Desde el año pasado Brasil ha sido un punto de atención internacional por la pesquisa del esquema de corrupción de mayor alcance en su historia. En marzo de 2014 se dio a conocer la llamada operación Lava Jato que investiga el desvío de un monto calculado hasta en dos mil 100 millones de reales de la emblemática petrolera estatal Petrobras. Hasta el momento la justicia federal ha investigado a más de 500 personas y empresas acusadas de ofrecer o recibir sobornos para favorecer a ciertas constructoras en los millonarios contratos con la estatal. El caso ha involucrado, además de altos funcionarios de la petrolera, a la mayoría de las empresas constructoras más importantes de Brasil, así como a decenas de políticos y altos funcionarios públicos.

¿Qué permitió que la justicia brasileña haya llevado a cabo esta importante investigación anticorrupción, de forma seria e independiente, llevándola hasta sus últimas consecuencias, sin importar quién esté involucrado?

La explicación resulta de diversos factores: un marco constitucional que garantizó una gran pluralidad política en el país; la independencia y autonomía funcional tanto del Poder Judicial, como de otras autoridades de procuración de justicia (Ministerio Público Federal y Policía Federal), frente al poder político y los factores reales de poder; así como el uso estratégico de figuras legales como la llamada “delación premiada” y haber enfocado los inicios de la investigación persiguiendo y encarcelando a los presuntos corruptores, no sólo a los políticos presuntamente corrompidos.

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La mayor operación judicial contra la corrupción en Brasil recibió el nombre Lava Jato debido a una red de estaciones de servicio de lavado de autos en la que se investigaban movimientos con dinero de origen ilícito. La Policía Federal investigaba en la ciudad de Curitiba una red mediana de lavado de dinero que operaba desde Brasilia  y Sao Paulo. Las investigaciones  condujeron hasta Alberto Youssef,  un experto en lavado de dinero con antecedentes en otro caso de corrupción de 2004. Escuchas telefónicas a Youssef delataron conexiones de este operador con funcionarios de Petrobras, específicamente con Paulo Roberto Costa, ex director de abastecimiento de la petrolera.1

La operación se dio a conocer públicamente en marzo de 2014 cuando Costa y Youssef fueron detenidos. En meses posteriores estos dos involucrados firmaron cada uno un acuerdo de colaboración con la Justicia —denominado “delación premiada”— y se convirtieron en informantes sobre otros delitos relacionados con el caso, a cambio de una reducción de sus penas. La información que Costa y Youssef revelaron provocó que la investigación adquiriera proporciones nacionales e internacionales, pues implicó líderes políticos del partido del gobierno, de otros partidos aliados y de la oposición, así como grandes empresarios brasileños.

Como producto de la operación Lava Jato, hasta el momento se han realizado 28 acusaciones criminales contra 128 personas por corrupción, crímenes financieros, lavado de dinero y asociación ilícita para delinquir, entre otros delitos. Entre las empresas investigadas destacan las conocidas constructoras Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Correa y OAS, aunque no son las únicas (hasta el momento son 16 empresas), cuyos altos dirigentes y dueños han sido acusados formalmente por corrupción activa. La más importante de estas compañías es Odebrecht, no sólo por su tamaño (facturó 93 mil 930 millones de reales en 2014), sino por su gran presencia internacional. Marcelo Odebrecht (quien se encuentra detenido desde junio) es el presidente del grupo, ha sido vinculado con el ex presidente Lula da Silva y desde hace años su constructora ha donado a campañas políticas de diversos partidos políticos, incluyendo a las del Partido de los Trabajadores (PT).

 

La Constitución de Brasil fue promulgada el 5 de octubre de 1988 y ha sido un hito en el camino rumbo a la redemocratización que el país emprendió en la década de los años ochenta, después de rompimientos constitucionales y regímenes militares ocurridos en el siglo XX. En este instrumento se plasmaron los fundamentos que ordenaron el sistema jurídico brasileño y que promovieron la autonomía de las actuales instituciones de procuración de justicia.

Uno de estos fundamentos constitucionales es el pluralismo político. Los constituyentes reflejaron en su texto la preocupación por ampliar la libre participación popular en la conducción política del país. A tan sólo unos años de que el país hubiera tenido regímenes militares de gobierno y al haber iniciado una etapa de redemocratización, evitar la concentración del poder y distribuir el poder político fueron propósitos centrales. Por esta razón la Constitución consolidó una fuerte división de los poderes del Estado, particularmente del Judicial; creó altos grados de autonomía para los órganos de procuración de justicia y fiscalización, sobre todo al establecer rigurosos servicios profesionales de carrera en la administración pública, en el Poder Judicial y órganos autónomos, a los que se entra obligatoriamente por concurso y no están supeditados al liderazgo político.

