El presidente López Obrador y su equipo repiten con aparente convicción que, para hacer frente a la inseguridad, lo fundamental es combatir la pobreza y la falta de oportunidades que orillan a los jóvenes a delinquir. Su fórmula se sintetiza en cuatro palabras: becarios sí, sicarios no. En mucho llevan razón. También en mucho se equivocan.

 

Cualquier criminólogo sabe que el narcomenudeo y los asaltos —así como los otros delitos comunes que cometen individuos o pequeñas bandas para conseguir dinero— se asocian a condiciones de marginación. Desde hace décadas Estados Unidos y algunos países europeos han llevado a cabo estudios longitudinales que permiten reconstruir minuciosamente las trayectorias de vida de los delincuentes. En estos estudios se confirma que los jóvenes con menor logro educativo, y aquellos que nunca han conseguido un trabajo estable, son los que tienen una mayor probabilidad de ser arrestados o de pasar por prisión.

Los estudios longitudinales también demuestran que las carreras delictivas tienden a ser breves. Por regla general inician en la adolescencia y alcanzan la cúspide alrededor de los 20 años. Después de esta edad disminuye rápidamente la participación en delitos comunes, de forma que los ladrones o asaltantes de más de 30 años son relativamente excepcionales. El inicio de relaciones de pareja estables, el matrimonio y la formación de familias son algunos de los factores que contribuyen a que los hombres abandonen la delincuencia en edad temprana.

En México no contamos con estudios longitudinales que nos permitan analizar con rigor trayectorias delictivas. Sin embargo, algunos datos disponibles sugieren una alta participación de adolescentes y jóvenes en delitos comunes. En Morelos, donde realicé un estudio de caso, la edad mediana de las personas detenidas por robo con violencia ronda los 27 años, mientras que la edad mediana de los detenidos por venta de droga es de 22.

La relación causal entre jóvenes sin oportunidades y delincuencia común es similar a la que existe entre la obesidad y padecimientos crónicos como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Es sabido que promover que la gente haga ejercicio y coma sanamente tiene mucho más sentido como estrategia de salud que esperar a que enfermen para luego darles tratamiento. De igual forma, es preferible crear alternativas para los jóvenes que hoy no las tienen, en lugar de invertir en construir nuevos penales (como ya se hizo de forma masiva durante el gobierno de Felipe Calderón). El ambicioso plan del nuevo gobierno para otorgar becas y apoyos a más de dos millones de jóvenes que no estudian ni trabajan se justifica plenamente desde una perspectiva de seguridad. Sin embargo, no será suficiente.

 

No podemos perder de vista que en México no sólo hacemos frente a un problema de delincuencia común. También podemos decir, sin temor a exagerar, que México es el “Silicon Valley” del crimen organizado. Tenemos algunas de las organizaciones criminales más rentables y con mayor poder de fuego en el mundo. El Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste o Los Rojos no se parecen en nada a las pandillas y pequeñas bandas que asaltan o que roban carteras en cualquier ciudad del mundo. Nuestras organizaciones criminales se estructuran a partir de una lógica empresarial, hacen negocios a gran escala y cuentan con cientos o incluso miles de hombres armados (que son a quienes los mexicanos nos referimos cuando hablamos de “sicarios”).

País de sicarios viejos

Ilustración: Patricio Betteo

Ciertamente, el crimen organizado es responsable de un porcentaje relativamente menor del total de los delitos que se cometen en el país. Los robos y asaltos siguen siendo, de lejos, los delitos más frecuentes. Sin embargo, la organizaciones criminales sí son las principales generadoras de los incidentes delictivos de alto impacto, en particular de la violencia armada. De acuerdo con cifras de Lantia Consultores, los ataques y los enfrentamientos entre estas organizaciones generaron en 2017 cerca de 60% de los homicidios dolosos que se cometieron en el país.

En contra de lo que a veces se dice, las organizaciones criminales mexicanas sólo tienen una relación tangencial con la delincuencia común. No se observa una correlación entre la incidencia delictiva y la intensidad de la violencia asociada al crimen organizado en cada estado. Por ejemplo, en 2017 Baja California Sur y Colima estuvieron inmersos en sangrientos conflictos entre el Cártel del Pacífico y sus rivales, y fueron los dos estados con las tasas de homicidio más altas del país. Ese mismo año ambos estados registraron tasas de incidencia delictiva muy por debajo del promedio nacional.

 

Más importante todavía, no hay correspondencia entre el perfil de un asaltante y las características de quienes se incorporan a las filas del crimen organizado. En primer lugar, el crimen organizado tiende a reclutar personas de mayor edad. Es cierto que en lugares como Ciudad Juárez los cárteles formaron alianzas con pandillas juveniles. Sin embargo, las organizaciones criminales también reclutan de forma masiva hombres en edad madura. Sólo así se explica una cifra insólita para estándares internacionales: en México 44.6% de las víctimas de homicidio tienen entre 30 y 49 años (ver gráfica).

Víctimas de homicidio en México

Este porcentaje no sólo es más alto al que se observa en otros países de la región como Brasil (34.3%) y Estados Unidos (34.7%). También es mayor al que se observaba en México a principios de los noventa (cuando el porcentaje de víctimas de homicidio que eran personas en edad madura era similar al que actualmente se registra en Brasil o en Estados Unidos).

En Morelos la edad mediana de los detenidos por la policía aumenta a 31 años para los arrestos por portación ilegal de armas (que es el delito por el que típicamente se arresta a los presuntos sicarios). Aunque ha habido víctimas de todas las edades, la crisis de violencia en México es, en una proporción inusualmente alta, un conflicto entre hombres en sus treinta e incluso en sus cuarenta.

