Presentamos una antología de historias mínimas y verídicas que muestran la cara y cruz del sistema de justicia penal mexicano. Cada uno de los narradores —algunos con pseudónimo para preservar su identidad— se han enfrentado a situaciones que ni en sus más inquietantes sueños habrían sucedido.

En julio de 2016 un colectivo de familiares de personas desaparecidas del estado de Veracruz se acercó a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas creada dentro de la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) con información de una posible fosa clandestina por los rumbos de Orizaba, Veracruz. Nos tomó meses organizar la caravana de búsqueda. Mi equipo dentro de la CNS gestionó la seguridad de quienes iban a participar. Además de solicitar auxilio a la Policía Federal, requerimos apoyo de los militares. Sabíamos que no nos estábamos metiendo en una zona tranquila y que íbamos a necesitar toda la ayuda en materia de seguridad disponible. Por fin llegó la fecha y cada uno de los involucrados en la búsqueda —familiares con picos y palas, la policía científica, los militares, la Policía Federal que en esta ocasión hasta perros entrenados para rastreo de fosas aportó, la división científica, la fiscalía local e incluso la PGR— nos reunimos en una parroquia en Orizaba de la cual iba a partir la caravana. Ahí, previo a iniciar la pesquisa, un agente del Ministerio Público de la PGR se nos acercó con cara de preocupación y nos comentó que a él lo habían enviado tan sólo con un automóvil marca Aveo —es decir, un auto obviamente no apto para el tipo de operativo— y, por ello, nos preguntó si podía integrarse a la caravana de seguridad que nosotros habíamos organizado. Sin dudar le dijimos que sí. El convoy estaba conformado de la siguiente manera: en las puntas de enfrente y atrás un grupo de militares seguido de dos patrullas de la Policía Federal y dos camionetas de la policía de investigación de la procuraduría local con sus camionetas de servicios periciales y al centro las camionetas de los familiares. Mi equipo venía al centro de la caravana en una camioneta blindada con dos policías federales y, como escolta de nosotros, otra camioneta con cuatro policías federales más. Desde ahí mi jefe venía dirigiendo los elementos de seguridad a través de radios.

Días después del inicio de la búsqueda, al regresar de un rancho a unos kilómetros de distancia de Orizaba donde habíamos encontrado cuerpos de personas aún no identificadas, el agente del Ministerio Público federal de la PGR que conducía el auto Aveo se separó por unos momentos de la caravana de seguridad, pues veníamos en una carretera de un solo carril y rebasar en esa carretera angosta entre montañas tenía su truco.

Al poco tiempo los elementos de la Policía Federal que venían en nuestra camioneta se dieron cuenta de que este agente era perseguido por una camioneta tipo pick up a alta velocidad que lo intentaba sacar de la carretera: “¿No es ese el MP de la PGR que viene con nosotros?”. Volteamos y, en efecto, se trataba de nuestro reciente amigo, aliado en esta búsqueda. Nosotros seguimos el curso dentro de la caravana, pero los cuatro elementos de la Policía Federal nos comentaron después que el rescate culminó en la volcadura de la camioneta pick up en un camino de terracería y en la liberación de una persona secuestradas que estaba en la camioneta. En realidad, se había tratado de una coincidencia, los secuestradores pretendían robar el auto (sin saber que el que conducía el Aveo era un MP federal). En este caso los oficiales se sintieron muy felices por su acto heroico, que no fue más que un “churro” al margen de una operación estructurada. [Adriana Greaves]

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Durante mi paso por la Visitaduría General de la República (2016) pude conocer una gran cantidad de historias de casos que superaron por mucho mi sorpresa ante los graves problemas de corrupción e ineficacia en los que vivimos, a veces quizás sin darnos cuenta.

Hubo un momento en el cual me enteré de los diversos puntos del país donde funcionan retenes instaurados aparentemente por la entonces Procuraduría General de la República pero que en realidad son falsos. Los instalan Policías Federales Ministeriales ayudados por sus muy tradicionales “madrinas” —una persona disfrazada, haciéndose pasar por policía, junto con otros policías a cargo.