La separación de poderes es un elemento imprescindible de las constituciones de los Estados democráticos. Sin embargo, la independencia funcional entre poderes y órganos autónomos del Estado es difícil de implementar. El Reporte Global de Competitividad 2014-2015,2 elaborado desde 1979 por el Foro Económico Mundial, incluye un ranking de la independencia judicial (de influencias gubernamentales y de empresas preponderantes). En el índice, 1 significa que están muy influenciados y 7 que son enteramente independientes. Entre los países de América Latina, Brasil ocupa la cuarta mejor posición con 3.6. 

Cuán autónomo es un sistema judicial depende en gran medida de cómo son seleccionados los jueces. Los mecanismos de selección con examen, calificaciones y audiencias públicas garantizan una justicia más independiente. El ingreso a la carrera judicial en Brasil se hace por concurso público y es meritocrático. La autonomía del Poder Judicial brasileño está garantizada constitucionalmente al regular estrictamente la carrera judicial desde los órganos inferiores hasta la composición de los tribunales superiores. Además, a los jueces se les garantiza ser vitalicios, inamovibles y sin posibilidad de que les reduzcan el salario. El sistema judicial brasileño también prevé la autonomía financiera y administrativa que lo aísla de presiones presupuestales.

Otro de los factores que contribuye a la autonomía judicial es la transparencia. Cuando todas las decisiones y los procesos judiciales son accesibles para cualquiera es más fácil comprobar si un juez falló por presión o connivencia con alguna de las partes. Además, facilita el control que puede ejercer la prensa. Brasil es uno de los países con mayor transparencia judicial en América Latina. En los sitios web de los tribunales es posible revisar cualquier proceso y ver lo actuado en todas las instancias. Esto permite analizar con lujo de detalles el desempeño del Poder Judicial.

Por su parte, el Ministerio Público Federal, además de ser un órgano con autonomía constitucional, funcional y presupuestaria, que no está sometido a ninguno de los otros tres poderes, está compuesto en su totalidad por miembros de carrera. Su titular es el procurador general de la República, quien es nominado por el presidente del país, pero elegido por votación entre los propios miembros del MP y, posteriormente, ratificado por el Senado. A los integrantes del Ministerio Público la Constitución también les garantiza, como a los jueces, ser vitalicios, inamovibles y la imposibilidad de reducirles el salario, lo que ha ampliado su autonomía funcional. Esta gran autonomía que en Brasil tiene el Ministerio Público Federal ha sido clave para que en el país se hayan podido realizar investigaciones anticorrupción de gran calado, incluso involucrando a miembros de los partidos políticos más relevantes.

Mención aparte merece la Policía Federal y sus facultades de investigación de delitos. Aunque depende del Ministerio de Justicia —es decir, del Ejecutivo— goza también de una gran autonomía en sus acciones. La Policía Federal también está constituida por un cuerpo de funcionarios de carrera y se encarga de averiguaciones por la comisión de delitos contra el orden público y social, así como los que vayan en detrimento de los bienes e intereses de la Federación y de sus órganos desconcentrados, descentralizados y empresas públicas.

La operación Lava Jato fue iniciada por la Policía Federal con el posterior involucramiento del Ministerio Público Federal. Con la colaboración de estos dos órganos se realizaron detenciones y acusaciones formales por delitos en la esfera común contra funcionarios de Petrobras, empresarios y operadores financieros. Como resultado de las delaciones informadas por estos últimos, la PGR solicitó al Supremo Tribunal Federal (la más alta corte del país) que le autorizara la investigación de 50 altos funcionarios públicos de diferentes partidos (que tienen fuero penal privilegiado). Estos hechos difícilmente hubieran podido concretarse sin un amplio margen de autonomía e independencia funcional de estos órganos de procuración de justicia.

 

Un rasgo innovador de la operación Lava Jato es que se centró inicialmente en la investigación y captura de empresarios y operadores que ofrecieron los sobornos (corruptores activos) en el esquema de desvíos de Petrobras, y no sólo en los actores políticos que podrían haber recibido esos sobornos (corrupción pasiva). Esto permitió que las investigaciones hayan podido seguir su curso en la justicia ordinaria, sin la traba o posible interferencia que implica el fuero privilegiado que tienen los políticos por los cargos que ocupan.

Además, la operación Lava Jato ha dependido y usado pródigamente una figura reciente del marco legal brasileño: la delación premiada. Esta figura es un acuerdo entre los acusados y el Ministerio Público, que les permite recibir ventajas o reducciones de pena a cambio de informaciones útiles para las investigaciones: entre más y mejor información proporcione el acusado mayores beneficios recibe. De este modo, los detenidos han colaborado con la justicia aportando información muy valiosa para que los investigadores hayan podido acreditar el involucramiento de un gran número de personas de alto perfil político y empresarial. A reserva de que algunos datos se manejan bajo sigilo para no afectar las investigaciones, hasta el mes de agosto 23 personas han acordado realizar delaciones premiadas, número que podría aumentar por los beneficios judiciales que se obtienen.

