Hoy en México tu origen determina tu destino. La entidad en la que naces determina el tamaño de tus sueños. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones con un diagnóstico correcto: los niveles de desigualdad y pobreza en nuestro país son inaceptables e insostenibles. La política pública del nuevo gobierno debe enfrentar estos retos con urgencia y como absoluta prioridad del Estado mexicano.
En su libro 2018. La salida López Obrador traza sus prioridades: “Crecimiento económico para mejorar las condiciones de vida y de trabajo […] No basta crecer macroeconómicamente: los beneficios del desarrollo tienen que llegar a las mayorías. La divisa es progresar con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso”.1 Es profundamente injusto que la escalera de movilidad social sea un mito para la mayoría de los mexicanos. Al terminar la primaria, alrededor de los 12 años, con cierta certeza podemos predecir, con base en sus niveles de aprendizaje, si una niña vivirá en la pobreza por el resto de su vida o si podrá soñar con ser científica y trabajar en un laboratorio de alta tecnología.
El potencial de salir de la pobreza empieza con la posibilidad de acceder a un sueldo digno. Los salarios premian el talento y las habilidades. Un joven que tuvo oportunidades de aprendizaje tendrá mayores ofertas salariales que un joven con problemas de lectura y comprensión. La correlación es universal: mejor capital humano es igual a mejores oportunidades laborales. No existe una beca, un subsidio o un incentivo a la inversión que pueda competir con un sistema educativo de calidad.
Ilustraciones: Estelí Meza
Las aulas son la primera oportunidad que tiene el Estado mexicano para ampliar o cerrar la brecha de desigualdad. De la política educativa que decida impulsar la nueva administración dependerá la calidad de vida de millones de niños y jóvenes. La tarea de gobernar pasa por enfrentar una serie de realidades que requieren atención inmediata y que no necesariamente entran en las visiones simplificadas de propuestas de campaña.
El desafío educativo que hereda el nuevo gobierno es enorme. Nuestro sistema está en un estado maltrecho. No hay condiciones materiales para propiciar el aprendizaje de manera incluyente a nivel nacional y para lograrlo se requiere de inversión consistente, transparente y eficiente. Hay datos que hieren: 19% de las primarias comunitarias tiene piso de tierra, 14% de las escuelas primarias no cuenta con un aula para cada grupo y 86% de los docentes de primaria reporta no tener suficientes o ningún material didáctico de apoyo disponible en su escuela.2
No debe sorprender entonces que los niveles de aprendizaje alcanzados por niños y jóvenes de nuestro país sean escalofriantes. Aunque cada vez hay menos niños excluidos de la educación obligatoria, no hemos garantizado que una mayor cobertura signifique un mejor aprendizaje.
Los resultados de la prueba PLANEA indican que el 50% de los alumnos de sexto de primaria está en el nivel más bajo de conocimientos en lenguaje y comunicación y el 61% en matemáticas.3 Estudiantes con este resultado presentan enormes carencias que limitarán su aprendizaje el resto de su trayectoria escolar. Cuando se acumulan rezagos educativos de esta magnitud en los niveles iniciales de escolaridad los efectos de esfuerzos en secundaria, bachillerato o universidad son limitados e ineficaces. Es imposible esperar que un maestro de secundaria pueda corregir un rezago educativo de seis años de primaria. Por eso, el mayor retorno sobre la inversión en términos de calidad y equidad se da en educación inicial y básica.
En el diagnóstico del presidente electo también están los jóvenes excluidos de la educación. Sin embargo, el reto de prevenir la deserción se tiene que atender desde su punto más dramático: la transición de la secundaria al bachillerato. Sólo dos de cada tres jóvenes transitan con éxito a la educación media superior.4 Una vez dentro, la tasa de abandono es de 13% por año.5 La deserción no se debe exclusivamente a una necesidad económica inmediata. Otras consideraciones incluyen frustraciones o una percepción de bajo retorno sobre su inversión en educación. Si más años de educación no incrementan el aprendizaje de manera sustancial y, por ende, no representan mejores oportunidades laborales, entonces los incentivos del sistema llevarán a los jóvenes hacia la deserción. Un joven de tercero de secundaria que trabaja en una tienda de abarrotes sabe que después de tres años de bachillerato sus opciones de empleo se reducen a esa misma miscelánea, por lo que su incentivo económico de permanecer en la escuela es cero.
