Nadie dudaría en afirmar que en los primeros años de este siglo se desarrolló en América Latina un proceso que atendió una serie de demandas populares como reacción a las políticas conservadoras y neoliberales que se habían aplicado hasta entonces en diferentes países de la región.

De esa manera, con el sello del progresismo y durante más de una década, en muchos países del continente se instrumentaron políticas que integraron socialmente a vastos sectores de la población que parecían haber sido condenados a la marginalidad. A eso se sumaron acciones que ampliaron derechos de minorías y favorecieron mejores condiciones para el desarrollo humano.

Ilustraciones: Patricio Betteo

Mirado en perspectiva, América Latina hizo un claro intento por consolidar una sociedad más igualitaria y así las políticas implementadas confrontaron de modo contundente con las bases conceptuales del modelo que hasta entonces imperaba.

Sin embargo, la crisis internacional desatada con la quiebra de Lehman Brothers que determinó la ruptura de la llamada “burbuja hipotecaria”, significó el comienzo del fin de esos procesos. La caída de los precios internacionales de la producción primaria a partir de la cual se movilizan las economías de la región, empezó a repercutir negativamente en los ingresos públicos como corolario de una retracción clara de la actividad económica. Fue entonces cuando los empleos primero se precarizaron y después desaparecieron acarreando una conflictividad social creciente.

Argentina no fue ajena a esa realidad. En el año 2003, con la llegada al poder de Néstor Kirchner, comenzó un proceso signado por el ordenamiento y crecimiento económico y la institucionalización del Estado.

Al concluir su mandato, fue su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, quien siguió adelante con esos postulados. Sin embargo, un nuevo contexto internacional menos favorable, sumado a una serie de errores de gestión, cierto sesgo autoritario del gobierno y la aparición de hechos de corrupción, acabaron socavando gran parte de la base social que sostuvo a ese espacio político.

Un análisis desapasionado de esos años llevaría a visualizar tres etapas bien diferenciadas. Una primera, en la cual se afrontaron y resolvieron los mayores problemas que Argentina expresaba. Una segunda que dejó en evidencia cierto relajamiento de la economía, pero en la cual se desarrolló fuertemente una política de ampliación de derechos ciudadanos que permitió el reconocimiento y la integración de las minorías. Finalmente, una tercera etapa en donde floreció una actitud confrontativa que afectó en mucho la convivencia democrática.

 

Seguramente, haber caído en default en el año 2001 y haber tenido que soportar una crisis institucional de magnitud a partir de la renuncia de Fernando de la Rua (con ello, en diez días se sucedieron cinco presidentes) hizo que Argentina fuera el que más conflictividad evidenciaba al iniciarse esta etapa de progresismo latinoamericano.

En el año 2003, Argentina ofrecía un cuadro desolador. Durante el año previo, el PIB se había desmoronado hasta caer el 11%. La pobreza y la desocupación se habían potenciado hasta alcanzar el 57% y el 24% respectivamente. La falta de juzgamiento de los militares acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad profundizaban el mal humor social, y la ausencia de una justicia que diera respuesta al tema acababan de conformar el peor de los escenarios.

Néstor Kirchner accedió a la presidencia con la debilidad formal de haber logrado sólo el 22% de los sufragios y de haberse visto impedido de contar con una segunda vuelta electoral (su competidor Carlos Menem desertó en la contienda) que claramente lo hubiera legitimado en votos.

A lo largo de su mandato, Kirchner fue resolviendo cada uno de los problemas que había recibido aprovechando inteligentemente un contexto internacional que le era favorable (los precios de la soja crecieron sostenidamente) e impulsando la reactivación de la economía interna a través de políticas activas del Estado que reconocían un motor impulsor: un agresivo plan de obra pública.

Los buenos resultados de ese plan quedaron expuestos. En los años de Kirchner la economía argentina creció a un ritmo promedio del 8% anual. Ello ocurrió con cuentas públicas y balanza comercial superavitaria. En los últimos 117 años de la historia argentina, sólo una vez se han verificado cinco años consecutivos de “superávits gemelos”: los años de Néstor Kirchner.

También pudo ordenar en gran medida el funcionamiento del Estado. Logró acumular reservas monetarias (alcanzaron los 46 mil 500 millones de dólares al dejar el poder) y cumplió sus obligaciones con los organismos internacionales de crédito saldando la totalidad de las deudas que Argentina registraba con el FMI, el Banco Mundial y el BID.

Precisamente con esa disciplina fiscal, pudo regularizar la deuda en default. Al iniciar su mandato, la misma representaba el 150% del PIB argentino. Al concluirlo, merced a la negociación que encaró con los acreedores, representaba el 57%.