Otro rasgo de la estrategia seguida en la operación Lava Jato es que se hicieron públicas las diversas etapas del proceso, inclusive ofreciendo conferencias de prensa del Ministerio Público o la Policía Federal. La presión de la opinión pública, al ver involucrados a políticos y empresarios del más alto nivel, puede haber influido para que los jueces hayan negado los recursos presentados por la defensa de los acusados y, al contrario, hayan tomado decisiones que facilitaron el avance de las investigaciones.

 

En marzo de 2015 el procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, solicitó abrir investigaciones formales contra 55 personas, 49 de las cuales son políticos de seis de los principales partidos (oficialistas y opositores). En esta lista están incluidos el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha (quien ya fue acusado formalmente); el presidente del Senado, Renán Calheiros, ambos del Partido del Movimiento Democrático de Brasil (el partido con más legisladores y gobernadores en el país), el ex presidente Fernando Collor, congresistas en el cargo, así como ex ministros y ex gobernadores.

Los fiscales federales brasileños fueron contra la idea de que las elites gubernamentales o empresariales en América Latina evaden siempre ser investigadas o castigadas penalmente. En esta ocasión altos ex ejecutivos de Petrobras han sido detenidos, al igual que directores y presidentes de las mayores constructoras del país, el almirante que supervisó el programa nuclear secreto de Brasil y el tesorero del gobiernista Partido de los Trabajadores. Ya se libraron las primeras condenas, los demás acusados aguardan las suyas y las investigaciones siguen arrojando resultados a un ritmo elevado.

Se destaca con frecuencia que la presidenta Dilma Rousseff no se ha pronunciado para limitar o influir en las investigaciones. Por el contrario, la mandataria brasileña ha subrayado constantemente que nadie está por encima de la ley y, recientemente, nominó nuevamente a Rodrigo Janot para que continúe como titular de la PGR, a cuyo cargo ha estado el desarrollo del caso Lava Jato. El Senado también decidió ratificar su nombramiento, a pesar de que varios senadores están siendo investigados por la Procuraduría. Este hecho muestra que la separación de poderes y la fortaleza de las instituciones democráticas brasileñas son garantes de la estabilidad, la credibilidad y el Estado de derecho.

 

El 2015 ha sido un año de activa participación de la sociedad brasileña en manifestaciones multitudinarias con reivindicaciones relacionadas, sobre todo, con el rechazo de la población a los escándalos de corrupción que involucran a la clase política y empresarial. Durante las protestas se ha exaltado la figura de Sergio Moro, el juez federal de 43 años que ha dado el mayor impulso desde el Poder Judicial a la operación Lava Jato. Sin embargo, no se trata de un logro personal, sino de un conjunto de factores que han permitido el éxito y el alcance de esta operación contra la corrupción: el marco constitucional que garantiza la separación de poderes y el contexto de autonomía institucional de las autoridades de procuración de justicia frente al poder político, combinado con una estrategia legal que ha resultado muy atinada.

Brasil está escribiendo un capítulo determinante en su historia al llevar estas investigaciones de corrupción hasta sus últimas consecuencias. Los demás países de América Latina podrían observar cuidadosamente el marco institucional brasileño y las figuras legales innovadoras que están haciendo esta proeza posible, en un tema que sigue siendo particularmente problemático en nuestra región.

 

Rafael Barceló Durazo
Licenciado en Derecho y maestro en Administración y Políticas Públicas. Es diplomático de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el 2010.

Bárbara Magaña Martínez
Licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Paz y Seguridad Internacionales. Es diplomática de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde el 2010.


1 Polícia Federal de Brasil “Entenda a Operação Lava Jato” http://www.dpf.gov.br/agencia/noticias/2014/03/operacao-lava-jato-desarticula-rede-de-lavagem-de-dinheiro-em-7-estados

2 http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

 

2 comentarios en “Brasil embiste a la corrupción

  1. Es impresionante hasta dónde penetra la corrupción en un país. Sin duda la fortaleza de las instituciones judiciales contribuye a luchar efectivamente contra la corrupción y ciertamente se han logrado grandes resultados en Brasil; sin embargo, no me queda claro qué tanto representa este esfuerzo respecto al problema de corrupción en su conjunto. Y también, en alguna medida, el que hayan caído diversos personajes políticos podría explicarse por una división entre las élites –la misma presidenta cogobierna con políticos no tan afines- una bola de nieve que quizá se salió de control. ¿Cuál es el saldo al final para Brasil? No está claro.
    Hay quienes que las escaleras se barren de arriba hacia abajo; no obstante, también hay escaleras eléctricas en las que se tiene que barrer desde abajo. Y aquí posiblemente esté el mayor desafío, y en se habría podido contextualizar un poco más. No lo sé, queda esperar que se trate de una política sistemática de combate a la corrupción y no sólo una flor de verano. Lo mismo para el resto de América Latina.

  2. solo que en estos momentos donde se ventilaba en el sistema politico mexicano que un ministro de la suprema corte de la nación fuera miembro del partido en el poder ….. bueno tenemos el gobierno que m,erecemos los mexicanos, estamos lucidos, muy buen articulo, por algo se debe empezar.