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El lunes 14 de octubre, el secretario de la Defensa Nacional presentó cifras sobre las acciones del Ejército en tareas de seguridad pública —esto es, policiacas— en el marco de lo que conocemos como “guerra contra el narco” y, ahora, Plan Nacional de Paz y Seguridad. En lo que el presidente López Obrador llamó “informe de seguridad pública”, se incluyó una diapositiva que mostraba el número de ciudadanos muertos, heridos y detenidos por “fuerzas federales”. Los datos llamaron la atención porque durante cerca de cinco años los militares negaron que existieran. Lo sabemos porque, desde 2015, nuestra colega Catalina Pérez Correa, pionera en estos temas, advirtió aquí en nexos que había solicitado esta información sin éxito.1 A partir de 2017, profesores e investigadores del Programa de Política de Drogas del CIDE, un grupo de periodistas y la organización Artículo 19 pedimos al Ejército las mismas cuentas. También fracasamos: la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió de manera sistemática que estos números no existían, que no llevaba registro porque no era, supuestamente, de su competencia.2

Dejaremos de lado el hecho de que distintas normas obligan con claridad a las fuerzas de seguridad del Estado mexicano a rendir cuentas sobre su participación en enfrentamientos con supuestos grupos criminales o cuando repelen “agresiones” (o variantes de lo mismo).3 En un régimen democrático en el cual se respeta la ley, en el que el Ejército está subordinado a la autoridad civil, se fincarían responsabilidades por esta omisión. Pero éste no es el tema que nos ocupa. Aquí nos enfocamos en el análisis del número de muertos, heridos y detenidos en enfrentamientos con el Ejército, que resulta que sí existe.

Ilustración: Víctor Solís

Examinamos tres bases de datos generadas por el gobierno mexicano. Primero, la que hizo pública el secretario de la Defensa el 14 de octubre de 2019, que comprende el periodo que va de 2007 al 30 de septiembre de 2019. La segunda, que recibimos de la Sedena por medio de solicitudes de información pública, que abarca desde 2007 hasta abril y octubre de 2014 (hasta abril llega el conteo del número de heridos y muertos; hasta octubre el de personas puestas a disposición del ministerio público).4 La tercera es la que publicó el Programa de Política de Drogas del CIDE sobre eventos relacionados con la “guerra contra las drogas”, que es producto de una filtración del gobierno mexicano. Ésta contiene datos desde diciembre de 2006 a noviembre de 2011. De dicha base, para este artículo tomamos en cuenta sólo los “eventos” catalogados como “enfrentamientos” en los que estuvo involucrado el Ejército5 y usamos seis categorías comunes: 1) agresores fallecidos; 2) agresores heridos; 3) agresores detenidos; 4) enfrentamientos; 5) autoridades fallecidas; y 6) autoridades heridas. Comparamos estas categorías entre las tres bases. Pocas cosas coinciden.

Hay indicadores diversos para medir la incidencia y abuso en el uso de la fuerza letal. Los primeros —sobre incidencia— ayudan a entender qué tanto se emplea la fuerza letal. Los segundos —sobre abuso— contribuyen a establecer patrones del uso de la fuerza letal de manera desproporcionada, excesiva, ilegal. Nosotros nos enfocamos en el abuso.

Así, calculamos dos indicadores: el que se conoce como índice de letalidad; y otro que llamamos índice de detenidos. El primero —letalidad—, utilizado por especialistas en seguridad y derechos humanos, resulta de la división entre el número de muertos y el número de heridos en enfrentamientos con fuerzas de seguridad. Como lo han explicado con elocuencia Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez aquí en nexos, este índice es un indicador sobre el posible uso ilegítimo de la fuerza letal.6 Permite evaluar el apego al principio de moderación en el uso de la fuerza y, en cierta medida, al de proporcionalidad.7 Elaboramos luego el segundo indicador —detenidos— para responder a la aparente preocupación del Ejército de que no se incluya al número de detenidos cuando se les evalúa. Lo que hicimos fue dividir el número de civiles muertos entre el número de detenidos. Este indicador puede dar indicios sobre si mueren o no más ciudadanos de los que son detenidos durante supuestos enfrentamientos con el Ejército.

