisca, mientras que “transferencias redistributivas a los más pobres” si que son dinero ajeno.