Copa del Mundo de Futbol. El patriotismo lleva al paroxismo. ¿Hasta morir por el gol? No, se muere por la patria, por la selección nacional, por el clamor de millones de gentes que serán exaltados y felices o llorosos y sin esperanza según haya terminado el partido. Los españoles se exaltan como los más con “La Roja”. Pero no todos. En Catalunya y en el País Vasco “La Roja” deja indiferente a muchos, no a todos, a catalanes y vascos. Aunque no se sea independentista, como el autor de este artículo. O como el que fue ministro de Cultura, que incluye el Deporte, en los años noventa me confesó que ante un encuentro de futbol o de otro deporte no siente ninguna emoción si se gana o se pierde. Era catalán, nada nacionalista catalán. Un síntoma. O si prefieren un indicador más propio al tema es el sistema de partidos. Los partidos estatales han sido hegemónicos en toda España… menos en Catalunya y el País Vasco. Dominan los partidos nacionalistas y el conjunto de las izquierdas después. Y el PP va detrás. Ciudadanos (C’s), partido nacido hace una década, nunca ha gobernado y no cuenta en el País Vasco. En Catalunya recoge a la gran mayoría de los contrarios al independentismo pero ni los nacionalistas ni las izquierdas aceptan ningún acuerdo con C’s. Por izquierdas, para simplificar, entendemos el bloque que incluye Podemos, los herederos del PSUC/eurocomunistas y los activistas sociales como la alcaldesa de Barcelona, los socialistas (pero muy dependientes del PSOE) y una parte de los nacionalistas, Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC) tiene un pie con el nacionalismo de centro derecha y otro pie con las izquierdas. Por cierto todos ellos, nacionalistas al completo y las izquierdas lo mismo votaron la elección del líder socialista del PSOE, Pedro Sánchez.

Creo que muchos vascos y catalanes, una mayoría seguramente, aceptan como ciudadanos serlo dentro del Estado español y también de la Unión Europea. Pero la relación sentimental está arraigada, quieren ser reconocidos como pueblo (“demos”), se identifican con su historia y su lengua, les parece natural tener un alto nivel de autogobierno, están orgullosos de su iniciativa económica y de su tejido social o asociativo, quieren que se les reconozca con su identidad como catalanes o vascos. Hay bastantes voces, incluido el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez (del PSOE), quien ha declarado repetidamente que en España hay “plurinacionalidad”. Y lo reconoce la Constitución. Pero la “clase política y burocrática” tiene en Madrid (los madrileños no tienen ninguna culpa) su fortaleza, protegida por las Fuerzas Armadas, la Judicatura y su complicidad con los grandes grupos económicos. Nos encontramos con una democracia formal y un poder oligárquico real.

Ilustraciones: Víctor Solís

No es necesaria la ocupación francesa de 1914 y la instauración de la monarquía borbónica y centralizadora, ni los agravios sociales y económicos por los gobiernos, a pesar de los cuales Catalunya se desarrolló como sociedad urbana e industrial, se denominó “motor de España”. Las represiones políticas, sociales y culturales, con frecuencia violentas y que sufrieron las clases trabajadoras pero también, en menor grado, el catalanismo popular y de las clases medias. Hay mucho de verdad, aunque también de exageración y fantasía. Pero veamos el pasado real que está muy presente. La dictadura franquista reprimió las libertades políticas y los derechos sociales, y también a los pueblos de España considerados como nacionalidades —Catalunya, País Vasco y Galicia. Se anularon los estatutos de autonomía que aprobó la República en los años treinta y reprimieron la lengua, la cultura y cualquier atisbo de autonomía. El retorno a la democracia fue la muerte del franquismo y la multiplicación de la movilización social y también de las nacionalidades. El Estado era fuerte por la vía represora pero no era viable, sin embargo la oposición política y social no pudo imponer una República democrática como ocurrió en Europa al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, como ocurrió en Francia, Italia y Alemania. Hubo un pacto hacia el proceso democratizador pero con una monarquía impuesta por la dictadura y los aparatos del Estado (Fuerzas Armadas, Judicatura, las castas del funcionariado centralista y el bloque político-económico de las grandes empresas públicas y privadas y la gran mayoría de los medios de comunicación). En cambio se legalizaron los partidos, se convocaron elecciones y se reconocieron las nacionalidades a lo que se añadió una descentralización al conjunto de las regiones. A los estatutos de autonomía de Catalunya y el País Vasco, por su especificidad y por el reconocimiento constitucional de “nacionalidad”, corresponderían un estatus diferenciado (no privilegiado). De facto se unificaron nacionalidades y regiones. Pero, sobretodo, la perversión de la Constitución por los gobiernos centrales, principalmente del PP y en menor grado del PSOE. La evolución legal y jurídica, el abuso de las leyes “básicas”, la prepotencia del gobierno central, de los altos cuerpos administrativos, de los poderes fácticos y los aparatos de los partidos estatales redujeron los contenidos democratizadores y descentralizadores.