En la faz institucional, Kirchner revalorizó el rol de la justicia. Logró constituir una Corte Suprema independiente conformada con nombres moralmente intachables y técnicamente superiores. Con esa nueva realidad judicial, pudo anular las leyes de impunidad y favorecer el juzgamiento de quienes estaban acusados de haber cometido el genocidio de una generación de argentinos.

El mandato de Kirchner estuvo llamado a resolver lo urgente y su eficiencia para lograrlo está fuera de toda discusión. Aun así, no tuvo modo ni tiempo de modificar una estructura económica que en muchos sectores se extranjeriza (minería), se concentra (la producción láctea o los canales supermercadistas) y se desarrolla con un grado de informalidad preocupante en desmedro del fisco (la actividad agrícola).

 

Kirchner organizó Argentina. Había recibido tierra arrasada; al concluir su gestión, logró sentar las bases para llevar adelante un proceso de reconversión económica muy profunda, y era Cristina Fernández de Kirchner (su sucesora) quien estaba llamada a terminar de instituirlo.

Cristina inició su mandato convocando a la unidad nacional. La “transversalidad política” que congregaba en el gobierno a dirigentes provenientes de diferentes expresiones políticas, supuso una ampliación de la base social que lo sustentaba. Ello, sumado a un Estado ordenado y una sociedad pacificada, hizo suponer que el proceso de cambio iniciado devendría inexorable.

Pero ello no ocurrió. Cristina le dio su propia impronta a la tarea de gobernar y a diferencia de lo que caracterizó a la gestión de su marido, ella agudizó las contradicciones con distintos sectores sociales y políticos. Lo ideológico adquirió día a día más prominencia y la administración inició una etapa de relajamiento que acabó verificándose en los resultados económicos.

La aplicación de una política maniquea a partir de la cual se definieron amigos y enemigos del poder, convirtió al país en un centro de permanentes disputas siempre irreconciliables. Esa lógica despertó el malestar de algunos, el odio de otros y el desencanto de muchos.

Hay tres momentos reconocibles durante la gestión de Cristina en los cuales esa forma de encarar la política parece patentizarse.

A los tres meses de asumir, Cristina dispuso un incremento de las retenciones a las exportaciones de soja que enfrentó a su gobierno con el sector agropecuario. La medida desató un conflicto político, social y económico de proporciones que aparejaron cortes de rutas, marchas masivas y discursos altisonantes. Todo acabó con la virtual anulación de la medida por no contar con el apoyo del Congreso. El gobierno pagó un costo enorme por ello.

Ese extremo marcó definitivamente el distanciamiento del gobierno para con un sector de la economía argentina (el agropecuario y el ganadero) que aportaba mucho al PIB. Lo más llamativo es que esa confrontación no se dio con poderosos terratenientes, si no con chacareros que históricamente habían acompañado las propuestas del gobierno, que tan sólo reprochaban el aumento de la presión tributaria sobre aquello que producían y que fueron empujados al terreno de los opositores.

En otro momento, Cristina planteó a la sociedad un debate sobre el rol de los medios de comunicación y hasta logró aprobar una ley regulatoria del modo como aquellos deberían funcionar en adelante. Su principal propósito consistió en desguazar un conglomerado de empresas mediáticas (Grupo Clarín) que había acaparado la operación de transmisión de imágenes (televisión por cable) y se había colocado en posición dominante en el mercado de los periódicos y las radios. Lo más problemático de ese cuestionamiento resultó de la desmesura del discurso con que se cargó sobre los medios de comunicación argentinos, lo que determinó una fuerte reacción periodística a la que alguien llamó “periodismo de guerra”.

La sostenida crítica mediática hacia Cristina, derivada en gran medida por esa confrontación, significó una acción esmeriladora que le propinó un enorme desgaste.

Por último, disconforme con algunos fallos judiciales que les resultaron adversos, Cristina también confrontó al Poder Judicial. Así promovió la necesidad de cambiar su funcionamiento y logró que el Congreso Nacional aprobara leyes que ponían en manos de personas elegidas popularmente la selección de los jueces y el análisis de sus conductas como tales. El intento quedó en nada, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las normas centrales de esas leyes hasta privarlas de toda operatividad.

Uno no puede desconocer que tanto el sector agropecuario como los medios de comunicación y la justicia, operan en Argentina como factores de presión y de poder muchas veces distorsionadores. Pero uno debe preguntarse si la acción transformadora sobre ellos debe hacerse provocando disputas que sólo parecen servir para alterar la convivencia democrática.

Inmersa en esas luchas, la economía argentina empezó a debilitarse. La crisis internacional deparó una fuerte caída de nuestras exportaciones y una clara ralentización del esquema productivo. A ello se sumó la aparición de una inflación que inicialmente pareció ser el resultado de un reacomodamiento de precios relativos demorados desde el momento de la crisis interna del 2001.

