El pasado 6 de diciembre, la bióloga Julia Carabias recibió la Medalla Belisario Domínguez, como reconocimiento a su incansable protección a la naturaleza y medio ambiente. Publicamos el discurso que pronunció durante la ceremonia.

Señor Presidente de la Mesa Directiva del Senado
Señor Presidente de la República
Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia
Señor Presidente de la Cámara de Diputados
Señor Gobernador del Estado de Chiapas
Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
Señores Secretarios
Señoras y señores legisladores de la Sexagésima Tercera legislatura
Senador Zoe Robledo, gracias por sus palabras

Recibo esta altísima distinción con mucho orgullo y enorme gratitud. Aunque hoy esta Medalla de Honor recae en mi persona, la considero un reconocimiento a la vital importancia que la naturaleza y un medio ambiente sano tiene en la construcción de un país justo, equitativo y con bienestar social, principios por los que Belisario Domínguez, ejemplar y heroicamente, entregó su vida en 1913.

Hace 40 años me integré como profesora de carrera a la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde he permanecido toda mi vida, excepto por un paréntesis de siete años en los que serví a mi país desde el gobierno, aunque sin interrumpir mi labor docente. En aquel entonces, la conservación de la naturaleza y del medio ambiente en general, no sólo eran temas ausentes, sino que incluso eran vistos con menosprecio por no formar parte de las ciencias duras y exactas.

Desde la academia hablábamos del ecodesarrollo, no se había acuñado aún el concepto de desarrollo sustentable. No habían surgido aún las organizaciones ambientalistas mexicanas, y la incipiente política ambiental se limitaba al ámbito de la salud humana.

Sin embargo, ya había evidencias científicas sobre el deterioro que estaba provocando el crecimiento económico sin criterios ambientales. Bajo la errónea visión del cuerno de la abundancia y de que el progreso justifica cualquier impacto ambiental, se deforestaron masivamente las selvas tropicales, degradaron los bosques, erosionaron los suelos, contaminaron los cuerpos de agua y el aire, se abatieron los acuíferos, y se arrojaron residuos sólidos y peligrosos por los campos, barrancas, ríos y mares.

En los años ochenta estas evidencias lograron trascender los muros de la academia, aunque de manera precaria y limitada. La sociedad reaccionó con una sorprendente proliferación de organizaciones que lograron posicionar los temas ambientales en la agenda nacional. 

Incluso los partidos políticos incorporaron esta preocupación en sus plataformas, y el Estado respondió en 1982 con la creación de la primera institución propiamente ambiental, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y poco después con una ley ejemplar, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que fue un parteaguas no solo para México sino también para América Latina. Sin embargo, la dimensión ambiental seguía siendo muy marginal y confinada a resquicios que no estorbaran la producción y la inversión.

El contexto político y cultural motivó a muchos jóvenes a comprometerse con la protección de los ecosistemas naturales y con las comunidades campesinas, promoviendo sistemas productivos más amigables con el medio ambiente. Las áreas naturales protegidas, particularmente las Reservas de la Biósfera, se fueron extendiendo, las investigaciones sobre el manejo de recursos naturales empezaron a reconocerse y las organizaciones dedicadas a su conservación se consolidaron.

La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, significó un parteaguas mundial y los temas ambientales alcanzaron el mayor momento de atención en las agendas globales. México no se quedó atrás: en ese año nació la hoy prestigiadísima Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la mejor en su género en el mundo. Poco después, en 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca.

Así, surgieron nuevas instituciones, políticas, leyes e instrumentos, y se formaron centenas de profesionistas en el tema ambiental. Poco a poco, se fueron acercando las dimensiones sociales, ambientales y económicas. Lamentablemente, el ímpetu de los noventa se desaceleró en el mundo al cambiar el milenio y otros conflictos globales ganaron la atención, entre ellos, el terrorismo y la violencia.

A pesar de los esfuerzos de las Naciones Unidas, la agenda ambiental no fue objeto del interés y la atención necesarios. Esto también se reflejó en México: las instituciones se debilitaron y los presupuestos disminuyeron. El primer revés institucional se expresó mediante la desincorporación de los recursos pesqueros de la Semarnap, para quedar la actual Semarnat.

Con altibajos, las políticas ambientales han evolucionado en lo que va del siglo, pero aún sin la prioridad que demandan las apremiantes necesidades. De manera destacada, la Suprema Corte de Justicia ha incorporado muy seriamente en su agenda la defensa de los derechos ambientales, y se aprecian cambios muy significativos que deben ser profundizados y extendidos. El reconocimiento de la responsabilidad por daño ambiental y el interés difuso para proteger al ambiente. Sin embargo, el incumplimiento de la ley y de las sentencias de la Corte, propician el deterioro ambiental, y en este tema también nos urge un cabal estado de derecho.

