Ningún país latinoamericano, ni siquiera Cuba en los años terribles del “periodo especial” de los noventa, ha sufrido algo equivalente al desplome de los niveles de vida y el abandono de las normas democráticas que se han producido en Venezuela en la última década. Durante la crisis cubana el país provenía de una situación de relativo desarrollo social, pero de estancamiento económico, como consecuencia de la inscripción de la isla en el campo socialista de Europa del Este. Venezuela, en cambio, tenía como pasado inmediato una economía creciente y un régimen político corrupto y demagógico, aunque formalmente democrático.

Junto a la corrupción, los otros grandes problemas de la Venezuela de fines del siglo XX eran la desigualdad y la pobreza. Aunque el gasto social venezolano en los noventa se mantuvo generalmente por encima de 30% de los egresos totales del Estado, y entre 1992 y 1993 llegó al 10% del PIB, con la llegada de Hugo Chávez al poder alcanzó un promedio sostenido de 12% anual. En su primera década el gobierno de Chávez redujo el desempleo a 7%, la pobreza pasó de 44% a 28% y el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, se estabilizó en 0.40.

Ilustraciones: Patricio Betteo

Diez años después del boom petrolero chavista y de aquella expansión del gasto social, la economía venezolana se encuentra en un colapso estacionario. Según un estudio de Nicholas Casey para The New York Times, la inflación en Venezuela alcanzará este año la cifra récord de un millón: una situación históricamente muy rara, sólo comparable con crisis económicas extremas como la de Alemania en 1923 o Zimbabue en el año 2000. Hasta la introducción de la nueva moneda, en el mercado negro venezolano un dólar se cambiaba en tres millones y medio de bolívares.

El desastre social y económico venezolano es reflejo directo del avance hacia el autoritarismo, que comenzó con Hugo Chávez y se aceleró con el sucesor designado, Nicolás Maduro, tras la muerte del primero en 2013. Mientras Chávez, con su carisma y su capacidad de gasto, mantuvo un liderazgo electoralmente competitivo, Maduro se aferra al poder por medio del despotismo y la represión. Desde su elección hace cinco años, en la que ganó por una pequeña ventaja al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, Maduro demostró ser incapaz de heredar la popularidad de Chávez y escogió una ruta que, en muchos frentes, niega el legado de su predecesor.

La perpetuación en el poder de Maduro ha recurrido a una evidente concentración de la autoridad, cuya prueba más ostensible es la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, no elegida ni refrendada de acuerdo con las leyes electorales del país sudamericano. Esa asamblea, impuesta desde 2017, ha desplazado al Poder Legislativo legítimo, de mayoría opositora, y ha avalado la usurpación de las instituciones por parte de la elite madurista. De ser un autoritarismo competitivo, con una gran capacidad de distribución de derechos sociales, el régimen venezolano ha transitado abiertamente hacia la dictadura.

El deterioro de los vínculos de Venezuela con la mayoría de los organismos internacionales (la ONU, la OEA, el BM, el FMI…) ha escorado la política exterior de Nicolás Maduro a una diplomacia sectaria y confrontacional. Unasur se desmembró, la Celac perdió impulso y la crisis interna de la Alianza Bolivariana, de la que se ha retirado Ecuador bajo la presidencia de Lenín Moreno y donde el papel de Bolivia y Cuba es cada vez menos decisivo, ha dejado al gobierno de Maduro en una situación de mayor aislamiento que la de Fidel Castro a fines del siglo XX. Los intentos de rehacer una red internacional, que reporte ventajas comparativas, con Rusia, China, Turquía e Irán, no han dado resultados.

Una propuesta de suspensión de la OEA, aprobada por mayoría en junio de 2018, ha dejado un saldo de amargos enfrentamientos del gobierno venezolano con sus vecinos en América Latina. El secretario general, Luis Almagro, que hace poco más de un año intentaba mantener el diálogo con el régimen madurista, a través del Grupo de Lima, hoy asume que el gobierno venezolano es un narco-Estado que debe ser sometido a todas las presiones internacionales posibles, hasta llevar a sus líderes ante la justicia. Los atropellos de opositores como Fernando Albán, quien murió en circunstancias imprecisas, mientras era interrogado en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) de Caracas; María Corina Machado, que fue golpeada en Upata, cerca de la frontera con Brasil, o Lorent Saleh, quien ha narrado el horror de las torturas y vejaciones en las cárceles La Tumba y El Helicoide, incrementan la impopularidad regional de Maduro.

El propio gobierno venezolano hace poco por revertir esa condición de marginalidad. Cuando se produjeron la serie de explosiones en agosto de 2018, durante un desfile militar en Caracas, Maduro, sin mediar investigación alguna, acusó al ex presidente Juan Manuel Santos de ser el instigador del atentado. Santos se encontraba en ese momento preparando la sucesión de poderes en Colombia, favorable a Iván Duque, líder del partido uribista Centro Democrático. De manera que la acusación, sin base, atizó aún más el conflicto bilateral entre Venezuela y Colombia, que en los últimos años incluye múltiples tensiones fronterizas generadas por el colosal aumento de la emigración.

