Al momento de escribir estas palabras se han reportado al menos 49 muertos en el motín del Centro Preventivo de Reinserción Social Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León y apenas 40 de ellos han sido identificados. El acontecimiento es grave por sí mismo, pero su gravedad es mayor si tomamos en cuenta que, en primer lugar, podría haberse evitado, y en segundo, que las condiciones de Topo Chico son representativas de las del resto de los centros penitenciarios del país.

En el último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, 2014), Topo Chico fue el segundo peor centro penitenciario de Nuevo León, sólo detrás de la Cárcel Municipal Distrital de San Pedro Garza García. En el mismo reporte, se hace notar que en Topo Chico hay “inexistentes acciones para atender incidentes violentos”; “insuficiente personal de seguridad y custodia”; “deficiencias en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos del Centro”; “existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población”; “presencia de cobros por parte de internos”.

De acuerdo a los últimos datos disponibles de la Secretaría de Gobernación (noviembre 2015), Topo Chico cuenta con una capacidad instalada para alojar a 3,685 internos. Sin embargo, su población al cierre del año pasado era de 4,002 internos: una sobrepoblación de 8.6%. Las declaraciones del gobernador Rodríguez Calderón, en las que mencionó una sobrepoblación cercana al 100%, ponen en evidencia la falta de certeza que existe sobre las condiciones del centro.

Este contexto de sobrepoblación no es del desconocimiento de las autoridades. Desde 2009, la CNDH ha advertido sobre la saturación de Topo Chico.

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En su punto más alto, en el año 2012, la sobrepoblación de Topo Chico era del 62.52% de su capacidad instalada.

Otra métrica de la CNDH corresponde a las condiciones de gobernabilidad de los centros penitenciarios. Este indicador evalúa las condiciones del centro relativas a normatividad interna, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, y actividades ilícitas, entre otros. En una escala de cero a diez, Topo Chico ha reportado, en promedio de 2011 a 2014, condiciones de gobernabilidad de 4.48. En el mismo periodo, el promedio del resto de los indicadores de la CNDH, respecto a las condiciones de reclusión y respeto a los derechos humanos de los internos, también ha sido reprobatorio.

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De la misma manera, Topo Chico aparece dentro del listado de 76 centros penitenciarios estatales en donde los internos realizan acciones propias de la autoridad –el principal indicador de que el centro operaba en condiciones de autogobierno.

Estas condiciones, sobrepoblación y autogobierno, resultan idóneas para que grupos criminales dentro de los centros disputen su control, como parece haber sido el caso de Topo Chico.”Las fugas y motines —escribió Eduardo Guerrero—son sólo el síntoma más visible de la crisis en varios penales del país: el control de los penales por parte de las organizaciones criminales más peligrosas y la disputa por ejercer dicho control”.

En 2014, a nivel nacional, la CNDH reportó cinco motines. Reportó, además, 700 riñas cuya gravedad potencial pudo haber sido mucho mayor. 46 personas fueron asesinadas.

Resulta absurdo que tenga que haber muertos para que recordemos la existencia de nuestras cárceles. Topo Chico no es un caso aislado, sino que es sintomático del estado de nuestro sistema penitenciario. De la misma manera, debe ser una llamada de alerta a los gobernadores —al de Nuevo León en primer lugar, pero no exclusivamente— quienes parecen ignorar, por comodidad o ineptitud, los centros penitenciarios que están bajo su responsabilidad.