La causa en gran medida se debe a que miles de maestros en México deben enfrentar los enormes retos educativos sin el apoyo que requieren y merecen para desempeñar su labor, actualizar sus conocimientos y mejorar sus estrategias de enseñanza. La falta de acompañamiento y capacitación a los docentes empieza desde su formación. Las escuelas normales sí tienen el potencial de ser semilleros del talento magisterial, pero durante años han sido olvidadas como parte de una estrategia prioritaria. Por ejemplo, la mitad de los planes de estudio de educación normal hoy vigentes no se han actualizado desde 2004.6 En consecuencia, la profesión docente atrae cada vez menos jóvenes universitarios talentosos. Entre 2004 y 2016 la matrícula en escuelas normales pasó de representar al 5.1% de los estudiantes de educación superior a tan sólo 2.4%.7
Hay también un descontento entre los docentes ligado a un incremento en expectativas y en evaluaciones que no han sido acompañadas del apoyo correspondiente. Por ejemplo, aunque la ley establece su obligatoriedad, 34% de los maestros de nuevo ingreso al ciclo 2014-2015 no contaba con un tutor asignado en el ciclo 2015-2016 y del 66% que sí, sólo 55% había tenido por lo menos una sesión de tutoría.8 Además, el presupuesto de desarrollo profesional docente ha tenido recortes importantes a lo largo de los últimos años: de 2016 a 2017 disminuyó de dos mil 733 millones de pesos a sólo mil 654 millones.
La capacidad de avanzar en soluciones ha enfrentado una dificultad seria: existen deficiencias severas en el manejo de los datos educativos. Las bases de datos de la SEP y de gobiernos locales tienen fallas e inconsistencias preocupantes. El hecho de que a un año de los sismos de septiembre de 2017 no tengamos listas confiables de escuelas dañadas y su proceso de reconstrucción es un ejemplo que revela la magnitud del desorden administrativo.
Es imposible mejorar un sistema si no existen datos para entender qué pasa en cada comunidad educativa. Lo mismo pasa con la transparencia presupuestal. A pesar de esfuerzos considerables para transparentar la nómina docente y generar certidumbre en el gasto educativo los ciudadanos aún no tenemos la certeza de que los recursos se aterrizan de manera correcta en beneficio directo de los alumnos, maestros y escuelas.
El rumbo de la política educativa tiene que partir del reconocimiento de la seriedad y urgencia de los desafíos mencionados. El derecho a la educación tiene que ser más que sólo una garantía de acceso a un pupitre, debe ser una garantía de adquirir habilidades que permitan a los jóvenes aspirar a un mejor futuro.
Tener certeza del aprendizaje de los alumnos y las características del sistema requiere de mediciones imparciales y confiables, para saber si estamos avanzando en la dirección correcta. Por primera vez México cuenta con un organismo autónomo protegido de presiones políticas: el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE). La continuidad del INEE no puede estar en juego. Pretender que la SEP sea quien mida el aprendizaje es igual que esperar confianza en una medición de pobreza de la Sedesol o un resultado electoral de Gobernación.
Avanzar en la calidad de la educación significa apostar por los docentes con vocación que quieren crecer y aprender. Los cimientos de los grandes sistemas educativos son los grandes maestros. Los docentes tienen derecho y necesitan reglas claras y justas en su trayectoria profesional. Su carrera no puede depender de sus contactos gubernamentales o sindicales. Las leyes deben garantizar que los mecanismos de ingreso y promoción dentro del magisterio sean justos, transparentes y claros. Regresar a un esquema de venta, herencia y control político de plazas sería fallarle a toda la comunidad educativa.
Contar con mecanismos transparentes de ingreso hace más fácil evitar que las plazas se asignen por consideraciones políticas y esos recursos públicos se malgasten. Los niños de México merecen maestros con talento y vocación, no familiares de líderes políticos cobrando nóminas sin pisar el aula.
Las reglas y procesos se tienen que cumplir de manera cabal y conforme a la ley para proteger a la comunidad educativa y generar confianza en familias y docentes. Deben aplicarse las consecuencias al ausentismo docente o al cierre injustificado de escuelas, pero también a los gobiernos estatales que no respeten la transparencia y justicia en la asignación de plazas y promociones. Si un maestro se prepara, toma una evaluación y obtiene un buen resultado pero se enfrenta con un sistema que bajo el agua sigue plagado de corrupción, entonces el falso proceso se vuelve absolutamente contraproducente.
Las leyes tienen importancia en la medida que se cumplen. En el caso de escuelas con instalaciones precarias o de maestros que no cuentan con los recursos y materiales necesarios (cuya provisión es responsabilidad de las autoridades), las reglas están fallando. En las evaluaciones, en la asignación de plazas y en el desempeño cotidiano de sus labores las normas del sistema educativo deben proteger a los maestros en la misma medida en la que les exigen ser mejores. Un incremento en las demandas que tenemos con los maestros deben estar acompañadas de un aumento aún mayor en la exigencia hacia el cumplimiento de obligaciones de las autoridades.
