A quien nos lee,
si quieres apoyar nuestro trabajo te invitamos a suscribirte a la edición impresa.

SUSCRÍBETE

Afinales de marzo miles de tuits de los #MeToo mexicanos (escritores, periodistas, académicos, activistas, músicos y otros más) esbozaron un panorama desolador: desde violaciones hasta manoseos, desde amenazas de despido a condicionamiento de la permanencia en el trabajo a cambio de “favores sexuales”. Junto a la rabia por los abusos de poder llevados a cabo por jefes y por las insinuaciones groseras y los toqueteos de colegas, fue también notorio el miedo a perder el empleo. Si bien en México había un consenso social velado acerca de que existían esos horrores, el activismo exhibió la magnitud y gravedad de lo que ha estado ocurriendo, y eso que quienes se expresaron son mujeres jóvenes que pertenecen básicamente a un sector urbano de clase media. Faltaría todavía ver #MeToo de obreras y campesinas.

Las denuncias de los #MeToo mexicanos han sido un potente indicador del dolor, la rabia y el hartazgo de muchísimas mujeres por los episodios de abuso, agresión, violación y acoso laboral que han padecido. No es fácil hablar de lo que duele; menos cuando implica el riesgo de represalias, y los costos de hacerlo son sustantivos tanto en el plano individual como en el social. Pero además de ser una vía catártica, el dispositivo del #MeToo también ha impulsado debates y reflexiones que hacían falta en nuestro país. Hablo de dispositivo en el sentido que le da Foucault: como una especie de formación que, en un momento histórico dado, responde a una urgencia social. Creo que esa urgencia es la insurrección de las mujeres ante prepotencias y violencias machistas, que ha detonado una multiplicidad de discusiones.

A la semana del terremoto mediático, el suicidio del músico y escritor Armando Vega-Gil —el 1 de abril— polarizó un debate que apenas estaba iniciando y provocó reacciones desmedidas de ambos lados. La académica Zenia Yébenes publicó en su página de Facebook al día siguiente un texto notable en el que enmarcó la complejidad de lo que estamos viviendo. Planteó la necesidad de reflexionar acerca de qué dice de nosotros, como sociedad, la forma en que estamos reaccionando y exhortó a “responsabilizarnos del movimiento y asegurarnos de que no pasa por el eje la criminalización/victimización”. A tal tarea se empezaron a sumar algunos grupos feministas, como Paréntesis Violeta, constituido por académicas de varias disciplinas que en un conciso texto plantearon su sorpresa por la ruptura del diálogo entre las distintas posturas feministas, por la ausencia de discusión en torno a la formulación de soluciones a esta problemática, por la poca cercanía de algunos feminismos con otros sectores de la población, de otras entidades o comunidades —incluidas las comunidades diversas y los pueblos originarios—, y por el hecho de que en esta coyuntura las discusiones se orientaran principalmente hacia la búsqueda de culpables, cuando es posible pensar en mecanismos alternos para una transformación cultural progresiva.1 Otras feministas que manifestaron sus preocupaciones fue el colectivo de artistas y escritoras que firmó el texto “Destruir al patriarcado, no reciclarlo”, donde hicieron un inteligente llamado a un diálogo necesario y profundo.2

Tras el escándalo producido por los primeros #MeToo, el Círculo Feminista de Análisis Jurídico llevó a cabo el conversatorio “Lecciones del #MeToo en México” el 24 de abril con dos mesas: “Razones y conformación del #MeToo” en donde participaron una defensora popular y tres abogadas3 y “Lecciones del #MeToo al movimiento y a los entes públicos y privados”, con tres abogadas y una periodista.4 La experiencia de litigio de las abogadas enmarcó el conversatorio en ciertas preocupaciones: la posibilidad de exigir el debido proceso en nuestro deficiente Estado de derecho, el muy desigual acceso a la justicia, la carencia de mecanismos seguros para las denuncias y la falta de personal capacitado para atenderlas, entre otras cosas. Un tema ineludible fue el del anonimato. Si bien la denuncia anónima es válida legalmente, ¿puede ser simultáneamente anónima y pública? En México hay canales legales para realizar de manera confidencial una denuncia, sin embargo, dar a conocer públicamente esa denuncia plantea nuevos dilemas. Con varios de los #MeToo dicho anonimato resultó ser un arma de doble filo: por un lado facilitó que muchas mujeres se atrevieran a plantear las infamias que habían vivido, pero también se prestó a que varios hombres se declararan calumniados. ¿Dar públicamente el nombre del supuesto abusador violenta el debido proceso? Los #MeToo mexicanos se arriesgaron y algunos aludidos protestaron; unos lo hicieron por escrito, otros recurrieron a las amenazas y un profesor de El Colegio de México incluso anunció, en entrevista con Aristegui, que iniciaría un litigio por “daño moral”. En el conversatorio la abogada Karla Micheel Salas planteó el conflicto que existe ante el “derecho a la imagen pública”.

