La semana del 14 de octubre de 2019 inició con la presentación del Informe de Seguridad Pública del Gobierno Federal. Ahí participó el general Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, para presentar información sobre las distintas actividades que había realizado la Sedena. Además de mostrar los avances en materia de robo de hidrocarburos, migración y erradicación de enervantes, el general presentó datos sobre el número de “agresores” muertos, heridos y detenidos por fuerzas federales y, a partir de ellos, el cálculo de algo que llamó “índice de letalidad”. Lo que el secretario de la Defensa presentó, sin embargo, no es el índice de letalidad sino un indicador distinto, cuya utilidad desconocemos. Además, los datos a partir de los cuales se construyó tienen problemas de credibilidad al mostrar diferencias con información oficial anterior y discrepar con información de la prensa mexicana. En este texto explicamos lo que es el índice de letalidad, presentamos valores actualizados sobre la letalidad de las fuerzas de seguridad federales mexicanas y analizamos los datos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ilustración: Víctor Solís

 

Recientemente, los autores de este texto presentamos los primeros resultados del Monitor de la Fuerza Letal para América Latina. El objetivo del Monitor, en el que participamos con investigadores de otros países de la región (Brasil, Colombia, El Salvador y Venezuela), es construir indicadores compartidos que permitan estudiar el uso y abuso de la fuerza letal. A partir de siete indicadores de incidencia y cinco de abuso evaluamos, de forma comparada, el uso de la fuerza letal en los países participantes.1 Un análisis conjunto de los indicadores permite establecer patrones, cambios y alertar sobre el comportamiento de las instituciones de seguridad. El índice de letalidad es uno de indicadores de abuso utilizado para evaluar la existencia de patrones más o menos problemáticos en un conjunto de eventos.

A nivel internacional, este indicador se ha usado para medir patrones de abuso en el uso de la fuerza letal de distintos cuerpos de seguridad. El índice somete a prueba los principios de moderación y (en menor medida) el de proporcionalidad que, según nuestras leyes y el derecho internacional, deben regir el uso de la fuerza letal de todo cuerpo de seguridad. Se construye dividiendo el número de muertos entre el número de heridos. Su valor debe ser inferior a uno, indicando que hay más heridos que muertos. El Comité de la Cruz Roja Internacional incluso afirma que, en conflictos modernos, suele haber un muerto por cada cuatro heridos, aunque su valor puede variar dependiendo de la lejanía de servicios hospitalarios, el tipo de armamento utilizado o el contexto del uso de armas (lugares cerrados suelen ser más letales que espacios abiertos). En términos generales, no obstante, cuando el indicador tiene valores por encima del uno, sugiere un probable abuso de la fuerza letal. Cuanto más su valor supere el umbral de la unidad, es más probable la presencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de las autoridades.

Una crítica que se ha hecho al índice de letalidad es que es una medida “incompleta”, porque deja de lado a los detenidos que no son heridos (o que no toma en cuenta los eventos en los que nadie es herido o muerto). Sin embargo, se trata de una crítica desacertada. Cada indicador debe partir primero de una idea clara sobre lo que busca medir. Luego se pregunta cómo poder medirlo de forma válida y qué información es necesaria para su cálculo. Ningún indicador agota ni describe por completo un fenómeno. El índice de letalidad, como indicador de abuso en el uso de la fuerza letal, no recurre en su cálculo a la cifras de detenidos, aunque dicho dato es relevante para la construcción de otros indicadores sobre el mismo fenómeno.

Es importante destacar que casos específicos de ejecuciones extrajudiciales no pueden ser demostrados a partir de indicadores de abuso de la fuerza letal. Para ello es necesario llevar a cabo una investigación ministerial y un proceso judicial independiente. Sin embargo, en contextos como el mexicano, donde el uso de la fuerza letal por parte de las agencias de seguridad no se investiga, los indicadores son frecuentemente lo único que existe para evaluar el uso y abuso de la fuerza letal.

El índice de letalidad que presentó el secretario general el 14 de octubre es otra cosa. Ese indicador está construido restando del total de civiles muertos a los heridos y detenidos. No queda claro por qué la Sedena cambió una medida usada internacionalmente o qué intenta medir este otro indicador. Sobre todo, no queda claro por qué decidieron llamarlo igual pero construirlo de otra forma. No parece tratarse de un error por desconocimiento de la fórmula ya establecida, sino un intento por confundir el debate.

 

Desde hace años, varios investigadores hemos usado el índice de letalidad —y otros indicadores— en México para señalar patrones alarmantes de uso excesivo de la fuerza letal de las fuerzas federales mexicanas. En estas mismas páginas,2 mostramos que, según información oficial, el índice de letalidad de las fuerzas federales fue creciendo año con año desde el inicio de la guerra contra las drogas (y con los primeros despliegues militares). Como se muestra en la gráfica, en el caso de la Policía Federal, el índice de letalidad se mantuvo en valores relativamente bajos (aunque superiores a uno) durante los primeros años de la guerra contra las drogas. Sin embargo, en 2010 comenzó a crecer hasta llegar a 16.7 civiles muertos por cada herido en 2013. Desde ese año ha tenido un descenso también significativo, aunque aumenta levemente para 2017 (ver gráfica).