Apoyar a los maestros debe significar ayudarles a desarrollar habilidades que les permitan mejorar continuamente sus estrategias de enseñanza. La formación continua es el motor para la mejora docente y para lograrla es necesario garantizar, con leyes, acciones y presupuesto, que sea pertinente y accesible para todos los maestros. El presupuesto de capacitación se debe incrementar y eficientar. La profesión docente se debe revalorizar pero sin atención e inversión en las escuelas normales y la formación continua será imposible lograrlo.
Las mediciones son clave para mejorar, pero se tiene que construir sobre una base de credibilidad y justicia. Vincular evaluaciones de desempeño con consecuencias en su trayectoria profesional, sin antes garantizar que los maestros tengan acceso a contenidos y apoyos para enfrentar el cambio, merma la confianza y genera rechazo. Evaluar el desempeño es un proceso que se da en la mayoría de los espacios profesionales del país, no es incompatible con la labor docente. Un maestro que no puede ayudar a sus alumnos a aprender no debe estar al frente de un salón de clases. Pero para ser un proceso justo y válido se debe establecer sobre una base de apoyo mutuo, acuerdo y colaboración entre propios maestros y autoridades.
Cambios y nuevas políticas requieren espacios de retroalimentación, en donde los maestros compartan sus preocupaciones o dudas. Los canales de comunicación entre autoridades y comunidades educativas no se pueden limitar a mesas de consulta al inicio de cada administración o a interlocución con líderes sindicales que tienen sus propios intereses. Se requiere un sistema que permita flujos de información de manera libre y eficaz entre autoridades y comunidades educativas sin riesgo de censura. Por ejemplo, los docentes o supervisores deben poder reportar irregularidades en los procesos estatales y federales de evaluación y asignación de plazas, o los padres de familia, aclarar mitos o preocupaciones como un posible mal uso de recursos en su escuela.
El enorme capital político que los resultados electorales otorgaron al nuevo gobierno ofrece una oportunidad única para coordinar esfuerzos entre el gobierno federal, Poder Legislativo y en los gobiernos locales. El legado de esta confianza ciudadana debe ser un sistema educativo que sea un motor real hacia la equidad. Más allá de las prioridades presupuestales y nuevos programas que se decidan impulsar como parte de las políticas de la administración entrante, la realidad educativa requiere atención y presupuesto a corto plazo.
Los retos educativos en México son complejos y no hay una ruta fácil. La transformación en el corto plazo sí es una meta alcanzable siempre y cuando se fortalezcan los procesos y las políticas valiosas y se aprenda de los errores. Las áreas de oportunidad no dan espacio a ocurrencias o improvisaciones. Las comunidades educativas no tienen el lujo del tiempo para empezar de cero.
Por justicia a las próximas generaciones no podemos permitir que un eje tan central en el combate a la pobreza sea una moneda de cambio en negociaciones políticas o electorales. Para millones de mexicanos, su proyecto de vida, sus sueños y su capacidad de salir de la pobreza se definirán en los siguientes seis años.
Alexandra Zapata
Directora de Educación e Innovación Cívica en el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).
Pablo Clark
Investigador en el IMCO.
1 Andrés Manuel López Obrador, 2018. La salida, México, Editorial Planeta Mexicana, 2017, pp. 177 y 178.
2 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Infraestructura, mobiliario y materiales de apoyo educativo en las escuelas primarias, ECEA 2014, México, INEE, 2016. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscador-Pub/P1/D/244/P1D244.pdf consultado el 01/09/2018, p. 57.
3 INEE, PLANEA Resultados Nacionales 2015. http://www.inee.edu.mx/images/stories/2015/
planea/final/fasciculos-finales/resultadosPlanea-3011.pdf, consultado el 29 de agosto de 2018.
4 Patricio Solís, “La transición de la secundaria a la educación media superior en México: el difícil camino a la cobertura universal”, Perfiles Educativos, 2018, pp. 66-89.
5 Secretaría de Educación Pública, Principales cifras del sistema educativo, 2016-2017, México, 2018.
6 Cálculos propios con datos de SEP-DGPPYEE, Formatos 911.9A.
7 Cálculos propios con datos de SEP-DGPPYEE, Formatos 911.9A.
8 INEE, La educación obligatoria en México-Informe 2018, México, 2018. http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/243/P1I243.pdf, consultado el 29 de agosto de 2018.
