El 10 de abril se cumplieron 100 años del asesinato de Zapata, y el gobierno federal ha decretado al 2019 como “Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata”. En contrapunteo a los ánimos celebratorios y mitográficos que seguramente han de prevalecer, estos textos mensuales recuerdan otras historias que reflejan las aspiraciones y el devenir de aquel movimiento popular, sepultadas por el tiempo y por nuestra recurrente ansia de redención.

La célebre foto en que los hombres rústicos que comandaron los grandes ejércitos populares de la Revolución se apoderan de la silla presidencial produce hoy cierta tristeza. Es el principio del fin, y no lo saben. Sentados en primera fila aquel día en Palacio Nacional posaron Tomás Urbina, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Los cuatro morirán ejecutados, al igual que sus causas y movimientos. Pero la foto es más que un memento fúnebre, pues capta también un pequeño símbolo de lo que sí logrará sobrevivir: el niño Nicolás, hijo mayor de Zapata. Como se señaló anteriormente (“Chico Franco y Nicolás Zapata”, nexos, agosto 2019) Nicolás supo aprovechar las oportunidades para lucrar, mandar y acaparar qué generó la reforma agraria de la Revolución y se convirtió así en un nuevo tipo de figura en el campo: el cacique del mundo ejidal y del agrarismo oficial. Caciques había habido antes, claro, pero éstos serían diferentes, netamente posrevolucionarios: intermediarios y gestores que aprendieron velozmente a navegar (y manipular) el creciente y crujiente entramado procesal, burocrático, institucional y político que se fue erigiendo alrededor de la reforma ejidal, con todos los bienes, intereses y derechos que ésta puso en juego. Piénsese en las comisiones agrarias, los ingenieros, las cambiantes leyes y regulaciones agrarias, los comités y comisariados ejidales, las ligas campesinas y posteriormente la CNC, los bancos ejidales, la movilización por campañas electorales en diversos niveles de gobierno, los intereses de los ayuntamientos y de los terratenientes, las rivalidades entre grupos de solicitantes de tierras, y las alianzas inconfesas de los gobernadores; todo este nuevo panorama reformador abrió espacios para que gente como Nicolás Zapata se hiciera relativamente rica y poderosa, a menudo con venalidad y amenazas de violencia. Los habría de diferente alcance, unos nada más en los ejidos y otros a nivel distrital, sectorial, o estatal, pero todos tendrían una cosa en común: serían los operadores de un ejidalismo clientelar que nació dependiente y procesalmente opaco, sujeto al favoritismo y a la manipulación dolosa. Nada de esto sabía ni se imaginaba el niño Nicolás cuando se asomó en aquella histórica fotografía, pero él por sobre sus mayores llegaría a encarnar una parte sobresaliente del porvenir agrario de México.

Ilustración: Ricardo Figueroa

Dicen que cuando Nicolás se apropió de una decena de parcelas en el ejido de Anenecuilco, Chico Franco le reprochó: “si Miliano viviera se conformaría con sus 40 tareas como todos”.1 Puede ser, pero aquí el asunto de fondo no es la probidad individual, sino las diferencias fundamentales entre la concepción zapatista de la reforma política y agraria y el diseño e implementación de los repartos ejidales del agrarismo de la Revolución. Mano a mano con sus ideólogos, los gobiernos posrevolucionarios sostuvieron siempre que las políticas agraristas emanadas de la constitución y de las leyes e instituciones de la reforma agraria eran en esencia la continuación de aquello por lo que había pugnado el zapatismo, tanto así que la idea nos ha llegado a parecer natural. Del zapatismo al agrarismo, un solo paso. ¿O no?

Una parte del equívoco tiene que ver con la definición de la palabra agrarismo. Si se refiere ampliamente a una larga historia de disputas por la tenencia de la tierra o a las luchas de los desposeídos por recobrar o adquirir la tierra en cualquier tiempo o lugar, entonces el agrarismo mexicano es un proceso multicentenario que engloba cuestiones en realidad muy diferentes, y el zapatismo forma parte de él. Pero ése no es su significado preciso. Hay que recordar que las palabras agrarismo y agrarista no se usaban en el siglo XIX (o antes), aunque las historias acerca de aquellas épocas escritas durante el siglo XX las empleen liberalmente (al igual que sucede con campesino). De ahí “el agrarismo Liberal”, “el agrarismo de Maximiliano”, “el agrarismo de Manuel Lozada”, etcétera. Lo cierto es que antes de la Revolución se hablaba sólo de temas o problemas o planes agrarios, no de agrarismo, y con razón. El agrarismo nace a fines de la fase armada de la Revolución, con dos vertientes íntimamente relacionadas: primero, como un proyecto de Estado que desarrolla políticas públicas amparadas en la constitución para reformar la estructura de la propiedad rural, lo que muy pronto significará sólo una cosa, crear ejidos; y segundo, paralelamente, como una causa y una serie de movimientos sociales rurales para obligar al Estado a impulsar, defender y apoyar la dotación de ejidos según lo marcaba la ley. El agrarismo mexicano es desde un principio ejidal (en el sentido moderno de la palabra). Para ello se crean instituciones, burocracias y procedimientos que van cambiando a lo largo del siglo XX; la Comisión Nacional Agraria, el Partido Nacional Agrarista y las ligas de comunidades agrarias de dan su primer impulso. En fin, no hay agrarismo antes de 1920, y la diferencia importa.

