El ejido es, con mucho, la forma dominante de tenencia de la tierra en México. Más de la mitad de la superficie nacional, cerca de cien millones de hectáreas, se organiza pretendidamente en torno a 30 000 ejidos (hay que añadir poco menos de 2 400 comunidades agrarias).1 No es poca cosa y por eso nos atañe. Sin embargo, hoy casi no se escucha de ellos. Se ha convertido en una institución silenciosa, con vigencia legal pero pasiva y declinante. Atrás quedaron los estruendosos días de las luchas ejidales por más tierras, más funciones y más recursos, tan comunes entre los años sesenta y ochenta del siglo pasado.

A partir de las reformas de 1992 su relevancia como unidad de programación y sujeto de apoyos y políticas agropecuarias fue decayendo al desmantelarse las instancias de soporte y estímulo a los mismos, que empoderaban a su superestructura de gobierno y gestión, los Comisariados Ejidales. Así mismo llegaron a su término los mecanismos de “dotación-restitución” que hacían de la reforma agraria un proceso abierto, continuo, como si la tierra fuera infinita. La reforma en su fase expropiatoria y restitutiva, en realidad había terminado para todo efecto práctico hacia fines de los años setenta. Pero se extendió hasta 1992, convertida en una necesidad de legitimación “agrarista” del régimen; al fin y al cabo siempre habría uno que otro latifundio por ahí que podía expropiarse. En realidad la reforma agraria se devoró a sí misma al continuar con el reparto ad infinitum, y se convirtió en una verdadera fábrica de minifundios y algo peor, en un ejercicio de simulación descarada que permitía repartir, a falta de tierras, promesas: los llamados “derechos a salvo”, cuando la hubiera, se les entregaría, la tierra, esto es, nunca.

Ilustración: Patricio Betteo

En sus orígenes no fue así, había mucha tierra concentrada en manos de pocos hacendados. El ejido, una construcción social de la Revolución mexicana, de alguna manera un invento de los líderes intelectuales del agrarismo de la Revolución2 y del zapatismo,3 fue una institución dinamizadora del trabajo y los recursos del campo. En ese sentido fue un acierto. Una institución agraria original, con reminiscencias tanto de la España medieval (y romana), como del altepetlalli mexica. Eran las tierras “de afuera”, las del común; su nombre viene del latín exitus (salida), el campo afuera de un pueblo determinado. Con Cárdenas dejan de ser tierras marginales, de afuera, y se convirtieron en grandes extensiones que se organizan y se ponen a producir en manos de campesinos con muy fuerte apoyo y liderazgo estatal.

La reforma agraria cardenista4 en los años treinta no sólo liquidó a la hacienda como la estructura dominante del México rural por más de tres siglos, sino que dio tierra, proyecto y esperanza a un sinfín de campesinos empobrecidos en un México todavía abrumadoramente rural. Bajo la conducción del Estado y su brazo político agrario (la CNC), los ejidos pasaron a ser la forma dominante del campo mexicano. A partir de los años cuarenta y hasta mediados de los setenta se siguió repartiendo tierra y al mismo tiempo la agricultura, volcada a un mercado interno en rápida expansión, tuvo su época de mayor crecimiento. Una verdadera época dorada con crecimientos cercanos al 6 % al año. Todo este auge termina abruptamente hacia mediados de los años sesenta, al agotarse el impulso de las grandes obras de riego e infraestructura, y el reparto también, en los hechos, llegaba a su fin.

A partir de las reformas del 92 no sólo se suspendió el reparto obligatorio, se procedió a certificar la propiedad de las parcelas,5 y se hizo legalmente posible la venta o renta de las mismas por cuenta de sus titulares, sujetos a la aprobación de la Asamblea Ejidal. Ciertamente, es correcto que los apoyos y transferencia estatales para la regulación y el fomento agropecuario se localicen en las unidades de producción. Pero hay que notar que se dejó al Comisariado Ejidal sin mayores funciones sustantivas dentro del ejido: poco más que convocar asambleas para autorizar o no el tránsito de parcelas al dominio pleno. Así, el ejido pasó en los hechos a ser un mero domicilio, donde los condóminos son quienes detentan los apoyos y las actividades realmente productivas.

