Educación: Quema de naves

Suponiendo que tengan razón los que dicen que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desaparece instituciones para asegurarse de que no regresará el régimen anterior, o para garantizar que no habrá marcha atrás en los cambios, conviene preguntarse ¿no será que esta estrategia destructiva va a generar más problemas que soluciones para el país? Se dice que Julio César quemó sus naves en Alexandria con dos propósitos: uno, enviar el mensaje a su ejército de que no había otra opción que luchar —aunque estaban en minoría— porque no podrían huir; y dos, advertir al enemigo (a las tropas de Ptolomeo XIII) que estaban dispuestos a ir por el triunfo a como dé lugar, porque ya no tenían escapatoria. Si aceptamos que efectivamente la estrategia de destrucción es un mensaje poderoso, también hay que admitir que tiene muchos riesgos.

Ilustración: Víctor Solís

En el caso de ámbito educativo, son tres instituciones que han desaparecido o están por desaparecer en los próximos meses y una más que modificó sus fines históricos y en los hechos fue desmantelada por el actual gobierno para ser utilizada con otro propósito. Habrá que estar al pendiente si otras instituciones se sumarán a esta lista. Primero se anunció la salida del director en turno —y sobre todo— el cambio de actividades del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) (con sede en Pátzcuaro, Michoacán); después vino la desaparición del Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS); luego, con el cambio del artículo tercero de la Constitución publicado en el Diario Oficial de la Federación (el 15 de mayo) se eliminó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE); y por último, la propuesta que se publicó en la Gaceta Parlamentaria (el día 18 de julio) la Ley General de Educación que elimina al Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED).

El CREFAL es un organismo internacional con sede en México con 68 años de antigüedad. Desde el día uno de gobierno, la institución fue despojada de su misión de origen: formar gente especializada en la educación de personas jóvenes y adultas (EPJA) y diseñar y producir materiales educativos, investigaciones y asesorar proyectos dirigidos a esa población. Al CREFAL se le asignó la labor de coordinar el proyecto gubernamental de las 100 universidades para el Bienestar “Benito Juárez”, con lo cual se incurrió en irregularidades en el manejo de recursos públicos, de planeación y de rendición de cuentas porque el CREFAL es un organismo internacional, no una oficina de gobierno. Especialistas latinoamericanos en EPJA se quejaron del uso que se le pretendió dar al Centro y también hubo denuncias en la prensa sobre este tema. Como resultado de dicha presión el pasado 30 de julio se publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea el organismo público descentralizado denominado “organismo coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez” para hacerse cargo de este proyecto, otra vez con sede en Pátzcuaro. Actualmente no queda claro si la promulgación de este decreto abrirá la puerta para que el CREFAL recobre su misión original.

En el caso del COPEEMS —empezó a operar en 2011— es una asociación civil con funciones públicas que colaboraba directamente con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y servía para apoyar las funciones del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). En su asamblea general participaban el gobierno federal, representantes de dos entidades federativas en su capítulo de educación media superior, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el INEE y el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval). Entre sus principales actividades destacaban: contribuir a la integración del marco curricular común; diseñar un modelo de evaluación de componentes y procesos de las instituciones de educación media superior; desarrollar estudios (por ejemplo, sobre abandono escolar) y una base de datos sólida del sistema nacional de bachillerato; impulsar trabajo coordinado con entidades federativas y establecer una certificación rápida y de bajo costo. Desde luego le quedaron tareas pendientes, entre ellas: no incorporó en sus procesos de evaluación los resultados y los impactos; careció de autocrítica sobre cómo mejorar el proceso de evaluación y construir mejores propuestas respecto a la evaluación de competencias; y le faltó aportar mejores elementos para la formación continua de los maestros. Pero, en general, una contribución importante del COPEEMS fue alentar la integración del nivel educativo y una cultura de la evaluación. Sin embargo, la evaluación no es un tema que particularmente le interese a este gobierno.

El INEE fue creado por decreto presidencial en 2002 con el objetivo de ofrecer al sector público y privado herramientas para evaluar los diferentes elementos del sistema educativo nacional. El Instituto se fue consolidando en diferentes etapas hasta que en la reforma de 2013 se le otorgó autonomía constitucional y redefinió sus objetivos. Entre sus principales actividades sobresalían: la generación e interpretación de datos sobre los componentes, procesos y resultados del sistema educativo básico; el desarrollo de materiales de formación y difusión sobre estadística educativa como la publicación del Panorama Educativo y panoramas especializados como el de población indígena y afrodescendiente; la emisión de cinco paquetes de directrices de política; el desarrollo de investigaciones; la creación de direcciones estatales que fortalecieron las capacidades evaluativas de los estados así como el desarrollo de evaluaciones con enfoques locales en algunas entidades; la elaboración de los exámenes estandarizados nacionales (Excale, Planea) e internacionales como las pruebas que ha realizado el Laboratorio Latinoamericano para la Evaluación de Calidad de la Educación —PERCE, SERCE y TERCE— y el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés); y por último, la revisión, validación y evaluación de los instrumentos de evaluación diseñados por el hoy suprimido Servicio Profesional Docente.

