Cuando Evo Morales asumió la presidencia de Bolivia en enero de 2006 disponía de las mejores condiciones imaginables para sacar adelante un programa de profundas reformas encaminadas a corregir las desigualdades sociales, las discriminaciones de índole racista, así como las condiciones estructurales de heterogeneidad económica y dependencia externa que caracterizaban todavía al país, no obstante la revolución de 1952.

Se trataba, en efecto, del primer presidente del ciclo de-mocrático iniciado en octubre de 1982 que no necesitó de una alianza de partidos para formar gobierno. Obtuvo una votación de 54%, reforzada por un amplio soporte de sectores populares urbanos y rurales, e incluso de importantes segmentos de las clases medias y profesionales.

Ilustraciones: Patricio Betteo

Su agenda programática de gobierno parecía claramente definida por las demandas de las movilizaciones sociales de los últimos años, que proponían dos medidas primordiales: la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a una asamblea constituyente que encaminara la descolonización étnico-política de las instituciones nacionales.

Evo Morales heredó, además, una ley de hidrocarburos del gobierno anterior y los contratos a largo plazo de exportación de gas natural a Brasil y Argentina que, combinados, tenían un gran potencial para elevar sustancialmente la recaudación fiscal del sector. A esto se sumaban también las excepcionales circunstancias derivadas del hiperciclo internacional de las materias primas iniciado en 2003, así como las condiciones políticas imperantes en el vecindario sudamericano a partir de la instalación de gobiernos de corte progresista en Argentina, Brasil, Ecuador y Venezuela, entre otros, lo que permitió una renegociación muy favorable para Bolivia de las condiciones de exportación de gas natural.

Bajo tales condiciones, en los pasados 12 años del gobierno de Morales se ha mantenido una sólida situación macroeconómica, se redujo la pobreza y se promovió una mayor inclusión social, éxitos matizados, empero, por la fallida reforma judicial y el incumplimiento de las consultas previas con los pueblos indígenas en materia de obras de infraestructura en sus territorios, entre otras fallas explicadas a continuación.

 

En 2006 se procedió a la esperada “nacionalización de los hidrocarburos” en Bolivia. Ésta consistió en la simple toma de la mayoría accionaria por parte de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en las empresas privadas del sector, así como en la obligación de migrar a nuevas modalidades contractuales para las actividades de exploración y explotación, que estipulan, según los casos, formas de reparto específicas para producción, utilidades, impuestos y regalías entre las empresas privadas, la empresa fiscal y el Estado.

El nuevo orden en las actividades hidrocarburíferas, sin embargo, no ha sido suficiente para impulsar las inversiones necesarias en la fase de exploración y aumentar las reservas a fin de garantizar el abastecimiento interno y la renovación de los contratos de exportación a Brasil y Argentina cuando toque su vencimiento. Del mismo modo, se puede afirmar que las onerosas plantas de industrialización del gas, inauguradas en fechas recientes, adolecen de problemas de diseño, de localización, así como de sobrecostos operativos y de instalación, de tal manera que tampoco contribuirán al objetivo de cambiar cualitativamente el carácter primario del sector de hidrocarburos del país. Por ello, la ampliación de la red de gas domiciliario y el subsidio a los combustibles han sido los beneficios más tangibles para la población urbana del país.

 

Otro de los éxitos más sonados del gobierno de Morales fue la Constitución Política del Estado adoptada en 2009, la cual instituyó un modelo estatal con cinco componentes principales: 1) una democracia intercultural que combina la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia comunitaria; 2) la intervención del Estado en la producción, circulación y distribución del excedente económico; 3) el reconocimiento de derechos colectivos a los pueblos indígenas y originarios; 4) normas especiales referidas al carácter plurinacional de la sociedad boliviana; 5) la descentralización política y administrativa en tres niveles autonómicos (departamentales, municipales e indígenas).