El caso de Catalunya es especial, negativamente. El País Vasco también tuvo ETA, la vía imposible de la violencia en la reciente democracia, Ni la mayoría vasquista asumía el terrorismo y menos aún con una ideología ultrarradical caricatura del marxismo-leninismo. Tuvo apoyo social pero minoritario. El PNV (Partido Nacionalista Vasco) ha sido hegemónico, de centro derecha y democrático. Recuperó el privilegio de disponer del concierto económico que le permite recaudar todos los impuestos y aportar una parte al Estado central. Mientras tanto la independencia estaba en el horizonte. Catalunya, dependiente del financiamiento, optó por un mayor autogobierno para recuperar las competencias y los consiguientes recursos. Pero su autogobierno y su capacidad de acción se iban reduciendo, incluso en temas tan sensibles como la lengua y la enseñanza. Se elaboró un proyecto de estatuto aprobado por el 90% del Parlamento catalán. Las Cortes españolas lo recortaron a pesar de que estaba en los límites constitucionales, según como se interpreten. Fue recibido mal en Catalunya pero se aprobó en referéndum (2006). El PP hizo campaña “contra Catalunya”, se hizo cargo del gobierno central y modificó la composición del Tribunal Constitucional (TC). La sentencia (2010) fue interpretativa, es decir “política”, aprobada por seis miembros del TC y cuatro en contra. Se suprimieron incluso partes del preámbulo que no posee carácter normativo y se eliminaron literalmente competencias que habían sido aprobadas en otros estatutos, como los de Andalucía y del País Valenciano. Indignación, humillación, injusticia. Fue la chispa que incendió la pradera. Y se inició un proceso con destino incierto para todos.

La reacción fue inmediata. Primero espontáneamente, a las semanas siguientes en 2010. Luego se crearon o se reactivaron organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural. Y gran parte del “municipalismo”, los gobiernos locales. El rechazo de los partidos catalanistas tanto los de centro derecha como los de las izquierdas, incluidos los socialistas (aunque tímidamente por la presión del PSOE). Todos contra el TC y el gobierno del PP. Y se exigió una consulta o referéndum para que la ciudadanía expresara qué futuro deseaba. La primera gran manifestación del 11 de septiembre (fiesta nacional catalana) de 2012 en Barcelona reunió a más de un millón de personas (en un país de siete millones de los cuales un millón son recientes inmigrantes de otros países no europeos). La movilización fue ciudadana, no promovida ni por las instituciones ni por los partidos políticos, aunque la apoyaron. Esta movilización se ha repetido cada año el 11 de septiembre, siempre ha superado un millón de personas venidas de toda Catalunya. A lo que se añadieron otras convocatorias, centrales y descentralizadas. Destacó la “consulta no legal” promovida por las organizaciones nacionalistas de centro y de izquierdas en 2014 y el municipalismo como una demostración de fuerza, lo que podríamos denominar “un movimiento expresivo”. El objetivo era exigir un referéndum que incluyera la posibilidad de la independencia. Votaron dos millones 300 mil a pesar de las amenazas políticas y jurídicas y la campaña mediática del gobierno español y el 90% votó por el referéndum. El gobierno catalán, la Generalitat, apoyó la consulta.