Entonces todos podrán preguntarse: ¿qué hacen esos valientes “madrinas” haciendo una honorable labor que no les corresponde? Ellos y los policías colocan esa clase de retenes con el fin de detener a personas para revisarlas ilegalmente y de esta forma extorsionar al que traiga cualquier sustancia u objeto ilícito, o en su caso y, si es necesario, sembrárselo para que no haya dudas. Lo más preocupante de esta mecánica es que estos actos ilegales son cometidos en muchas ocasiones con la autorización y contubernio de sus mandos directos y, por lo mismo, son sumamente complejos de investigar debido a las filtraciones internas entre grandes redes de personas que se protegen unas a otras.

Uno de los casos de mediano éxito que conocí sucedió en Querétaro, desde donde se recibían un gran número de denuncias anónimas en las que referían que en la carretera Querétaro-San Luis Potosí en el kilómetro 33.5 siempre había un retén policial.

Después de muchas investigaciones, a finales del mes de octubre de 2016, se realizó un operativo para desmantelar este retén. Lo que podría parecer un caso simple en realidad era bastante enredado. Contrario a lo que se pueda pensar, en muchas ocasiones, como lo era ésta, los policías federales ministeriales no contaban con todo el equipo necesario para esta expedición —ni armamento ni chalecos en estado óptimo, ni luces que iluminaran una carretera oscura y sola, en donde los delincuentes actuaban sin restricciones. Otro asunto de riesgo era la confianza; pese a ser un operativo complejo ni fiscales ni policías comentaban nada al respecto, los policías prácticamente se enteraron a dónde iban hasta que estaban en camino, porque en la procuración de justicia las personas no confían ni en su propia sombra. Pese a todas las adversidades y con un verdadero compromiso de parte de fiscales y policías de la Visitaduría General que, dicho sea de paso, no contaban con mucha tecnología, armamento ni equipo sofisticado, se desmanteló el retén que operaba alegremente para extorsionar personas.

Los agentes de seguridad comentaron que al llegar observaron al menos a 20 personas que revisaban cualquier vehículo o camión que pasara por ese tramo. Al darse cuenta de que habían sido emboscados la mayoría corrió y lo más que se logró fue la detención de cuatro delincuentes: dos flamantes policías en funciones y dos “madrinas”, es decir, los pseudopolicías que de policías sólo tenían el disfraz y la pinta.

Para evitar filtraciones de información se solicitaron dos equipos de fiscales: uno para la organización y otro para presentar a los delincuentes ante un juez. Pese a todo, se logró detener a cuatro personas. El éxito fue fugaz: aunque en el momento de la detención alrededor de 20 personas estaban en el retén y los detenidos estaban revisando un automóvil y otros abriendo un camión con un taladro, al poco tiempo y en un recurso de apelación un juez consideró que esos hechos no eran delito. Sin embargo, ese ha sido quizás el caso más cercano a un real y frontal combate a estos actos de abierta corrupción, ya que implicados en otros casos conocidos en Veracruz y Chiapas muy probablemente siguen en el cabal ejercicio de sus “funciones” gozando de los beneficios de la impunidad.1

El caso de Chiapas es alarmante: en un retén similar al de Querétaro y aunque se contaba con múltiples denuncias de estos actos de extorsión, cada vez que un policía o un fiscal ponía un pie en el aeropuerto de esa entidad, la información se filtraba y de inmediato el retén desaparecía. En una ocasión bajamos del avión con un grupo de fiscales designados para investigar los hechos, pero debido a la vestimenta poco habitual de uno de los asistentes (un saco de pana en un lugar con 40 grados centígrados de temperatura) la policía asignada al aeropuerto nos increpó para saber a qué íbamos y por qué estábamos ahí. Nosotros mencionamos la “Visitaduría General” y alguien se encargó de que a los pocos minutos el retén ya no existiera. Así son las redes de corrupción entre los funcionarios encargados de velar por la seguridad. [Estefanía Medina]

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Una fría noche de 2018, en Oaxaca, luego de horas de tratar de ubicar a un peligroso delincuente, por fin llegamos al domicilio en el que vivía. Con orden de aprehensión en mano varios integrantes del Ministerio Público esperamos a que éste saliera de su casa. El tiempo transcurrió en vano. Para agilizar las cosas el Ministerio Público a cargo del caso solicitó al juez una orden de cateo para entrar a ese domicilio del buscado.