Pero el caso es que los ejidos siguen ahí. El traslado de la propiedad ejidal a la privada ha sido bastante limitado y por lo menos hasta los últimos datos disponibles6 sólo el 3.5 % de las parcelas han pasado al dominio pleno. La ruta de la renta de las parcelas ha mostrado ser mucho más socorrida y expedita entre los ejidatarios. Por otro lado, las reformas del 92 dejaron intactas aquellas estructuras de gobierno y control, en torno al otrora temible y poderoso Comisariado Ejidal, que ahora languidece y sus funciones ya no cuentan con el asidero de una poderosa central política, la CNC, ni es el punto único de contacto con diversas instituciones estatales diseñadas para el fomento ejidal. Es por todo esto que conviene hacerse la pregunta de si los ejidos sirven todavía algún propósito útil o si simplemente su tiempo se agotó y tarde o temprano irán desapareciendo por una suerte de inanición institucional, y dejarán que el pleno dominio de las parcelas termine por conceder al mercado de tierras la configuración principal de tenencia en México.

Dada la carga emocional que sigue concitando el tema agrario y las condiciones de pobreza e indefensión de muchos campesinos, cualquier respuesta resultará compleja, llena de aristas. Aquí la abordamos desde dos vertientes: primero, a partir de explorar algunos casos concretos en torno a su desempeño como institución representativa. Las estadísticas agregadas agropecuarias no ofrecen demasiadas pistas explícitas en torno al éxito o fracaso del ejido como tal. Por eso se hace necesario revisar casos de ejidos reales en distintos lugares y medios productivos. Otra vertiente consiste en analizar las posibilidades y ventajas de contar con una institución que permitiese manejar de manera más amplia y conjunta los intereses comunes de todo un conglomerado de parcelas o unidades de producción, la mayoría trabajando con escaso capital y en condiciones de minifundio. En el primer caso, las entrevistas y el estudio de caso a diversos ejidos arrojó un panorama mixto, quizá más bien positivo en cuanto a la operatividad de los mismos; si bien es claro que no se trató de una muestra representativa de los mismos ni mucho menos, sino de un estudio más a fondo de algunos casos paradigmáticos. En la segunda vertiente los resultados son claros: una institución que permita la acción colectiva de los campesinos productores tiene muchas ventajas. Por acción colectiva nos referimos a las formas de participación y defensa de interés comunes, desarrolladas a partir de la “lógica de la acción colectiva” o conjunta desarrollada por Mancur Olson.7

Desde luego, existe una gran diversidad de ejidos. Una de nosotros, Montes de Oca, ha visitado y entrevistado extensamente a ejidatarios en tres estados de geografía y condiciones muy diferentes. En Chiapas, en la Selva Lacandona —Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas— donde estudió in situ y entrevistó ejidatarios exitosos y bien organizados, a través de Sociedades de Producción Rural (SPR), dedicados a desarrollar proyectos cooperativos y sustentables en las tierras de uso común.8 En Morelos, también con visitas de campo y entrevistas con dirigentes de la Unión de Ejidos de Morelos, que trabajan de forma combinada tareas del campo en sus ejidos y otras actividades rurales no agrícolas, y toman ventaja de la cercanía con Cuernavaca, que les permite acceso a un mercado muy grande. Los morelenses comentaron que las estructuras del Comisariado Ejidal no les han servido de modo suficiente y manifestaron necesitar mejores formas de organización y asociación entre los propios productores. Por último, en Coahuila, en visita y entrevistas a dirigentes de la Liga de Comunidades Agrarias, estos manifestaron que si bien los ejidos siguen funcionando, son francamente pesimistas en cuanto sus resultados productivos y sociales. Aquí también los ejidatarios tienen otras actividades aparte de las estrictamente agropecuarias. Se quejan de la desatención a los productores y el debilitamiento de las instituciones estatales que no proveen ya bienes públicos, como servicios de extensión o sanidad animal. También ellos hablan de la necesidad de más organización y ponen el ejemplo de cooperativas de acopio. Una lección clara de estos estudios y entrevistas es que en los ejidos actuales, si bien se mantiene la fisonomía institucional, son los productores entre sí y no el Comisariado Ejidal quienes impulsan la organización, las asociaciones y la acción común. Más aún, recurren para funcionar a asociarse bajo las figuras extraejidales que permite la Ley Agraria; pero falta la cohesión y fuerza de conjunto que pudiera proporcionar el ejido como un todo.

