En las últimas décadas el México rural ha sufrido cambios de tal alcance que la otrora tajante dicotomía campo-ciudad se viene difuminando rápidamente. Hoy más del 80 % de los asentamientos rurales se encuentran a menos de una hora de distancia de alguna ciudad, una transformación radical del modo y la intensidad de las interacciones entre un mundo y otro. En este territorio se despliega una agricultura de grandes desigualdades, donde la dinámica económica y la demanda alimentaria urbana son preponderantes. El país en conjunto se ha convertido en un gran productor y exportador de alimentos, así como en un importador masivo. Más allá del pequeño pero pujante conjunto de grandes y medianos productores comerciales, existe una amplia capa de productores medianos y pequeños que interactúan más y más con el mercado, si bien algunos de ellos, en tiempos de crisis, revierten a la autosubsistencia. Casi todos, además, desempeñan otras tareas productivas más allá de lo agrícola. Es también imprescindible destacar el creciente papel de la mujer, decisivo en la lucha por la alimentación familiar y el abatimiento de la pobreza. No puede olvidarse un núcleo de pobreza rural inadmisible que se ha mostrado difícil de cambiar. Es por todo esto que en los ensayos que siguen pretendemos una nueva mirada, lo más actual y documentada posible de esta realidad tan fluida como llena de contrastes.

Ilustración: Patricio Betteo

Vale la pena centrarnos en el territorio. Hay que reparar en el hecho de que el principal impulso de la transformación que aludimos viene desde el México urbano. El país se urbaniza incesantemente: ya casi cien millones de mexicanos viven ahora en ciudades.1 Contamos hoy con 401 ciudades de más de 15 000 habitantes y, gravitan en torno a ellas, un enorme conjunto de decenas de miles de pequeños y muy pequeños pueblos y asentamientos rurales. A su vez, centenares de pequeñas y medianas ciudades lo hacen con otras, de dimensión intermedia y nada menos que 74 zonas metropolitanas, 15 de ellas con más de un millón de habitantes; destaca la enorme megalópolis central, nucleada por Ciudad de México y su zona metropolitana. Aquí hay dos dinámicas, a menudo entreveradas pero distintas: desde las ciudades se han formado muy pequeños asentamientos, algunos precarios y otros que han sido invadidos por las ciudades en expansión. Se trata del perturbador fenómeno “periurbano”, pero de corte urbano y que no es parte del México rural, que se aproxima hacia las ciudades, aunque las fronteras entre uno y otro se adelgazan día con día. En este territorio cambiante y complejo, las ciudades demandan cada vez más alimentos, más variados y de mejor calidad, y se dicta así la dinámica de las cadenas de producción agrícola y se imponen cambios importantes en las dietas.

Sin embargo, hay que tener presente que en el campo hoy subsiste lo que podemos llamar una “ruralidad profunda” conformada por muy pequeños asentamientos aislados y empobrecidos, que sobreviven en condiciones de precaria autosubsistencia. No son pocos pues estamos hablando de casi 80, 000 y en ellos viven casi siete millones de personas. Este es el núcleo duro de la pobreza rural y la inseguridad alimentaria de México. Si se escuchara su voz y se diseñaran con ellos políticas públicas para superar la pobreza, se conseguiría un avance formidable en el país.

Vista en su conjunto, la agricultura mexicana2 es tan contrastante y desigual como siempre, pero las diferencias se han acentuado. Existe un grupo pujante de productores grandes y medianos, no más del 20 % del total, que produce tanto para el exterior como para los crecientes y exigentes mercados urbanos. Ha conseguido un auge exportador verdaderamente notable, muy vinculado al mercado y las cadenas de producción de América del Norte. Ahora México es el décimo exportador agroalimentario del mundo e incursiona cada día más en terceros mercados. Si bien importamos grandes cantidades de maíz amarillo, soya, arroz y frijol, por citar a los principales, somos autosuficientes en maíz blanco (el de las tortillas) y otros productos. Claramente, ahora exportamos más de lo que importamos, lo que genera un holgado superávit que el año pasado rozó los 5 000 millones de dólares. Algo impensable hace sólo unos pocos años. Aun así, el dinamismo agregado de un sector tan grande ha sido exiguo y muy desigual, en los últimos 35 años el crecimiento de la agricultura ha sido inferior al 2 % anual, aunque en los cinco más recientes se viene acelerando.

