Cuando se habla de mejores policías como parte de la solución a nuestros problemas de seguridad, muchas cejas se levantan. Más aún si se habla de las policías locales. Y no faltan razones: la infame reputación que desde hace por lo menos cinco décadas cargan a cuestas las instituciones de seguridad pública de todo el país es innegable y revive con cada episodio de brutalidad y de franca colusión criminal. Sin embargo, hoy la mitad de la población mexicana tiene menos de 29 años, por lo que es muy probable que la desconfianza tenga un origen mucho más reciente, es decir, experiencias, propias o muy próximas, como las de vecinos o familiares y es probable que cada vez pesen menos las referencias históricas más populares de la corrupción policial. Dicho lo anterior, es importante enfocarse en la otra cara de la moneda; una que está en proceso de labrado desde hace relativamente poco, aun en condiciones de adversidad. La receta (o una parte muy importante de ella) para el control y la reducción del delito y la violencia se está construyendo donde quizás muy pocos se lo esperaban: en las policías municipales.

Por razones prácticas y, también, por una cuestión de derechos, el fortalecimiento de estas corporaciones en particular debe situarse en el centro de las prioridades de la agenda de seguridad pública. No en el discurso, sino en el presupuesto y, a partir de esto último, en las estrategias para la pacificación de los tres niveles de gobierno. Exploremos primero las razones prácticas o las ventajas que tienen desde su posición para atender y resolver la mayoría de los problemas de seguridad que afectan a la población.

Ilustración: Víctor Solís

La naturaleza de la mayoría de los problemas de seguridad es local: el ámbito de acción de la policía municipal. Gran número de los delitos con víctimas que se cometen en México caen en el ámbito de acción de la policía municipal. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (Envipe) 2019, entre éstos se encuentran el robo o asalto en la calle o el transporte público, el robo total o parcial de vehículo o a casa habitación. Diseñar las intervenciones más adecuadas para controlarlos y reducirlos implica comprender sus dinámicas y patrones a nivel de calle: por lo menos, las características de las zonas donde se concentra, las de las víctimas y las de los perpetradores. Ninguna otra policía —ni la del nivel estatal y mucho menos la del federal, por mayor nivel de preparación que logre acumular— compite con este actor en el conocimiento de los problemas.

En el mismo sentido, hoy sabemos que por lo menos 95 % de las carpetas de investigación que se inician al año corresponden a delitos del fuero común, que deben ser atendidos por las autoridades municipales y estatales. Y si bien es cierto que los delitos del fuero federal, como todos aquellos relacionados con la delincuencia organizada tienen manifestaciones de alto impacto social, es un hecho que hoy en día la mayoría de las víctimas del delito requiere de la respuesta local.

Es el actor del Estado más próximo a las víctimas o a los testigos; por ello, es un eslabón clave para el acceso a la justicia. De cada diez personas que buscaron la ayuda de la policía,1 seis fueron atendidas por integrantes de una policía municipal de acuerdo con la encuesta a población general que realizó el World Justice Project (WJP) para su Índice de Estado de Derecho en México 2017. Muy por debajo de esa proporción le siguen las policías estatales, con 9.15 % de este tipo de contactos voluntarios. La Policía Federal, cuyo lugar ocupará la Guardia Nacional, no alcanza ni 5 % de las interacciones con víctimas o testigos.

Ahora, la calidad de la respuesta que brindan los agentes de policía municipal es fundamental; primero, en términos de su obligación de atender a las víctimas, pero también como paso clave para el acceso a la justicia: la información que están obligados a recopilar y resguardar inmediatamente después de ocurrido el delito o de que tienen conocimiento de éste hace la diferencia entre la captura del responsable y la impunidad. Existe evidencia de que las pruebas físicas y la ubicación de testigos son factores más determinantes en la probabilidad de lograr un arresto2 y para ello los primeros minutos son clave. De todas las policías, las municipales tienen el mayor contacto diario con la población, con sus problemas de seguridad y de convivencia.

La percepción ciudadana de seguridad está más relacionada con la confianza en la policía municipal que con cualquier otra corporación.3 En otras palabras, la probabilidad de que una persona se sienta segura en su ciudad aumenta si tiene confianza en la policía municipal. Esta relación es mucho menor con las policías de los otros niveles de gobierno de acuerdo con el análisis de los datos trimestrales de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi en el periodo 2016-2019 (ver tabla).

Esta información no basta para establecer que una mayor confianza en la policía municipal es la causa del incremento en la percepción de seguridad en un municipio dado —o viceversa— porque para ello se requeriría de una evaluación de impacto. Sin embargo, sí provee fundamentos sólidos para sostener que es muy probable que implementar esfuerzos concretos específicamente dirigidos a reconstruir la confianza en la policía municipal redituará en mejoras en la percepción de seguridad. En refuerzo de este argumento también existe evidencia de que la confianza ciudadana es el fundamento para su cooperación en favor de la seguridad.4

Con esta claridad sobre la posición estratégica de las policías locales respecto a los problemas de seguridad pública, la siguiente razón —que se refiere a la esfera de derechos de las personas a las que encargamos la función de protegernos— adquiere otra dimensión. Más aún si recordamos que los fines de la seguridad pública establecidos en la reforma constitucional de 2019 son nada menos que “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”.

La responsabilidad que tienen en sus manos las policías locales en México es incompatible con las condiciones en las que deben ejercerla. De acuerdo con el primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (Enecap) 2017, lo siguiente puede afirmarse respecto de las condiciones laborales de las personas que integran a las policías municipales en México:5

• Trabajan, en promedio, 67.5 horas a la semana.

• 5 % no tiene comida suficiente todos los días en su hogar.

