He aquí un libro triste. Sí, triste, es el adjetivo más adecuado cuando uno recorre el libro de su página 23 hasta la 64, pues es la historia de una idea de civilización humana que entró crisis luego de una larga y a veces heroica aventura. Una idea que se abrió paso entre las consecuencias de un capitalismo sin regulación (cuya cima catastrófica fue la gran depresión de 1929) hasta las ruinas que dejó una guerra larguísima y sangrienta en Europa y en el mundo, que acabó con el fascismo y que supo concluir, al final, que el capital y el trabajo debían llegar a un nuevo arreglo, redistributivo, si el mundo quería conocer un periodo de paz, democracia y prosperidad.

Quiero confesar que nunca me había acercado a la comprensión de la construcción de ese mundo desde el punto de vista de la historia de las ideas, especialmente desde la ideas herederas del marxismo clásico. Y ésa no es mi formación. Y por eso La cuarta socialdemocracia de Agustín Basave me resultó doblemente interesante y formativo: a la par que se trata de una historia de la política que dio forma al mejor arreglo social de los últimos siglos, es una historia de los infinitos pleitos teóricos y prácticos de ese archipiélago vigoroso, vibrante (y pendenciero) que desde la revolución francesa llamamos izquierda.


Ilustración: Víctor Solís

Para legos como yo, ahí surge la primer recomendación para leer este trabajo: es toda una lección —laica—, es decir, imparcial, sin pertenecer a ninguna capilla teórica, de los debates que construyeron el ideario socialdemócrata y que al final de la Segunda Gran Guerra supo construir un consenso con una nueva visión económica, con la derecha democrática y con el humanismo cristiano.

Aquí encuentro un leve sesgo —subrayo leve, porque en su texto Basave bambolea entre subrayar la cuestión liberal y la cuestión social— pero que yo agradezco: Basave acaba poniendo énfasis en la igualación material de la existencia como la expresión fundadora del pacto social de la posguerra. 

Porque más allá de libertad y democracia está la igualdad material, bien entendida y llevada a sus últimas consecuencias. Como decía el historiador Tony Judt: “Se trata de que no se deje a nadie en el desaguadero”.

De hecho, por más daño moral o ideológico que haya infligido el neoliberalismo (y en su momento el llamado socialismo real), el pacto social y democrático se traduce en que los Estados se asumen como responsables del crecimiento económico, el bienestar social y la sostenibilidad ambiental.

Un tipo de sociedad que, como bien dibuja Basave, es el producto de una noción ética que no es exclusiva de un país ni de una familia política, sino que tiene sus raíces en la Ilustración, el socialismo y el humanismo cristiano. Dos hecatombes hicieron posible esa difícil síntesis: un pacto de cooperación interestatal e interclasista iniciado para asegurar la paz y la prosperidad en Europa, más allá de la mano ciega del mercado.

En su existencia y desarrollo el modelo social democrático creó instituciones y políticas con garantía de derechos, seguridad y condiciones de trabajo, diálogo social, métodos de coordinación y recursos financieros de los fondos para mejorar la vida material de las sociedades atrasadas, poniendo al reparto, la redistribución del ingreso, en el comienzo y en el centro de un gran acuerdo social que por derecho propio conformó una “edad de oro” de la modernidad en Occidente.

Esa edad de oro, como cuenta Basave, fue destruida por un diluvio conservador, en Estados Unidos, en Europa, y en México donde probablemente dejó la más aguda devastación social y humana que ahora vemos bajo la forma de cruel criminalidad, desigualdad extrema y un descontento social sin precedentes. Y todo esto con señales de empeorar.

Aquí entro al debate con nuestro autor: la desigualdad no es consecuencia del modelo económico, al revés, la desigualdad es su premisa. Pero es más que eso: es una premisa compartida y casi consensual en el debate económico y social mexicano: atacar las consecuencias de la desigualdad pero nunca sus fundamentos, instaurar masivos o focalizados programas sociales sí, pero no tocar la política económica que deprime intencionadamente los ingresos, salarios y remuneraciones y, al cabo, el crecimiento mismo.

Entre las muchas demostraciones y demoliciones teóricas contenidas en el gran libro de Thomas Piketty, las escuelas económicas tienen responsabilidad en el desdén por la desigualdad, entre otras cosas, por haberla colocado en el área de “la moral”, de la “economía normativa”, de lo “ético”, pero no científico. Tal prejuicio es el soporte nuclear de hipótesis o teorías completas y distintas.