Las horas pasaban lentas. Quienes participamos en el operativo recibíamos información sin cesar, en la que se nos advertía que el delincuente estaba armado hasta los dientes. En esos momentos, como en una pequeña película, la vida corrió de una manera muy rápida. Ninguno de nosotros tenía la certeza de salir ileso de ese cateo. En lo único que pensábamos era en que estábamos ahí y en que podría haber niños alrededor.

Con los datos obtenidos y la orden de cateo lista, el policía que coordinaba la operación nos reunió a quienes íbamos a entrar a la casa, para verificar que estuviéramos protegidos adecuadamente. Al repartir el equipo técnico, nos dimos cuenta de que faltaba uno. Se hizo un silencio incómodo y a los pocos segundos cada uno de nosotros nos abalanzamos para obtener un chaleco. Nadie quería ser el indefenso. Cuando el responsable preguntó si estábamos listos para la operación y si todos teníamos escudo, una policía respondió con lenguaje frío: “afirmativo”. Cuando la vimos, nos sorprendió que era la única que no tenía chaleco. Ella tomó con sus manos el rosario con una cruz que colgaba de su cuello, le dio un beso y dijo que ese era su escudo.

Ilustraciones: Kathia Recio

Cuando entramos a la casa nuestra bienvenida fue una lluvia de balazos. Sentimos miedo. No queríamos que fuera la última vez que nos veíamos. Pensamos en nuestra compañera que no tenía chaleco, no queríamos perderla.

En todos los cateos en los que he participado siempre se han tomado las medidas de seguridad necesarias, pero nadie había considerado su rosario como un escudo antibalas. Independientemente de la creencia de cada una de las personas, lo cierto es que en esta ocasión fue muy inusual la manifestación de mi compañera. Nos dolió reconocer que a veces estamos tan solos en nuestra labor de combatir al crimen que parece más un acto de fe que un día de trabajo.

Fue extraño saber que del otro lado (los malos) también le apuestan a la fe. Durante el cateo hallamos velas, rosarios y otros objetos religiosos. Por lo visto, en estas circunstancias, los seres superiores son lo más socorrido, sin importar si quien les reza hace el bien o el mal. [Tino]

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En diciembre de 2009, después del pase de lista vespertino en las oficinas de la Policía Federal Ministerial, conversé con algunos de mis compañeros de célula. Me dijeron que “habían detenido al Mary Poppins”. El apodo correspondía a un compañero que hace varios meses no veía. Lo único que sabían era que lo habían designado al “servicio especial” de dar protección a un “testigo colaborador”. El misterioso personaje era el ex comandante Bayarado, un ex jefe de la Policía Federal Preventiva que había decidido formar parte de la delincuencia organizada, y que al ser detenido tomó el beneficio de ser testigo protegido. El agente “C”, el Mary Poppins, ahora era —junto con otros elementos— el responsable de dar seguridad y protección a su propio ex jefe de la policía, pero ahora en calidad de testigo protegido.

La noticia de la detención del Mary Poppins nos sorprendió a todos. Por desgracia el “ex comandante Bayarado” se había escapado del departamento donde se resguardaba bajo la custodia de Mary Poppins. El protegido simuló que se iba a bañar y dejó abierta la regadera, mientras escapaba por una ventana. Había pactado una cita con miembros de la delincuencia organizada en un Starbucks de la colonia del Valle. Cuando el ex comandante llegó a la cafetería un grupo de sicarios lo llenó de plomo. Mary Poppins tuvo que enfrentar un proceso por evasión de reo, pues nadie entendía cómo había sido posible esa fuga.