Varias intervenciones giraron en relación a cómo reparar el daño. ¿Cómo resarcir una agresión sexual? A diferencia de otras activistas feministas que están atrincheradas en la exigencia del castigo, las abogadas que litigan señalaron que reprobar una acción no conduce ineluctablemente a castigar a quien la hizo, a veces sólo se trata de que el tipo reconozca el mal que hizo y que ofrezca una disculpa. Sin embargo, en México estamos lejos de propiciar que el infractor reciba una amonestación para que comprenda lo que provocó su acción y se disculpe. Encima, muchísimas mujeres —agraviadas y no agraviadas— exigen más y mayores castigos pues creen —equivocadamente— que se logra más justicia cuando se aplican castigos más duros o se imponen más años de cárcel. La criminóloga española Elena Larrauri critica la reacción de ciertas feministas que se niegan a aceptar la posibilidad de responder de manera no punitiva. El argumento es que no se toma suficientemente en serio el dolor de las víctimas e intentan zanjar cualquier discusión apelando a la extrema gravedad de la violencia hacia las mujeres, resbalando así a “la equívoca identificación de que sólo quien está a favor de penas más severas defiende los intereses de las mujeres”.5

Este tipo de reacciones también se han manifestado en nuestro país. Plantear que, ante una palabra, un gesto o incluso una mirada con connotación sexual el castigo debe ser forzosamente la expulsión o el despido, es un despropósito derivado de la equívoca postura anclada en el punitivismo. Hace tiempo la abogada feminista Tamar Pitch señaló que cuando las mujeres recurren al derecho penal no piensan cuál es el precio que pagan o el beneficio que obtienen de lo que implica “el uso de un instrumento típico de la represión institucional por parte de un movimiento cuyo objetivo es la libertad femenina”.6 Según esta abogada, para que un fenómeno sea tipificado en el lenguaje normativo de la ley hay que simplificarlo, pues la reglamentación penal requiere una precisión clara del fenómeno para evitar una excesiva discrecionalidad de los jueces. Esta feminista italiana explica que dicho proceso de tipificación “supone casi siempre una traición a las demandas, muy a menudo complejas, de sujetos colectivos que hacen referencia generalmente a problemas sociales y culturales con múltiples implicaciones, las cuales, inevitablemente en esta traducción al lenguaje penal se pierden”.7 Además, Pitch insiste en que la cuestión a analizar no solamente es la de la utilidad y eficacia del derecho penal para abordar ciertos actos impropios, sino también lo que supone la reducción de las mujeres al papel de víctimas, porque “simplifica el contexto y la complejidad de las relaciones entre los sexos”.8

