El modelo de atención al parto que predomina en México tiene una vertiente de medicalización excesiva y procedimientos rutinarios que son efectuados sin informar u obtener el consentimiento de las mujeres a las que atiende.1 Uno de los ejemplos más dramáticos es la aplicación de métodos de anticoncepción no elegidos o solicitados, incluida la esterilización. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) reveló que 33.4% de las mujeres entre los 15 y 49 años dijo haber experimentado alguna forma de maltrato al recibir atención obstétrica lo mismo en hospitales públicos que privados.2

El concepto que describe estas prácticas, la “violencia obstétrica”, se adoptó en México apenas en 2015 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) organismo que, a la fecha, ha emitido más de 40 recomendaciones en esta materia debido a las repercusiones que tiene en la vida de las mujeres —desde afectaciones psicológicas y físicas, hasta la muerte de la madre o del bebé. En el periodo de 2002 a 2017 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico registró más de tres mil quejas a propósito de la especialidad de ginecología y obstetricia en el país, colocándola en el cuarto lugar de las especialidades médicas que mayor número de quejas reciben.3

Ilustración: Alma Rosa Pacheco Marcos

Tomando los resultados de la ENDIREH, Roberto Castro y Sonia Frías identificaron dos dimensiones de este fenómeno: el “abuso y violencia” y la “atención no autorizada”. Observaron que la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro fueron las entidades federativas en las que más se infligió algún tipo de maltrato, y encontraron que dentro de las manifestaciones de violencia más recurrentes están los gritos y regaños, dilación en recibir el servicio por haber “gritado” o haberse “quejado” y cesáreas sin explicarle a la parturienta cuál fue el motivo de su realización. En cuanto a la segunda dimensión, detectaron que Baja California, Puebla y Veracruz fueron los lugares en los que más se incurrió en prácticas como la colocación del dispositivo intrauterino (DIU) sin consentimiento e incluso la esterilización forzada;4 violencias que en general afectan principalmente a las mujeres indígenas.5

La CNDH ha sostenido que en México no se garantiza el respeto a la decisión de las mujeres con respecto a su elección de métodos de planificación familiar, el consentimiento se obtiene de mero trámite y sin haber recibido consejería, o en momentos inadecuados —cuando la mujer está debilitada y cansada después del parto, por ejemplo. Una de las quejas recabadas por la Comisión relata que a la víctima le colocaron el DIU incluso cuando ella había dicho que utilizaría el condón; en otro caso la víctima indicó que días después de haber sido sometida al proceso de esterilización comprendió que se trataba de un método de carácter permanente.6

Por sus características organizacionales e institucionales, reflejadas en la carencia de insumos de cuidado necesarios, los centros de salud en México son lugares que generan un entorno proclive a acentuar la asimetría de la mujer. Como explica Silvia Bellón: “el parto en instituciones hospitalarias está regulado por estándares de productividad en los que los cuerpos de las mujeres son tratados como obreros”.7 Los casos que conforman la Recomendación General 31/2017 “Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud”, son muestra de esto.8

El personal médico tiende a conducirse con burlas e ironías cuando las mujeres manifiestan sentir dolor e incluso son indiferentes a la forma en cómo éstas desean parir; en este sentido no es sensible al género ni cultura de las gestantes. Por ejemplo, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las cesáreas no rebasen el 15% de los nacimientos cada año —pues se considera que pueden derivar en “complicaciones y discapacidades significativas, a veces permanentes o incluso la muerte”—,9 en México el 46.2% de los partos de mujeres de 20 a 49 años se efectúa de esta manera. Ello ha dejado al país en el cuarto lugar a nivel mundial en el uso de la cesárea sin indicación médica.10

Junto con éstas aparecen otras prácticas no aconsejables por la OMS y otros organismos internacionales. Es el caso de la maniobra de Kristeller —que consiste en la “presión del fondo uterino para la ayuda del expulsivo”—,11 en la aplicación de procedimientos de manera rutinaria y sin justificación médica como la inducción del parto incluso cuando está contraindicado, o la realización de episiotomías —el corte quirúrgico en el perineo con tijeras o el bisturí para prevenir un desgarro grave y facilitar el nacimiento.

