Durante casi 10 horas de sesión, este domingo 17 de abril, la Cámara de Diputados de Brasil votó a favor de autorizar el inicio del proceso de impeachment contra la presidenta Dilma Rousseff.

El resultado fue 367 votos a favor y 137 en contra. Se necesitaban dos tercios de la Cámara (342) para que el proceso fuera aprobado, por lo que el resultado representó una dolorosa derrota para la mandataria. Incluso una buena parte de los partidos que eran de la base aliada del gobierno se pronunciaron a favor de la apertura del juicio de destitución.

08-brasil

Ahora el proceso avanza al Senado, donde será votada la instauración del juicio, probablemente a principios de mayo. Allí bastaría una mayoría simple (41 votos) para que Rousseff sea apartada provisionalmente de su cargo hasta por 180 días, mientras se desarrolla propiamente el juicio político. Se necesitan dos terceras partes del Plenario (54 votos) para decidir si la Presidenta será destituida definitivamente de su cargo, o restituida en él si no se alcanza esa votación.

La sesión maratónica del domingo en la Cámara de Diputados, que por muchos momentos fue tensa, accidentada, con interrupciones, gritos, empujones e, incluso cánticos, estuvo presidida por el polémico presidente de la Casa, Eduardo Cunha, el diputado evangélico abiertamente opositor al gobierno de la presidenta Rousseff. Cunha está acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero y el Supremo Tribunal Federal del país lo deberá juzgar próximamente, por lo que se convirtió en un ejemplo paradójico de la estatura moral de los que juzgaron a la presidenta, quien, por su parte, no ha sido personalmente acusada por ningún caso del corrupción. Así como Cunha, buena parte del Congreso brasileño (alrededor de 60% de sus miembros) tiene casos pendientes en los tribunales, la mayoría de ellos por corrupción.

Mientras los parlamentarios votaban, miles de ciudadanos, a favor y en contra de la destitución de la mandataria, salían a la calle de las principales ciudades brasileñas. En Brasilia, como símbolo claro de la división casi meridiana del país (alrededor del 60% de la población apoya el impeachment, según la encuesta más reciente de Datafolha) los ciudadanos se manifestaron frente al Congreso, en una explanada con dos áreas totalmente separadas por un muro de acero levantado por la policía para evitar incidentes entre ambos bandos. 

Los defensores de Dilma Rousseff consideran, como también lo ha expresado el propio gobierno, que el impeachement es un golpe de Estado envuelto en una legalidad aparente; la otra parte de la población y la oposición consideran que la crisis económica, el desempleo creciente, la falta de popularidad de la mandataria y la corrupción en Petrobras (desenmascarada por la Operación Lava Jato) son razones suficientes para que Rousseff sea destituida.

La solicitud de impeachment está basada en lo que se conoció como “pedaleadas fiscales”, maniobras contables usadas por el gobierno federal para transferir recursos de bancos públicos para el pago de programas sociales sin solicitar aprobación del Congreso para aumentar la deuda, y mejorar la apariencia de la cuenta pública.

El Abogado General de la Unión, José Eduardo Cardozo, responsable de la defensa de la mandataria, argumenta que las denuncias son improcedentes pues las operaciones que se están analizando son legales y no representaron gastos adicionales, sino que fueron, más bien, una reasignación de recursos. Además de que la presidenta Rousseff no participó de manera directa en esos procesos, sino que los decretos que se cuestionan formaron parte de la actividad ordinaria del gobierno, con la participación de diversos órganos técnicos.

Lo cierto es que a la hora de la votación, los diputados contrarios a Rousseff no aludieron a estas maniobras fiscales, una práctica común que ha sido previamente utilizada por los presidentes y gobernadores del país. La inmensa mayoría de los diputados que votaron a favor del impeachment pareció olvidarse de los motivos legales que estaban en discusión y las referencias más comunes fueron a la defensa de la familia, de Dios, de la propiedad, y del orden, mostrando uno de los Congresos más conservadores que ha tenido Brasil desde su redemocratización (1986).

El impeachment o juicio político es un proceso más político que legal, como su nombre lo indica, y, al final, el Congreso es el órgano que decide y tiene la última palabra sobre si debe prosperar o no. En la opinión pública se ha desatado un debate sobre la legitimidad y lo razonable de la decisión, principalmente porque el liderazgo de Eduardo Cunha en el proceso ha sido desde el inicio controvertido, debido a que anunció que daría curso a esta solicitud cuando la bancada del partido de la presidenta dio a conocer que votaría a favor de que se abriera una investigación en el Consejo de Ética de la Cámara, que podría removerlo del cargo. Esto ha provocado que los defensores del gobierno lo cataloguen como un acto de venganza personal.

Ahora el futuro de Rousseff depende del Senado; y, sobre todo, del presidente de la Cámara Alta, Renan Calheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), partido que recientemente abandonó la base aliada del gobierno. La posición de Calheiros es ambigua: por un lado, pertenece al mismo partido que el vicepresidente Michel Temer (quien asumiría el poder en caso de caer Dilma) y que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, enemigos declarados de Rousseff; por otro, hasta ahora, nunca se ha manifestado a favor o en contra del impeachment. Calheiros puede influir mucho a la hora de convencer a senadores para votar de cierta forma o, cuando menos, a la hora de retrasar el proceso a fin de que el gobierno gane tiempo para intentar revertir en el Senado la decisión de la Cámara.

La situación política de la presidenta Rousseff es muy complicada, como, de hecho, lo es la del país.  Si bien las instituciones del Estado son fuertes y no ha habido rupturas, la sociedad brasileña parece sentirse secuestrada por una clase política corrupta o incompetente, en su mayoría, que difícilmente logrará asegurarles mejores niveles de bienestar en el corto o mediano plazo. Una eventual salida de Rousseff no haría gran diferencia para las soluciones de fondo que Brasil necesita.