Acoso. Entre la cultura y la ley

Ilustraciones: Kathia Recio

Por su parte, la abogada Janet Halley dice que el eje fundamental a partir del cual se construye gran parte de la política contemporánea feminista, en especial la relativa a la violencia de género consiste en una tríada conceptual —female injury, female inocence y male inmunity— que transmite que las mujeres sufren daño y son inocentes, mientras que los hombres lastiman y salen inmunes.9 Vale la pena recordar que ya antes Wendy Brown eligió el término injury —que se puede traducir como daño, herida, perjuicio o agravio— para analizar una característica de los reclamos ciudadanos en el neoliberalismo. En su libro States of Injury10 esta politóloga califica de “vínculos heridos” (wounded attachmnents) a identidades cuya relación con el Estado se define por el daño, el agravio o el dolor, y analiza cómo las identidades victimizadas alientan nuevas formas de poder y control. Según ella, esos intentos por resolver los daños forman un tipo de identidad de víctima perenne y la trampa consiste en que, al legitimar al Estado y su ley como “protectores” y representar a las personas heridas-dañadas-agraviadas como necesitadas de esta protección estatal, dicha “protección” se convierte en una forma de sujeción. Brown analiza la forma en que ciertos proyectos políticos contemporáneos refuerzan las propias configuraciones y efectos de poder que buscan eliminar, y hace una incisiva interpretación al respecto de los reclamos que las feministas le hacen al Estado acerca de la “justicia de género”. Brown manifiesta su preocupación por la manera en que los objetivos políticamente emancipadores del feminismo se diluyen cuando se acude al Estado para que controle ciertas prácticas de dominación masculina. Su énfasis en los peligros de luchar desde una identidad herida/agraviada/dañada por objetivos políticamente emancipatorios, pero apelando a instituciones represivas y despolitizadoras, resulta muy oportuno para combatir las actitudes victimistas.

Sin duda alguna en México hay muchísimas mujeres que son víctimas de abusos sexuales y también de acoso callejero, laboral y escolar. Pero lo que Pitch sugiere es resistir a la interpretación de que “cualquiera que haya sufrido algún delito o incivilidad es víctima”.11 No es lo mismo vivir un incidente desagradable que ser víctima, y menos aún centrar toda la identidad en la condición de víctima. Además, la multiplicidad de mujeres genera una multiplicidad de acciones y posiciones. Seguramente hay mujeres con agencia, que ponen freno a los abusos o al acoso, mujeres privilegiadas que no han sido abusadas ni acosadas, e incluso debe haber mujeres abusadoras y acosadoras. La creencia de que todas las mujeres son víctimas potenciales produce, como ya lo subrayó Pitch, efectos perversos “tanto sobre la autoconciencia, el sentido de sí de las mujeres, como sobre el tipo de acción política para llevar a cabo y, por último y más en general, sobre un clima cultural ya muy afectado por la respuesta represiva que se da al sentido de inseguridad difuso en nuestras sociedades”.12

Comprendo que el pavoroso contexto de inseguridad y violencia sexual que existe en nuestro país incide en la virulencia de los modos de la protesta, pero creo que también influye una narrativa que surge en este ambiguo momento —puritano y pornográfico a la vez— de nuestra modernidad tardía y neoliberal. Esa narrativa es la de las dominance feminists. No toca aquí hacer un recuento histórico-crítico acerca de cómo surge,13 sino sólo destacar que uno de sus ejes fundamentales es el de tomar a la mujer como el sujeto privilegiado de enunciación del daño. En México dicha narrativa tiene resonancias poderosas, sin embargo, tanto el abuso como el acoso son problemas enormes como para equipararlos con ciertas miradas, palabras o gestos que, aunque incomoden, son de otro orden. Por ello, es necesario llevar a cabo una indispensable reflexión crítica acerca de la retórica de la narrativa feminista hegemónica que, según Pitch,14 ha pasado de hablar de “opresión” a “violencia”, y ha extendido progresivamente el término “violencia” para calificar cuestiones y situaciones de discriminación o subordinación.

Resulta muy difícil tratar de criticar la incitación retórica de los #MeToo, en la medida en que su objetivo se formula como el de acabar con la “violencia sexual”. ¿Quién puede no estar de acuerdo con ese objetivo? Pero al vincular actos con connotaciones sexuales que no son violentos, ni agresivos con la violencia sexual y los feminicidios, dicha retórica emocionaliza cualquier discusión y, al no introducir distinciones, refuerza una perspectiva rígida que representa a toda expresión de connotación sexual como un vector de violencia y peligro. Además, la indiferenciación se arriesga a producir otro tipo de problemas: sentir atracción sexual por una persona y hacerle un requerimiento ¿es malo? ¿Qué está mal, la petición en sí misma o la manera en que se hace? ¿Por qué se ofende a una mujer —y no a un hombre— si alguien le dice que desea sus “favores sexuales”? ¿Por qué no se “atenta” contra el “pudor” de los hombres, sino sólo contra el de las mujeres? La explicación se encuentra en la doble moral vigente, que genera gran hipersusceptibilidad en las mujeres, que deben cuidar su “reputación”.