• Sólo 16 % tiene lo suficiente para pagar la renta.

• 30 % no puede pagar las medicinas y atención médica que requiere a nivel individual o de sus dependientes económicos.

• A 27 % no le alcanza para cubrir las necesidades escolares —útiles, uniformes, cuotas de inscripción— de sus hijos.

• 30 % labora en turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, con los respectivos efectos para la salud y para su convivencia familiar.

• Casi una cuarta parte tuvo que conseguir al menos una prenda de su uniforme por cuenta propia.

En este contexto, aprovechar la proximidad y conocimiento de los problemas de seguridad por parte de las policías locales pasa por transformar estas condiciones y permitir el acceso de las y los agentes a derechos laborales de los que hoy carecen. Esto, por si lo último —dotar de derechos a personas que trabajan para el Estado y la ciudadanía— no fuera una razón de peso en sí misma.

 

Después de al menos once años del inicio de nuestra más reciente crisis de seguridad pública, un puñado de ciudades está reconfigurando los contactos policía-ciudadanía —aquellos que mencionamos al inicio del texto— para, en primera instancia, revertir la falta de confianza en estas instituciones en el nivel local. Parece que fue la propia crisis de seguridad la que impulsó a los gobiernos de varias de ellas —de la mano con organizaciones civiles y agrupaciones empresariales— a tomar medidas para reconstruir a su policía y el proceso está mostrando resultados alentadores. Ante la presión desmedida ejercida por la violencia y la inseguridad, los procesos de depuración se hicieron de vida o muerte y, a partir de ello, se generaron nuevas y mejores capacidades, en procesos a los que se les ha dado continuidad. Municipios de la zona metropolitana de Monterrey, Nuevo León, son ejemplo de ello.

En Ciudad Guadalupe, el porcentaje de personas que confían en la policía municipal6 aumentó de 55.4 % a 65.6 % y en Escobedo, de 57.5 % al 70.4 % entre el segundo trimestre de 2018 y el de 2019,7 de acuerdo con la ENSU. Sirve señalar, para fines de contraste, que a nivel nacional sólo 45.3 % de la población8 reportó que tiene confianza en la policía de su municipio.

Otro caso ejemplar es Nezahualcóyotl, Estado de México, un municipio con condiciones y problemas muy distintos a los casos anteriores. Ahí, entre el segundo trimestre del 2017 y el mismo periodo de 2019, la proporción de personas que confía en la policía municipal9 pasó de 49.2 % al 67.8 %.

Es necesario reconocer que, dentro de la emergencia de seguridad pública, se han logrado aprendizajes locales que deben consolidarse y compartirse, en el entendido de que la seguridad sostenible no resultará de comunidades cerradas, sino de la colaboración entre gobiernos y ciudadanía. Para ello es clave el funcionamiento de instancias de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, como la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal. Este órgano puede fungir como vaso comunicante para el intercambio de experiencias entre operadores de las políticas y estrategias de seguridad a nivel local, encaminadas a reconstruir la seguridad municipio por municipio.

 

Lilian Chapa Koloffon
Investigadora sénior de World Justice Project. Asesora externa del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el diseño e implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.


1 Incluye a personas que reportaron que solicitaron apoyo “En persona, en la calle” o “En persona, en un módulo de atención”, que en algún caso tuvieron contacto cara a cara con la o el agente, así como a quienes solicitaron apoyo “Por teléfono (incluye 911)”, “Por página web”, “Por redes sociales (Facebook, Twitter)”, “Por correo electrónico”, “Por mensaje de texto por celular tipo SMS”, “Por radio” u “Otra”, que en algún momento tuvieron contacto cara a cara con la o el agente. No incluye a aquéllos que sólo tuvieron contacto a distancia sin posterior contacto cara a cara.

2 Greenwood, Peter (1979). The Rand Criminal Investigation Study: Its Findings and Impacts to Date. RAND Corporation, p. 2-4.

3 Para obtener este dato, el World Justice Project realizó un análisis de regresión logística combinado con efectos fijos (para cada estado y año) con datos de la ENSU entre el tercer trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2019, en el que la variable dependiente es la probabilidad de sentirse seguro en la ciudad que se habita y las variables dependientes son la confianza en cada uno de las tres policías y los efectos fijos. Posteriormente, se calculó el efecto marginal promedio de confiar en cada una de las policías sobre el la probabilidad de sentirse “algo” o “muy” seguro en su ciudad.

4 Tyler, Tom, y Fagan, Jeffrey (2006). Legitimacy and Cooperation: Why Do People Help the Police Fight Crime in Their Communities? Ohio State Journal of Criminal Law.

5 Cálculos del WJP con base en los microdatos de Enecap 2017.

6 Porcentaje de personas que dijo tener “algo” o “mucha” confianza en la Policía Municipal.

7 Los tabulados básicos más recientes disponibles para ambos municipios con este nivel de desagregación de ENSU.

8 El dato es el más reciente disponible de ENSU, correspondiente al segundo trimestre de 2019.

9 Porcentaje de personas que dijo tener “algo” o “mucha” confianza en la Policía Municipal.

 

2 comentarios en “La solución es municipal

  1. A los presidentes municipales no saben nada de seguridad publica. Y no les conviene soltar a seguridad publica en un municipio. Pues es de donde obtienen mas recursos. Yo soy policia municipal con 18 años de servicio.sugiero una policia nacional.

  2. ¿cuántos municipios en los EEUU Mexicanos tienen la capacidad financiera e institucional para gestionar cuerpos policíacos eficientes, bien entrenados y bien dotados de recursos? Temo que muy pocos, en particular aquellos alejados de las grandes ciudades