Incluso economistas tan ilustres como Nicholas Kaldor (quien, por cierto, realizó un informe para México) con sus estudios sobre los niveles de impuestos y la intervención estatal en las economías sostuvo que “los impuestos para ser duraderos y sostenibles deben interferir lo menos posible en el ciclo de los negocios empresariales… es necesario construir una fiscalidad basada en la tasa al gasto más que la tasa al capital o a la propiedad, porque disuade el crecimiento, reduce los ahorros y la inversión”. O sea: la manutención del Estado descansará en los impuestos no redistributivos, aquellos que no afectan las rentas altas. Por no hablar de los diversos argumentos neoclásicos que desde siempre han sostenido que la distribución de la renta es una asunto microeconómico, un problema en la “retribución de los factores”, donde los trabajadores ganan exactamente lo que su productividad personal o su utilidad marginal se los permite.  

Luego, en épocas de shocks y crisis fiscales se configuró otro corpus: el Consenso de Washington y las políticas “centradas en la eficiencia económica” con la aquiescencia del Tesoro norteamericano, el FMI y el resto de las agencias de financiamiento multilateral. El problema central de la economía de los años setenta y ochenta, decían, tiene que ver con la intervención estatal, la regulación exagerada, el entorpecimiento de la acción de los mercados: la desigualdad derivada de los planes de austeridad sería el costo a pagar para que, por fin, los países con Estados excesivos se incorporaran a la senda global de los mercados libres y al crecimiento a largo plazo. Hipótesis que tampoco ocurrió.

En un mea culpa posterior, quien fuera el animador y artífice de los principios clave del Consenso de Washington, el economista John Williamson, escribió: “Excluí deliberadamente de la lista cualquier cosa que fuera redistributiva porque suponíamos que las consecuencias equitativas serían un subproducto de los objetivos de eficiencia… el Washington de los años ochenta era una ciudad esencialmente despectiva en cuestiones de equidad porque entorpecerían la eficacia de las medidas de crecimiento”.

Esta enumeración de conjeturas más o menos fallidas viene al caso porque las políticas económicas en México, de una u otra forma, han estado atadas a las visiones y prejuicios de esas corrientes económicas, al menos desde la posguerra. Kuznets, Kaldor, el Consenso de Washington (por no hablar del reaganiano Arthur Laffer, con distinta respetabilidad intelectual, pero no menos influencia), todas las teorías coinciden en el precepto esencial: primero crecimiento, la igualdad es lejana consecuencia. Incluso en no pocos circuitos académicos fue expulsada por considerar que la igualdad no hace parte de la “economía científica”. Al amparo de esas tesis se ha moldeado nuestra economía y nuestra sociedad, de las que emergen dramáticamente episodios cada vez más cruentos y que marcan ya el clima moral de la época .

El carácter hegemónico de estas proposiciones teóricas se expresa con especial crudeza en la política mexicana, pues “ningún otro país en el mundo ha asimilado y llevado tan lejos y tan duraderamente el programa, ya no de la economía de mercado sino de la sociedad de mercado” (David Harvey), de tal suerte que la agenda de dos de los tres más grandes partidos políticos mexicanos (PRI y PAN) comparten —con matices y acentos— el ideario y el programa difundido por esa visión económica, aún hegemónica en México.

De modo que —a pesar de la democratización y de la alternancia en el poder presidencial— se constituyó una suerte de “gobierno de cártel”, caracterizado por una ausencia de oposición en el terreno económico. En palabras del desaparecido Peter Mair: “Gobierno de cártel: una situación que impera cuando no existen diferencias significativas que dividan a los protagonistas de los partidos, por muy enérgicamente que compitan por los votos entre ellos”.

¿Y la izquierda? Muy a menudo no cumplió con sus obligaciones programáticas, y su planteamiento sigue sin ser una pieza coherente y definida en el debate público, muy especialmente en materia económica. Esta orfandad de ideas en materia económica es uno de los señalamientos más incisivos de nuestro autor: la izquierda latinoamericana quedó hipnotizada en los cómos, los métodos, su propio cambio y naturalización en contextos democráticos, pero olvidó buena parte de su aprendizaje económico, avasallado ya en los noventa por el diluvio neoconservador del que nos habló Paramio.

Dice Basave. “No hay explicaciones monocausales ni unidireccionales para explicar lo ocurrido en México”, pero sí que hay grandes procesos que han marcado nuestra (mala) suerte económica. Han sido ampliamente discutidos y demostrados los efectos castrantes de la globalización al incapacitar a los gobiernos nacionales para tomar políticas económicas propias.