Así como las denuncias de los distintos #MeToo mexicanos han exhibido una gravísima problemática de prepotencia machista, abuso de poder y perversión psíquica, también están produciendo ciertas creencias y prácticas en relación a la sexualidad. De nuevo, Tamar Pitch cuestiona que el feminismo se haya vuelto “productor” de normas sobre lo que está bien y lo que está mal en la sexualidad, contribuyendo así a limitar la libertad y a moldear la subjetividad. Al preguntarnos quién debe definir qué es lo correcto sexualmente —¿los médicos, los diputados, los grupos religiosos, los psicoanalistas, las feministas?— salta a la vista la imposibilidad de responder. Ante la conflictividad inherente a intentar reglamentar la vida sexual humana lo que procede es llevar a cabo una reflexión crítica acerca de cómo también la narrativa dominante se nutre de creencias tradicionales de la doble moral vigente. Es necesario impulsar un debate acerca de cómo el uso indiscriminado del término acoso para nombrar una variedad de conductas (entre las que ya se encuentran los albures, los dobles sentidos y los chistes subidos de tono) está fortaleciendo una narrativa peligrosamente puritana. Esto me remite al otro punto que como antropóloga he estado poniendo en la mesa del debate: la importancia de los usos y costumbres.

Si no tomamos en cuenta lo que supone la internalización en el psiquismo de los mandatos culturales de la masculinidad y la feminidad, ignoramos la complejidad del proceso de elaboración que cada ser humano realiza de esos mandatos. Esto también lo tocó Zenia Yébenes, al señalar que las relaciones patriarcales nos constituyen desde adentro, y remite precisamente a lo que León Rozitchner calificó hace años como la determinación histórica en el psiquismo. Este filósofo plantea que el aparato psíquico es “el último extremo de la proyección e interiorización de la estructura social en lo subjetivo”.15 El psiquismo, lugar de implantación de la dominación exterior, es donde ocurre eso que Bourdieu califica de violencia simbólica: la dominación que se ejerce sobre un ser humano con su consentimiento.16 La violencia simbólica impregna las relaciones sociales y es un mecanismo opresor sumamente eficaz, pues impide que las personas dominadas se reconozcan como tales y las convierte en cómplices de su opresión. Un ejemplo paradigmático que ofrece Bourdieu es el de la virilidad, que resulta una carga y una limitación para los varones, y que con frecuencia produce las conductas nefastas que hoy se califican de “masculinidad tóxica”.

No calibrar el peso apabullante que tiene la cultura en los seres humanos lleva a que se vean sólo como cuestiones individuales lo que son conductas aprendidas socialmente. Esto lo apunta Pitch al criticar que el derecho penal da responsabilidad al ofensor cuando a menudo las violencias contra las mujeres se deben a la influencia de contextos culturales o condiciones sociales, lo que produce una “implícita individualización de la responsabilidad y el riesgo de la simplificación del escenario”.17 Esto provoca que se interpreten las violencias como “una confrontación concreta entre la malvada intencionalidad del ofensor y la víctima inocente y pasiva”,18 lo cual invisibiliza el papel las causas sociales de esos actos. Lo mismo señaló Lucía Núñez en el conversatorio: recurrir a lo penal oscurece las cuestiones estructurales, reduce una compleja problemática social al enfrentamiento de una víctima y su victimario. Por su parte, Yébenes lo formula psicoanalíticamente al hablar de que los abusadores son sujetos socializados que llevan al acto el inconsciente social.

Aparte de lo que significa la intrincada incorporación de los mandatos culturales en el psiquismo, hay otra cuestión a repensar. Las denuncias de los #MeToo mexicanos, que son un catálogo de prácticas abusivas, acosadoras y violentas en espacios laborales y escolares, dejan entrever algo que todos sabemos que existe: que en dichos espacios surgen enamoramientos y relaciones sexuales. Aunque la mayoría de las instituciones educativas prohíbe expresamente las relaciones amorosas entre docentes y estudiantes, y en muchos espacios laborales se da la misma prohibición, no se acaba por decreto con la atracción sexual ni los sentimientos amorosos. Y como ocurre con todo en la vida, en algunos casos esas relaciones se resuelven de maneras positivas y en otros de forma negativa. A eso se suma que en esos espacios laborales y escolares se dan procesos de mentoría, que en ocasiones generan intercambios tipo quid pro quo (una cosa por otra). Algunos de estos intercambios se mantienen en secreto, hasta que se da una desavenencia y entonces salta el conflicto. Las complicaciones generadas por resentimientos afectivos mezclados con cuestiones profesionales van armando un entramado emocional de despecho y venganza muy difícil de destejer.