Desde luego que el INEE tuvo también muchas limitaciones, quizás la más importante de ellas fue que toda la información que produjo no bajó a las escuelas y a los maestros para contribuir en la mejora de los procesos educativos. Además, su mecanismo de gobierno no fue el más eficiente; creció de manera muy rápida en términos presupuestales y de personal y no siempre con los mejores resultados; y la colaboración con las autoridades federal y estatales no fue la más adecuada, ni fluida. Queda la duda si con las funciones establecidas en el artículo tercero del organismo que va a sustituir al INEE —el Centro Nacional para la Mejora Continua de la Educación— efectivamente ejercerá su autonomía técnica y dará continuidad a las actividades más relevantes que hacía el INEE.

El origen del INIFED se remonta a Jaime Torres Bodet en 1944 cuando fundó un programa encargado de la infraestructura educativa. Por décadas el CAPFCE, el órgano se transformó en instituto en 2008 y algunas de sus actividades centrales son: la emisión de normas y especificaciones técnicas; la elaboración de guías para la administración de recursos para la infraestructura; el seguimiento técnico y administrativo de las obras a cargo de entidades federativas con recursos federales o de la Ciudad de México; la coordinación de las actividades de prevención y atención de daños a infraestructura física educativa ocasionados por desastres naturales; y proporcionar capacitación y asistencia técnica. Algunos problemas que han sido señalados sobre su trabajo es la falta de transparencia en el manejo de recursos y la ineficacia para fortalecer por años la infraestructura de las escuelas; la falta de rendición de cuentas sobre la reconstrucción; la escasez de información sobre los resultados del programa Escuelas al Cien; y la falta de articulación entre los sectores involucrados (sociedad civil, iniciativa privada y las comunidades) en la mejora y mantenimiento de los inmuebles escolares. Se debe recordar que en las otras entidades del país (fuera de la Ciudad de México) existen institutos similares de revisión de infraestructura pero, en todo caso, la propuesta en la Ley General de Educación es que la SEP absorba las funciones del INIFED y que se realicen transferencias directas a las escuelas vía los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP). El principal problema de esta propuesta es que no queda claro cuál será el mecanismo para asegurarse que el mantenimiento, la construcción y/o reconstrucción de escuelas seguirá la normatividad adecuada y quién se responsabilizará por dichas obras y por el manejo de los recursos públicos transferidos. ¿Quién responderá si se detecta un mal uso de recursos o deficiencias en la construcción de escuelas a la Auditoria Superior de la Federación (ASF)?

Dice Tom Nichols —en un artículo reciente publicado en Foreign Affairs— que el servicio público que brinda el conocimiento de los expertos es parte del contrato social en cualquier democracia. Lo que sucede en México es que el actual gobierno no parece tener mucho interés en el desarrollo del conocimiento técnico especializado, ni en la evaluación y asistencia que dan los órganos intermedios (y autónomos) en materia de asesoría, diseño y hechura de políticas educativas. El financiamiento (con datos de 2018) de los organismos que presuntamente se eliminarán es del orden de dos mil 357 millones de pesos. Quizás se debe recordar que para la promoción del beisbol —el deporte favorito del presidente— se piensa destinar a lo largo del sexenio cerca de dos mil 100 millones de pesos, de hecho, apenas el 1 de agosto, López Obrador anunció que el gobierno destinará mil 718 millones de pesos a la adquisión de dos estadios de beisbol en Sonora. O bien, señalar que los 2.3 mil millones representan un 13.6% del presupuesto anual de las becas universales de educación media superior “Benito Juárez”, que es un programa que, por cierto, deja más dudas que certezas respecto al impacto educativo y académico que pueda alcanzar dadas evaluaciones previas a programas de becas universales. Estos cambios han implicado o implicarán, por lo menos, unos 700 despidos. La formación de capacidades técnicas en áreas como la evaluación educativa o el diseño de instrumentos de políticas educativas ha costado bastante esfuerzo al Estado mexicano como para que se dé el lujo de desechar así a esta cantidad de profesionales.

Cuando la relación ciudadanos-expertos se ve afectada de esta manera, todos perdemos. Dicen los historiadores que cuando Julio César quemó sus naves en Alexandria el fuego se salió de control y terminó quemando uno de los espacios culturales más relevantes del mundo en aquel momento: la biblioteca. Que la anécdota sirva de ejemplo para López Obrador: por quemar las naves, no alentemos la destrucción irremediable del futuro.

Alma Maldonado-Maldonado
Investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav.