14 de noviembre de 2018. Todavía faltan algunos días para el arranque formal del nuevo gobierno. Tras varias salidas en falso, ese día se presenta el Plan Nacional de Paz y Seguridad. Por primera vez se anuncia la creación de la Guardia Nacional. Una fuerza, se deja ver desde entonces, de carácter militar, que será la que lleve la batuta ante todos los desafíos serios a la seguridad del país. AMLO no escatimó elogios para las Fuerzas Armadas y no ocultó su profunda desconfianza en la Policía Federal. Desde ese día su gobierno le ha apostado fuerte al nuevo cuerpo de seguridad y ha logrado imponerlo en todo y sobre todo: primero en el Congreso, después sobre los derechos laborales de la Policía Federal, luego en tareas de contención de migrantes, ahora incluso en el Metro de la Ciudad de México.

Ilustración: Víctor Solís

En la presentación del 14 de noviembre la voz cantante fue la de Alfonso Durazo. Olga Sánchez Cordero, la futura secretaria de Gobernación, tuvo un papel discreto. Desde entonces quedaba claro que Segob dejaría de ser la supersecretaría de los tiempos de Peña Nieto. El día previo ya se habían aprobado una serie de cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con esos cambios Segob no sólo se quedaba sin ejercer control alguno sobre la Policía Federal y los penales federales (lo que hubiera significado regresar al statu quo de tiempos de Calderón), sino que también perdía otras dos áreas clave para el ejercicio real del poder. Por una parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) se trasladó a la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Junto con el SESNSP, Segob renunció a encabezar la coordinación con las entidades federativas en materia de seguridad. Por otra parte, la nueva la SSPC también absorbió todo lo referente a protección civil, incluyendo el jugoso Fondo de Desastres Naturales (Fonden). En el nuevo diseño del sector seguridad Segob quedó completamente relegada; la SSPC presupuestalmente resultó favorecida.

Más importante, con el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional, el mando efectivo sobre la fuerza pública quedó en manos de militares. Incluso se estableció el requisito insólito de que el comandante de la Guardia Nacional tenga cuando menos 50 años de edad y 25 años de experiencia en el sector seguridad (criterios que se ajustan bien a las carreras de los generales y almirantes, pero que pocos mandos civiles cumplen).

Tal es la confianza que el nuevo gobierno ha depositado en el Ejército, que Sedena y Semar no sólo recibieron un incremento presupuestal, sino que son las únicas dos secretarías que ostentan el mayor privilegio concebible dentro del nuevo gobierno: están exentas del sistema de compras consolidadas operado por Raquel Buenrostro desde la oficialía mayor de la Secretaría de Hacienda. La tijera implacable, que tanto ha dado de qué hablar en lo que lleva el sexenio, no llegará al ámbito militar. Sospecho que tampoco frenará los planes del general Bucio para consolidar la Guardia Nacional.

 

3 de julio de 2019. Elementos de distintas divisiones de la Policía Federal convocan a un paro nacional. El descontento venía en aumento desde semanas antes (cuando se multiplicaban los testimonios de maltrato por parte de militares contra policías federales). Los días de la protesta la situación por momentos pareció desbordarse en Contel, el centro de mando ubicado en Iztapalapa. Vimos imágenes de vehículos militares que se aproximaban amenazantes, para luego dar la vuelta. La doctora Patricia Trujillo, quien fue nombrada para representar de alguna forma a la PF en el proceso de transición a la Guardia Nacional, sólo pudo llegar a las instalaciones en medio de insultos y empujones. Los policías que protestaban en la calle no la bajaban de traidora.

La rebelión de la Policía Federal fue el desenlace inevitable ante el favoritismo del actual gobierno hacia los militares. Habrá una enorme pérdida de capital humano, particularmente por la salida de varios cientos o incluso miles de elementos de la Policía Federal. Adicionalmente, muchos de los mandos y funcionarios civiles que habían despuntado en administraciones previas quedaron completamente marginados. A la mayoría simplemente no se les contempló en la SSPC, un espacio donde el poder ahora se divide entre políticos cercanos al proyecto de Morena y militares. Algunos de los outsiders que entraron, como Patricia Bugarín y Eunice Rendón, duraron poco tiempo en el cargo. Otros funcionarios experimentados decidieron dejar el gobierno federal y mejor buscar oportunidades en otra parte.

 

15 de febrero de 2019. Las calles de Badiraguato se embellecen con flores. Hay seguridad y patrullajes aéreos, pero a una distancia prudente. Se busca que la población se sienta cómoda. Muchos acuden al evento. Ese día, por primera vez en la historia, un presidente de la República pisa Badiraguato. López Obrador es bien recibido. Dice que los pueblos no pueden ser estigmatizados. También dice, en clara alusión al Chapo, que no se puede hacer leña del árbol caído. Insiste en que es la falta de oportunidades la que ha orillado a muchos mexicanos a tomar el camino de la delincuencia.

Ciertamente, el ánimo pacifista de AMLO no se ha traducido todavía en una disminución de la violencia en el país. De acuerdo con las cifras que reportan las fiscalías, en el primer semestre de 2019 hubo 17 mil 138 homicidios dolosos. La cifra es casi un máximo histórico, y es sólo marginalmente menor a la del segundo semestre de 2018. Sin embargo, sí hubo un cambio muy significativo y casi inmediato con la llegada del nuevo gobierno. Las agresiones y homicidios de elementos del gobierno federal, que crecieron a un ritmo imparable hasta 2018, se frenaron rápidamente, sobre todo después de la visita de AMLO a Badiraguato. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Consultores, en los tres meses siguientes (de marzo a mayo de 2019) las agresiones criminales ocasionaron un total 10 bajas de militares y elementos de la Policía Federal o de la Guardia Nacional. En contraste, en el segundo semestre de 2018 hubo cada mes, en promedio, casi 10 bajas de elementos federales.

Con el gobierno de López Obrador también llegó a su fin la era de las grandes cacerías de capos. En eso consistió, en buena medida, la política de “combate frontal” que estableció Calderón y que, un tanto por inercia, se mantuvo en tiempos de Peña Nieto. Desde diciembre pasado ya no se observa —ni en la FGR ni en el Ejército ni en la Guardia Nacional (mucho menos en Palacio Nacional)— ningún apetito por difundir listas de blancos prioritarios, ni mucho menos por realizar capturas espectaculares.

Por supuesto, una cosa es que se deje atrás la absurda estrategia de captura de capos indiscriminada y a cualquier costo. Otra cosa muy distinta es que se brinde protección oficial a ciertos grupos. En este sentido ya hubo un llamado de atención importante con el video difundido a finales de julio, en el que se alerta sobre un plan para la fuga de Abigael González Valencia, El Cuini (quien, de forma un tanto insólita, no estaba recluido en un penal federal de máxima seguridad, sino en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México).

 

19 de abril de 2019. Minatitlán. Viernes por la noche. En una palapa se celebra un cumpleaños. Suena “La vida es un carnaval”, de Celia Cruz. Un grupo de hombres armados irrumpen y preguntan por alguien. Enseguida empieza la balacera, que termina en masacre de inocentes. Entre las 14 víctimas hay un bebé.

Ante la masacre de Minatitlán hubo un despliegue de más de mil elementos de la Guardia Nacional. A la frontera sur se mandaron más de dos mil guardias cuando Trump amenazó con imponer aranceles si no se frenaba la migración de centroamericanos. Seguramente así seguirá ocurriendo en los próximos meses con cada crisis de seguridad. Cada vez se habla menos de profesionalizar a las policías (ese mantra que se repitió por años, pero que muy pocas autoridades se tomaron en serio).

Los gobernadores siguen dispuestos, como siempre, a deslindarse de responsabilidades y dejar que el gobierno federal venga al rescate cuando las cosas se pongan complicadas. Sin embargo, hay una diferencia importante. AMLO cuenta con una estructura paralela de 32 superdelegados. También cuenta con 266 mesas regionales “para la construcción de la paz”.

Poco a poco esta estructura paralela creada por AMLO ha ido cobrando vida. En materia de seguridad, sobre todo en algunas regiones fuera de las grandes ciudades, las mesas regionales se van haciendo indispensables. Sólo tenemos información incompleta sobre su operación. Sin embargo, he escuchado opiniones entusiastas de algunos regidores y directores municipales de seguridad. Por lo menos ahora están invitados a una mesa, que sesiona regularmente, y donde también hay un mando militar que puede hacer algo en caso de emergencia.

El siguiente paso natural, del que no se habla mucho todavía, será amargo. No nos debería de extrañar mucho un recorte fuerte de los recursos que todavía existen para que estados y municipios capaciten y equipen a sus policías. En 2019 los dos principales fondos en la materia —el FASP y el Fortaseg— mantuvieron un nivel similar al de 2018 (en total se asignaron a ambos fondos poco más de 11 mil millones de pesos). Sin embargo, sospecho que no faltarán justificaciones para que en el presupuesto de 2020 o 2021 les pasen la tijera implacable.

La estructura paralela de AMLO, apoyada en el despliegue masivo de la Guardia Nacional, recuerda en mucho al sistema de “jefes políticos” que operó durante el Porfiriato. Estos jefes políticos fueron una figura clave para la centralización del poder. Por una parte, informaban al presidente de cualquier eventualidad en los territorios que tenían asignados. Por otra parte, eran ellos quienes comandaban a la fuerza pública y aplacaban cualquier intento de levantamiento armado. Fueron un instrumento indispensable, tanto para afianzar la autoridad de don Porfirio, como para recuperar la paz y el orden público después de décadas de inestabilidad. Está por verse si, como ocurrió a finales del siglo XIX, el nuevo gobierno es capaz de lograr que, junto con la centralización del poder, arribe también la pacificación del país.

 

Eduardo Guerrero Gutiérrez
Socio de Lantia Consultores.

 

3 comentarios en “Seguridad: Centralizar sin pacificar

  1. El presupuesto a estados y municipios bajó de 12 mil millones en 2018 a 11 mil millones de pesos en 2019.

  2. Lamentablemente, México va ala contra de los procesos de democratización que surgió en America Latina a finales del siglo pasado, caracterizado por el alejamiento de la fuerza militar en tareas de seguridad interior. Es un mal síntoma.

  3. Por la configuración republicana de nuestro país la centralización en materia de seguridada pública solo es declarativa, recordemos que falta el actuar de los gobiernos estatales y municipales en la materia, quienes tambien son responsables de la seguridad de la sociedad civil.