Acoso. Entre la cultura y la ley

En el conversatorio Estefanía Vela enmarcó los problemas de abuso y acoso también como un asunto de desigualdad laboral y discriminación. Ella subrayó muy acertadamente el tema de los conflictos relativos al trabajo, deslindó el abuso por sexismo, o sea por discriminación en función del sexo, del abuso sexual, y planteó que hay que documentar qué está pasando en los centros de trabajo. Con su reciente investigación sobre la discriminación en el empleo calculó cuántos casos de acoso u hostigamiento están registrados en el país, revisando las fuentes oficiales.19 En ese libro esta abogada identifica la existencia de un grave problema de acceso a la justicia para las mujeres que viven violencia en el trabajo, y considera que muy pocos casos de acoso y hostigamiento llegan ante tribunales, por lo cual concluye que si en verdad se quisieran castigar esas malas prácticas, la vía legal no parece ser el mecanismo eficaz para lograrlo. Su intervención en el Conversatorio abrió el panorama de la discusión al campo laboral y, con su proverbial ironía, soltó la provocación de decir que no toda la violencia es maldad, sino que también es falta de presupuesto. Puso como ejemplo que la Secretaría del Trabajo cuenta con apenas 300 inspectores laborales para la inmensidad de centros laborales que hay en el país, ¡y todos son ingenieros!

Ahora que he estado revisando investigaciones antropológicas hechas en México acerca del acoso en espacios laborales y universitarios20 he encontrado información acerca de la manera en que se fraguan complicidades con el perpetrador, lo que lleva a los testigos a decir mentiras, a calumniar y a veces hasta a sumarse a las malas prácticas. Por una forma perversa de solidaridad patriarcal muchos compañeros de trabajo cierran los ojos ante actitudes dirigidas expresamente a incomodar o abusar de una mujer, además de que es común la negación de las propias organizaciones respecto a lo que está pasando en su interior. Como ya ha señalado Claude Giraud: “la indiferencia es indispensable para el buen funcionamiento de los conjuntos sociales profesionalizados”.21 La indiferencia es un comportamiento contextual y situado, con una lógica de acción que dificulta que la institución desarrolle una estrategia de sensibilización acerca de las conductas de abuso/acoso así como que implemente mecanismos confiables para atender los casos que llegan a suceder. Y como generalmente los centros laborales y escolares no tienen canales seguros de denuncia, las mujeres suelen toparse con el muro de la indiferencia institucional o con las recalcitrantes complicidades machistas. Por ello, parecería que un primer paso que habría que dar es el de aprender a detectar las conductas impropias, ya que muchas están naturalizadas y ni siquiera se reconocen como repugnantes. Asimismo, no hay que olvidar que los espacios de convivencia humana están de por sí repletos de conflictos, envidias y resentimientos personales, y que algunas denuncias ventilan o instrumentalizan dichos sentimientos negativos.

El estallido de los #MeToo mexicanos quebró el silencio que encubría prácticas nefastas y, al visibilizarlas, hizo que se empiecen a ver como inadmisibles. Varias instituciones (universidades, empresas, oficinas gubernamentales) reaccionaron y se propusieron armar un mejor encuadre de atención al problema. Y aunque un objetivo imprescindible es el de cambiar sus culturas institucionales, que suelen estar repletas de “usos y costumbres” patriarcales, hay escasa idea de cómo hacerlo. Un dato al revisar lo que ocurre en espacios laborales y escolares es el de poner la atención en las personas que están en el entorno: los testigos. En espacios cerrados es menor la pasividad de los testigos, pese a su indiferencia o incluso su temor a las represalias, que en las situaciones de acoso callejero. No hay un #MeToo contra los acosadores callejeros pues suelen ser hombres desconocidos, por lo cual es imposible denunciarlos. El problema del acoso llamado callejero (yo lo califico de acoso social machista) es mayor en las grandes urbes que en comunidades pequeñas, donde la gente se conoce, y donde el papel de los testigos suele ser más activo. El acoso callejero funciona, como bien ha señalado Duncan Kennedy,22 como una forma de disciplinamiento o control social que refuerza las normas sociales del patriarcado.