Todo ello retrajo el consumo y los ingresos públicos, y así el empleo comenzó a deteriorarse, posibilitando que la pobreza volviera a subir.

A pesar de todo ello, en ese primer período de gobierno, Cristina avanzó en la ampliación de derechos como en ningún otro momento de la historia de la joven democracia argentina. Así, generó una asignación social universal para madres que alivió el malestar de más de cuatro millones de beneficiarias. También amplió derechos ciudadanos impulsando leyes como la del matrimonio igualitario, la identidad de género, la muerte digna, el voto joven o el divorcio expreso.

Desde esa perspectiva, hay que reconocer que en este primer mandato de Cristina su impulso progresista es merecedor de todo elogio.

Sobre el final de este período gubernamental sobrevino la muerte de Néstor Kirchner, y a partir de allí empezaron a profundizarse ciertos rasgos autoritarios y un claro relajamiento en la gestión de gobierno.

Cristina salió airosa en las elecciones que la habilitaron para un segundo mandato. Obtuvo el 54% de los sufragios y sacó una diferencia de 40 puntos porcentuales sobre el segundo candidato más votado.

Tamaño resultado (absolutamente inusual para la política argentina) insufló al gobierno electo un aire de autosuficiencia que rápidamente se transformó en rasgos de prepotencia. “Vamos por todo”, dijo Cristina y Argentina empezó a preocuparse. De ahí en más se agudizó el proceso, la ideología dominó absolutamente la gestión y toda voz crítica fue sometida a todo tipo de desprestigio.

En estos años, Cristina profundizó su lógica de ejercer la política a partir de la confrontación. Y aunque a nadie escapa que la política es en esencia representación de intereses, y que muchas veces estos entran en contradicción, es muy difícil administrar la política cuando con cada decisión se enciende una controversia que siempre divide a la sociedad entre “buenos” y “malos”.

Por esa vía la convivencia democrática se resintió aún más, mientras la economía sostenía un irregular crecimiento a partir de un consumo fuertemente promovido desde el Estado. Para entonces la inflación (siempre negada en estadísticas oficiales falsas) crecía por expectativas y por el impacto de una emisión monetaria que no cedía para poder sostener aquel ritmo de ventas.

Este último mandato de Cristina, en materia económica, arrojó resultados definitivamente negativos. La inflación no cedió. La ausencia de divisas producto de la caída de las exportaciones, determinó políticas fuertemente restrictivas para el movimiento de dólares. De ese modo, la inversión se retrajo y la creación de empleo también.

La suma de una economía díscola y la permanente confrontación con distintos actores políticos, sociales y económicos, acabaron por restarle la confianza inicial que había logrado del electorado.

En medio de este proceso, comenzaron a investigarse denuncias por presuntos hechos de corrupción en los que aparecían imputados importantes funcionarios del gobierno nacional, entre los que figuraban el mismísimo vicepresidente de la república. Ello terminó por minar la confianza social.

 

Una mirada retrospectiva del kirchnerismo permite asegurar que el saldo de su gestión es claramente positivo. Sin ninguna duda, la economía se ordenó, se crearon empleos, el salario real creció un 19% a lo largo de los doce años en que Néstor y Cristina gobernaron y la presencia del Estado sobre los sectores marginales amortiguó en mucho la situación de pobreza.

Sin embargo, pese a haber acumulado un poder institucional enorme, en ese lapso no se pudieron modificar las frágiles estructuras sobre las que se sostiene la economía argentina. Por eso, cuando se deterioraron los precios internacionales de las materias primas la economía argentina se deterioró de igual modo.

Es cierto que hubo en quienes gobernaron la voluntad de promover la expansión de la industria. Pero todo se volvió insuficiente en el mismo instante en que el crédito externo comenzó a flaquear por la falta de divisas internacionales. Después, con el cepo impuesto para evitar que los dólares emigren fuera del sistema financiero, asomó la causa por la cual la inversión externa directa (elemento primordial para el despegue de las economías de la región) fue prácticamente nula al final del mandato de Cristina.

Cristina es merecedora de todo elogio por la formidable ampliación de derechos que instituyó. Sin embargo, semejante logro no desvanece las críticas que merece su gestión en materia económica. Es incomprensible que habiendo acumulado tanto poder institucional (mayoría parlamentaria) no haya podido trastocar los cimientos de una economía concentrada que sólo beneficia a los más poderosos y lastima a los más postergados.

Además, y tal vez esto sea lo más cuestionable, esos mismos postergados acabaron atrapados en bolsones de indigencia y pobreza, invisibilizados a través de artilugios estadísticos.