Básicamente, al construir estos indicadores se quiere saber si los militares hieren o detienen a más personas de las que resultan muertas en enfrentamientos con ellos. Esto es lo esperable porque, en principio, los militares no salen a patrullar para matar.

Es cierto que estos indicadores ayudan a medir la sujeción de las fuerzas de seguridad a los principios generales que deben regir el uso de la fuerza: necesidad, moderación, proporcionalidad. También lo es que —crucialmente— pueden dar indicios sobre la perpetración de ejecuciones extrajudiciales, pistas sobre la comisión de graves violaciones de derechos humanos. Además, resultan de mucha utilidad en contextos —como el mexicano— caracterizados por la opacidad y la insuficiente rendición de cuentas del Ejército.

Antes de continuar, dos aclaraciones necesarias. Primero, las categorías que el gobierno mexicano utiliza para catalogar distintos asuntos en las diferentes bases casi nunca son las mismas. Los eufemismos cambian. Por ejemplo, lo que en una base se llama “Agresores Fallecidos”, en otra es “Civil Agresor Muerto” y en otra “Fallecidos Delincuencia Organizada”. Segundo, no analizamos aquí la veracidad de que los civiles muertos durante supuestos enfrentamientos efectivamente hayan sido agresores (en la Base CIDE-PPD el gobierno distinguió entre fallecidos de la delincuencia organizada y civiles fallecidos).

No hay un solo aspecto en estos años en el que las tres bases coincidan. En realidad, pocas cosas concuerdan. No resulta sorprendente que para un cuerpo entrenado supuestamente para la guerra sea, de algún modo, irrelevante el número de bajas que ocasiona cuando se enfrenta a ciudadanos que considera “enemigos”. Pero esperaríamos de un cuerpo militar profesional, con recursos y poder abundantes, que al menos llevara un conteo fidedigno de sus propias bajas. Los datos que nos han proporcionado evidencian que no se sabe siquiera cuántos miembros del Ejército han muerto.

Nos preguntamos si la discrepancia entre las cifras se debía a que el secretario de la Defensa había presentado la suma de los “eventos” en los participaron la Sedena y la Secretaría de Marina (Semar). Por ello, juntamos los episodios en los que actuaron ambas corporaciones con base en las cifras obtenidas mediante solicitudes de información y las comparamos con las que presentó el secretario de la Defensa. Las cuentas tampoco salen.

Al hacer los indicadores de letalidad y de detenidos a partir de las cifras contenidas en cada base, observamos que los índices no coinciden entre una base de datos y otra porque, de entrada, las cifras no concuerdan. Lo importante es que, en cualquier escenario —en cualquier base para cualquier año—, el resultado alarma en supuestos enfrentamientos, el Ejército mata a más gente de la que hiere o detiene. Es preocupante porque se esperaría que los militares detuvieran a presuntos criminales para llevarlos al ministerio público (una autoridad civil); se esperaría, también, que sólo hiciera uso de la fuerza letal como último recurso.

Empezamos con el índice de letalidad, que sirve para explorar el posible uso ilegítimo de la fuerza letal. El uso legítimo de la fuerza obedece a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. Esto lo ordenan tanto normas internacionales como nacionales. Por ejemplo, el Manual del uso de la fuerza, de aplicación común a las tres fuerzas armadas así lo estipula. También lo establece la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Idealmente, el índice de letalidad —el resultado de dividir al número de muertos entre el número de heridos— debe ser cercano a uno. Ello significaría que las fuerzas de seguridad en un enfrentamiento matan a menos gente de la que hieren. Sin importar qué base de datos utilicemos, en los últimos diez años éste no ha sido el caso en México.