Entre 2012 y 2014 el objetivo “referéndum” fue superado desde la ciudadanía movilizada por “la independencia”. Y a partir de este momento se desarrollaron dos procesos paralelos y conectados de 2014 a 2017. El primero a cargo de las organizaciones nacionalistas de amplio espectro para promover las movilizaciones, con mucha participación de izquierdas sociales y culturales, y culminarían en un referéndum destinado a legitimar la independencia. El segundo encabezado por la Generalitat para fijar la ruta política y jurídica, que incluía elaborar dos leyes catalanas, una para “legalizar” el referéndum y otra para regular la transición a la independencia y se proclamaría mediante una declaración unilateral, “la república catalana”. A sabiendas que ni la Constitución, según el gobierno del PP (con el apoyo de C’s y PSOE) y el TC se opondrían y difícilmente entrarían en cualquier tipo de diálogo y menos aún a un pacto. El 1 de octubre de 2017 si no se planteaba una tregua el choque de trenes parecía inevitable. Se terminó el primer ciclo: la reacción ciudadana ante el escaso reconocimiento a Catalunya por parte de los aparatos del Estado y más concretamente el sentimiento de humillación y menosprecio del Tribunal Constitucional y el gobierno del PP. La movilización social a partir de 2012 fue creciente, culminó en 2014 con la consulta alegal. Y el gobierno catalán y los partidos independentistas (indepes) de centro y una parte de las izquierdas asumieron la dirección de la ruta: el independentismo que debía culminar en 2017. Fuera lo que fuese empezaba un nuevo ciclo.

 

Una vez se constató que había llegado el momento de la política. Pero los actores políticos hicieron todo lo necesario para que no fuera así. El conflicto interinstitucional se debe resolver mediante diálogos, pacto y elecciones, y si es posible cambiando los actores. En 2014 casi la mitad de la población catalana expresó su aspiración a la independencia y la otra mitad se dividía entre los no-independentistas sin más y los que consideraban que se podía hacer la consulta, fuera vinculante o no. Una consulta o referéndum tenía el apoyo de entre 70% y 80% de la ciudadanía catalana y todos los indicios señalaban que no ganaría la independencia. La muy discutible sentencia del TC, más bien aberrante, interpretativa, prejuiciosa y provocadora fue aplaudida por el gobierno español, el PP, Ciudadanos (C’s) e incluso el PSOE (con Felipe González al frente pero no el socialismo catalán). Era muy previsible la enorme reacción catalana, fueran indepes o no. La fechoría del TC se hubiera podido modificar pues según la Constitución, en última instancia, es el referéndum catalán el que aprueba o no el Estatuto. Podría haber dialogado sobre un nuevo referéndum y crear una comisión bilateral para tratar los posibles agravios dentro del marco constitucional y se hubiera creado un ámbito que facilitara el pactismo. Pudo garantizar las competencias propias y exclusivas en la lengua, la cultura y la enseñanza que corresponden a la “nacionalidad” catalana según la Constitución pero que son vulneradas o recortadas por el gobierno PP. O crear una comisión bilateral sobre los supuestos perjuicios económicos tanto en la aportación fiscal de Catalunya como las inversiones del Estado, o proponer leyes aplicables a Catalunya que anulen o modifiquen los recortes que perpetró el TC, etcétera. Hizo todo lo contrario, se negó a cualquier diálogo con el gobierno catalán y amenazó con todo el peso de la ley penal cualquier intento de forzar un referéndum o una declaración unilateral de independencia. Y desde el inicio de la movilización catalanista (2012) se promovieron campañas “anticatalanas” por parte del PP, con Rajoy al frente y también los Ciudadanos y una gran parte del PSOE. Hubo boicot a sus productos, rechazo a todo lo que viniera de Catalunya, se acusó a los catalanes de insolidarios. En cambio, los años setenta, aun con la dictadura, y los años siguientes de la transición a la democracia, los catalanes éramos recibidos con interés y entusiasmo (personalmente lo verifiqué). Aunque no fue unánime, amplios sectores de la sociedad española se sintieron ofendidos por el separatismo y sin conocer las razones de reacción emocional catalanas. El clima “anticatalán” artificioso pero arraigado contribuía al crecimiento del independentismo. El gobierno español transfirió a la Judicatura, la Audiencia Nacional (heredera del Tribunal de Orden Público, el aparato represor) y el Tribunal Supremo y el TC, que considerara como delitos la consulta festiva y tranquila del 9 de noviembre de 2014. Y todas las iniciativas catalanas posteriores que implicaran acciones para promover el referéndum o al proceso político-jurídico de declaración o de independencia se les aplicaría el derecho penal. Como dijo el presidente del Tribunal Supremo a Rajoy (presidente del gobierno y líder del PP) “lo que no hacéis vosotros lo haremos nosotros”. La cúpula de la Judicatura es probablemente el principal búnker del neofranquismo. Y así actuó a partir de los años 2015 y 2016 e inhabilitó a los principales gobernantes catalanes, incluido el presidente de la Generalitat, Artur Mas, el sucesor de Jordi Pujol. Y las iniciativas políticas proindependentistas eran judicializadas y sancionadas por la vía penal. Nos hace recordar la época de la dictadura que organizar un partido político, difundir críticas al gobierno o organizar una huelga se consideraba “sedición”, considerado como una “traición a la patria” (en mi caso fue por el solo hecho de ser militante del PC, sin prueba alguna; el tribunal militar que me procesó se denominaba EOA —espionaje y otras actividades—, y el juez me aclaró que en su caso sería sedición).

