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Cuando Héctor Aguilar Camín me preguntó si quería escribir un artículo sobre la inminente reforma hacendaria, le dije que sí pero que fuera desde un punto de vista del contribuyente. Este es, entonces, un alegato desde la óptica de aquellos que pagamos impuestos en México. Parto del supuesto de que si el gobierno quiere subirnos los impuestos, debemos exigir algunas condiciones. A continuación menciono tres que me parecen indispensables.

Primera condición: Saber los impuestos que pagamos. Una abogada canadiense me contó lo bien que funcionaba el Estado de bienestar en su país: un buen sistema de salud público, educación gratuita de calidad, pensiones dignas, etcétera. Pero todo esto, me dijo, cuesta mucho. Ella pagaba 50% de sus ingresos en impuestos. Recuerdo cómo me lo contó: “la mitad del año, de enero a junio, trabajo para el gobierno; a partir de julio, para mí”. Me gustó esta manera de ilustrar el tema fiscal: del año que laboramos, ¿cuántos meses lo hacemos para el Estado? ¿Usted lo sabe?

Simplificando, los contribuyentes pagamos dos tipos de impuestos: sobre lo que ganamos y lo que gastamos. Comencemos con los primeros. Si uno es persona física contratada por una empresa, ésta le retiene el Impuesto sobre la Renta (ISR) y se lo paga directamente al fisco. Gracias a eso, muchos contribuyentes no saben cuánto pagan. Se los informan en sus recibos, pero no existe, a diferencia de otros países, una tradición del contribuyente de ver cuánto le dieron al gobierno.

En Estados Unidos, por ejemplo, cuando contratan a una persona, le informan su sueldo bruto (antes de deducir los impuestos). En México, en cambio, las contrataciones se hacen en términos netos, es decir, después de la retención impositiva. Esta tradición esconde lo que el contribuyente paga de impuestos. La verdad es que los empleados raramente se dan cuenta de la tajada que se lleva el Estado.

Esto tendría que cambiar. Se me ocurre lo siguiente. En cuanto la empresa pague los impuestos que retiene al empleado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) debería notificar —por correo electrónico, mensaje SMS o correo físico, según le convenga al contribuyente— cuánto pagó de impuestos ese mes. La comunicación debe ser lo más clara posible y con letras bien grandes: “Señor contribuyente, el SAT le informa que este mes usted pagó tanto dinero. Muchas gracias por cumplir.”

En el caso de las personas que ganan por honorarios, parte del ISR lo retiene la empresa a la que realizó el trabajo. El resto lo tiene que pagar el contribuyente directamente al SAT dependiendo las deducciones que tenga. Esto, de nuevo, oscurece el pago de los tributos. Tan sólo hay que preguntarle a una persona que está en este régimen fiscal cuántos impuestos paga para darse cuenta que no tiene ni idea. También habría que informárselo con toda claridad con tres comunicaciones: cuánto pagó la empresa que le retuvo el impuesto, cuánto él y el total.

Finalmente, está el caso de las empresas. Aquí el asunto es aún más difícil. En el sexenio de Fox el SAT implementó el pago de impuestos provisionales por internet. Funcionaba de maravilla: era sencillo y eficaz. No obstante, en el camino, como suele ser el caso de las burocracias, lo fueron complicando, sobre todo cuando entró en vigor el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) durante el sexenio de Calderón. El ISR iba sobre las ganancias y el IETU sobre el flujo de efectivo. Había, entonces, que llevar dos contabilidades. El trámite de pagar se volvió engorroso. Era imposible hacerlo sin un contador. Luego se implementó el “pago referenciado” que hizo aún más difícil, prácticamente imposible, que un contribuyente pagara sus impuestos vía internet sin tener que recurrir al contador.

En suma, para una empresa, chica, mediana o grande, se ha vuelto un galimatías saber cuántos impuestos se pagan. Hay varios regímenes, tablas y pagos provisionales. A veces, en un mes, se paga de más, lo que luego se puede acreditar; a veces, se paga de menos, lo que cuesta actualizaciones y recargos. Pregúntele usted a un empresario cuánto paga de impuestos (yo lo hago seguido) y bien a bien no lo sabe por la convivencia de dos tributos (ISR y IETU), amén de las reglas que siempre van cambiando.

En cuanto a los impuestos sobre lo que gastamos, resulta que, por ley, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) es parte del precio de todos los bienes y servicios que consumimos. Esto esconde, una vez más, cuánto pagamos. Un ejemplo. Si una persona quiere comprar un coche en México, le dan el precio que incluye el IVA. Sólo hasta que se lo facturan se entera que el 16% de lo pagado se lo va a llevar Hacienda. En Estados Unidos, en cambio, en la agencia le dan el precio antes de impuestos. La persona sabe que a eso hay que sumarle el impuesto sobre las ventas (que varía en cada estado) por lo que tiene que sacar una calculadora para ver cuánto es el total. De esta manera le queda claro cuánto va a dejarle al gobierno al sacar el coche de la agencia.

En defensa del contribuyente

Con el sistema que tenemos en México, del IVA incluido en el precio total, ¿acaso sabemos cuánto le dejamos al gobierno mes con mes en este impuesto? Desde luego que no. Ergo, si queremos más claridad en lo que pagamos de IVA, habría que modificar la ley para que el impuesto no sea parte del precio total, de tal suerte que, por ejemplo, cuando comiéramos en un restaurante, digamos que con una cuenta de mil pesos, el mesero nos cobrara mil 160 pesos porque Hacienda se va a llevar en esa transacción 160 pesos. Y así en todos y cada uno de los consumos que hiciéramos día con día.