Bien lo sabe mi admirado Agustín: en lo que constituye toda una referencia para la discusión democrática y económica de nuestro tiempo, Dani Rodrik expuso su propio “trilema”: soberanía de los Estados, democracia y globalización. Sólo dos de estas tres alternativas son compatibles entre sí en un mismo lugar y tiempo. Nunca las tres juntas. Las sociedades contemporáneas deben renunciar a decidir autónomamente su política económica, o la toma democrática de las decisiones, o integrarse en un espacio superior, como por ejemplo, un área de libre comercio o una zona de integración.

Este esquema teórico —pertinente sobre todo para el mundo en desarrollo— se ha proyectado en México, Argentina y, de modo acuciante, en la Grecia de Tsipras: un gobierno elegido democráticamente quiere y no puede habitar en las tres dimensiones a la vez: su democracia, su soberanía económica nacional y hallar un lugar en las reglas de la eurozona (contrario sensu, el ejemplo inglés que afirmó su soberanía, en un marco democrático, poniendo toda la distancia posible del proyecto de la Unión Europea). Basave lleva razón: el trilema se cumple, también entre nosotros.

Volviendo a México: nuestro viaje a la globalización comenzó en un estadio autoritario mediante el parto inaugural de la política de estabilización, austeridad y apertura comercial en los años ochenta. Después, el programa de la sociedad de mercado siguió su marcha con el frenético episodio reformador del salinismo, en cuyo seno se forjó el “gobierno de cártel” entre el PRI y el PAN, especialmente en materia económica, pero mediante concesiones significativas para la arena política y democrática (creación del IFE, por ejemplo). Una vez que los vientos de la democratización arrebataron la mayoría en el Congreso, y el gobierno de la Ciudad de México pasó a manos del partido de la izquierda, la agenda casi interminable de las reformas estructurales se ralentizó, pero la hegemonía ideológica de todos modos siguió funcionando (privatización e individualización de las pensiones —en 1996— y la ley del déficit cero en 2005-2006, por ejemplo).

De modo que el “trilema” de Rodrik encaja y explica la economía política reciente de México porque al iniciar la era de las reformas estructurales no existían condiciones democráticas mínimas (primero), y después porque asimilamos —implícitamente la izquierda asimiló— que sólo había un camino, una sola política económica, bautizada como seria y responsable donde no había lugar para el reparto.

Asimismo que está bien, por ejemplo, que la política económica se refugie en los capitolios que ofrecen las llamadas instituciones “no politizadas”. En este proceso la toma de decisiones más críticas ha migrado a organismos o agencias “no mayoritarias”, instituciones de elite, como los bancos centrales y ciertas agencias reguladoras que, precisamente, se diseñan para permanecer aisladas de las exigencias redistributivas y del bullicio democrático.

El florecimiento y multiplicación de las “instituciones no políticas” (supuestamente) en México es un ejemplo palmario de una nación que es gobernada por un sistema de expertos, despolitizada, construida específicamente para excluir a los partidos, a los representantes populares y, con ellos, cualquier preocupación de política redistributiva.

Y por eso no acabo de tragar la píldora de Agustín Basave con su idea más extravagante: la propuesta según la cual hay que crear “una asamblea ciudadana” distinta de los tres poderes tradicionales y que, integrada por individuos “ajenos” a los partidos, decidiera la integración de los organismos autónomos y designara al jefe de Estado que sería distinto al jefe de Gobierno. Un “cuarto poder” al margen de la política institucional que supone —candorosamente, digo yo— que los ciudadanos sin partido tienen virtudes superiores, están envueltos en un manto angélico y carecen de intereses como los tienen los políticos profesionales.

A mi modo de ver el problema está en otra parte: el gobierno de supuestos implícitos, que no de coalición, y que ha cuajado sobre todo en materia económica.

Quiero decir: o se rompe la hegemonía de las ideas económicas fallidas —fallidas ya durante toda una generación de mexicanos— o no podremos transitar a un cambio de régimen y a un nuevo acuerdo social y democrático. Ello exige que el PAN elabore una nuevo planteamiento, no inercial, y sepa separarse de lo más rancio del pensamiento económico mexicano que ha cuajado en las instituciones autónomas (Banxico, por ejemplo) y cuyo propósito no es el crecimiento ni el empleo ni los salarios.

