Es desesperanzador observar que en un país con tantas necesidades y promesas incumplidas cada seis años se pretenda comenzar de cero, desechando de tajo lo anterior, sin que medien análisis, diagnósticos ni evaluaciones. Cuando lo que se afecta es la educación de millones de niños y adolescentes se incrementa el desconsuelo. La educación es el reino propicio para imponer el más descarnado voluntarismo que alimenta y se alimenta del protagonismo y de la ambición. “Quiero y puedo” pareciera haber sido el mantra de quienes han tenido en sus manos el poder de decisión. Y es que si “la educación es asunto de todos” qué mejor para un político que anunciar, promocionar y publicitar cambios espectaculares.

Hoy estamos ante una nueva consulta de la cual, según se ha dicho, emergerán las propuestas que se presentarán al Poder Legislativo con el objetivo de transformar el marco jurídico de la educación. Empero, no hay visos de que se esté gestando una reflexión colectiva pausada, ajena a filias y fobias.

Ilustraciones: Estelí Meza

Nada nos impide sin embargo emprender, en compañía de nuestros eventuales lectores, un ejercicio personal. Me he preguntado en los últimos días de qué manera las decisiones jurídicas, administrativas y políticas del gobierno peñista afectaron el entramado institucional de la educación básica. Igualmente me interesa identificar algunos de sus errores y aciertos y por fin verter algunas recomendaciones que incentiven el debate. Comienzo por señalar que, en efecto, hubo cambios importantes en tres ámbitos interconectados que son de importancia para la gobernabilidad del sistema: evaluación, control sobre la carrera docente y federalismo.

En la medida en que mi interés se centra en las instituciones y en los actores del sistema es útil retroceder en el tiempo hasta la llamada “modernización educativa” del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces la agenda educativa del gobierno mexicano se adhirió al discurso educativo internacional. Los tres asertos, casi dogmas, fueron: la educación que se ofrece es pésima; los sindicatos docentes son el principal obstáculo para mejorarla y la descentralización es buena y necesaria. En el caso de México, modernizar la educación significó modernizar al aparato educativo y modernizar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).1

Un cuarto de siglo ha transcurrido desde entonces. La política educativa se caracterizó por su carácter gradualista, aun cuando cada nueva administración impuso estilos propios y unas cuantas innovaciones. Pero visto en su conjunto, las orientaciones de los años noventa mantuvieron su vigencia en el nuevo siglo y hubo una continuidad que no se observó en otros países de la región, sujetos a fuertes vaivenes políticos. De ahí que las reformas legislativas de 2012-2013, pese a que en su momento se presentaran como una vuelta de tuerca, fueron más bien la cristalización de ese lento proceso reformista.

El objetivo primordial de los cambios legislativos consistió en utilizar la evaluación docente como un instrumento de control para disminuir la interferencia sindical en la esfera educativa con una ancla constitucional que dificultara cualquier intento de revertir su implantación. Los resultados electorales del primero de julio pasado sacudieron los cimientos de estas certidumbres y hoy —mientras unos auguran ruptura— otros luchan por recuperar la senda de la continuidad.

Por el momento reina la ambigüedad por lo que vale hacerse esta pregunta: ¿qué elementos de la llamada “reforma educativa” son útiles hoy para la gobernabilidad del sistema educativo y qué elementos, por el contrario, la ponen en riesgo? A partir de la observación de la escena educativa y política considero que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador otorga prioridad a la búsqueda de un arreglo institucional y político que recupere la alianza histórica del magisterio con el Estado pero —y esto es fundamental— sin echar por la borda aquellas piezas clave del andamiaje jurídico y administrativo vigente, que aseguran el mantenimiento de la rectoría estatal del sistema.

La primera pieza que quedó establecida en los cambios legislativos fue un servicio profesional docente cuya reglamentación es imprescindible si se aspira a tener maestros y directivos escolares bien preparados y con pagos adecuados. Hay mucho que repensar y modificar respecto a la Ley General del Servicio Profesional Docente publicada en septiembre de 2013, pero no cabe duda de que marca un cambio sustantivo respecto a la situación anterior en la que el trabajo profesional de los maestros no tenía siquiera un estatuto que le fuera propio.