Por otra parte, la idea de promover una política de confrontación permanente alteró la convivencia democrática. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ofreció “batallas” que aunque tuvieron formas “épicas” acabaron por convertirse en enormes decepciones. Hay una carencia de ética en el hecho de librar batallas que en nada alteran lo injusto del sistema que se dice querer transformar. Esto es un aspecto de la ética que parece ser soslayado a la hora de analizar las causas que han deteriorado a los gobiernos progresistas del kirchnerismo.

Está ínsito en la voluntad progresista la revalorización de la democracia. No cabe en la conciencia social la idea de que cualquier cuestionamiento a los modos del poder pueda ser respondido con la diatriba descalificadora del criticado. Ello es así porque respetar el disenso está en la naturaleza misma del sistema republicano.

Finalmente, los hechos de corrupción que inculparon a distintos funcionarios del gobierno deterioraron en mucho la imagen del kirchnerismo. Es cierto que hoy, instaurado el régimen neoconservador de Mauricio Macri, muchos procesos judiciales han servido para perseguir a Cristina Kirchner y su entorno familiar. Pero es indudable que la corrupción existió en la Argentina de esos años. La admisión de exfuncionarios de haber participado en hechos de corrupción y hasta la condena impuesta a quien fuera vicepresidente de la república, no hacen más que corroborar esa realidad.

Que la corrupción daña a la política es una perogrullada. Pero el efecto dañino de la corrupción se potencia cuando emana de quien dice ser progresista, porque entonces se percibe el maltrato que hace de los recursos públicos quien dice querer preservar a los sectores más desposeídos. Tamaña hipocresía sólo puede enojar a una sociedad.

El proceso kirchnerista vivido en Argentina, demuestra que deben existir proyectos sólidos a la hora de administrar economías débiles capaces de preservar el rigor fiscal y una apertura inteligente en busca de inversiones productivas. Terminar con la concentración de los mercados es una tarea esencial. Además, esos objetivos, aunque afecten intereses en pugna, deben ser alcanzados con firmeza pero preservando un clima de respeto y convivencia democrática.

Estas observaciones tal vez sirvan ahora que México inicia una nueva etapa de la mano de Andrés Manuel López Obrador, un emblema del progresismo latinoamericano.

No hay dudas que el nuevo presidente mexicano ha hecho una lectura correcta de la realidad que vive la política en el continente. Su propuesta de firmar un nuevo contrato social a través del cual la política se comprometa a no mentir, a no robar y a no perjudicar a los más débiles, es la mejor prueba de lo bien que capta la temperatura social y de lo bien que responde a las demandas populares.

El secreto de su éxito radica en que no se salga de los límites impuestos por ese compromiso.

México, con su crisis de seguridad ciudadana determinada por la irrupción del narcotráfico, demanda una política que enfrente a la corrupción que el crimen organizado requiere para poder funcionar del modo en que lo hace.

Además, los años recientes vividos por los mexicanos, signados por el cinismo gubernamental, exigen para adelante conductas transparentes de quienes son mandatarios de la voluntad popular. Un discurso claro y la erradicación de relatos que encubren lo nocivo de la política es una de las tareas a afrontar para hacer honor a aquel compromiso público.

Finalmente, la debilidad que enfrentan vastos sectores de la sociedad mexicana que los lleva a emigrar con grave riesgo para sus vidas, reclama la adopción de políticas que estén más atentas al desarrollo de esos sectores antes que a la contención en la realidad que afrontan.

Marco Aurelio García, ese maravilloso dirigente brasileño que militó en las izquierdas de Sudamérica, se preguntó alguna vez qué le había pasado al progresismo que cuando estaba fuera del poder por no tener los votos tenía muchas ideas transformadoras, y después, cuando estuvo en el poder por contar con muchos votos, se fue quedando sin ideas.          

Tal vez en las líneas que preceden este final esté la respuesta a su interrogante.

 

Alberto Fernández
Abogado y político argentino. Se desempeñó en la Jefatura de Gabinete de Argentina de 2003-2008.

 

2 comentarios en “Los Kirchner frente a frente

  1. Buen artículo y muy a tono con el cambio que vive nuestro país, aunque es difícil aprender en cabeza ajena, gran parte de los errores que tuvieron los Kirchner pueden ocurrir en México, esperemos que la experiencia argentina sirva como ejemplo de los errores que se deben evitar. Gracias Alberto Fernández, saludos.

  2. Tal pareciera que los gobiernos progresistas se les acaban las ideas cuando llegan a la cima,,,de ahi la bajada es lenta y desastrosa..y afecta por consecuencia a los que van subiendo y finalmente a los que estan abajo

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