A pesar de los avances indiscutibles, no estamos ganando la batalla y el deterioro ambiental avanza más rápido que su freno y reversión.

Sabemos que la producción de alimentos en la agricultura, ganadería y pesca, es lo que ha provocado mayores transformaciones en nuestros ecosistemas naturales. Hemos perdido más de 90% de las selvas tropicales húmedas, 16% de los acuíferos, de los que depende la agricultura de riego y el funcionamiento de grandes ciudades, están sobreexplotados, 83% de las pesquerías han llegado a su límite o están rebasadas, 50% de los suelos tienen algún grado de erosión, y la pérdida de biodiversidad acompaña a esta degradación.

Esta perspectiva se agrava si consideramos que en las siguientes dos décadas será necesario incrementar sustantivamente la producción de alimentos para satisfacer una demanda de más de 140 millones de personas. Pero no será viable hacerlo con un enfoque de “más de lo mismo”. Es imperativo que la producción de alimentos incorpore criterios ambientales y una política de seguridad alimentaria sustentable, que disminuyan sus impactos y respete los ecosistemas naturales. Para ello hay que impulsar la investigación, que ha quedado muy menguada.

No estamos entendiendo al campo mexicano con todas sus dimensiones: el campesino no es solo un agricultor, es el dueño de los ecosistemas naturales más valiosos que tiene nuestro país, y por ello las políticas para el campo no pueden limitarse a la producción agropecuaria sino a una verdadera conservación y manejo sustentable de los recursos naturales, que beneficie a sus propietarios al tiempo que garantice a la nación la preservación de su patrimonio natural.

En la medida en que la población se concentró en las ciudades se reforzó una cultura urbana desvinculada de la naturaleza, con la que hemos perdido conexión. En general, se ignora de donde provienen los alimentos o el agua, y el costo ambiental que conlleva su abasto. Solo se adquiere cierta conciencia cuando nos enfrentamos a situaciones críticas, como las inundaciones o la escasez de agua, y en el mejor de los casos, empiezan a entenderse los impactos del cambio climático.

Nuestra dependencia de la naturaleza no está reconocida, ni arraigada en el imaginario colectivo. La población de las ciudades seguirá creciendo y con ello la demanda de recursos naturales. Necesitamos balances adecuados entre ciudades sustentables y el campo. 

El progreso de la humanidad, muy real, ha incurrido en un costo inaceptable para el planeta y las especies. La ciencia ha demostrado que la interferencia humana sobre el funcionamiento de la naturaleza no tiene precedente, particularmente en las últimas siete décadas, y que se han transgredido muchos de los límites biofísicos que mantuvieron estables al medio ambiente y a la civilización en los últimos 10 mil años, poniendo en riesgo a muchas de las manifestaciones de la vida, incluyendo a nuestra propia especie.

No estamos siquiera conscientes de que los humanos somos una especie más que habita en este planeta, surgimos de los mismos procesos evolutivos que conformaron todas las demás especies, y somos parte de la biodiversidad. Nuestra característica diferenciadora como especie pensante, no nos da el derecho de interrumpir la evolución de las demás.

El embeleso de las sociedades por el crecimiento sin límites, la veneración al mercado y el consumo enajenado, la falta de criterios ambientales en los sistemas de producción, el incremento poblacional, son los principales factores que están degradando los propios recursos naturales en los que se sustenta tanto el crecimiento económico como el consumo. Se prioriza la maximización económica a corto plazo y el Producto Interno Bruto crece a costa del capital natural.

Por un lado, amplias franjas de la población, que tienen un poder adquisitivo de medio a alto, han sido presas del consumo obsesivo, al tiempo que se frustran y angustian si no logran esta aspiración.

Por otro, en algunas regiones de mayor pobreza del país, que coinciden con una alta diversidad biológica, el incremento poblacional sigue siendo vertiginoso y el resultado ha sido un círculo vicioso de pobreza y deterioro ambiental. Se requiere reforzar las políticas poblacionales para que las mujeres, con educación, acceso a la información y a los servicios de salud reproductiva puedan tomar una decisión, libre, informada y responsable sobre su maternidad. Necesitamos políticas que abran oportunidades de educación y empleo, sobre todo para las jóvenes.

La actual ruta de desarrollo insustentable nos está llevando a un callejón sin salida, y nos confronta con dos problemas éticos: estamos limitando las opciones de las generaciones futuras, y estamos alterando las condiciones de vida del resto de los seres vivos y, quizás, el curso de la evolución.

