La transición de la globalización económica en las últimas cinco décadas, tal y como se constituyó en la posguerra para una economía global liberal rentista, golpeó intensamente tanto al gobierno del presidente Ignacio Lula da Silva como al de Dilma Rousseff. En ese contexto, por diversos motivos nacionales e internacionales, el sistema de alianzas tradicionales —estimulado por nuestro sistema político que le daba a todos los gobiernos post-Constitución de 1988—, permitió algunas maniobras de carácter distributivo a través de políticas públicas de combate a las desigualdades sociales y regionales, pero también las agotó. Particularmente las administraciones de Lula, apoyadas en los precios de las commodities, combatieron con éxito la miseria y la pobreza absolutas aunque no hicieron reformas “de fondo”, como la reforma tributaria y la reforma política, que afectaran el sistema de poder de las oligarquías regionales. El “bloc histórico” permaneció como tal y el proyecto de integración del país en el sistema global, fundamentado en la cooperación interdependiente con soberanía, no se realizó.
Ilustraciones: Patricio Betteo
El resultado no solamente fue la manutención del viejo sistema de poder, sino también la supervivencia de los valores conservadores y no democráticos característicos de la sociedad brasileña; opción de una élite política de derecha que, alejada del gobierno desde hace casi dos décadas, supo promover una situación de ingobernabilidad en un contexto político que dio lugar a una nueva derecha neofascista, agresiva y ultrareaccionaria. En este marco, los nuevos y viejos sujetos —incluso algunos originarios del modelo “lulo-petista” de gobernabilidad— promovieron una cruzada con contenido político manipulado a través de dos narrativas tradicionales renovadas: la corrupción como una característica fundamental del PT y los residuos del comunismo en la sociedad (representados por la izquierda y por el Partido) como obstáculos para el desarrollo y a la paz social.
La imposibilidad práctica de que los gobiernos del PT realizaran reformas estructurales, aunque fueran parciales, dejó intactos a los núcleos de poder autónomos que se movilizaron y articularon a partir de junio de 2013 para derribar el gobierno de Dilma. A su vez, éste estaba lleno de ambigüedades originarias, tanto del sistema político, electoral y partidario, como del sistema tributario regresivo mantenido históricamente en Brasil. El cobro de impuestos a los más pobres y a los de menor promedio de ganancias, así como el aparato estatal coercitivo burocratizado y con constantes luchas corporativas, lograron mantener las viejas estructuras de poder que dieron lugar al activismo del Poder Judicial y a la politización del Ministerio Público. A través de la operación “Lava Jato” situada en el juzgado de Curitiba, éste pasó a controlar la pauta política del país y a personificar una nueva etapa de lucha política en el ámbito nacional, en dónde el oligopolio de los medios, los think-tanks del “rentismo” liberal y los políticos conservadores, o simplemente reaccionarios, de los distintos partidos tradicionales, formaron un extraordinario arco de alianzas destinado a expurgar cualquier resquicio de izquierda socialdemócrata que pudiera persistir en la gestión del Estado.
En ese contexto, los errores políticos del gobierno de la presidenta Dilma —una mujer honesta a la que nunca doblegó la corrupción—, agravaron una situación de por sí tensa en la economía, tanto por la subestimación del valor corrosivo de la crisis de 2013 como por la incapacidad de reconocer que en las manifestaciones de ese año se estaban construyendo las redes relacionales de la derecha golpista; todo esto sumado a la subestimación de los valores conservadores de la mayor parte de la sociedad brasileña. El PT se desarmó políticamente, el presidente Lula fue encarcelado (a través de juicios de excepción sin pruebas) y las dificultades electorales nos llevaron a la derrota en las elecciones presidenciales: la misma sociedad que había consagrado a Lula con un 83% de aprobación, al final de su segundo mandato, rechazó al PT y a su candidato, eligiendo ocho años después a un obtuso militar de carrera dudosa con tendencias neofascistas.
Sumergido en el dogmatismo del sistema de poder tradicional, nuestro Partido fue incapaz de evaluar la dimensión corrosiva del tema de la corrupción, lo cual lo incapacitó para concebir una estrategia de movilización social y de disputa de valores. Lo que estaba en debate ya al principio del gobierno de Dilma no era quién hizo “más” o “menos” por los pobres, o quien creó “más” o “menos” empleos. Esa respuesta ya estaba clara en la vida cotidiana del pueblo, que había absorbido sus conquistas y transitaba hacia otras pautas, ampliamente remachadas/amartilladas por el oligopolio de los medios desde la crisis del “Mensalão”: se trataba de saber quién era corrupto y había corrompido al Estado, y quién sería el moralizador de una nación que, aunque sólo existiera en el imaginario de la población, había sido permanentemente maculada por un Estado indiferente y elitista que debía ser medido en términos de los valores morales que el propio PT había despertado como esperanza y mito.