Las modificaciones que se hagan a esta ley no pueden dejar de lado las quejas y sugerencias que a lo largo de estos cinco años los maestros han venido señalando en documentos, en movilizaciones y a través de las redes sociales, amen de las que se expresen en el curso de las consultas que se están llevando a cabo. Otra fuente muy importante a ser tomada en cuenta estriba en la recuperación de las experiencias adquiridas por quienes han laborado en el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y en la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por último, nada impide analizar estudios y experiencias internacionales que se hacen cargo de las necesidades inherentes a los diversos tramos de la carrera docente, desde la formación inicial hasta la jubilación. Un servicio docente profesional con reglas claras y razonables dignifica al magisterio, le brinda certidumbre y permite un paulatino mejoramiento de la educación.2 Sobre todo, delimita —sin producir interferencias— dos esferas: la profesional y la laboral. Toda vez que mediante las reformas de 2012-2013 se consiguió marcar esa frontera, resultaría un sinsentido que el equipo entrante prescindiera de los beneficios que esta norma introdujo. De ahí que si bien son necesarios cambios de fondo a la Ley General del Servicio Profesional Docente, ésta no debería  ser abrogada.

La segunda pieza que introdujo la reforma es la de un INEE como órgano constitucional autónomo del Estado (23 de febrero de 2013). De nuevo la ley reglamentaria que constituye el marco en el que el instituto opera, requiere de modificaciones. Pero esto no debe oscurecer el hecho de que el INEE es ya un referente internacional como centro generador de datos y de estudios confiables sobre el sistema educativo nacional. Una vez que el INEE se vea desembarazado de la camisa de fuerza con la que operó durante este sexenio, para lo cual el primer paso consiste en eliminar la sobrerreglamentación de todo lo referente a la evaluación de los docentes, estará en mejores condiciones de cumplir todas las funciones para las que fue creado. Quedan también pendientes otras dos cuestiones que deben repensarse: la necesaria interdependencia del INEE con la SEP y con los gobiernos estatales.

Con estas dos piezas clave, un servicio profesional docente pensado no en términos de control sino de un verdadero desarrollo profesional y un INEE desembarazado de la carga de un esquema para la evaluación docente agresivo y mal diseñado, el nuevo gobierno estará en condiciones de redefinir el arreglo político institucional entre el Estado y el magisterio organizado. No es posible, ni menos aún deseable, retroceder el reloj a los años noventa. Los maestros esperan algún tipo de reivindicación, pero la carrera magisterial como tal no puede ser reimplantada. Y si bien la gobernabilidad del sistema requiere de un nuevo acuerdo, éste no puede emular al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica que fue un pacto político firmado con la dirigencia de un sindicato monolítico y corporativo. Por último, el federalismo educativo no puede seguir funcionando sobre las mismas bases. A sus limitaciones originales se añadió la recentralización de la nómina magisterial que fue una respuesta coyuntural e incompleta, aunque necesaria, para poner freno a la ineficacia administrativa y a los abusos de los gobiernos estatales.

Todo indica que la propuesta de cambios legislativos en materia educativa será una de las primeras acciones del nuevo gobierno. Mis recomendaciones son sencillas. La primera consiste en evitar en lo posible la sobrerreglamentación, pues ésta no sólo provoca incumplimiento y simulación sino que es especialmente dañina cuando no se tienen claras las rutas sobre las cuales se quiere avanzar. La segunda recomendación consiste en conservar y fortalecer la autonomía del INEE, permitiéndole definir formas y tiempos de evaluación, aligerando el peso que ha significado para el instituto la sobrecarga de las evaluaciones docentes tal y como fueron diseñadas y dándole espacio y libertad para dar cumplimiento a otras funciones igualmente importantes. La tercera tiene que ver con la eficacia e implica diseñar mecanismos de coordinación que tomen en cuenta los recursos financieros y humanos que tiene el sistema y establecer condiciones y reglas claras para el desarrollo profesional de los maestros.