Lo irónico de este caso es que nuestro compañero también tenía abierto un procedimiento administrativo. Por esta razón le habían suspendido la licencia de portación de arma. Era un Policía Federal Ministerial en servicio de escolta que trabajaba sin arma de fuego, algo así como un pintor que no tiene pintura. A ese compañero por azares del destino lo habían designado inexplicablemente a tan importante servicio. Sin arma de fuego protegía a uno de los delincuentes, ex policía, más importantes de esos momentos. Una de esas historias que solo se viven en nuestro sistema de justicia. [Richo]

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Esta historia también sucedió en 2016. Me enteré de la detención de un Ministerio Público que abiertamente solicitaba dinero a un abogado para cerrar una investigación, lo más interesante es que estaba adscrito a la UEIDESPAJ2 de la PGR,3 es decir, los encargados de investigar los actos de funcionarios federales y jueces por delitos de corrupción. Pero ahí no termina la pifia, lo más extraño de todo el caso fue que al ser detenido en flagrancia cuando recibía el dinero acordado, dijo: “No me hagas esto Lic., si lo estamos trabajando derecho”. Así dejó claro que él era el que se sentía profundamente traicionado por haber sido denunciado ante las autoridades por un acto de corrupción. Esta práctica ilegal está tan arraigada que romper un pacto de ilegalidad se entiende como romper un pacto de lealtad. [Estefanía Medina]

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En 2017, trabajando dentro de la Comisión Nacional de Seguridad en la recién creada Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nos dimos a la tarea de diseñar un plan efectivo de búsqueda a gran escala. Al empezar el diagnóstico de la situación que se vivía en el país —y que no ha mejorado— nos encontramos con una realidad verdaderamente desesperanzadora. No se contaba con una base de datos real y depurada de las personas en calidad de desaparecidas. En el famoso Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RENPD) había duplicados, homónimos, no tenían fecha de nacimiento y en algunos casos ni lugar ni fecha de desaparición. Esto sin contar que era una lista que no se actualizaba en tiempo real, si no que cada determinado tiempo (si les daba la gana) los estados la alimentaban. Aun con todas estas deficiencias logramos depurar la lista hasta llegar a una cifra de cerca de 40 mil desaparecidos.

Otra peculiaridad con la que nos topamos fue los cerca de 20 mil cuerpos sin identificar en centros médicos forenses en toda la República. Era evidente que de las casi 40 mil personas desaparecidas, muchas han estado en manos de la propia autoridad todo este tiempo sólo que en calidad de personas no identificadas. Para no variar, tampoco se contaba con un registro o base de datos certero de estos cuerpos no identificados que permitiera de manera sencilla su identificación. Así que ideamos una estrategia para resolver este problema. Varios de estos cuerpos llevaban años, algunos hasta ocho, señalados como cuerpo no identificado dentro de fosas comunes porque tampoco había una sistematización en este aspecto.

Un ejemplo del nivel de desorganización en tema de búsqueda e identificación de personas lo viví en las misiones que emprendíamos en las procuradurías locales para que nos permitieran acceder a su información de cuerpos no identificados y al registro de personas desaparecidas (sobra decir que evidentemente no existía un sistema para compartir estos datos entre los estados federación). Dentro de un área de la procuraduría, un Ministerio Público llevaba cerca de dos años atendiendo a los familiares de una persona desaparecida y auxiliándolos en la localización de su hijo. Sin embargo, para sorpresa de todos, al cruzar bases de datos internas de la propia procuraduría dimos con el paradero de la persona desaparecida: el cuerpo de este menor de edad, reportado como desaparecido dos años antes, fue localizado dentro de la misma procuraduría, pero registrado en una carpeta de investigación de persona localizada no identificada. Todo este tiempo los familiares del joven estuvieron muy cerca de él sin saberlo. Después de la localización la familia tuvo que enfrentarse a un tortuoso proceso de exhumación del cuerpo de la fosa común. Es indignante que sucedan estas situaciones que estoy segura son más comunes de lo que sabemos.