Las complicaciones jurídicas y administrativas de instrumentar dichas normas en los años subsiguientes a la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna mediante un referéndum, hacen pensar que desde un comienzo el nuevo texto constitucional estuvo más destinado a satisfacer las aspiraciones simbólicas de las bases sociales del Movimiento al Socialismo (el partido de Morales conocido como el MAS) y menos a instaurar un nuevo orden constitucional con la arquitectura institucional correspondiente para la promoción efectiva de la igualdad política y jurídica sin discriminación, la vigencia plena de las garantías constitucionales y de los derechos humanos, así como el funcionamiento del Estado de derecho y la independencia y coordinación de los poderes del Estado. Para lograr esto habría que contar con una serie de capacidades institucionales, muy difíciles de conseguir con un gobierno de movimientos sociales que reemplaza al modelo tradicional de partidos políticos.

 

Es justo reconocer que la instrumentación de las políticas sociales durante la gestión de Evo Morales ha traído consigo logros relevantes, tales como una inclusión social mucho más extensa; el recambio de elites; la recomposición del poder político; la ampliación de las canteras de reclutamiento de la burocracia del Estado a los pueblos indígenas y la reducción de la pobreza en sus diferentes manifestaciones, a lo cual contribuyeron las transferencias monetarias condicionadas a la asistencia escolar, en educación, y a controles prenatales en salud materna. También fueron factores importantes las remesas de los trabajadores emigrados, las mejoras en la infraestructura de servicios públicos de las aldeas rurales, y la consiguiente ampliación del acceso de los estratos menos favorecidos a los diversos servicios públicos. Aunque todo eso no trajo aparejados cambios significativos en la extensa informalidad prevaleciente en el ámbito del empleo.

Tales logros no deben ocultar que también ha ocurrido un dramático debilitamiento del sistema judicial, sometido a dos reformas equivocadas en su diseño y en su instrumentación: la asimilación de la justicia comunitaria con el mismo rango que la justicia ordinaria, y la elección de los jueces y magistrados por votación popular. Lejos de mejorar la administración de justicia, ambas medidas han acentuado las taras endémicas de la corrupción y la retardación de justicia.

Por otra parte, el sometimiento de la justicia al poder central ha facilitado que se instrumentalice la justicia para la persecución de opositores y disidentes, así como para obtener fallos de los altos tribunales constitucionales en claro beneficio de los designios del presidente Morales.

El estilo de gestión que ha prevalecido a lo largo de los tres periodos de gobierno de Evo Morales ha consistido en un presidencialismo exacerbado, muy cercano al autoritarismo; el sometimiento de todas las instituciones del Estado al Poder Ejecutivo, un sistema decisional altamente concentrado en un círculo estrecho de colaboradores y asesores, la cooptación de dirigentes sindicales mediante generosas prebendas y la onerosa campaña de entrega de obras grandes y pequeñas por parte del propio presidente, una tarea que corresponde en realidad a las autoridades municipales.

 

Más allá de la retórica sobre un exitoso “modelo económico social comunitario de redistribución”, se puede afirmar que la gestión económica, monetaria y financiera del gobierno de Morales ha priorizado por encima de otros objetivos la estabilidad macroeconómica a corto plazo y el control de la inflación, en detrimento, por ejemplo, de la transformación productiva y el equilibrio dinámico de la economía.

El tipo de cambio fijo a lo largo de varios años ha actuado claramente a favor del consumo y las importaciones, pero ha desincentivado las inversiones privadas y las exportaciones no tradicionales. Esta política se ha podido sostener por el extraordinario nivel que alcanzaron las reservas internacionales hasta 2015 aproximadamente, año en que empiezan a disminuir pari passu con el retorno de una situación fiscal deficitaria.

La política redistributiva, instrumentada mediante diversos dispositivos y expedientes destinados a elevar el salario real de los trabajadores formales muy por encima del aumento de la productividad media de la economía, ha traído consigo mayores niveles de informalidad en el mercado laboral. También ha estimulado las actividades de comercio y los pequeños servicios, y ha propiciado el incremento del contrabando de bienes de consumo en una escala antes desconocida en el país.