Contamos con cinco millones de unidades de producción agropecuaria, de las cuales el 80 % son pequeños minifundios familiares de menos de cinco hectáreas y bajísima dotación de capital. Dentro de estos, los minifundios de menos de dos hectáreas son, a su vez, mayoría. Corresponden justamente a los asentamientos dispersos y empobrecidos que mencionamos arriba. Ahí están también las comunidades aisladas de la ruralidad profunda. Es por todo esto que contar con una visión más geográfica y territorial se ha convertido en imperativo.

Esa polarización no es novedad; lo que sí sorprende es ver cómo se ha acrecentado y cómo la tierra se sigue fragmentando. Pero también hay otros cambios, pues las familias campesinas, con mujeres muchas veces al frente, a través de varios tipos de migraciones e interacciones con ciudades vecinas, han desplegado numerosas y diversas actividades no estrictamente agrícolas. Hoy la principal fuente de ingresos de las familias promedio ya no es la agricultura, sino una gama amplia de fuentes de entre las que destacan las remesas, los servicios y las pequeñas manufacturas de todo tipo. A este universo de nuevas tareas, las podemos llamar “economía rural no agropecuaria” o ERNA.

 

Por años se pensó que las políticas sociales de transferencias de recursos, directas y condicionadas, eran el vehículo más eficaz contra la pobreza. Ahí están los programas como Progresa, con sus seguidores e imitadores y, de alguna manera, el enorme y “compensatorio” Procampo. Estos programas, más allá de sus innegables méritos, no sólo no tomaban en cuenta ni se vinculaban a proyectos productivos, sino que drenaban del presupuesto recursos que pudieron canalizarse para invertir en el fomento agropecuario. Por lo demás, el pueblo, el caserío o el asentamiento como unidad territorial donde se encontraban las familias beneficiarias seguía lleno de carencias, descapitalizado y sin infraestructura mínimamente adecuada. Faltaba considerar proyectos productivos y, sobre todo, considerar al territorio, a lo local si se quiere.

Es por eso que ahora trabajamos considerando al territorio —su gente, sus recursos, saberes y ecosistema— y lo que es más promisorio analíticamente, incluyendo el papel de las pequeñas ciudades rurales,3 como núcleos de articulación con el campo, así como las posibilidades y desafíos para las cadenas de valor localizadas. Asimismo, se hace cada vez más necesario considerar al territorio dentro de los biomas que contiene, respetar y valorizar la biodiversidad y sus servicios ambientales. Los desafíos ya presentes del cambio climático tampoco se pueden dejar fuera de la agenda del mundo rural y la agricultura en particular.

Es necesario también atender a la inseguridad alimentaria que persiste tenazmente y muestra dos rostros contrapuestos: por un lado, a pesar del progreso y resultados aceptables en los promedios, muchos mexicanos aún siguen padeciendo diversos grados de hambre e inseguridad alimentaria. Por otro lado, buena parte de la población, sobre todo en las  ciudades, padece ahora enfermedades como la obesidad y la diabetes, por los excesos de una dieta alta en grasas y azúcares.

México tiene una historia de reforma agraria que diseñó una institución única en el mundo: el ejido, fruto directo de un reparto masivo de tierras, que terminó hace más de un cuarto de siglo y, en gran medida, disminuyó la presión y los conflictos por el acceso y posesión de tierras, tan común hasta los años ochenta. Pero ahora, sin haberse terminado del todo las controversias agrarias, el foco de las relaciones entre productores del campo y el Estado se da en términos de derechos, gobernanza, participación, organización y manejo localizado de conflictos. Pero el ejido sigue ahí, con poca gravitación política y funciones limitadas. La gran innovación institucional del siglo XX ahora ha perdido relevancia y capacidades como tal. Se hace urgente saber si aún se quiere organizar la tenencia de la tierra en torno a ejidos (y comunidades), pues hay que tomar en cuenta que más de la mitad del territorio nacional es ejidal.

Así, en el umbral de la tercera década de este siglo, el campo mexicano, a pesar de sus mutaciones, mantiene algunos de los claroscuros de siempre, avances notables y lamentables retrasos; pero, sobre todo, nuevos desafíos que abordar.

En este dosier hemos pedido a tres muy destacados y experimentados colegas que abordasen la problemática y los puntos salientes de esta inacabable agenda del campo mexicano.

 

Cassio Luiselli Fernández
Economista, geógrafo y diplomático. Ahora, investigador asociado y profesor en el PUED de la UNAM.

 

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