El gobierno catalán, la Generalitat, decidió que si les cerraban la carretera tomarían un atajo peligroso y lleno de obstáculos: anunciar la fecha de la declaración de independencia y elaboraron dos leyes, una para organizar un referéndum y otra de “transición” para dar un marco legal que inmediatamente proclamaría la declaración de independencia y de la república. Ambas leyes fueron obviamente denunciadas por el gobierno español y sancionadas por el TC. Pero fueron aprobadas por la mayoría independentista pero se opusieron, una mínima diferencia en el Parlament catalán, no sólo el bloque derechista PP y Ciudadanos (C’s). También los socialistas en nombre de la legalidad formal han ido a remolque del PP y C’s. El cambio de la dirección y la conquista del gobierno español con Pedro Sánchez, con los votos de Podemos y de los nacionalismos periféricos ha abierto una vía de diálogo (2018). El bloque de izquierdas (Podemos, los postcomunistas y los activistas sociales) ha defendido siempre el derecho de autodeterminación y el carácter plurinacional de España pero les parece actualmente inviable la independencia por parte del Estado español y el entorno europeo y consideran una mejor opción un grado mayor de autogobierno y de competencias propias de la “nacionalidad”. Las izquierdas no independentistas rechazaron el comportamiento del gobierno independentista que protagonizara un acto contrario a la Constitución y al TC (por discutible que sea) pues, sólo conduciría al fracaso y a la represión política y penal. Los movimientos sociales y políticos pasan por tres etapas, puede ocurrir que se superpongan, pero en muchos casos requieren procesos largos. Las rupturas o revoluciones no se pueden inventar, hay que contar con muchos apoyos y alianzas que no había y el Estado español es un entramado de aparatos muy complejo.

El movimiento “expresivo” tuvo su momento álgido en la consulta de 2014 en la que apareció una potencial fuerza. Debería seguir lógicamente la acumulación de fuerzas y la concreción de objetivos asumibles que desarrollaba el movimiento “reivindicativo” que presionaba a las instituciones para forzar diálogos y negociaciones que dependerían de las fuerzas encontradas. Pero no se hizo. Ciertamente, el gobierno no estuvo por la labor, por lo tanto lo inmediato era contribuir a cambiar el gobierno, como ha ocurrido ahora, en junio de 2018. La tercera etapa de los grandes movimientos transformadores o rupturistas culminó y fracasó en los últimos meses de 2017. Las rupturas se dan en situaciones críticas, es “un movimiento transformador” para promover cambios en la sociedad y en el Estado. En este caso se puede dar este movimiento que ha acumulado muchas fuerzas y mucho apoyo social y el Estado por razones externas y/o internas se ha debilitado, no tiene fuerzas suficientes para ceder cuotas importantes de poder. Los gobernantes independentistas, más amateurs que políticos, se saltaron la etapa reivindicativa y no tenían la más mínima posibilidad de enfrentarse contra los aparatos del Estado. Fueron muy poco competentes en evaluar las relaciones de fuerza. El Estado español es algo más que un gobierno incompetente y provocador, hay mucho más, no sólo los aparatos estatales, la Judicatura, las Fuerzas Armadas, gran parte de los medios de comunicación, la Alta Administración tradicionalmente conservadora y centralista y los poderes económicos, incluido el gran capital catalán. A ello hay que añadir una gran parte de la sociedad española intolerante ante la secesión catalana, en parte por razones atávicas debido a su mayor desarrollo y también por las campañas “anticatalanas” de los partidos estatales. Y también por la incapacidad de Catalunya de establecer relaciones amistosas y cooperativas con las comunidades autónomas (regiones) y la sociedad española y su diversidad. Es posible que en Europa se vea Catalunya con simpatía pero los Estados europeos y la Unión Europea (UE) son radicalmente contrarios a cualquier ruptura territorial. Ha habido intentos, incluso algunos importantes: Escocia hizo un referéndum o la región flamenca de Bélgica que ha conseguido derechos y ventajas. Y en ningún caso hubo apoyos internacionales de los gobiernos ni de la UE, solamente de personalidades diversas pero sin representación política.