El respeto a los derechos humanos, incluidos los de las generaciones futuras, el reconocimiento del valor intrínseco de la naturaleza y el principio precautorio, son elementos que nos permitirían construir una nueva cultura y una nueva forma de desarrollo en nuestro siglo. De eso se trata el desarrollo sustentable y para lograrlo se requieren cambios muy sustantivos. Sí hay, definitivamente, alternativas a la crisis ambiental que vivimos.

Estoy convencida de que uno de los elementos clave para el cambio radica en basar la toma de decisiones en la mejor ciencia disponible, lo cual, lamentablemente, tampoco forma parte de la cultura política nacional. Lograr este objetivo requiere ciencia de calidad, y México la tiene; ponerla al alcance de quienes toman decisiones, lo cual no ocurre con frecuencia; generar más espacios de interacción entre la ciencia y la toma de decisiones; estar dispuestos a asumir los costos políticos de una decisión informada, reconociendo los riesgos inaceptables de la inacción; monitorear y evaluar los resultados y calibrar y ajustar las políticas si fuera necesario.

Este proceso debería formar parte del ciclo del diseño, aplicación y evaluación de las políticas públicas. Lamentablemente, muy pocos científicos expresan sus hallazgos en un lenguaje asequible a la sociedad y a los tomadores de decisiones, en parte porque los mecanismos de evaluación del desempeño de los científicos no premian ni fomentan esta importante tarea. Esto debe revertirse.

Las políticas públicas no pueden continuar fragmentadas sectorial y temáticamente. Deben atender los problemas nacionales con una visión integral, territorial e interdisciplinaria. Es indispensable transitar hacia una nueva generación de instituciones y mecanismos de gestión que respondan a los retos globales ambientales y sociales del siglo XXI. Las instituciones y los tres órdenes de gobierno requieren mecanismos de coordinación, con transparencia y rendición de cuentas, así como la apertura de espacios para la participación de la sociedad.

Las áreas naturales protegidas son los espacios que la Nación decidió destinar a la conservación de los ecosistemas naturales, por la importancia de su biodiversidad y de los servicios ambientales que proveen. Se necesita consolidarlas, fortaleciendo a la institución responsable, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, incrementando sus recursos económicos y humanos, y respaldándola en su difícil trabajo cotidiano.

Deben desactivarse las presiones constantes que provienen de agresivos proyectos que van en contra de los objetivos para los que fueron creadas las áreas naturales protegidas, como es el caso de la minería, la construcción de infraestructura y de desarrollos turísticos, e incluso de las invasiones.

Las áreas naturales protegidas deben entenderse como espacios estratégicos que pueden detonar el desarrollo regional sustentable, para que la población que en ellas habita, así como en su periferia, alcance una calidad de vida digna. La suma de otros instrumentos de protección y manejo de recursos naturales y su aplicación coordinada como el pago por servicios ambientales de la Conafor, el manejo de la vida silvestre, la restauración, el ecoturismo, el manejo forestal sustentable, el ordenamiento territorial, permitirá conciliar en estas regiones el desarrollo con la conservación.

Tenemos la oportunidad de reforzar estos temas en la Ley General de Biodiversidad que se encuentra pendiente de dictamen en el Senado.

Reconozcamos que la conservación también genera importantes empleos e ingresos y que ayuda a la superación de la pobreza de quienes habitan en estas regiones.

Sr. Presidente: hace un año, un año y un día para ser precisos, usted visitó la Selva Lacandona en Chiapas, la región que por su alta biodiversidad y sus indispensables servicios ecosistémicos ha sido priorizada para la conservación de sus ecosistemas naturales. En ella habitan miles de personas que viven en condiciones de pobreza, y padecen las tensiones entre la conservación y la forma en que se ha fomentado el desarrollo económico y social en la región.

En aquella ocasión usted se reunió y escuchó a un grupo de representantes de comunidades y organizaciones quienes le expresaron sus preocupaciones por las amenazas que gravitan sobre sus recursos naturales y por las condiciones de precariedad en las que viven. Usted definió en esa reunión medidas de gran trascendencia: No se construirá una presa en el río Usumacinta; se decretó región libre de explotación de hidrocarburos y minería; se refrendó la importancia de la conservación de las áreas naturales protegidas y de no permitir invasiones en ellas, y se comprometió un programa de inversión para proyectos sustentables con base en programas de desarrollo comunitarios.

El secretario de Medio Ambiente, en coordinación con otros secretarios de su gabinete, han ido cumpliendo este compromiso. Por ejemplo, el 30 de agosto pasado su gobierno anunció una inversión anual, a perpetuidad, para fondear a través del Fideicomiso Nacional de Cambio Climático, parte de los proyectos de inversión en esta región.

