México tiene una actitud curiosa ante sus emociones. Desde ellas, una relación complicada con los elementos no emocionales de la realidad, y hacia los instrumentos que componen las mecánicas sociales, los procesos lógicos y los acuerdos medianamente aceptados como la ley, las reglas del poder y el ejercicio político.

El efecto inmediato de dichas relaciones es el subjetivo balance entre los actos de quienes componen nuestra sociedad y sus posteriores consecuencias. Ante ciertas tragedias o condiciones hemos dado atisbos de comunidad y en esos momentos, de forma simultánea, logramos disociar el objetivo común de las vías que permiten llegar al espacio compartido. A menudo, se defiende no el objetivo sino la imagen que tenemos de él. Es indudable el daño que ha hecho la corrupción a este país, sin embargo, ha sido frecuente que conforme se desarrolla su diagnóstico, se identifican causas o se esgrimen soluciones, el juicio, según las conveniencias o filias, reste importancia al acto corrupto para dársela al perpetrador. Así, en México la corrupción de tintes partidistas nunca aceptó la responsabilidad del organismo político que amparaba al corrupto y siempre individualizó los delitos una vez que estos comenzaban a afectar su imagen. En México, todos los costos se miden en virtud de la afección, positiva o negativa, que tiene sobre la imagen y la percepción. No a los costos sobre los acuerdos, reglas o límites de la realidad.

Años de malos gobiernos, malos políticos y diseños gubernamentales, dispuestos para consolidar una estructura disfuncional que facilita lo incorrecto, son causa de esa mirada que contiene gigantescos peligros para la construcción democrática de un país: la institucionalización de la subjetividad.

Históricamente, los gobiernos mexicanos habían relativizado abusos, defectos e ilegalidades para eludir las consecuencias de sus actos. Se transformaron en expertos para justificar, incluso con razones tan improbables como inverosímiles, acciones y políticas difíciles de defender en un Estado serio. En los años previos a la transición, relativizar lo indefendible abonaba a la simulación democrática, permitía perversamente la continuidad de un engaño que buscaba sustento en la operatividad del país. Si los gobiernos se convencían de que las cosas marchaban, aunque sea mínimamente y desde su perspectiva, estaban seguros de contar con la indulgencia social. Algo de razón tuvieron y en ella recae la responsabilidad ciudadana de nuestra adecuación, hasta cierto punto en el calendario, a la indecencia de un esquema político y de gobierno. La administración de Peña Nieto operó con esa lógica, queriendo hacer pasar la corrupción de sus miembros como eventos de individuos y no del partido que representaban. Sobra decir que el ejercicio no tuvo los resultados de otras épocas.

Las resistencias que se hicieron ver en los procesos electorales desde 1988, así como los levantamientos sociales de 1994, no pueden separarse del resultado en las elecciones del año 2000. Probablemente ahí se dio inicio a la metamorfosis de la democracia mexicana que, para muchos —intuyo a partir de varias lecturas—, da la impresión de cerrar un ciclo e inaugurar otro con el arribo del próximo gobierno. Una enorme parte de esas resistencias otorgó al movimiento de López Obrador la legitimidad de su triunfo. Fuera de la obviedad de las últimas líneas, su paradoja descansa en que esa legitimidad, sólo y únicamente concentra las virtudes de éste, no de su proyecto y, por un asunto de evidencia temporal, tampoco de su futuro gobierno. Como en cualquier democracia, ni uno solo de los votos que recibe el candidato ganador le da legitimidad a las acciones de gobierno que deberán ganársela en el ejercicio de éste. Es de suponerse, el tiempo implorará prudencia antes de emitir juicios anticipados sobre la gestión. Ni siquiera los muchos meses que el sistema mexicano impone, de manera original frente a otras naciones democráticas, entre las elecciones y la toma posesión, deberían apresurar los ímpetus de crítica sin fundamento —los fundamentos llegan solos—, pero también de avisos y señales que indican, a tono de campaña, entonces de imagen, el tipo de administración que piensan llevar. El gobierno entrante no parece adoptar esto; confunde los tiempos de los favores de la legitimidad, arriesgándose a replicar la relativización de la que se han aprovechado los gobiernos predecesores.

Antes, las estructuras de los partidos les servían para alimentar la justificación de sus declaraciones. Su validez entraba en los terrenos del escepticismo al no contar, necesariamente, con respaldo popular. Hoy, que ese respaldo es numéricamente incuestionable, se abre la puerta a la justificación que depende de la percepción e inquietudes de una mayoría, sólo por el hecho de ser mayoría. Los elementos de la democracia electoral, llevados a democracia social, solo pueden minar la responsabilidad que obliga esta forma de gobierno y de convivencia. No por contar con el apoyo de los más se tiene razón. Como, claro, tampoco sucede de forma inversa. La razón no es producto del consenso.