 

La sociedad catalana es diversa y contradictoria. Como en todas partes. Pero tampoco vale simplificar que hay una mitad de independentistas y otra mitad en contra. Las elecciones catalanas recientes (diciembre de 2017) y las anteriores, aunque se pretenda aproximadamente que los partidos proindependentistas y 50% los contrarios al independentismo no puede equivaler a una consulta o referéndum. Es muy probable que una parte de los votantes a los partidos independentistas ante un referéndum hagan marcha atrás o los votan por indignación al gobierno del PP y de los otros partidos estatales (C’s y PSOE). El independentismo no se expresa igual con el PP que con la actual dirección del PSOE. El independentismo sólido ahora no supera el 40% y es muy posible que si se creara una comisión bilateral que reforzara el autogobierno sin menoscabar la Constitución se acercaría al 30%, por el dicho “más vale un pájaro en mano que muchos volando”. Entre los que votan a los partidos que no defienden el independentismo hay una gran diversidad de votantes. Los que votarían independencia si fuera viable, los que votan a las izquierdas por otras razones como las políticas sociales o por fidelidad partidaria y los que defienden o aceptan una consulta o referéndum y aceptarían una mejora significativa del marco estatutario de Catalunya, podrían representar entre 20% o 30%. Los que son radicalmente contrarios a la independencia, o “unionistas” por sus orígenes o ideología podría también rondar entre el 20% y el 30%. Estos números son muy aleatorios pues dependen de cómo se expresan los actores políticos. La imagen que se apunta es que no hay una mayoría independentista pura y dura que pueda imponer un referéndum y si se hiciera sería en condiciones que garanticen el no a la independencia pues el Estado y el gobierno españoles hubieran dialogado y aceptado mejoras de la autonomía. Pero tampoco es previsible una mayoría catalana que se conforme con la actual relación con el Estado centralista que destrozó el Estatuto de autonomía con la sentencia del TC, pone en cuestión la lengua y la enseñanza catalanas, castiga económicamente a Catalunya, aplica discrecionalmente el artículo 155 para convertir el país en una “colonia” y ha encarcelado a los líderes políticos independentistas (indepes) desde el mes de noviembre de 2017.

Sobre algunas resistencias en la sociedad catalana. Las organizaciones sociales y culturales y los partidos políticos y los gobernantes independentistas actúan como si la gran mayoría estuviera con ellos o aceptaran la independencia. Y no es así. Hay sectores de la sociedad que rechazan o les disgusta el catalanismo político, el estatuto de autonomía y las expresiones de independentismo. Una parte del funcionariado del Estado central, los colectivos de extrema derecha españolista y algunos sectores ultraconservadores o por sentimientos españolistas o vinculaciones muy fuertes con el Estado. No se puede evaluar pero representan una pequeña minoría y muy heterogénea. Sin embargo hay dos colectivos mucho más importantes y se oponen al independentismo: grandes grupos económicos y una parte numerosa de las clases populares de origen no catalán. Los grupos económicos potentes no sólo dan trabajo a una parte importante de la población activa y a los sectores profesionales y empresas que directa o indirectamente dependen de estos grupos. La gran mayoría acepta el Estatuto catalán y seguramente también más autogobierno siempre que sea pactado con el Estado. Pero rechazan la independencia pues temen el desorden que se pueda generar, las dificultades que pueda haber en las relaciones con España y, sobre todo, por la probable exclusión de la UE por un periodo largo. El gobierno catalán independentista no ha sabido o no ha podido establecer complicidades con estos grupos económicos. Cuando se anunció una declaración unilateral de independencia varios centenares de empresas, entre ellas tan potentes como La Caixa y el grupo Planeta, trasladaron sus sedes fuera de Catalunya. El efecto económico no fue grande pero sí el político y el simbólico. Sin embargo nos parece más significativo el comportamiento de las clases populares.

