El 10 de abril se cumplieron cien años del asesinato de Zapata y el gobierno federal ha decretado al 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. En contrapunteo a los ánimos celebratorios y mitográficos que seguramente han de prevalecer, estos textos mensuales recuerdan otras historias que reflejan las aspiraciones y el devenir de aquel movimiento popular, sepultadas por el tiempo y por nuestra recurrente ansia de redención.

La apresurada sepultura de las razones municipalistas del movimiento zapatista tras su derrota en los campos de batalla fue no sólo una operación política, sino también el resultado de dos grandes prejuicios analíticos. Ya se ha dicho que la reducción del zapatismo a la estrecha causa de la tierra fue el precio de entrada que pagaron los vencidos en su incorporación a la coalición obregonista, y que esa simplificación pronto lo convirtió en precursor involuntario del naciente agrarismo ejidalista. Pero el menosprecio de la dimensión explícitamente política del zapatismo tiene además otras causas menos coyunturales que merecen ser mencionadas y puestas a discusión. La primera es un viejo prejuicio frecuente entre personas letradas —intelectuales, académicos y opinadores en tribuna pública— que hablan y escriben sobre estas cosas: que la gente rústica en realidad no es capaz de generar ideas políticas importantes o propuestas propias de consideración, puesto que se lo impiden su aislamiento y falta de educación. Se comprende que los zapatistas hayan peleado por la tierra, al cabo eran labriegos, pero cuando hablan de derechos políticos, formas de gobierno y poderes municipales, nada de eso merece tomarse en serio. Antes ese desdén se expresaba abiertamente; hoy un poco menos, pero allí sigue. Un ejemplo, entre muchos: en su influyente libro El agrarismo mexicano y la reforma agraria (1959), Jesús Silva Herzog le reconoce al zapatismo apenas su firme vocación agraria, pues considera que el Plan de Ayala exhibe “notorias deficiencias” como documento político, las cuales —nos dice— se explican por las evidentes limitaciones de quienes lo escribieron, Otilio Montaño y Emiliano Zapata: “El primero, un profesor pueblerino de primeras letras y el segundo un campesino que sabía leer y escribir y las cuatro operaciones fundamentales de la aritmética”.1 Sus reclamos agraristas se entienden y atienden, pero sus ideas políticas no.

Ilustración: Ricardo Figueroa

La segunda causa general del menosprecio al municipalismo zapatista tiene que ver con los prejuicios asociados a la imagen comunalista de los pueblos mexicanos. Si se piensa que esas poblaciones tienden naturalmente —por su cultura, su raíz indígena y sus solidaridades orgánicas— al colectivismo agrario y a la introspección política y social, entonces el municipalismo aparenta ser meramente la expresión de una ambición reconstituyente, atávica y nostálgica, y no una propuesta política moderna y actual. Y en tal caso es fácil desecharlo diciendo que es pura miopía pueblerina. La imagen, ya se ha dicho, es falsa; la cohesión natural de los pueblos no es más que una ilusión romántica, el zapatismo nunca pugnó por regresar a un pasado del que venía huyendo. Lo verdaderamente interesante —y quizás vigente— de aquel esquema municipalista es precisamente que reconocía la conflictividad social (esa sí inherente) en la vida de los pueblos y en los intereses de sus habitantes y proponía una respuesta democrática por vías institucionales, centrada en el empoderamiento responsable de los gobiernos locales. Y es esto justamente lo que nunca tendrían los nuevos ejidos que creó la Revolución.

Un texto anterior esbozó algunas de las diferencias entre el proyecto zapatista y el agrarismo posrevolucionario (“Zapatismo y agrarismo”, nexos, septiembre 2019), en el que destacó la falta de categoría política y autoridad propia que definirían al ejido como una institución esencialmente débil y dependiente. Conviene ahora volver a ese asunto y contar la triste historia de un ejido dividido y manipulado desde sus comienzos, pues los vaivenes y las arbitrariedades que marcaron su funcionamiento desde un principio reflejan también lo que sucedería en tantos otros.