La dificultad para reformar el sistema político —reforma rechazada en su momento por la mayor parte de la base del gobierno e incluso por la mayor parte del PT— colocaba a la segunda administración de Lula en un dilema difícil: ¿hacer la reforma política y dispersar la base de apoyo del gobierno que daba sostén a importantes políticas públicas de distribución de la renta e inclusión social, o no forzar ninguna reforma sobre ese tema y mantener la base unida, girando más hacia el centro “fisiológico” para mantener la estabilidad del gobierno y elegir a Dilma como sucesora en el mismo sistema de alianzas? La opción por el mantenimiento del sistema de alianzas, medida apenas por la posibilidad de reelección del “proyecto”, fue correcta con relación a su resultado inmediato, pero fue un desastre en sus pretensiones estratégicas, como se vio en junio de 2013 después del golpe y posteriormente con la sofocante derrota electoral que sobrevino.
Esas alianzas, que habían proporcionado la capacidad de gobernar con estabilidad, dejaron al gobierno como rehén de su eficacia inmediata y fueron incapaces de estimular la sustentación fuera del Parlamento en un frente nuevo, que no considerara la gobernabilidad sólo a partir de los humores del mercado financiero y de las opiniones de los “especialistas” de los medios, sino también a partir de las preocupaciones más generales del pueblo. Este último ya procesaba su desencanto con un gobierno que, a su entender, no daba respuestas satisfactorias al tema del momento: la corrupción y sus tentáculos en todos los niveles de poder; si bien la corrupción era histórica y reiterada “tendría que haber sido derrotada por el PT”, pensaban los ciudadanos comunes.
La crisis económica mundial acortó el espacio de acumulación de capital de la gran burguesía financiera internacional, y eso exigía controlar mejor el proceso de superacumulación a escala mundial y transferir los perjuicios a las cuentas públicas en todo el mundo. Es la concepción básica que ahora guía las “reformas” que se diseminan por todo el mundo, desde que el gobierno estadunidense socializó las deudas de los bancos quebrados (2009), cayeron los precios mundiales de las commodities y se ampliaron las deudas de los estados nacionales, como quedó muy bien ejemplificado en el caso de Grecia. Entonces, las reformas se hicieron universalmente imperativas.
El gobierno de Lula había apostado por un camino opuesto. Aplicó políticas anticíclicas con inversiones masivas en obra pública, aumentó el crédito para inversiones y para consumo, lo que creó una dinámica virtuosa de crecimiento en el mercado de consumo interno de masas. Sin embargo, la caída de los precios de las commodities en general y del petróleo en particular solaparon la capacidad de manutención de esa estrategia, disminuyendo la capacidad de inversión pública nacional del Estado. La opción para “contener” esa crisis económica y fiscal fue la salida recesiva y neoliberal para la crisis; la presencia de Joaquim Levy en el Ministerio de Economía durante el gobierno de Dilma fue la expresión de su máxima coherencia. Levy terminó aplicando la misma receta liberal ortodoxa de los gobiernos conservadores sin las condiciones para permitir que “todos ganaran”, como en el tiempo de Lula, cuando los trabajadores asalariados y los pobres en general mejoraron sus condiciones de vida, de consumo y de disfrute de bienes de primera necesidad.
Mientras apostaba por el ajuste fiscal como la salida a la crisis económica, el gobierno de Dilma decidió emprender un programa de seguridad pública joven y por lo tanto inconcluso: el PRONASCI. Ese tema estuvo y está en el centro de la disputa política en Brasil. Durante el gobierno de Lula se desarrolló la percepción de que era imperante atender esa agenda dada la gravedad de la inseguridad pública en Brasil. Lula apoyó y financió una política nacional de seguridad pública que combinaba políticas preventivas de protección social con represión selectiva y enfocada del crimen organizado en los territorios más sensibles del país. Preparó a la policía y aumentó su capacidad de investigación criminal con el objetivo de “cortar” el vínculo del crimen —particularmente del crimen organizado— con la juventud y con la sociedad. El posterior alejamiento del gobierno federal de este tema efectivamente disminuyó la eficacia del combate a la criminalidad y permitió que la responsabilidad sobre la crisis de la seguridad recayera entonces en el PT y en sus candidatos. Esta “retirada” de la unión en la conducción de la pauta de seguridad fue importante para la victoria de Bolsonaro, quien insistió en la relevancia del tema para que las personas pobres vivieran mejor, prometiendo demagógicamente que la policía estaría autorizada para “matar bandidos” como parte de la política de Estado.
Más allá de las manipulaciones de los medios y de las simplificaciones siniestras de la derecha sobre los errores del PT, la victoria de Bolsonaro recae sobre los hombros de nuestra generación como la derrota más significativa de los últimos cuarenta años. Fuimos incapaces de defender la democracia y los valores de la utopía socialista con la energía y la inteligencia legada por nuestros mejores ejemplos, de Allende y Mandela a Mujica. Que los próximos tiempos sean de recuperación de la memoria de estos héroes.
Tarso Genro
Abogado, periodista y político brasilero afiliado al Partido de los Trabajadores. Se desempeñó como Ministro de Educación, Ministro de Relaciones Institucionales y Ministro de Justicia de Brasil durante el gobierno de Ignacio Lula da Silva.