La cuestión de los sectores populares. Es seguramente uno de los grandes errores del gobierno catalán independentista. Su discurso, siempre en catalán, no llegaba a una parte importante de los sectores populares que tienen el castellano como lengua usual, aunque casi todos entienden el catalán. Incluso dudo que les llegó el reconocimiento del bilingüismo castellano y catalán en una Catalunya independiente. Hay razones prácticas como el temor al cambio y sus efectos como la seguridad de las pensiones o la pérdida de puestos de trabajo. Otro temor: que en una Catalunya independentista los ciudadanos de Catalunya pero de origen no catalán sean o se sientan “ciudadanos de segundo rango” en una Catalunya independiente. Y también se imaginan que con la independencia se corten o se dificulten las relaciones con sus familias en otras partes de España, con sus orígenes o de sus padres o de sus abuelos, con su cultura originaria, que por cierto se ha transferido a Catalunya, especialmente el flamenco (algunos de los mejores cantaores/as o bailarinas/es como Mayte Martin y Antonio Poveda y Carmen Amaya o la Chunga). Pero permitan una nota histórica que sea más explicativa.

Los catalanes originarios seríamos bastante menos de la mitad de población. Pero llegaron los “otros catalanes”, “els altres catalans”, como los calificó el escritor Paco Candel, inmigrante de niño y que vivió en un barrio de chabolas, en la montaña de Montjuic. Desde inicios del siglo XX a Catalunya llegaron muchos hombres y mujeres, familias enteras, de otras regiones de España. Empujados por la pobreza y la desocupación, con su lengua castellana, sus culturas y su ambivalencia. Encontraron trabajo y con mucho esfuerzo se aposentaron, tuvieron hijos y nietos. La emigración fue un proceso largo pero la emigración prácticamente se agotó en los años setenta. Sí que hubo un pequeño porcentaje que regresó a su lugar de origen, en la mayoría de casos jubilados. Pero la mayoría se quedó en Catalunya pues aquí tienen hijos y nietos. No hay catalanes por un lado y “castellanos” del otro, o son minorías extremas. Casi todos entienden el catalán y muchos son más o menos bilingües. Se han mezclado más o menos con catalanes originarios. Sus hijos y nietos aprendieron el catalán y la historia y geografía de Catalunya y muchos de ellos consiguieron una movilidad social positiva y bastantes llegaron a la universidad. La mayoría se consideran a la vez catalanes y españoles, unos por igual, otros más españoles que catalanes e incluso una minoría sólo se afirma como catalana e incluso independentista y una pequeña minoría se considera sólo español. No hay un apartheid, ni dos mundos opuestos, ni ciudadanos con plenos derechos y otros con menos derechos. Sí los hay, sucede con los inmigrantes que han llegado desde finales del siglo XX procedentes de países del resto del mundo.

Pero “los otros catalanes”, una parte muy importante de ellos, viven en barrios y en ciudades periféricas de Barcelona y de otras ciudades (Hospitalet, Cornellà, Badalona, Santa Coloma, Tarragona, Manresa, Sabadell, Terrassa, Mataró, Gerona, etcétera…). En estos territorios el castellano es mayoritario, aunque muchos lo hablen (en la escuela o en el trabajo) o por lo menos lo entienden. La cultura catalana strictu sensu está poco presente en estas zonas, muchas veces en barrios más o menos distantes del “centro” y que han sido durante años marginales, pero han mejorado considerablemente merced a los gobiernos municipales que casi todos han tenido alcaldías de izquierda. Todos, o casi, se han integrado en el mercado de trabajo y han mejorado sus condiciones de vida, muy similares a los “catalanes originarios”. Pero en gran parte están menos integrados en el territorio y en la cultura catalana, incluida la política. Un indicador interesante es cómo se ha votado. En los años finales de los setenta y los ochenta, la primera etapa de la democracia, votaron masivamente a los socialistas y a los comunistas en estas zonas donde viven los que fueron inmigrantes y sus hijos y nietos. Cuando el PCE-PSUC (partido comunista catalán) implosionó y perdió una fuerte cuota de electores una parte votó al PP e incluso a Convergencia (centro derecha catalán) por conservadurismo, pues había bastante que conservar como decía Juan de Mairena (el alter ego de Antonio Machado). El PSC (Partido Socialista Catalán) mantuvo una gran parte del voto popular en las elecciones municipales y estatales. En cambio el voto catalanista ganaba en las elecciones autonómicas. No hay ningún secreto, en las elecciones para el Parlament de Catalunya una parte importante de la población no originaria no votaba.