Otro aspecto a destacar es que, como cualquier empresa, las organizaciones criminales privilegian el reclutamiento de personas con experiencia. Un caso obvio es el de quienes saben usar armas de fuego o están capacitados para realizar operaciones tácticas. Por lo tanto, los soldados constituyen un blanco prioritario para el reclutamiento criminal. En 2008, por ejemplo, aparecieron en Tamaulipas mantas invitando a militares a incorporarse a Los Zetas. La cúpula de Los Zetas, de origen militar, entendía bien las necesidades de los soldados. Además de mejores salarios y comida, ofrecían “atenciones a tu familia”. Se estima que durante los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón cerca de 150 mil soldados y marinos desertaron.

El caso de los policías es más preocupante todavía. Muchos comienzan a recibir órdenes de los criminales cuando todavía forman parte de una corporación policial, como ha quedado de manifiesto en varios municipios de Guerrero (Iguala es sólo el caso más escandaloso), así como en Jalisco, en Michoacán y en Morelos (antes de la entrada en vigor del mando único).

Entre las 211 mil personas recluidas en penales en todo el país a fines de 2016 había más de nueve mil ex militares y más de 10 mil ex policías. Es decir, uno de cada 12 internos en el país había formado parte en algún momento de su vida de instituciones de seguridad del Estado. La proporción aumenta a uno de cada 10 para quienes fueron detenidos o sentenciados por portación ilegal de armas. Por información periodística sabemos que las organizaciones criminales también reclutan a personal de empresas de seguridad privada y a personas que conocen el “movimiento” en sus comunidades. Los taxistas son tal vez el mejor ejemplo dentro de esta última categoría. En algunos estados hasta el 20% de los homicidios vinculados con el crimen organizado involucra a un taxista.

 

En conclusión, las circunstancias en las que una persona típicamente es reclutada como sicario son radicalmente distintas a las condiciones que propician que alguien participe en delitos menores o conductas antisociales. El robo de hidrocarburos, el cobro de cuota y los otros grandes negocios del crimen organizado —junto con la violencia que generan— no se parecen a una enfermedad crónica como la diabetes, sino a una epidemia viral. La violencia del crimen organizado puede aparecer de forma súbita en regiones que eran tranquilas y golpear fuerte por varios años. Incluso si hay cohesión familiar y pleno empleo. Basta con que lleguen de otro lado algunas decenas de comandos armados para acabar con la paz. Así ha pasado en varias ciudades y pueblos de Tamaulipas, de Veracruz o de Guanajuato.

Un dato final. La mayoría de los sicarios tiene hijos que mantener (sabemos, por lo menos, que 78% de los internos en penales por portación ilegal de armas tiene hijos). Si se busca incorporarlos a una estrategia de prevención tendríamos que pensar en acciones orientadas a personas que son padres de familia, no a muchachos sin dependientes económicos y que viven con sus padres. Desde esta perspectiva, pretender frenar al crimen organizado con una estrategia de becas y capacitación para el trabajo y apoyos de hasta tres mil 600 pesos mensuales es como intentar prevenir el contagio de VIH con dietas y ejercicio.

Lo anterior no quiere decir que la coerción sea la única vía para hacer frente al crimen organizado. Se puede hacer mucho para proteger a las poblaciones que actualmente son el blanco de las estrategias de reclutamiento de los criminales. Un pequeño paso sería la revisión de los absurdos criterios que actualmente se utilizan para realizar controles de confianza, y que en la última década han dado lugar a un gran número de despidos igualmente absurdos de policías.

Sin embargo, lo primero que hace falta es identificar con rigor cuál es el perfil de los delincuentes de mayor peligrosidad. En las líneas previas presenté algunos hallazgos que forman parte de un proyecto de investigación más amplio sobre reclutamiento criminal en México. Para realizar el análisis eché mano de las bases de datos de incidentes de violencia reportados por medios locales, compilada por Lantia Consultores; de cifras de defunciones por homicidio, del INEGI; de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2016, también del INEGI (que lamentable no se actualizará, en virtud del reciente recorte presupuestal); y de una base con cerca de 57 mil registros de detenciones realizadas por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos durante 2017 y 2018.

Desafortunadamente, estas fuentes dejan enormes vacíos. Después de una década de crisis de violencia nadie se ha dado a la tarea de analizar de forma sistemática el perfil, el contexto familiar y los antecedentes laborales de los que mueren en ejecuciones y en enfrentamientos. Los “sicarios” están presentes en un eslogan propagandístico, pero se desconoce casi todo de ellos y en los hechos se les excluye de las políticas de prevención.

 

Roberto Valladares Piedras
Consultor senior en Lantia Consultores. Actualmente conduce una investigación sobre estrategias de reclutamiento criminal y trayectorias delictivas.

 

2 comentarios en “País de sicarios viejos

  1. Tienes verdad en lo absurdo de los “controles de confianza ” que se han aplicado al personal policial, sin embargo sigue siendo la panacea de las corporaciones policíacas, de todo tipo y sobre todo el más anticientífico de los exámenes, el del POLIGRAFO, en el que lo aplican trogloditas que deberían estar en el manicomio, los demás exámenes como el médico, psiquiatico, económico, etc., tienen mejores bases para seguirse aplicando. Buen artículo, saludos.

  2. Muy buen analisis. Y si Es buena la Acción hacia los jóvenes, pero esta lejos de ser suficiente. Sin embargo es un buen método (opino yo), para dar un respiro a esas generaciones.

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