Más allá del propósito de redistribuir la tenencia de la tierra en el campo, los proyectos políticos y sociales del zapatismo y el agrarismo gubernamental no tendrían casi nada en común. Sus divergencias son en realidad bastante claras, pero desde el principio se procuró borrarlas, proclamando que el zapatismo era precursor directo del agrarismo (“La historia al revés”, nexos, abril 2019). En realidad, son dos visiones encontradas sobre cómo se deben vincular la posesión de la tierra, los derechos ciudadanos y el poder político. Para entenderlo, basta con preguntarse, en cada caso: ¿cómo y por quiénes sería gobernada la tierra recuperada o recibida? La respuesta zapatista es claramente municipalista (“El alma perdida del Plan de Ayala”, nexos, julio 2019). La tierra es del pueblo-municipio, los vecinos poseen parcelas individuales, eligen sus autoridades políticas y representantes agrarios con autonomía y van a resolver sus conflictos en las cortes. Es lo que señalan sus leyes y también los repartos que alcanzaron a llevar a cabo. La respuesta ejidal es una historia aparte.

Ya se ha dicho que el ejido nació divorciado del municipio y sin categoría política propia. Los primeros ejidos datan de 1915, tras la creación de la Comisión Nacional Agraria. Por años la CNA estuvo a cargo no sólo de procesar las peticiones de ejido, sino también de manejar la organización administrativa y la distribución de tierra en los ya existentes. Con poco presupuesto, escaso personal, y sin una visión clara de lo que debía ser el ejido, fue una tarea que le quedó muy grande. Aparte de respuestas ad hoc a preguntas o quejas de ejidatarios o autoridades políticas, la CNA fue incapaz de normar incluso mínimamente la vida interna de los nuevos ejidos. A falta de reglas (y de capacidad para implementarlas), la CNA ejerció una tutela distante e indirecta, mediada en los asuntos concretos y cotidianos por sus delegados locales y por operadores de todo tipo que aprovecharon para llenar esos grandes vacíos de autoridad. La primera regulación algo sustantiva no aparece sino hasta fines de 1922, cuando se propone definir las funciones de los Comités Administrativos de los ejidos. Salta a la vista que el delegado de la CNA y su inspector agrónomo serían “miembros natos forzosos” con derecho de veto en dichos comités (Circular 51, CNA). ¿Quién, pues, gobernaba el ejido? Por otro lado, en aquel entonces la CNA sostenía que el cultivo agrícola en los ejidos debía ser colectivo, y por tanto no había normas para repartir parcelas, aun cuando era bien sabido que prácticamente todos los ejidos dividían por su cuenta las tierras de labor en lotes familiares. ¿Quién, pues, hacía los fraccionamientos, y cómo? En 1925 se crean los Comisariados Ejidales, de nuevo bajo la tutela directa de la CNA, y se empieza a considerar formalmente la parcelación de los ejidos. Luego la CNA compartiría la responsabilidad de administrar los ejidos con diversas y cambiantes direcciones en Agricultura y en los Bancos (primero el Ejidal, después el de Crédito Agrícola), cada cual con sus propios reglamentos, agentes, intereses, etcétera, hasta que en 1934 el nuevo Departamento Agrario finalmente reemplazó a la CNA. ¡Todo eso apenas en los primeros 20 años!

Sin categoría política ni autoridad propia, a merced de la voluntad y los intereses de oficiales externos que iban y venían, víctima de la descarada influencia que ejercían los nuevos gestores, presionado por políticos que por primera vez necesitaban movilizar masas y votos, el ejido nació débil y crónicamente dependiente. Muchos serían gobernados por facciones despóticas de ejidatarios apadrinados por personas influyentes, pues el sistema era tal que sin esos apoyos era muy difícil sostenerse. Y si sus patrones caían en desgracia, lo mismo sucedía con los comisarios. El acaparamiento de parcelas, las exclusiones arbitrarias, el manejo fraudulento de créditos, bienes comunes y cuotas —todo eso germinó a menudo en los ejidos, porque allí la autoridad se ganaba por arriba, no desde abajo. Los caciques como Nicolás Zapata serían fruto de ese nuevo mundo.

El agrarismo de la Revolución mexicana transformó profundamente la faz del campo y le dio alguna tierra a cientos de miles de campesinos (ahora sí) que no la tenían. Para muchos genuinos agraristas esa tierra no fue un regalo, sino una conquista lenta, penosa y arriesgada. Para otros fue también un negocio. Lucharon por lo que se podía luchar, y eso era el ejido. No lo diseñaron ellos, tampoco eligieron sus normas ni pudieron evitar su subordinación. No pocos ejidos terminarían siendo fábricas de pobres, de migrantes y de votos. El municipalismo que animó los reclamos agrarios zapatistas aspiraba a una distribución de derechos políticos (y de tierras) muy diferente, pero no se pudo entonces.

Próxima entrega: Raíz y razón de Zapata

 

Emilio Kourí
Historiador, prepara para su publicación un libro sobre los orígenes de la reforma agraria y su relación con la historia de los pueblos. Es profesor en la Universidad de Chicago.


1 Mario Gill, “Zapata: su pueblo y sus hijos”, Historia mexicana, vol. 2, 1952, p. 304.

 

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