Entre las adolescentes mexicanas la tasa de fecundidad de las mujeres indígenas es más alta que la de las mujeres no indígenas. Mientras que 97 de cada mil mujeres que tienen entre 15 y 19 años de edad hablan una lengua indígena, 68 por cada mil no hablan ninguna lengua indígena.1 De las primeras, aproximadamente el 17% se embaraza en la niñez o en la adolescencia (10 entre los 9 y 14 años y siete entre los 15 y 19 años).2

Aunque el embarazo a temprana edad se piensa como inherente a las sociedades indígenas, éste obedece a factores históricamente conformados y concatenados. Existe sin lugar a dudas una desigualdad económica, social y política que lo promueve, pero también hay formas de organizar y concebir el cuerpo, la sexualidad y la fecundidad que moldean las prácticas de reproducción específicas de los pueblos indígenas.3 Ciertos factores estructurales y de organización de la vida reproductiva en estas comunidades hacen específica la incidencia de embarazos en adolescentes indígenas, sobre todo con respecto a los que suceden entre mujeres no indígenas.

Ilustración: Estelí Meza

Sabemos que ante la campesinización de la economía indígena del período posrevolucionario y hasta la segunda mitad del siglo XX se requirió que las mujeres rurales e indígenas tuvieran la mayor cantidad posible de hijos e hijas para contar con mano de obra en las economías de autoconsumo y producción de excedente para el abastecimiento de las ciudades industriales.4 Hacia 1970, sin embargo, se implementó una política de población en diversos países, entre los que estuvo México, que buscaba posponer el nacimiento del primer hijo para instituir un modelo de familia con menos integrantes. El lema de la política demográfica de la época se volvió: “La familia pequeña vive mejor”, y durante la presidencia de Carlos Salinas: “Vámonos haciendo menos”. Esta política permeó ante todo en los estratos medios urbanos, pero su objetivo también era llegar a los grupos más desfavorecidos de las ciudades y el campo.

La implantación del sistema neoliberal y el incremento de la pobreza estructural promovieron la política de la familia pequeña sobre todo a partir de dos estrategias. Por un lado, se apostó por disminuir el número de embarazos y nacimientos para evitar la mortalidad materna e infantil y por otro lado, desde una perspectiva más perversa, se buscó que bajaran los niveles de pobreza de los grupos sociales más afectados evitando que “los pobres continuarán reproduciéndose”. En este sentido, el fenómeno del embarazo en niñas y adolescentes indígenas tiene que considerar las políticas poblacionales y sociales vistas a través del prisma de sus particulares culturas.

La prevalencia del embarazo a temprana edad es en buena medida resultado de condiciones estructurales que impiden el ejercicio de los derechos humanos de estas poblaciones. En este sentido, recientemente ha salido a la luz la violencia sexual como causa específica del embarazo en niñas y adolescentes. La mayoría de las veces es ejercida por hombres adultos que abusan de su poder y cercanía, aunque también en el contexto de transacciones en las que se intercambia a las niñas y adolescentes por dinero y bienes en matrimonio, trabajo forzado, esclavitud y trata con fines de explotación sexual. En general, en estas situaciones está involucrada la familia, maestros, sacerdotes, militares, etcétera, lo que impide que estos casos sean debidamente reportados y propicia que muchas veces la familia o la comunidad oculte su existencia hasta ya muy avanzado el embarazo, lo que obliga a las niñas y adolescentes a parir en medio de un contexto de extrema violencia. Desfortunadamente, como ha reportado Montserrat Antúnez, “no hay un cruce de datos entre el registro de gestaciones reportadas ante las Secretaría de Salud y las cifras del delito de violación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde no hay información sobre la edad de las víctimas ni de su pertenencia a un grupo indígena”, por lo que es difícil saber con precisión cuántos son los casos en esta situación.5

Para las adolescentes indígenas la pobreza, el acceso restringido a la educación y a la salud —incluidos los métodos anticonceptivos—, más la falta de programas con pertinencia cultural sobre derechos y salud sexual y reproductiva dirigidos a los distintos ámbitos (rurales, urbanos y en contextos de migración) son, en conjunto, los factores estructurales que hacen continua la existencia de embarazos.

En general, la sociedad dominante no indígena ha producido imaginarios desde los que se piensa que las y los adolescentes no tienen la madurez para ejercer la sexualidad ni la capacidad para la reproducción; esto pese a que éstos son sujetos sexuados que en muchos casos participan de las labores de crianza, especialmente las mujeres. Por su parte, en la mayoría de las comunidades indígenas de México6 la adolescencia no ha sido considerada una etapa específica en el ciclo de vida, aunque algunas lenguas (totonaco, maya de la península de Yucatán, purépecha, zapoteco, entre otras) tienen términos para nombrar un período que puede ser análogo al de adolescencia en la sociedad no indígena.7 Recientemente la adolescencia empieza a plantearse como una etapa reconocida y delimitada asociada a los mismos contenidos, valores y expectativas que se sostienen en el resto de la sociedad. No obstante, en los imaginarios de las familias y de los jóvenes indígenas, particularmente en aquellas comunidades de mayor aislamiento geográfico o social, la paternidad sigue siendo percibida como un camino hacia la emancipación y una forma accesible de contribuir e integrarse en la vida de la comunidad mediante un rol socialmente reconocido. Esto implica la unión conyugal, lo que da pie a participar en la toma de decisiones en el ámbito comunitario.