Los intereses masculinos sustentan el abuso sexual y Kennedy identifica los costos que esto tiene para las mujeres: lo que dejan de hacer, las restricciones en su movilidad, los miedos y los malos ratos. Todas las personas, mujeres y hombres, pierden o ganan —en distinta proporción— con las prácticas de abuso, sean o no, en los hechos, víctimas o abusadores, y hay ganancias y pérdidas mayores de lo que se reconoce socialmente. Este abogado califica la porción del abuso sexual que no se castiga como “residuo tolerado de abuso”, y dice que éste genera un conjunto de incentivos para los hombres abusadores, pero que también tiene “consecuencias indirectas” que afectan al resto de la sociedad, pues impacta en la formación de las identidades masculinas y femeninas. De acuerdo con su análisis, la mayoría de las mujeres, sean o no victimizadas de hecho, tienen algo que ganar con la eliminación del residuo tolerado, mientras que los hombres, incluso los que no son perpetradores, ganan con que se mantenga.

Como lo que está en juego es hacer justicia, verdadera justicia, en lugar de llevar a cabo actos justicieros o tratar de hacer justicia por cuenta propia, hay varias cuestiones que toca precisar. La reacción expedita de algunas instituciones y empresas que despidieron a los acusados con la intención de dar una clara señal de que no permitirán más abusos, generaron aplausos al mismo tiempo que agudizaron el espinoso problema de ausencia de debido proceso. Que cualquier persona acusada de un delito tenga la posibilidad de defenderse es un logro civilizatorio que hay que proteger, y esto no implica de ninguna manera una mengua a los derechos de la persona que acusa. En los conflictos por acoso se suelen enfrentar dos palabras, y es necesario garantizar un tratamiento cuidadoso de las acusaciones, tanto cuestionando los resabios de raigambre patriarcal insertos en la doble moral vigente, como frenando la difusión pública que menoscaba la reputación antes de un juicio. Lo crucial es que haya un proceso justo y eso, como bien señalaron las abogadas en el conversatorio, supone algo escaso en nuestro país: juzgadores competentes, bien capacitados en perspectiva de género.

En México, en nuestro contexto de lucha ciudadana por erradicar la impunidad y por el establecimiento de un verdadero Estado de derecho, los #MeToo han posicionado el tema del acoso y los abusos en la agenda pública. En lugar de recurrir fácilmente al punitivismo, nuestros legisladores y gobernantes deberían ir pensando en impulsar intervenciones culturales que generen nuevas simbolizaciones e instalen en el imaginario social distintos códigos de expresión del deseo y el cortejo. Pero así como los #MeToo mexicanos han despertado el interés por analizar qué está pasando en las relaciones entre mujeres y hombres, también han generado reacciones en contra, como las de quienes se regodean en las acusaciones y malinterpretan el sentido del debate. Hoy destacan dos percepciones contrapuestas acerca del movimiento: la expresada en la exaltación de miles de mujeres que apoyan incondicionalmente el #MeToo, y la que se exhibe en el rechazo y/o la consternación intrigada o burlona de quienes solamente miran y, con frecuencia, ignoran la significación político-cultural de lo que están viendo.

Las mutaciones culturales producen una variedad de reacciones. Yo trato de comprender las reacciones psicopolíticas que han suscitado los #MeToo, en especial las de las chicas jóvenes que están cuestionando los usos y costumbres tradicionales de expresión de la atracción sexual. Me asombra su extremismo y a veces me incomoda su ira. Comparto con otras feministas una inquietud ante la simplificación discursiva acerca de lo que son las relaciones entre los hombres y las mujeres. Sin duda estas relaciones, que no son sólo las sexuales sino todas (laborales, amistosas, etcétera) están atravesadas por prácticas de poder, pero no únicamente en una sola dirección. Sin dejar de reconocer la valentía que implicó para muchas jóvenes exhibir los estragos vividos, me preocupan ciertas formas de protesta y de denuncia de las prepotencias y los abusos machistas. Creo que resulta contraproducente calificar todo “acoso”, pues así se minimiza lo que realmente es grave. Creo que para responder de mejor manera a los actos abusivos hay que deslindar actos que pueden ser torpes, incluso ridículos, y lograr que las definiciones —legales y culturales— sean más precisas. Además, ojalá no se olvide que el fin no justifica los medios, sino que en los medios, en la forma en que se lucha, va implícito lo que se quiere alcanzar. Baste recordar los excesos que otros grupos políticos han llevado a cabo con el objetivo de una transformación radical.