Mixquiahuala, antiguo pueblo otomí y mestizo en el distrito de Actopan del estado de Hidalgo, sostuvo en el tiempo una larga serie de disputas con la hacienda de Ulapa. El deslinde de terrenos baldíos, la llegada del ferrocarril y el desarrollo de un sistema de irrigación con el desagüe de las aguas negras de Ciudad de México revaloraron las tierras de la zona y provocaron diversos conflictos —externos e internos, entre ellos un levantamiento— entre 1868 y 1915. En enero de este último año, el gobierno de la Convención intervino por medio de su ministro de Agricultura, el zapatista Manuel Palafox, y le devolvió a Mixquiahuala miles de hectáreas que alguna vez habían sido suyas, pero el colapso de la Convención y el curso de la guerra dejaron el proceso inconcluso. A principios de 1921, ya bajo el nuevo régimen agrario, Mixquiahuala recibió en posesión definitiva una de las primeras dotaciones ejidales en Hidalgo, algo más de cinco mil hectáreas de terrenos de riego expropiados a la hacienda de Ulapa.

Los que tramitaron esa solicitud de ejidos y luego formaron el Comité Administrativo fueron los vecinos más pudientes del pueblo. Según un informe confidencial preparado algunos años después por la Comisión Nacional Agraria, al constituirse el ejido “se apoderaron de las tierras los vecinos acomodados del lugar, desvirtuando el objeto de la Ley Agraria y formando verdaderos ranchos (había quien poseyera hasta 200 hectáreas de terrenos en el ejido) que durante varios años estuvieron explotando, utilizando como peones o “medieros” a los que deberían haber sido ejidatarios desde entonces”. Y eso sin contar las propiedades particulares que varios de esos señores tenían a las afueras del ejido. Gracias a las aguas negras capitalinas esas eran tierras fértiles que producían alfalfa, trigo y cebada, todo era un gran negocio en beneficio de unos pocos. Con mucha maña, algo de buena suerte y amigos poderosos en el gobierno estatal no era difícil apropiarse así del ejido; al Comité Administrativo le tocaba hacer el reparto de las parcelas y gobernar la vida comunitaria, y no había entonces regulaciones claras ni autoridad competente (fuera de los delegados de la CNA, distantes e ineficaces, cuando no coludidos) que impidieran tal resultado. En cuanto a la autoridad municipal, esta no tenía ninguna injerencia formal. En términos del orden político constitucional, los agraviados no tenían a quién recurrir. Disfrazadas de campesino, las clases medias rurales que se habían ido forjando a lo largo del Porfiriato se habían adueñado del nuevo ejido.

Poco a poco se fue conformando en Mixquiahuala un grupo opositor entre ejidatarios perjudicados y otros vecinos excluidos; para 1925 eran ya una mayoría más o menos organizada que contaba con el apoyo de algunas facciones de agraristas en el estado. Al frente de ese grupo estaba el ejidatario Manuel Mera. Ese año se promulgó una ley federal “sobre repartición de tierras ejidales y constitución del patrimonio parcelario ejidal”, una iniciativa del presidente Calles (contra el agrarismo colectivista) para repartir definitivamente y dar títulos de propiedad a las parcelas ejidales. Mera supo aprovechar esa coyuntura política para lograr que la CNA permitiera en Mixquiahuala la realización de un nuevo reparto para formar el “patrimonio parcelario” que señalaba la nueva ley (uno de los primeros a nivel nacional). Esta vez Mera y su mayoría se impusieron; en 1926 Mera fue electo presidente del primer Comisariado Ejidal, y en 1927 se repartieron otra vez alrededor de 1 400 parcelas. Muchos de sus rivales huyeron.