Si el PRD que Basave presidió, Morena y Movimiento Ciudadano, saben elaborar una alternativa propiamente de política económica, si no confunden bienestar con clientelas y no confunden política económica con política social, existe la posibilidad de una reelaboración y de un cambio de régimen para México, empezando por su régimen distributivo.

Insisto, ante este auditorio de izquierdas hay que salir de la interminable producción de programas parciales, de atención a necesidades focalizadas, para proponerse un sistema, universal, de protección y seguridad social que comience en la salud y que acabe en el mercado laboral: nadie que trabaje honestamente puede vivir en la pobreza extrema.

El viraje necesario es de gran calado y necesitará de cambios en los programas de los partidos y de una coalición de fuerzas —electorales—, pero sobre todo de poderosas coaliciones de gobierno, pensando de adelante hacia atrás, ya no cómo llegar al gobierno, sino cuál es el puñado de acciones decisivas que puede encarar una nueva coalición en el gobierno.

Y aquí también Basave ha dado pasos, demasiado tímidos (para mi gusto): más que una asamblea de ciudadanos buenazos (que los hay), es hora de repensar el arreglo institucional en su conjunto. El formato que debemos imaginar para resolver el problema de gobierno y la ecuación pluralista en México. Ese régimen necesita que haya coalición porque, como vamos, ningún partido alcanzará la mayoría absoluta de escaños; una coalición para formar gobierno sin desplazar o abatir los intereses y las visiones distintas que requieren ser representadas, pero que las amase en un programa coherente.

Me parece que la integración de la Asamblea Constituyente en la Ciudad de México y, por supuesto, las elecciones del año 2015 anuncian una nueva etapa en el mapa político del país que va a requerir dos cosas: políticas drásticas y nuevas, y amplias coaliciones que las puedan sustentar.

Algunos hemos hablado de parlamentarismo porque exige y ofrece a la vez precisamente eso: conversación y compromisos entre adversarios, naturalización del acuerdo, política de coalición en el gobierno, todas ellas prácticas ausentes en la realidad política de México. Sé que es altamente improbable. Aunque no cambiase el formato presidencial, aunque no transitáramos a un régimen parlamentario, de todos modos el futuro de nuestra democracia va a depender, cada vez más, de saber gobernar en coalición, de compartir el poder con un aliado genuinamente representativo, a menudo incómodo.

Y no habrá tema de intercambio y decisiones compartidas más importante que las medidas legislativas y políticas para ensanchar los derechos humanos, reorientar la economía y atemperar la desigualdad y un plan implacable contra la corrupción. A mi modo de ver, ahí está la agenda inminente de México: derechos humanos, desigualdad y combate a la corrupción, agenda que va a requerir una coalición muy importante y muy potente para poder abrirse paso entre los intereses que han cuajado en medio de esas mismas dificultades.

Al país se le está acabando el tiempo. En las dos últimas décadas, de 1990 a 2015, la población ha aumentado en 34.5 millones de personas, y en los siguientes 20 años crecerá unos 12 millones más. La transición poblacional sigue madurando y estamos perdiendo el bono demográfico ante la falta de crecimiento, de inversión privada y pública, la insuficiente generación de empleos, los bajísimos salarios y ahora, además, con la amenaza estructural de un recorte monstruoso. 

La experiencia internacional indica que los gobiernos plurales están mejor preparados para desarrollar cambios de esa índole. Las grandes coaliciones políticas pueden enfrentar mejor los desafíos y las resistencias de los poderes de hecho que, tradicionalmente, constituyen el principal freno a las reformas fiscales, a las políticas de demanda, infraestructura y, sobre todo, a las políticas redistributivas: las únicas capaces de evitar la depresión decidida y crear las estructuras de protección y de igualdad social. 

La pertinencia del libro de Basave también proviene de su aliento: por primera vez en la historia estamos obligados a resolver, en democracia, los problemas de la pobreza y la desigualdad. Es una oportunidad y un desafío que tienen plazo: si no logramos cambiar la estructura del ingreso en la siguiente década, México habrá dejado de ser un país de jóvenes sin empleo para convertirse en una nación de viejos empobrecidos y sin seguridad ante lo que les resta de vida. La riqueza para preparar y sostener a esa generación y a ese futuro debe ser creada y distribuida desde ahora, creciendo, echando mano de aquello con lo que contamos y hemos producido en las transiciones del nuevo siglo: márgenes de libertad como nunca los tuvimos pero escuchando, ahora sí, el mensaje plural e igualitario de la democracia.

Me gustaría que la cuarta socialdemocracia significara también eso.

 

Salomón Chertorivski
Economista. Secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.