Por otra parte, la holgura fiscal atribuible mayormente a la tributación generada por el sector de hidrocarburos, ha sido de tal magnitud que ha impedido acometer una reforma tributaria que corrija los problemas de equidad y eficiencia de que adolece la administración fiscal. Un problema que se complejiza cuando la ampliación del universo de contribuyentes tendría que incluir a importantes sectores sociales vinculados estrechamente con el partido de gobierno, que han multiplicado de manera espectacular sus niveles de ingreso y se han beneficiado además con grandes obras de infraestructura en sus zonas de actividad.

 

La ideologización de la política exterior y el alineamiento de posiciones con gobiernos políticamente afines, tanto latinoamericanos como de otras regiones del mundo, ha caracterizado la gestión de las relaciones externas en los últimos años en Bolivia, en desmedro de las líneas maestras que guiaron desde siempre la gestión diplomática de los intereses nacionales. Éstas consistían en la promoción de relaciones de amistad y cooperación con los cinco países vecinos, la pertenencia simultánea de Bolivia a la zona andina, la Amazonia y la Cuenca del Plata, así como los esfuerzos de recuperar su cualidad marítima en el océano Pacífico.

Conviene hacer mención de que dicho abandono de los lineamientos de la política exterior del país y el seguimiento de orientaciones y estrategias adoptadas por los gobiernos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, han contribuido al debilitamiento de los mecanismos de integración y cooperación regional, sobre todo en el ámbito andino. Los organismos de nueva creación como la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños no proporcionan los beneficios del tratamiento que se otorgaba a Bolivia en el pasado en su calidad de país de menor desarrollo económico relativo, enclaustrado sin litoral.

En este contexto, no queda duda de que la diversificación de líneas ideológicas que surgieron en la década pasada y se profundizaron en los últimos años en América Latina ha resultado en su pérdida de relevancia en los foros internacionales. La región ya no puede actuar —como en el pasado— con una sola voz en defensa legítima de sus valores e intereses en un contexto de pugnas geopolíticas y desplazamientos hegemónicos que erosionan cada vez más el sistema multilateral de las Naciones Unidas.

 

La gestión gubernamental de Evo Morales, inaugurada con grandes expectativas en 2006, fue perdiendo su talante reformista a partir de su tercer gobierno, iniciado en enero de 2015. Sin mayores iniciativas para un relanzamiento del proyecto político, la gestión se concentró desde entonces en la habilitación constitucional de Morales para postularse como candidato presidencial a un cuarto periodo de gobierno en las elecciones de 2019. A tales efectos, se convocó a un referéndum constitucional el 21 de febrero de 2016, que arrojó un resultado desfavorable por estrecho margen, pero que de hecho inició una caída importante en las encuestas sobre el apoyo al presidente Morales que no ha sido detenida hasta ahora. Lejos de ello, todo demuestra que ha sido un error flagrante no acatar la voluntad popular expresada en dicho referéndum, y que la situación empeorará si se manipulan las resoluciones de entidades supuestamente independientes como el Tribunal Constitucional y el Tribunal Electoral.

La demanda contra Chile en la Corte de Justicia de La Haya ha sido la apuesta más alta de Evo Morales para asegurar su reelección indefinida. Parece que confiaba en que un fallo favorable le garantizaría el apoyo popular necesario para revertir las consecuencias derivadas del referéndum de 2016. El fallo adverso ha provocado en cambio un reordenamiento profundo del escenario político, así como la inauguración prematura de las campañas conducentes a las elecciones presidenciales más complejas que ha enfrentado el país desde comienzos de los años ochenta.

Nunca como ahora la incertidumbre se ha convertido en la única certeza.

 

Horst Grebe López
Economista. Fue ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, de Minería y Metalurgia y de Desarrollo Económico en Bolivia. Presidente del Instituto Prisma.

 

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