Después buscamos la razón entre el número de muertos y el número de detenidos. Lo hicimos porque durante la presentación del Informe de Seguridad Pública, el secretario de la Sedena presentó un indicador que llamó “índice de letalidad”, en el que incluyó el número de detenidos. La Sedena construyó este índice con el número de fallecidos menos la suma de detenidos y heridos. Sospechamos que esto es un despropósito porque parece sumamente probable que las personas que hayan resultado heridas en un enfrentamiento hayan sido detenidas. A menos que las fuerzas de seguridad no detengan a quienes hayan sido heridos y aun así consigan contabilizarlos. Es decir, sumar detenidos y heridos sería contar dos veces a los heridos, porque el número de heridos debiera estar contenido en el de detenidos. Olvidamos entonces la extraña fórmula usada por el secretario de la Defensa y sacamos bien las cuentas. Es decir, dividimos el número de civiles muertos ente el número de detenidos. Lo que encontramos es que, a partir de 2010, el Ejército mata más ciudadanos de los que detiene. Esto no parece un uso legítimo o legal de la fuerza letal, menos aún una operación policiaca.

 

Las cifras que aquí analizamos fueron ocultadas por el Ejército durante cerca de cinco años. De acuerdo con las normas que rigen a las fuerzas de seguridad, no había razón para ello. Ahora que las cuentas son públicas, los números no coinciden. ¿Qué base de datos es la correcta? ¿Qué cifras son verdaderas? ¿Hay cifras reales?

Sin datos confiables difícilmente podrá evaluarse la actuación de las fuerzas de seguridad en la estrategia de guerra (o en la estrategia de paz, como se le llama ahora). La ausencia de datos, primero, y la entrega de cifras cuestionables, después, significan que la Sedena no está rindiendo cuentas de manera oportuna, como se espera en una democracia en la cual las leyes se cumplen y los militares se sujetan al escrutinio público.

Sin importar qué base de datos gubernamental se utilice, de acuerdo con los indicadores, lo que queda claro es que el Ejército hace uso de la fuerza letal de manera sistemática. Sí, efectivamente, los indicadores tienen limitaciones. Por eso son, justamente, indicadores: indicios, pistas, señales, una advertencia, el anuncio de algo. ¿De qué otra forma se evalúa a una institución que oculta hasta la información más elemental sobre su desempeño? En este caso, los indicadores anuncian un posible uso ilegítimo de la fuerza letal. Esto supone que se pasan por alto normas nacionales e internacionales que estipulan que el uso de la fuerza letal debe ser excepcional, un recurso extremo. También, por desgracia, da señales sobre la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de lesa humanidad.

 

Javier Treviño Rangel
Doctor en sociología por la London School of Economics, profesor-investigador Cátedra Conacyt en el Programa de Política de Drogas del CIDE.

Raúl Bejarano Romero
Maestro en ciencia política, investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE.

Laura H. Atuesta
Economista, profesora-investigadora del CIDE.

Sara Velázquez Moreno
Licenciada en derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, asistente de investigación en el Programa de Política de Drogas del CIDE.


1 Catalina Pérez Correa, Carlos Silva Forné y Rodrigo Gutiérrez García (julio 2015). “Índice de letalidad. Menos enfrentamientos, más opacidad”, nexos, (https://www.nexos.com.mx/?p=25468).

2 Javier Treviño Rangel (marzo 2019). “El Ejército y su guerra: rendición de cuentas y cuentos”, nexos, (https://seguridad.nexos.com.mx/?p=1316).

3 Directiva que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; Manual de Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas; Acuerdo por el que se dan a conocer los lineamientos para la integración, captura, revisión y envío del Informe Policial Homologado (IPH), previsto en la Ley General del Sistema de Seguridad Pública; y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4 Solicitudes de información con folios 0000700213818, 0000700213918, 0000700233818 y 0001300108418.

5 La Base de datos CIDE-PPD cuenta con tres categorías de “eventos”: 1) enfrentamientos entre fuerzas públicas y presuntos delincuentes o entre presuntos delincuentes; 2) agresiones en contra de la autoridad; 3) ejecuciones.

6 Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez Rivas (abril 2017). “Índice de letalidad: indicadores sobre el uso de la fuerza letal y necesidades de transparencia”, nexos, (https://www.nexos.com.mx/?p=25468).

7 Para más información, véase: http://www.monitorfuerzaletal.com y “Amnesty International, Use of force. Guidelines for implementation of the UN basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials” (https://bit.ly/2Grq6HM).