Otra parte del informe confidencial cuenta lo que sucedió entonces: “Esta adjudicación de parcelas adoleció de muchas irregularidades. Desde luego se excluyó a la mayoría de los primitivos acaparadores del ejido; hubo falta de equidad al efectuar el sorteo de las parcelas, adjudicando las mejores a los vecinos allegados a Manuel Mera”. Para entonces en Mixquiahuala existía una cooperativa financiada por el Banco Nacional de Crédito Agrícola, y Mera se colocó a cargo de ella. Pronto se le acusaría no sólo de acumular parcelas a través de prestanombres, sino también de “manejos dudosos en asuntos de dinero” de la cooperativa —desvío de fondos para beneficio propio, cobro arbitrario de cuotas— y de lucrar con la venta de semillas y la renta de una máquina trilladora. A pesar de todo esto, durante los dos años en que Mera se mantuvo en el poder muchos de los ejidatarios que antes habían sido marginados alcanzaron a tener su parcela.

La pugna entre “los ricos” y “los agraristas” se recrudeció durante las campañas electorales de 1928, en las cuales los ejidatarios no tuvieron más opción que tomar partido y asumir las consecuencias, porque el ejido, ya estaba claro, era siempre presa política de los más poderosos. Carentes ambos grupos de algún sustento jurídico independiente (o efectivo), buscaron aliados que a cambio de su lealtad les ofrecieran protección. La política en Hidalgo era entonces prácticamente una guerra abierta; unos apostaron por el candidato a gobernador de la facción callista; los otros por el de la obregonista. Perdieron los de Mera y cientos de ellos tuvieron que abandonar apresuradamente el pueblo; “los ricos” volvieron y con sus pistoleros iniciaron una purga sangrienta. El informe confidencial da cuenta (para agosto de 1929) de al menos diecinueve meristas asesinados y más de treinta personas heridas, robadas, violadas o vejadas de diversas formas. A muchos partidarios de Mera les quitaron sus parcelas y casas, y desde el Comisariado “los ricos” lograron reconstituir sus ranchos e imponer por décadas a una serie de temibles caciques ejidales.2

Cuando Emilio Portes Gil asume la presidencia a fines de 1928, nombra a Marte R. Gómez secretario de Agricultura; algunos meses después Gómez pide enviar un destacamento de tropas federales a Mixquiahuala y le ordena a la CNA hacer un nuevo reparto (¡el tercero en menos de diez años!) para subsanar los vicios del anterior. Manuel Mera, refugiado en Zumpango, le suplica ayuda a un diputado federal amigo, y este lleva el asunto al pleno de la Cámara de Diputados, en donde a fines de agosto se debate por tres días el destino del ejido de Mixquiahuala. Llaman a declarar al secretario Gómez, interviene el presidente mismo, gritan y toman postura los diputados. ¿Quién se lo habría imaginado? En medio de la discusión, Gómez afirma, a modo de explicación, que “las enemistades más enconadas son las de las autoridades más pequeñas”.3 En eso quizás no se equivocaba, pero lo cierto aquí —y también lo más revelador— es que esas disputas no las resolverían ellos en el ejido, tampoco las leyes, los tribunales o las instituciones republicanas, sino los cálculos clientelares y los intereses aleatorios de funcionarios de paso y alquiler a quienes poco les podría importar lo que pase en esos poblados. Esa habría de ser la suerte política del ejido, una suerte que el municipalismo zapatista trató de esquivar.

 

Emilio Kourí
Historiador. Es profesor en la Universidad de Chicago. Prepara para su publicación un libro sobre los orígenes de la reforma agraria y su relación con la historia de los pueblos.


1 Jesús Silva Herzog, El agrarismo mexicano y la reforma agraria, México, 1959, pp. 176-9.

2 Las citas anteriores provienen todas de “Fraccionamiento del ejido de Mixquiahuala”, Archivo Familiar de Marte R. Gómez; véase también Víctor Raúl Martínez Vázquez, “Despojo y manipulación campesina: historia y estructura de dos cacicazgos del Valle del Mezquital”, en R. Bartra, et al., Caciquismo y poder político en el México rural, México, 1975, pp. 170-194.

3 Las sesiones de la Cámara de Diputados se reproducen en Leopoldo E. Camarena, En defensa de los ejidos, México, 1929.

 

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