Ante la violencia, los caminos más frecuentes son el escándalo o el olvido. La naturaleza lleva al primero y, una vez acostumbrados, en México optamos por hacer institución de lo segundo.

San Fernando, Tamaulipas. 2010. Setenta y dos migrantes asesinados.

Allende, Coahuila. 2011 hasta un punto del 2012. No se sabe cuántos desaparecidos. Una misma organización criminal, los Zetas.

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Desde hacía varios meses, Jacobo Dayán, especialista en derechos humanos y buen amigo, me venía platicando del trabajo de investigación que buscaba rescatar la memoria de dos eventos que en esos años reflejaron lo peor de la violencia que ha dejado la guerra contra el narcotráfico, que se inició durante el gobierno de Felipe Calderón y ha continuado en el presente. Unos días antes de escribir estas líneas, recibí el informe que se presentó sobre los dos casos a pocas horas de que me sentara frente al teclado. En México la brutalidad permite que lo inhóspito se convierta en un lugar más que un estado.

Es difícil entender el espacio en el que se encuentra lo más infame del abandono. Es la decadencia y el rompimiento de los límites ínfimos. Ahí, donde la negación es todo y el dolor no parece importar, porque incluso con la intención de que lo haga no le preocupará más a nadie que a quien lo siente. Donde la violencia pasa y no se encuentra el cobijo que cubre la última esperanza del que vive la tragedia: la memoria. Cuando una sociedad no se ocupa de la memoria sólo le queda el desamparo.

Como a muchos, la masacre de San Fernando no me resultaba a ajena. Allende corrió con una suerte diferente.

En el camino del escándalo la sorpresa es permanente. Garza, Cuellar y Moreno. Tres miembros de la organización criminal desertaron. Trabajaban en el paso de droga a Estados Unidos. Los líderes de los Zetas pidieron dar con ellos. El desplante de autoridad y salvajismo que le viene a la ausencia de las mínimas formas de gobierno. Las consecuencias inverosímiles. Había que levantar a cualquiera con sus apellidos. Secuestros, casas incendiadas, ejecuciones masivas. Lo que en cualquier parte del mundo se entiende como crímenes de lesa humanidad.

Dos de los desertores son parte del programa estadounidense de protección a testigos. Sus declaraciones contradicen la versión en México de la masacre. Aquí se habla de una treintena de muertos, allá de más de dos centenares. Los expedientes nacionales dan fe de unos cuarenta desaparecidos en los 14 meses que duró la pesquisa. Mujeres, niños, cualquiera que se apellidara Garza.

En el rancho Los Garza llevaron en un camión con redilas “tambos metálicos grandes [con] “diesel o gasolina”. Esparcieron el líquido por toda la casa y en la bodega donde habían amontonado los cuerpos. Remataron antes a los que quedaban con vida. Un sicario recordó años después que “tuve que matar a una persona [de] un balazo en la cabeza”. Luego prendieron el fuego que se prolongó toda la noche “hasta que se cocinaron” los cuerpos.

Los Zetas contaron con la ayuda de la policía local. Se les obligó a ignorar las llamadas de auxilio, igual que a los bomberos.

Después de cinco o seis horas se cocinaron los cuerpos […] quedaba pura mantequilla. [Echaron los restos en una acequia y en un pozo para que] no se viera nada.

Hace un par de meses escribí en estas páginas que la mayor crisis del Estado mexicano no se encuentra en la corrupción, sino en los derechos humanos. La primera  cuenta con atención inmediata, afecta directamente al grueso de los ciudadanos. Las violaciones a derechos, a ese nivel, sólo lo hacen sobre los afectados y sus cercanos. Tal vez por los países que ocupan la mayor parte de mi tiempo —Siria, Irak, Turquía, Líbano, etcétera —esas linduras—, el apunte a crímenes de lesa humanidad en el lugar donde hoy vivo me resulta bochornoso. No somos Sudán, Siria, Guatemala o Ecuador. La jerarquía de la violencia es distinta, pero aún con las diferencias su respuesta llega a ser parecida a la nuestra. Del escándalo pasamos a un olvido que marca la única constante: el abandono. En él, aparece una segunda forma de violencia casi tan agresiva como la inicial. Se hace permanente en el vacío.

Intento distanciarme de la primera reacción a los hechos de Allende y San Fernando. La reconstrucción de lo que ocurrió debe ayudar a preservar el resquicio de dignidad que le queda a las víctimas y servir de esbozo al futuro.

Salí de la presentación del informe con Roberto Campa, Subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación. Sólo puedo adivinar la continuación de las conversaciones que hemos sostenido por otros eventos parecidos, que no son pocos. El abandono del Estado ante el crimen organizado permitió lo inefable. La discriminación en la profundidad de la investigación y la difusión entre los dos casos que se retratan impiden el ejercicio de la memoria. ¿Sin ella, qué le queda a la tragedia? La atención a víctimas se resuelve desde lo práctico y desecha la empatía. Me preocupa con vergüenza el juicio histórico en el que frente a la imposibilidad evidente de recuperar las vidas de la víctimas, el Estado mexicano se haya confiado a tal punto en soluciones prácticas como dar dinero y tierra a manera de entrega simbólica de cuerpos. Es imprescindible reconocer para intentar dar las garantías que eviten la repetición de lo salvaje. La ausencia de autocrítica sobre un modelo de política intenta defender lo indefendible. Por momentos da la impresión de que el Estado mexicano sigue sin pensarse como tal y su papel educador es materia de quienes aún intentan rescatar las nociones filosóficas necesarias para conformarse. Este país, como otros tantos a los que en este texto no les dedico un párrafo, confían en la mera administración para concebirse como nación en lugar de revisar lo que los hace ser.

La verdad se pierde en el relativismo nacional, pero hay una que serviría de consuelo a la desgracia. El reconocimiento de la barbarie y la intención de preservar la dignidad para que un ciudadano, una víctima, sus hijos, no caigan en la absoluta indiferencia, en ese desamparo.

En la investigación participaron la academia y algunas instituciones de Estado. Ante la negativa constante —sobre todo por parte de las fuerzas armadas— de instaurar comisiones de la verdad en un país que las implora, el modelo podría evitar que la indefensión se transforme en el legado de este país hacia el futuro.

Allende recuerda la urgencia de entender el significado de la responsabilidad. De pensar la dignidad de la memoria.

El informe completo se puede consultar en:
http://eneldesamparo.colmex.mx

 

Maruan Soto Antaki
Escritor. Ha publicado: Casa Damasco, La carta del verdugo, Reserva del vacío, Clandestino y Pensar Medio Oriente.
@_Maruan