Bajo esta concepción, la maternidad sería un paso normal o incluso natural en el curso de vida de las jóvenes indígenas, y los embarazos entre adolescentes no serían considerados un problema sistémico dentro de las comunidades. Sin embargo, cuando uno ve de cerca estas realidades, sale a la luz la presión social a la que se enfrentan las jóvenes para embarazarse a pesar de que no es su deseo y no tienen los recursos para enfrentar la maternidad. Aún más, estas chicas no cuentan con el capital cultural y los medios económicos para optar por otros caminos de vida. Sin embargo, las ideas sobre las ventajas de una maternidad temprana prevalecen, lo cual podría explicar parte del fracaso de las campañas de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva en las comunidades.

Pero lo anterior no quiere decir que el Estado haya cumplido con garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las adolescentes indígenas. En general, en las instancias gubernamentales se representa a quienes integran a los pueblos indígenas como asexuales, pero contradictoriamente más fecundas que el resto de la población, subrayando políticas de control de fecundidad e impidiendo la libertad de decidir el número y esparcimiento de las hijas y los hijos a través de la imposición de métodos anticonceptivos y esterilización forzada cuando las mujeres acuden al sistema de salud. Esto aleja a las indígenas de estos espacios para recibir información, conocimientos y atención.

Cada una de estas situaciones tiene un impacto diferenciado para mujeres y hombres, así como para los diferentes grupos etarios. Las y los adolescentes indígenas, sobre todo de estratos sociales más empobrecidos, quienes no acuden a la escuela, no tienen acceso al sistema de salud, o quienes están en contextos de desplazamiento forzado o migración, enfrentan una serie de condiciones de vulnerabilidad que les imposibilitan ejercer plenamente sus derechos humanos en general y sus derechos sexuales y reproductivos en específico.

Aunque existe un consenso entre los gobiernos, la academia y las organizaciones de que el embarazo en adolescentes indígenas es un problema vinculado con diferentes factores de riesgo estructurales y culturales, es necesario tomar en cuenta la diversidad étnica, de clase y del territorio de los cursos de vida de quienes integran estos grupos para detectar otras cosas que no solemos contemplar y, por tanto, no son atendidos en las políticas y programas que atienden este fenómeno. Los diferentes enfoques coinciden en que las desigualdades sociales influyen en las vulnerabilidades y capacidades para la salud, lo mismo que en las conductas y modos de gestión relacionados con la misma. También que la exclusión es dependiente de condiciones exógenas a la comunidad indígena. Existen modos específicos de concebir el cuerpo, la sexualidad, la reproducción y la salud que, sin embargo, no deben servir para que las instituciones dejen de atender estos temas con políticas y programas de atención para las poblaciones específicas.

Para la atención del embarazo en niñas y adolescentes indígenas (y no indígenas) se requiere un enfoque crítico explicativo que tome en cuenta cuestiones éticas y profesionales, que integre una visión indígena en la salud pero que también vea las determinantes que existen en diferentes niveles. Sobre todo han de analizarse las injusticias sociales del sistema e integrar los discursos y la interpretación de los sujetos involucrados, comenzando por las niñas, adolescentes y jóvenes indígenas. Esto requiere de mayores investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo que ayuden a comprender la experiencia indígena del embarazo en la adolescencia, en las vidas de los padres y madres, y también en el conjunto de la comunidad.

 

Jahel López Guerrero
Doctora en antropología. Investigadora en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, UNAM.

Una versión de este texto se presentó en la conferencia “Embarazo y maternidad en niñas y adolescentes indígenas a la luz de los derechos humanos”, presentada en el Ciclo Maternidad indígena: Cuerpo y sexualidad en grupos mesoamericanos, ENAH, 8 de mayo de 2019.


1 INEGI, Censo de población y vivienda, 2010. De acuerdo a los resultados de la última Encuesta Intercensal la población indígena constituye el 10.1% de la población total de nuestro país.

2 Datos del Subsistema de Información sobre Nacimientos de la Secretaría de Salud.

3 Categoría política panétnica utilizada para denominar a las etnias, naciones o pueblos descendientes de las poblaciones que habitan en México, otros países y regiones del mundo. (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.) Actualmente, en México se reconocen 68 etnias con base en la lengua indígena que hablan

4 Ver Patrica Arias, Del arraigo a la diáspora. Dilemas de la familia rural, México, Universidad de Guadalajara-CUCSH/Miguel Ángel Porrúa, 2009.

5 Sin duda, podemos asegurar que los embarazos en niñas de entre 9 y 14 años son producto de violación sexual. En el caso de embarazos en adolescentes esta violencia complejiza la idea de que éstos ocurren únicamente por falta de información y de métodos anticonceptivos. Montserrat Antúnez, “Servicios de salud de 10 estados ignoran a niñas y adolescentes indígenas embarazadas”, Cimacnoticias, México 6 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.cimacnoticias.com.mx/taxonomy/term/7574.

6 Ver Celso Ortiz Marín, “¿Existen los jóvenes rurales e indígenas?”, México, ENAH, 2002.

7 Ver CIESAS, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia., Panorama de la Adolescencia Indígena en México desde una perspectiva de derechos, México, CIESAS-UNICEF, 2012. Disponible en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/AdolescentesindigenasenMexicoBaja.pdf

 

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