Los organismos internacionales, entre ellos el despacho del alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, quien ha hablado de una “crisis humanitaria monumental”, calculan que en los últimos cuatro años han salido de Venezuela más de dos millones y medio de ciudadanos. Otros reportes hablan de más de cuatro millones de exiliados, ya que suman a los extranjeros residentes en Venezuela que han debido expatriarse en los últimos años. Se trata, probablemente, del éxodo masivo y coyuntural más grande que registra la historia latinoamericana en las últimas décadas. Nada comparable a las diásporas cubana o haitiana o, incluso, a la tan injustamente denostada emigración centroamericana hacia Estados Unidos, que no pasa de medio millón cada cinco años.

El gobierno venezolano, sin embargo, rechaza la denominación de “crisis humanitaria” para describir el caos provocado por la mezcla fatal de desabastecimiento e inflación. Provenga del Grupo de Lima o de la Acnur, el término “crisis humanitaria”, según el gobierno de Maduro, es un pretexto para organizar una intervención militar contra Venezuela. Según Caracas, hay otras crisis humanitarias en el mundo, como las de Gaza, Siria o Yemen, que no merecen el mismo tratamiento en los organismos internacionales, a pesar de que son temas recurrentes en las sesiones ordinarias o extraordinarias del Consejo de Seguridad de la ONU.

En Venezuela tiene lugar un colapso del orden social y económico construido por el sistema político chavista en la primera década del siglo XXI. Como suele suceder en ese tipo de catástrofes, una de las primeras víctimas es el propio sistema político, que ha perdido no sólo su capacidad de distribución equitativa del ingreso sino sus elementos de democracia directa y participativa que le aseguraban la renovadora Constitución de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente tuvo que ser electa de acuerdo con leyes electorales amañadas por el propio régimen y no fue sometida a referéndum, como era usual en tiempos de Hugo Chávez.

La política comunitaria chavista ha entrado en un agotamiento y una distorsión definitivos. La estudiosa María Pilar García Guadilla, de la Universidad Simón Bolívar, ha sostenido, en un reciente congreso organizado por la revista Dissent en The New School en Nueva York, que los movimientos sociales y los consejos comunales que impulsó Chávez desde fines de los noventa, han acabado subordinados a las redes bolivarianas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Especialmente, las organizaciones indigenistas, ambientalistas y feministas, que defendieron un modelo comunal de participación política, han sido absorbidas por un Estado crecientemente militarizado.

El rentismo extractivista, en que se basa toda la plataforma de ingresos del Estado venezolano, ha demostrado ser incapaz de asegurar la solvencia que demanda el propio sistema político chavista. Sin la popularidad carismática ni la capacidad de maniobra diplomática de Chávez, Nicolás Maduro ha optado por mantenerse en el poder, a sí mismo y a la clase política que lo rodea, por medio de la fuerza. Uno de los ejemplos más dramáticos de conflicto entre el paradigma extractivista y las comunidades campesinas e indígenas, otrora grupos favorecidos del chavismo, es el proyecto del Arco Minero del Orinoco, que según la mayoría de las asociaciones civiles de la zona viola los artículos de la Constitución del 99 dedicados a la preservación del medio ambiente y el respeto a la autonomía local.

Otros estudiosos como la socióloga venezolana María Gabriela Ponce, de la Universidad Católica Andrés Bello, han promovido encuestas sobre las condiciones de vida en el país sudamericano que reportan un crecimiento de la pobreza extrema de 23. 6% en 2015 a 61.2% en 2017. La misma encuesta señalaba que en los últimos años, bajo el gobierno de Nicolás Maduro, la violencia se había disparado por el crecimiento de la pobreza y la desigualdad, al punto de que uno de cada cinco ciudadanos venezolanos decía ser víctima de algún acto de delincuencia común.

Lo más alarmante de la situación venezolana es su falta de salida visible en el horizonte inmediato. Desde el ámbito doméstico es muy poco lo que puede lograr un Poder Legislativo secuestrado por la Asamblea Constituyente. Tampoco los partidos políticos opositores son capaces de avanzar por la vía institucional o por la de la resistencia cívica, ya que en ambas se topan con el inmovilismo represivo del gobierno. Mientras la sociedad civil pierde autonomía, la política opositora incrementa su dependencia del gobierno de Donald Trump y de los congresistas republicanos de Estados Unidos, que, cada vez de manera más desinhibida, hablan de una remoción violenta del régimen madurista por medio de un golpe de Estado o una intervención militar.

Todos los actores genuinamente interesados en una solución pactada al conflicto, dentro o fuera de Venezuela, tienen numerosas razones para el desánimo o la frustración. Contra un régimen que controla todos los poderes y apuesta, prioritariamente, por la militarización y la permanencia indefinida de un grupo al mando del Estado, es muy poco lo que pueden hacer los procesos electorales, los mecanismos institucionales o la propia estructura constitucional del país, de gran tradición en la historia republicana de Hispanomérica. Sin embargo, no hay otro camino que la persistencia en la lucha pacífica interna y en el diálogo diplomático desde la comunidad internacional para lograr la reconstrucción democrática de Venezuela.

 

Rafael Rojas
Historiador y ensayista. Profesor e investigador del CIDE. Ha publicado El estante vacío. Literatura y política en Cuba.

 

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