En todo caso, es claro que funcionan más con diversas formas de asociación, dentro y fuera del propio ejido, pero se parecen más a una cooperativa que a aquella arcadia rural autocontenida que se pretendió al crearse los ejidos, tanto en su configuración original en los años treinta, como en su fugaz resurgimiento en los setenta. Cualquier cambio, como lo muestran persuasivamente los distintos trabajos de Gustavo Gordillo, deberá impulsarse desdelas comunidades y su organización: una construcción a partir de los propios campesinos productores. 

En resumen, pensamos que el ejido, como institución, podría tener un papel importante que cumplir, y puede organizarse para la acción colectiva. Pero debería evolucionar más como una figura de cooperativa, democratizar la vetusta estructura del Comisariado Ejidal y aprovechar las figuras que ya ofrece la Ley Agraria9 para incorporar o asociarse más allá de sus parcelas familiares para muy diversas actividades. Dentro de esta visión, son claros por lo menos tres tipos de tareas que puede cumplir.10 En primer lugar, cuidar del patrimonio común del ejido: sus tierras comunes, sus cuerpos o cauces de agua, sus bosques; en otras palabras, cuidar y fomentar la biodiversidad. En segundo lugar, recibir y administrar bienes públicos a los que pueden acceder todos los ejidatarios, más allá de sus propias parcelas o unidades de producción: entre estos, la sanidades, el extensionismo, los frutos de la investigación aplicada y obras varias de infraestructura. Por último, apoyar a los propios ejidatarios en tareas comunes que pueden generar ventajas de escala, como las maquilas agrícolas, acopio, distribución de insumos y, desde luego, la comercialización. El ejido no tiene por qué ser una simulación más o una institución agónica; puede construirse una ruta nueva y clara para su reforma y vigorización.

 

Cassio Luiselli Fernández
Economista, geógrafo y diplomático. Ahora, investigador asociado y profesor en el PUEDde la UNAM.

Rosa Elena Montes de Oca
Economista, exfuncionaria pública y académica.


1 Ver: https://bit.ly/36eYXUr

2 Véase Emilio Kourí (enero 2015), “La invención del ejido”, nexos.

3 Andrés Molina Enríquez, Wistano Orozco y, sobre todo, Luis Cabrera.

4 Si bien la Ley Agraria de 1915 le antecede, no fue sino hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas que se puso en marcha con toda fuerza tanto en el reparto de tierras, como en la organización y creación de instituciones.

5 Por “parcela” entiéndase unidades de producción.

6 Estadísticas agrarias del RAN (ver nota 1).

7 Mancur Olson (1971), The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of groups, Harvard University Press, Cambridge, Ma.

8 Véase Elinor Ostrom (1990), El gobierno de los bienes comunes, CRIM-UNAM, México.

9 Las Sociedades de Producción Rural (SPR), las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC) y otras de corte mercantil.

10 Véase Cassio Luiselli (2017), Agricultura y alimentación en México: Evolución, desempeño y perspectivas, Siglo XXI, México, pp. 406-409.

 

Un comentario en “¿Es el ejido todavía necesario?

  1. me parece muy interesante su articulo, creo que tendria que reelerlo, y coincido con los planteamientos para que el ejido siga en su forma como tal, pero evolucionando a ser una unidad productiva en donde y de acuerdo con la ley, genere formas asociativas que hagan de su estructura una entidad productiva.en donde la estructura del comisariado y fomente al interior del ejido esas formas de asociacion que la ley permite .

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