Los #MeToo han sido un punto de inflexión que marca un antes y un después, y es una responsabilidad de todas las personas feministas celebrarlos así como pulir y afinar muchas de sus aristas. Para ello hay que persistir en una conversación pública que sensibilice sobre el tema y que ayude a construir mejores respuestas institucionales, y también personales, esas que Zenia Yébenes describe como “lidiar de tú a tú”, que son parte de un aprendizaje social. Ella dice que “en el trato del ‘tú a tú’ se van produciendo nuevas formas de crear y comprender las relaciones, que no parten de reglas sino de una relación que se construye con otros”. En ese sentido, el de ejercer un nuevo aprendizaje de las relaciones, me sumo a lo que ya han señalado y/o llevado a cabo otras compañeras: a debatir autocríticamente.

 

Marta Lamas
Antropóloga, investigadora titular del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt nivel II. Tiene ocho libros y más de 100 ensayos académicos publicados. Su libro más reciente es Acoso. ¿Denuncia legítima o victimización?


1 Paréntesis Violeta, Ante el estruendo y el silencio, hagamos un paréntesis violeta, texto colectivo, México, 2019. Disponible en: http://revistafurias.com/ante-el-estruendo-y-el-silencio-hagamos-un-parentesis-violeta/

2 Colectivo de artistas, Destruir el patriarcado, no reciclarlo, México, 2019. Disponible en: https://antagonismorp.wordpress.com/category/noticias/

3 En esa mesa participaron Lulú Barrera de Luchadoras, Amaranta Valgañón de Equis, Estefanía Medina de Tojil y Karla Micheel Salas, conocida abogada feminista.

4 En esa mesa participaron Lucía Núñez del CIEG, Ana Velázquez del Círculo Feminista de Análisis Jurídico, Estefanía Vela del CIDE y Claudia Ramos de Animal Político.

5 Larrauri, Elena, Criminología crítica y violencia de género, Madrid, Editorial Trotta, 2007, p. 68.

6 Pitch, Tamar, “Justicia penal y libertad femenina”, en Género y dominación. Críticas feministas del derecho y el poder, Gemma Nicolás y Encarna Bodelón (comps.), Barcelona, Anthropos, 2009, p. 119.

7 Ibíd., p. 120.

8 Ibíd., p. 121.

9 Halley, Janet, Split Decisions. How and Why to Take a Break from Feminism, Princeton, Princeton University Press, 2006.

10 Brown, Wendy, States of Injury. Power and Freedom in Late Modernity, New Jersey, Princeton University Press, 1995.

11 Pitch, op. cit., p. 122.

12 Ibíd., p. 123.

13 De eso trata mi libro Acoso. ¿Denuncia legítima o victimización?, FCE, 2018.

14 Pitch, Tamar, “La violencia contra las mujeres y sus usos políticos”, en Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 48, 2014, pp. 19-29.

15 Rozitchner, León, Freud y el problema del poder, Buenos Aires, Folios Ediciones, 1982, p. 15.

16 Bourdieu, Pierre, La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000.

17 Pitch, Tamar, “Justicia penal y libertad femenina”…, p. 120.

18 Ibíd., p. 121.

19 Una es la Encuesta de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia (ECOPRED) de 2014, y la otra es la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016. Véase Vela Barba, Estefanía, La discriminación en el empleo en México, México, Instituto Belisario Domínguez y Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, 2017.

20 Peña Saint Martin, Florencia y Sergio G. Sánchez Díaz (coords.), Testimonios de mobbing. El acoso laboral en México, México, ENAH, 2009.

21 Giraud, Claude, Las lógicas sociales de la indiferencia y la envidia, Buenos Aires, Editorial Biblos, 2003.

22 Kennedy, Duncan, Abuso sexual y vestimenta sexy, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2016.