Todo esto sucede por dos simples razones: la falta de bases de datos confiables y en consecuencia la falta de cruces de información, y por un absurdo esquema de competencias instaurado por las procuradurías federal y local, que durante años ha demostrado su completa inefectividad y caducidad pero que al parecer seguimos empecinados en replicar. [Adriana Greaves]

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Como integrante de la Unidad de Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR, en 2016, formé parte de una delegación de la PGR en un estado del centro de la República, en la cual descubrí las mil posibilidades de lucro que tienen los ministerios públicos al asegurar bienes. Al cotejar las carpetas de investigación con los bienes asegurados descubrí que en varias investigaciones de robo de hidrocarburo en flagrancia aparecía la misma pipa como bien asegurado. Al indagar salió a la luz que en ciertos estados es una práctica común “rentar” las pipas aseguradas que deberían estar en las bodegas de evidencias. Es decir, las pipas que utilizaron para transportar hidrocarburo robado y que fueron aseguradas por las autoridades salen del resguardo de dicha autoridad de procuración de justicia a cambio de un dinerito que ofrecen los llamados huachicoleros para servir, de nueva cuenta, como instrumento para transportar el combustible robado. La historia se repite cuando el vehículo vuelve a ser detenido, inspeccionado y objeto de aseguramiento dentro de una nueva carpeta de investigación. Así es como una misma pipa aparece como objeto asegurado en varias carpetas de investigación iniciadas con motivo de diversas investigaciones de delitos. [Richo]

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En una investigación administrativa —que luego de dos años (2014-2016) se identificó como un hecho delictivo— se reportó el caso de pérdida de evidencia o, mejor dicho, modificación de evidencia. La historia es esta: a un conocido narcotraficante le aseguraron varias armas, en las que acostumbraba poner una K con piedras preciosas. Eran sumamente conocidas por sus lujosas cachas cubiertas de metales y adornadas con diamantes; los negros eran sus favoritos. Después de su paso por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, SEIDO, de la PGR, los flamantes adornos desaparecieron. Las armas perdieron su aspecto fulgurante al ir de mano en mano entre fiscales, policías y peritos. [Estefanía Medina]

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Uno de los casos que marcaron mi vida profesional sucedió en 2007, cuando recién había ingresado a la PGR como Ministerio Público. En una de mis primeras investigaciones recibí una puesta a disposición de una persona que había sido detenida por la Policía Federal en el Aeropuerto de la Ciudad de México, que entre sus posesiones llevaba un tigre cachorro.

Desde que lo recibí como instrumento del delito sentí una profunda ternura por el pequeño tigre al que ya le habían quitado las garras. Estaba sediento, prácticamente deshidratado y muy delgado.

Al integrar la averiguación previa uno de los primeros oficios que realicé fue una solicitud de apoyo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el resguardo del tigre. Sin embargo, al paso de las horas, me di cuenta de que nadie iba a ir por él. Como responsable del bien asegurado lo único que se me ocurrió fue comprar una jaula de perro (con mis propios recursos) y lo dejé en mi casa dos noches.

Al llegar a casa mis hijos aceptaron con felicidad al cachorro y jugaron con él. Lo trataban como una mascota. Yo también estaba alegre por mi huésped, pero la segunda noche pensé que todo lo que había aprendido en mi curso inicial como Ministerio Público parecía no tener ningún sentido en la práctica. No podía creer la indolencia de parte de jefes y autoridades de otras instituciones ante las dificultades a las que se enfrenta un Ministerio Público. En esas circunstancias yo estaba contra la pared: si no hacía nada por el tigre era mi responsabilidad, pero también llevarlo a mi casa era una causa de responsabilidad.

En poco tiempo aprendí que la vida de un Ministerio Público es como la vida de “perro de rancho”, si hay problemas todos te buscan, pero si algo sale bien jamás estarás en ese llamado.