En su búsqueda por asegurar el acceso a un parto más humanizado el Estado mexicano ha implementado algunas medidas de entre las cuales destaca la inclusión de la violencia obstétrica en el derecho interno y su tipificación para responsabilizar a quienes la cometen. A la fecha, 24 entidades cuentan con leyes sobre violencia que integran la obstétrica y en seis se encuentra prevista como delito.12

Sin embargo, el tratamiento por la vía penal no se considera una solución integral, ya que sólo individualiza la responsabilidad en los médicos dejando de lado otros factores que indicen en su recurrencia, como la insuficiencia de recursos humanos y materiales en los centros de salud. De forma acertada, la CNDH ha visibilizado la naturaleza multifactorial de la violencia obstétrica, por lo que ha recomendado a las autoridades generar las condiciones para asegurar que los nacimientos ocurran en entornos que favorezcan el protagonismo de las mujeres en estos procesos.

Sin duda, la erradicación de la violencia obstétrica necesita de una transformación profunda en nuestras ideas sobre el parto. Es fundamental abordarla desde la óptica del género y los derechos humanos para desarrollar en las y los prestadores de servicios de salud la capacidad para identificar sus acciones u omisiones en este respecto. Finalmente, y para establecer soluciones duraderas, es importante que el Estado impulse modelos alternativos de atención, como la partería, que garanticen el derecho a elegir la forma de parir que mejor convenga a los intereses de las mujeres embarazadas, lo mismo que el respeto a sus decisiones en materia sexual y reproductiva.

 

Rita Muciño Corro
Maestra en derechos humanos y democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Abogada en el Círculo Feminista de Análisis Jurídico.


1 El 94.5% de los nacimientos en México ocurren en centros de salud.

2 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, “Principales resultados: Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares”, 2016. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/endireh/2016/doc/endireh2016_presentacion_ejecutiva.pdf

3 Comisión Nacional de Arbitraje Médico, “Análisis de la queja médica en el Servicio de Ginecología y Obstetricia 2002-2017”, 2017. Disponible en: http://www.conamed.gob.mx/gobmx/monografias/pdf/4_Gineco-obstetricia.pdf

4 Roberto Castro y Sonia Frías, “Violencia obstétrica en México: resultados de la ENDIREH 2016”, Primer Congreso sobre Violencias de Género contra las Mujeres, 2017. Disponible en: http://web.crim.unam.mx/congresoviolencias/sites/default/files/Mesa%202_Castro,%20Frías.pdf

5 CNDH, Recomendación General 4/2002 “Derivada de las prácticas administrativas que constituyen violaciones a los derechos humanos de los miembros de las comunidades indígenas respecto de la obtención de consentimiento libre e informado para la adopción de métodos de planificación familiar”, 2002. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/Generales/RecGral_004.pdf

6 CNDH, Recomendación 31/2016, 2016. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_031.pdf y Recomendación 61/2016, 2016. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2016/Rec_2016_061.pdf

7 Silvia Bellón Sánchez, “La violencia obstétrica desde los aportes de la crítica feminista y la biopolítica”, Dilemata, 2015, p.100.

8 CNDH, Recomendación General 31/2017 “Sobre la violencia obstétrica en el Sistema Nacional de Salud”, 2017. Disponible en http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/generales/RecGral_031.pdf

9 OMS, “Declaración de la OMS sobre tasas de cesárea”, 2015. Disponible en: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161444/WHO_RHR_15.02_spa.pdf

10 Secretaría de Salud, “Modelo de atención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio”, 2018. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/29343/GuiaImplantacionModeloParto.pdf e Instituto Nacional de Salud Pública, “Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012. Evidencia para la política pública en salud”.

11 Cristobal Rengel Díaz, “La maniobra de Kristeller: revisión de las evidencias científicas”, Matronas Profesión, 2011, p. 82. Disponible en: https://www.federacion-matronas.org/wp-content/uploads/2018/01/82-9-art-revision-maniobra-12-3.pdf

12 Grupo de Información en Reproducción Elegida, “Un continuum llamado violencia obstétrica”, 2019. Disponible en: https://www.animalpolitico.com/punto-gire/un-continuum-llamado-violencia-obstetrica/