La construcción de estos procesos se ha basado en la experiencia acumulada durante décadas en la región por parte de asociaciones civiles como Natura y Ecosistemas Mexicanos, de instituciones gubernamentales como la Conabio, y de muchas personas y funcionarios comprometidos con la conservación de las áreas naturales protegidas y con el desarrollo sustentable, desde el gobierno estatal y federal. Ejemplo de ellos son las empresas comunitarias que operan proyectos productivos sustentables y generan empleos e ingresos a partir de sus ecosistemas naturales conservados.

La clave de las experiencias exitosas ha sido involucrar a las comunidades locales y sus autoridades, a la sociedad civil organizada, instituciones académicas, a los tres órdenes de gobierno y sobre todo facilitar el diálogo constante, el cumplimiento de compromisos y la tolerancia, inclusión y respeto. Estos procesos han generado confianza y esperanza, aunque no falta quien los obstaculiza por intereses ilegítimos. Por ello el proceso está aún en construcción y es frágil. Deben hacerse todos los esfuerzos por mantenerlo y consolidarlo y convertirlo en una política de largo plazo, no permitiendo que se quede en una experiencia piloto más. Su éxito permitirá que la región más biodiversa del país se conserve y su población viva en condiciones dignas y de bienestar social y que se convierta en un ejemplo replicable en otras regiones similares.

No puedo dejar de referirme a una coyuntura que se está debatiendo en estos momentos en el Senado de la República, me refiero a la Ley de Seguridad Interior. Considero que es de gran importancia abrir un debate profundo e incluyente que permita encontrar una salida que reconozca la labor realizada por las Fuerzas Armadas e intente reconstruir la seguridad y revertir la espiral de violencia y, al mismo tiempo, impulse alternativas en la procuración civil de justicia para fortalecer la democracia, la seguridad pública, el estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, todo ello en consonancia con nuestra Constitución.

Concluyo esta intervención con un mensaje de esperanza. Si bien falta mucho por andar, las experiencias exitosas resultado del trabajo y convicción de centenas de organizaciones y ciudadanos, actuando en todo el país y muchos de ellos jóvenes, son una muestra de que se pueden hacer las cosas de manera distinta en beneficio de un futuro promisorio. Pero esas experiencias deben de dejar de ser marginales y convertirse en políticas públicas de largo plazo. Los temas ambientales deben ser una política de estado. Tenemos un compromiso con los jóvenes y con las futuras generaciones. Debemos modificar el rumbo para detener el deterioro y entregar mejores cuentas: consumo responsable, sistemas productivos con criterios ambientales, un código de ética de respeto a la naturaleza, incorporación de la biodiversidad en todas las políticas públicas de manera transversal, fortalecimiento de capacidades, participación social, transparencia y rendición de cuentas; en todos estos temas, y otros más, debemos seguir trabajando.

Un país que no mantiene sus ecosistemas y recursos naturales sanos es un país que se empobrece, vulnera su soberanía y no tiene futuro. México, siendo un país megadiverso, ubicado entre los cinco de mayor diversidad biológica del mundo, tiene una enorme responsabilidad con sus habitantes y con el mundo para conservar su riqueza natural y, a partir de ella, consolidar el futuro

El honor que me otorga el Estado Mexicano al hacerme depositaria de esta presea incrementa mi responsabilidad para redoblar mis esfuerzos para la construcción de un México mejor, justo, equitativo, sin pobreza y con un medio ambiente sano.

Agradezco profundamente esta distinción y deseo compartirla con quienes han sido los grandes maestros de muchos mexicanos en la conservación, conocimiento y manejo de la biodiversidad, los doctores José Sarukhán, Gonzalo Halffter, Arturo Gómez Pompa, Alfredo Barrera, Efraín Hernandez X., Jerzy Rzedowsky. Además, con quien he compartido toda mi vida profesional: Rosaura Cadena, Enrique Provencio y Javier de la Maza. Con todos mis colegas con quienes he tenido la fortuna de trabajar a lo largo de cuatro décadas, con todos aquellos que hemos dedicado nuestra vida para alcanzar un desarrollo justo y equitativo con respeto al medio ambiente. Con mis familiares, mis hermanos y sobre todo con Laura. Gracias hija por comprenderme, apoyarme y hacerme feliz.

 

Julia Carabias

 

Un comentario en “La Medalla Belisario Domínguez llega al desarrollo sustentable

  1. –¡Joder, qué discurso tan intenso y trascendente, tan honesto y responsable, tan revelador y elegante! Mi mayor reconocimiento, admiración y respeto a la Maestra Carabias… ¡Enhorabuena! 🙂