Las reformas del 2012-2013 mostraron que tenían pies de barro. Hubo, como ya dije, logros que no deben tirarse por la borda y errores a rectificar, algunos que fueron errores de concepción, otros achacables a la precipitación con la que se procedió. En mi opinión la solución que se quiso dar al “factor sindical” fue provisoria e inestable. El golpe que representó el arresto de Elba Esther Gordillo para el SNTE devino, con la nueva dirigencia nacional, en una aparente normalidad, normalidad fincada en la exclusión de los núcleos de maestros que pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Esa exclusión no impidió sino que incentivó la vehemencia de la protesta. Ya ni siquiera la eliminación de la “evaluación punitiva” cerrará las heridas. A ello se suma que la activación de los grupos afines a la maestra Gordillo produce nuevas y graves pugnas en el seno del campo “institucional”.

No hay recetas para destrabar estos conflictos, pero un planteamiento inicial consiste en que las nuevas autoridades políticas y educativas practiquen un real reconocimiento de las diferencias. Reconocer al otro, escucharlo, penetrar en su lógica, en el ritmo de sus tiempos. A mi juicio no es posible ya pensar en un acuerdo educativo cupular. Y más que un nuevo pacto se requiere de la autoridad, un trabajo cotidiano para generar consensos, un trabajo honesto, responsable, modesto y eficaz.

 

Aurora Loyo
Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.


1 Para ampliar este punto se puede consultar “Modernización educativa o modernización del aparato educativo?” (de Loyo, A.) en Revista Mexicana de Sociología, vol. 55, núm. 2, 1992, pp. 339-349. https://www.jstor.org/stable/3541115?seq=1#page_scan_tab_contents

2 Por ejemplo, la obra de la investigadora uruguaya Denise Vaillant: Construcción de la profesión docente en América Latina. Tendencias, temas y debates, OEI, 2004.

 

4 comentarios en “¿Todo nuevo otra vez?

  1. Aunque en la mayor parte del texto coincido, me parec que la desvinculación del INEE A la SEP sería un error; pudiendo suceder que se convierta en un negociazo, estimule la simulación en la evaluación y lo que le rodea, como sucede en el caso de la ES.
    Mayor autonomía sí, desvinculación no.

  2. Coinsodo , no se puede partir de cero, revisar, cortegir y/o complementar, podría ser una vereda para poder alcanzar el camino a una paulatina reforma en los sistemas educativos que estén bajo el manto gubernamental , bueno así tendríamos que definir a sus participantes, Tres grandes grupos mas uno; TRABAJADORES administrativos, SERVIDORES DE LA EDUCACIÓN (maestro), ALUMNADO, y más uno LA PARTE RECTORA , no , no incluyó en mi comentario a los sindicatos, hasta hoy solo son parte del problema y por tanto tendrán que ser eliminados o reducido a su mínima expresión, y con personalidad limitada. Los trabajadores Admistrativos desarrollan un papel importante como una herramienta en el Servicio Educativo; Maestro no es trabajador administrativo, ni es trabajador chanbista , ni “marchistas”, ni es un voto para el lider sondical, El maestro es un Servidor, es un Catedrático, es un Humanista, es un comunicador, es un Trasmisor de pensamientos , ideas , de ciencias y artes, el maestro es Mexico y el Universo, está es la reforma educativa y sus planes de estudio en los que tiene que consentrarse nuestra , nosotros los PADRES DE ESTOS ESTUDIANTES en todas las aulas de las escuelas del país.

  3. Completamente de acuerdo contigo, y me parece que hace falta también vincular a los hechos la ACE (Alianza por la Calidad de la Educación) firmada en mayo del 2008 con la intensión de impulsar una transformación en la calidad Educativa pero que fue una renovación del ANMEB 18 años después. Sería un error enorme eliminar los avances,.

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