Uno de los riesgos más grandes que amenazan a cualquier individuo es convencerse de una razón que no necesita de antagónicos para comprobarse. De contar sólo con la aprobación de semejantes sin divergencia, o bien, desechando la visión crítica que analiza las cosas minuciosamente y en oposición, el diálogo se convertirá en un monólogo de muchas voces que corean al unísono, sin detenerse a revisar las posibles fallas de lo aparente. De esta forma se construye, eficazmente, la percepción e imagen que se quiere de sí, y se relativizan los errores que otros ven y uno no. Cuando el autoconvencimiento sobrepasa al individuo para llevarse a los asuntos de gobierno aparece lo que nadie en su sano juicio puede desear sin preocupaciones: la inestabilidad y fragilidad del Estado.

Por años detestamos el presidencialismo, pero hoy nos decantamos con pasión por él. El limbo político en que se sitúa López Obrador y su equipo, efectivamente se ampara en que ninguna de las declaraciones o promesas que se den en los siguientes meses, son acciones de gobierno. Son sólo su imagen y ellos, como las sociedades, son también la idea que se hacen de sí mismos, tanto en la percepción como en el imaginario que se ha construido. Ambas condiciones, al no poder contar aún con pruebas de sus resultados, dependerán únicamente del cobijo que da la legitimidad de la victoria. Su defensa requiere la efervescencia de una campaña que, por definición y posibilidades, es la versión limitada, superficial y seductora de la política, gracias a su necesidad de hacer empatía y a la falta de espacio para explicaciones detalladas que provocarían hastío, animadversión o respuesta técnica y política anticipada. El ejercicio de gobierno real no busca seguidores, busca gobierno. Querer gobernar, ya sea un país o una comunidad de vecinos, obliga alejarse de la convención que se crea en las campañas y pide la verosimilitud que otorga el juicio de simpatizantes y contrarios. Sobre todo, los últimos.

Es imperativo que el próximo gobierno de México encuentre el equilibrio con el que sus posturas, dichos y actitudes, no sean defendibles sólo desde su visión e imaginario.

El proceso electoral de este año estuvo inmerso en la frivolidad. En postulados variopintos que entusiasmaron sin explicarse a profundidad. De las infinitas muestras que dieron los perdedores, por su condición, no veo caso en desmenuzarlas. Cada uno de ellos merecía perder. Salir de la frivolidad pide entender que sólo las posturas provenientes de López Obrador, aunque equiparables a sus pares en algunos instantes de las campañas, merecen singular atención desde el anuncio de su triunfo y por los siguientes seis años. Por sus alcances, las medidas poco sustantivas y altamente simbólicas difícilmente harán más que alimentar la legitimidad del proceso electoral, no la del gobierno. Por mi cercanía a un sector que entiendo mejor que otros, pongo un ejemplo. Más allá de sus complicaciones prácticas —seguridad, costos, operatividad del aparato de la oficina de la presidencia, etcétera—, el proyecto de transformación para los Pinos es frívolo. Se parece más al espectáculo de la toma de Versalles que a la construcción de la República. Sigo sin encontrar un argumento que justifique la creación de otro centro cultural en una zona con abundante infraestructura similar. Por otro lado, los costos de la descentralización pueden impedirla y apenas permitir el traslado de secretarías menores o de institutos con los que se demuestre de manera simbólica la promesa de campaña. Sólo simbolismos dan un Estado simbólico.

La democracia es también el aprendizaje de la responsabilidad. Los gobiernos con poca o nula legitimidad, así como sus simpatizantes, aquí y en el mundo entero, teorizan desde la interpretación de la ley, muchas veces maniquea. Los gobiernos de amplia mayoría y quienes la conforman tienden a dejarse seducir por la teoría envuelta en arrogancia.

La arrogancia y la ignorancia política encuentran su antídoto en la duda. ¿Cómo se gobierna sin dudar? ¿Cómo se juzga un gobierno desde las más absolutas certezas?

 

Maruan Soto Antaki
Escritor. Ha publicado Casa Damasco, La carta del verdugo, Reserva del vacío, Clandestino, El jardín del honor y la trilogía compuesta por Pensar Medio Oriente, Pensar México y Pensar Occidente.
Twitter: @_Maruan.

 

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