¿Por qué las poblaciones originarias de otras partes de España y de sus descendientes en bastantes casos se abstienen de participar en las elecciones catalanas y en las dos consultas? En las elecciones recientes (diciembre 2017) sin embargo hubo un voto masivo, incluido en los barrios y municipios donde predominaba fuertemente el castellano, de origen del resto de España, o sus hijos o nietos. Votaron poco a los socialistas y aún más a los “comunes” (el bloque de izquierdas). Votaron contra el independentismo, y como PP y PSOE estaban deslegitimados por sus políticas neoliberales, votaron a Ciudadanos que no había gobernado y que había sido el portavoz principal del antiindependentismo. Un indicador lo viví directamente. En una zona más proletaria o popular de Barcelona, Nueve Barrios con una población de180 mil habitantes, que votaban en gran mayoría a las izquierdas, nos decían “ahora votamos a Ciudadanos porque no queremos la independencia de Catalunya, pero en las municipales (serán en mayo de 2019) los votaremos a vosotros. Algo similar hubo en el referéndum no legal del 1 de octubre. En los municipios y barrios más “castellanizados” hubo mucha menos participación. Mientras en zonas centrales urbanas o rurales votaba el 60% o 70% de la población, en las zonas periféricas votaba el 30%. Conclusión: al catalanismo, a pesar del discurso, una gran parte de los “otros catalanes” no ha sido integrada no tanto en la cultura catalana originaria sino por resaltar la (o las) cultura(s) de las poblaciones de origen del resto de España. Obviamente no es toda esta población originaria del resto de España que no ha tenido los mismos comportamientos, especialmente por parte de los nacidos en Catalunya. Muchos de éstos tienden a comportarse parecido a los de los “catalanes originarios”, y entre ellos hay independentistas o de izquierdas, y se consideran catalanes y más o menos españoles. Pero también gran parte de los “otros catalanes” mantienen querencias con sus orígenes aunque no hayan nacido en las regiones de sus padres o abuelos. Sin embargo, el mantenimiento de barrios o polígonos periféricos y zonas importantes de las ciudades han recuperado sus culturas originarias y a ellos les llega la “cultura catalana” como algo que no es suyo. Se podrían haber desarrollado programas urbanísticos y de vivienda que en vez de crear conjuntos off ciudad promovieran la mixtura en el territorio de los catalanes originarios y los “otros catalanes”. Fue en gran parte una herencia del franquismo pero han pasado 40 años para haber reconstruido ciudades, centralidades y conjuntos dignos para todos. La mayor integración sociocultural de los “otros catalanes” hubiera contribuido reforzar las relaciones entre las poblaciones catalanas, sean autóctonas o allegadas, con las poblaciones del resto de España.

La manipulación españolista contra Catalunya del PP y de C’s ha inoculado un tóxico perverso: dividir y confrontar “españoles del resto de España contra catalanes” que sean independentistas o que no se muestran españolistas. Pero los partidos estatales han utilizado temores, desconocimiento y desconfianza de los políticos independentistas de los catalanes no originarios o de sus padres o abuelos a los que se les incita a movilizarse contra los “catalanes”. Y se han servido de las organizaciones o grupos de extrema derecha para provocar violencias y atraer a minorías pero no a la mayoría de la población arraigada en Catalunya. Pero sí han creado inquietud y temen la independencia. Se han desarrollado campañas para convencer a sectores de origen castellano que están amenazados por los gobiernos catalanes, más aún si se independizan y ellos serán tratados como inmigrantes, no podrán utilizar el castellano y perderán sus raíces y sus relaciones con las otras regiones de España, donde nacieron ellos o sus padres o abuelos. A pesar de todo las fricciones y fisuras se han multiplicado en la vida cotidiana, pero no hay y no es probable que haya una fractura social con confrontación político-cultural o étnica.

Sin embargo, uno de los grandes errores del independentismo catalán ha sido no haber desarrollado una política de reconocimiento a los “otros catalanes” y también a la sociedad española. Pero para ello había que desarrollar un proceso gradual, lento, profundo. En cambio se optó por el atajo precipitado, irresponsable y sin medios para avanzar y culminar con la independencia. El Estado español tenía todos los medios para impedirlo y reprimirlo. Y ni en una parte de Catalunya ni en el resto de España han encontrado apoyos. Veamos cómo se llegó al choque de trenes. Con errores enormes por parte de unos y otros.

 

Jordi Borja
Geógrafo y urbanista. Profesor emérito y presidente del Comité académico del Máster universitario de Ciudad y urbanismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).