En el caso de la Marina, los valores tienen grandes variaciones al ser muchos los civiles muertos y pocos los heridos (uno o dos heridos más y el indicador pasa de sesenta a treinta o veinte). Esta institución ha mostrado una tendencia estable de altísimos valores del índice de letalidad.

En el caso del Ejército hubo un aumento pronunciado hasta 2012. En 2013 disminuyó dicho índice (7.7) pero en 2014, hasta el mes de abril, cuando la Sedena tomó la decisión de dejar de hacer pública la información sobre civiles muertos y heridos, volvió a subir (11.6). Mientras que la Semar y la Policía Federal continuaron transparentando información que permite construir diversos indicadores, desde 2014 la Sedena decidió dejar de informar cuántos civiles mueren o son heridos por miembros del Ejército.

 

Para el 14 de octubre de 2019, cuando se presentó el Informe de Seguridad Pública, llevábamos más de cinco años sin conocer esta información. Fue una sorpresa que el general secretario la hiciera pública. Sin embargo, los datos presentados generan dudas sobre su veracidad.

Primero, como señalan Javier Treviño, Sara Velázquez y Raúl Bejarano, en este mismo número, los datos no coinciden con otros que ha dado la institución anteriormente.

Segundo, los datos tampoco coinciden con información de la prensa mexicana. Para construir los datos para México del Monitor de la Fuerza Letal acudimos a fuentes oficiales y a la prensa. Según la información recolectada de prensa en ese estudio, en 2017 los agentes de seguridad en México fueron responsables de 371 muertes por uso de arma de fuego. Las fuerzas federales (Sedena, Semar y Policía Federal) fueron responsables de 174 muertes. Si incluimos los eventos en que éstas participaron con policías locales, el número asciende a 204.

Por anteriores estudios y datos de las otras instituciones, sabemos que la prensa suele registrar entre 30 % y 50 % de los civiles muertos. Sin embargo, según el Informe de Seguridad Pública presentado el 14 de octubre, en 2017 murieron 242 civiles en manos de todas las fuerzas federales. Se trata de un dato dudoso si se contrasta con lo que reportó la prensa ese año y el subreporte que ésta suele tener. Más aún, en las audiencias públicas sobre la Guardia Nacional el propio general Sandoval afirmó que alrededor de 700 personas habían muerto en enfrentamientos con las fuerzas armadas en 2018. Ahora, para ese año se reportan 230.

La información presentada por el gobierno tiene un problema adicional: los datos sobre muertos, heridos y detenidos para las “Fuerzas Federales” del 2007 al 2019 no están desagregados por institución. No es posible identificar qué institución es responsable de qué. Incluso dejando de lado las dudas que hemos manifestado acerca de las cifras presentadas, si calculamos el índice de letalidad (verdadero, no el inventado) la tendencia general presenta un cambio en la dirección deseada. Sin embargo, el tener la información agregada estaría ocultando las tendencias de cada institución, por ejemplo, la persistencia de los altísimos valores del índice de letalidad de la Marina.

 

Es una buena noticia que la Sedena haya decidido hacer pública la información sobre civiles muertos y heridos. Significa comenzar a transitar el camino inverso al que se tomó en 2014 cuando dejó de transparentar esa información, aunque sólo se trata, bueno es recordarlo, de cumplir con su obligación. La transparencia e investigación debida del uso de la fuerza letal permite establecer patrones e implementar políticas públicas que reduzcan su abuso. Ello es importante no sólo para proteger la legitimidad de las instituciones y evitar muertes a manos del Estado, sino también para proteger la vida de policías y militares. Es, pues, un primer paso, necesario pero no suficiente, para lograr una política del uso de la fuerza que minimice riesgos y proteja la integridad física y la vida de toda la población.

La transparencia, no obstante, no se cumple sólo con dar información periódica, ésta debe ser comprobable mediante otras fuentes. Para saldar dudas sobre la veracidad de la información de las fuerzas federales, sería necesario que las instituciones de seguridad la hagan pública, de manera desagregada y para cada evento, con fecha, lugar, fuerzas participantes y otras variables relevantes. Sólo así es posible que sea auditada en su calidad y veracidad.

 

Catalina Pérez Correa
Profesora-investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Carlos Silva Forné
Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.


1 El estudio completo puede consultarse en: www.monitorfuerzaletal.com.

2 Ver: https://www.nexos.com.mx/?p=14555 y https://www.nexos.com.mx/?p=25468

 

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