Después de dos días el Zoológico de Chapultepec resguardó al cachorro que, como era un bien asegurado, tenía el futuro incierto hasta que no terminara el proceso penal al que estaba ligado. Posteriormente, a quien lo transportaba se le dictó sentencia de año y medio y el pequeño tigre fue entregado al zoológico como una donación.

Tiempo después me enteré que el cachorro fue agredido por otros tigres y murió. [George]

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Un día normal de labores a las 9:10 horas, sobre Reforma número 75. Los funcionarios públicos que laboran en la SEIDO corrían por los pasillos pretendiendo llegar a tiempo a su oficina. Al llegar a mi caballeriza (así se conoce el sitio donde trabajamos los ministerios públicos), el radio pasillo divulgaba la noticia de que se había detenido a una Ministerio Público de la Unidad Especializada en Operación con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como la unidad de lavado de dinero. Quienes escuchábamos los detalles nos quedábamos con la boca abierta. La Visitaduría (órgano de investigación de delitos internos de la PGR) la había detenido a bordo de una camioneta lujosa marca BMW, lo cual no era un asunto menor porque era evidente que ni juntando el sueldo de todo el año le alcanzaría para comprarla. A esa sorpresa siguió otra: la camioneta era un bien asegurado por ella misma dentro de una averiguación previa (del sistema tradicional) por motivo de una investigación. Y el broche de oro: cuando catearon su domicilio se encontraron diversas joyas que en realidad eran bienes asegurados dentro de las investigaciones a su cargo y que de manera irrisoria esta Ministerio Público usaba como propias, incluso en su día a día en la procuraduría. Después de la noticia de su detención y el cateo, en retrospectiva, sus compañeros comprendimos cómo fue que ella siempre pudo presumir en las reuniones de trabajo joyas y bolsas de lujo. [Richo]

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La Ciudad de México no está exenta de historias de corrupción policiaca. En el año 2016 conocí un caso de secuestro maquinado y ejecutado por dos policías federales ministeriales y dos ex policías de la misma corporación.4 Los policías se dedicaban en la PGR a investigar trata de personas, pero en lugar de proteger a posibles víctimas las extorsionaban con la amenaza de deportarlas o desaparecerlas, entre otras cosas.

En la colonia Nápoles habitaban 15 extranjeras centroamericanas, quienes aparentemente se anunciaban a través de la página “Zona Divas”. Los dos ex policías y los dos policías en activo entraron a dos departamentos ubicados en pisos diferentes de un mismo edificio, en donde habitaban estas jóvenes de entre 20 y 25 años. Les prohibieron salir de su domicilio hasta que no les entregaran cierta cantidad de dinero. Este caso fue difícil desde el inicio, ya que la detención fue realizada por policías del entonces Distrito Federal quienes después de casi 24 horas de darse cuenta de que eran policías y ex policías federales ministeriales, declinaron la competencia a la Federación. Para entonces el caso ya era una “feria” con infinidad de versiones, entrevistas, actos realizados y otros sin realizar.

Con esta historia se ejemplifica cómo puede pervertirse el uso de datos que la policía obtiene debido a sus trabajos de investigación. Aquí vale la pena preguntarse ¿por qué es relativamente sencillo para fiscales y policías cometer estos delitos? Las respuestas son sencillas pero crudas: 1) porque eligen a la víctima perfecta (alguien en situación de ilegalidad que regularmente no los va a denunciar), 2) tienen a la mano todo tipo de informacieon. [Estefanía Medina]

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Al poco tiempo de mi nombramiento como comandante regional de una institución de seguridad pública del Estado de México, por ahí de 2014, comencé a convivir con otro comandante que me contaba que muchas veces en sus patrullajes decidía no detener en flagrancia o intervenir en la comisión de un delito no grave, como robo de vehículos o autopartes. Cuando, asombrado, le pregunté por el motivo de su desacato, me contestó:

“Pues mire, por ponerle un ejemplo: la otra noche mi segundo [mi compañero] me señaló una rata trabajando que ya tenía una camioneta entabicada [sin llantas]. Me preguntó: ‘¿lo atoramos?’. Con esa pregunta mi segundo en automático buscaba malandros y me confirmó que eran tres y el chofer. Y agregó: ‘comandante, ya son casi las 5:00 am’. Mi respuesta automática fue: ‘qué friega, teníamos que pasar cuando este par de p… están haciendo de la suya’. Así que comencé a hacer un cálculo en mi cabeza. A las 07:00 a.m. entregábamos turno, no había vecinos alertas, no había transeúntes ni testigos y los ojos [cámaras] no estaban en ese punto. Cuando me volvió a preguntar mi segundo si avanzábamos le dije que no. Mi decisión la tomé no porque me diera miedo, si no por estos motivos: sólo faltaban dos horas para el final del turno, y ya sabe, supongamos que los atoras, como sea, pero los remites.

“De entrada, había que madrearse con la bola de malandrines que lucían toscos. Luego nosotros mismos teníamos que resguardar la escena. Remites a los malos con los compañeros. Estos malandrines llegando iban a exigir que los certifique el médico legista pues su versión siempre es que se los madrearon cuando ya se habían entregado (cosa falsa). El MP te pide la remisión y declara a los malandros. De entrada, van a argumentar que los torturamos, robamos y extorsionamos, y además violamos sus derechos humanos. Pero aquí viene lo bueno, te echan a los judiciales que te interrogan, te amedrentan y te detienen. Luego llega el abogado de los malos, te levanta una denuncia por extorsión, en el mejor de los casos. En ese momento llaman a los de la corporación, llegan los de la inspección general y te la hacen de pedo, qué va, de pedísimo. De entrada, te suspenden y adiós entrada de dinero. Al rato llegan los de derechos humanos, otra chinga de jodido. Y así, te quedas jodido, suspendido y pidiendo prestado para un abogado. Pero supongamos que te creen que no abusaste de los ‘angelitos’, de igual manera estarías saliendo de la agencia 15 horas después, de ahí hay que pasar a la jefatura a rendir el informe y todo en mi día franco. Día libre que no me van a reponer. Llegaría a mi casita directo a dormir, sin comer y en menos de cinco horas tendría que despertar para estar de regreso por eso de los turnos de 24 por 24”. [El Comandante]

 

Historias como estas se entrelazan entre los ministerios públicos, policías y peritos que día a día llegan a laborar en la Fiscalía General de la República y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o en la Policía Federal o en las corporaciones locales, quienes en muchos casos cumplen horarios inhumanos fuera de toda proporción legal y efectiva, o que a duras penas han recibido capacitaciones sumamente básicas, sobre todo en las delegaciones estatales llegan al extremo de no contar con tintas para imprimir, con instalaciones indignas para trabajar, lejos de sus familias y sin una vida que los espere después de las 12 de la noche en un horario como mínimo de salida, de ahí que es un poco absurdo pensar que modificaciones a la ley harán la mejora, sin tomar en cuenta la desatención y el abandono en el que por muchos años han estado los que se encargan de investigar y procurar justicia.

 

Adriana Greaves Muñoz
Abogada. Cofundadora de TOJIL-Estrategia contra la impunidad. Colaboró en la implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio y se desempeñó como directora jurídica de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad dentro la Comisión Nacional de Seguridad (Segob).

Estefanía Medina Ruvalcaba
Abogada. Cofundadora de TOJIL-Estrategia contra la impunidad. Entre sus cargos: directora de Estudios y Proyectos Legislativo Penal de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR y directora general adjunta en la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR. Es autora del libro La delincuencia organizada en el sistema penal acusatorio (mitos y realidades).


1 La Jornada, “Desmantela PGR retén en Querétaro”, consultado en: http://www.jornada.com.mx/2016/10/23/politica/008n3pol.

2 Unidad Especializada en la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia.

3 El Universal, “Detiene PGR a Ministerio Público posible extorsión” consultado en: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/08/25/detiene-pgr-ministerio-publico-por-probable-extorsion.

4 Excelsior, “Condenan a 140 años de prisión a 4 ex agentes de la Policía Federal”, consultado en: https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/22/1148063.

 

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