Si el gobierno quiere subirnos los impuestos, como contribuyente, la primera condición que propongo es un régimen donde sepamos con claridad cuánto le pagamos al gobierno. No se vale un sistema hecho para esconder la realidad. El día que la mayoría de los mexicanos sepamos cuánto pagamos de impuestos, tendremos contribuyentes con otra actitud. Nos convertiremos en ciudadanos más pendientes de cómo los gobernantes se gastan nuestro dinero.

Segunda condición: Informar en qué se gastan los impuestos al centavo. Voy ahora a otra historia también relacionada con impuestos y con Canadá. Conocí a un mexicano que tenía un departamento en Whistler. Esta ciudad, conocida por su increíble montaña para esquiar, es espectacular: todo los servicios públicos funcionan a la perfección. No es gratuito. El mexicano me enseñó su recibo del impuesto predial. Pagaba una fortuna cada mes. Era, de lejos, su gasto mayor. Ahora bien, junto al recibo de la municipalidad venía un informe pormenorizado de todos los gastos, al centavo, que hizo la alcaldía en el mes. “Por lo menos aquí sabes en qué se están gastando el dinero”, me dijo el paisano.

Tiene toda la razón. Parte del pacto fiscal entre el contribuyente y su gobierno es saber en qué se gasta el dinero de los impuestos. Insisto: al centavo (salvo todo lo que tiene que ver con asuntos de seguridad nacional donde, ni modo, no conviene revelar estas partidas).

En México me temo que estamos todavía en pañales. Ciertamente, con la llegada de la democracia, y sobre todo con la Ley de Transparencia aprobada en el sexenio de Fox, se ha avanzado. Pero todavía hay mucho camino que recorrer. No queda nada claro cómo gastan, por ejemplo, los gobiernos de los estados y municipios. O los partidos políticos. O los sindicatos que reciben dinero público. O las bancadas en las cámaras de Diputados y Senadores.

Hace poco, por ejemplo, nos enteramos de lo que gastó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado. Habían comprado cigarros, shampoo, condones, joyas, botellas de ron, artículos de lujo de la marca Louis Vuitton y hasta chicles. Habían pagado servicios de tintorería, boleadas y múltiples comidas en los mejores restaurantes. Fue un grupo de panistas el que filtró esta información para golpear a otro grupo de adversarios de ese mismo partido. De no haber habido pelea, nunca nos hubiéramos enterado de los gastos, como no sabemos en qué se gastan el dinero los senadores del PRI o del PRD.

A los panistas hay que reconocerles que llevaban muy bien sus cuentas. Al centavo, como debe ser. Pero estos reportes deberían ser públicos e incluso enviarse a los contribuyentes para que supieran en qué se está gastando su dinero. En pocas palabras, seguir el ejemplo de Whistler: reportes pormenorizados y no consolidados que esconden la realidad.

Si el gobierno quiere subirnos los impuestos, como contribuyente, la segunda condición que propongo es un régimen de transparencia total de los gastos del gobierno en absolutamente todos los rubros, salvo en el de seguridad nacional. El día que la mayoría de los mexicanos sepamos en qué se gastan nuestros impuestos seremos ciudadanos con más ganas de contribuir, siempre y cuando tengamos la sensación de que se está gastando bien.

Tercera condición: Meter en la cárcel a los que se roban los impuestos. En México hay que hojear un poco la prensa para darse cuenta de los múltiples abusos que se cometen con el dinero de los contribuyentes. El problema es que no se castigan. Por ahí, de vez en cuando, unos funcionarios son suspendidos. Otros políticos son defenestrados debido al escándalo público. Lo que está ausente es la mano de la justicia mexicana.

En la opinión pública existe la percepción de que muchos funcionarios se enriquecen a costillas del contribuyente: ex secretarios de Estado, ex gobernadores, ex presidentes municipales, ex jueces o ex directores de paraestatales. ¿Cuántos de estos tipos, de los que existen amplias sospechas, son investigados, procesados o condenados? Prácticamente ninguno. En este momento hay dos casos. El del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, y el de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat. El primero tiene un auto de formal prisión para ser procesado. El segundo está libre gracias a un amparo. No voy a entrar a los detalles de estos dos asuntos. Sólo vale la pena decir que no me sorprendería que, después de muchos años de litigio, nos enteremos que el Estado no tuvo pruebas para sentenciarlos.

Un Estado que no castiga a los funcionarios y políticos corruptos es un Estado que no tiene derecho a cobrar muchos impuestos. Por una razón: ¿qué garantía tenemos los contribuyentes de que no se están robando nuestro dinero, es decir, nuestro trabajo?

Es cierto: en todos lados del mundo hay corrupción. Pero también es cierto que en los lugares donde se cobran más impuestos —digamos los países escandinavos, Canadá o el Reino Unido— son países donde hay muy poca tolerancia a los corruptos. La autoridad está haciendo constantemente investigaciones especiales para encontrar las manzanas podridas antes de que éstas pudran a las demás.

Aclaro en este punto que los presuntos culpables de robarse el dinero de los contribuyentes tienen que ser investigados, procesados y juzgados respetando su derecho al debido proceso. Pero, caray, que se haga algo porque en México hay la sensación de que no se hace nada.

Si el gobierno quiere subirnos los impuestos, como contribuyente, la tercera condición que propongo es un régimen de investigaciones que lleve a los corruptos a la cárcel. Esto, por un lado, mandará un mensaje disuasivo a aquellos funcionarios con la tentación de abusar del dinero público y, por el otro, una señal muy positiva a los contribuyentes de que su dinero está siendo bien utilizado. El día que la mayoría de los mexicanos veamos que se castiga  a los corruptos, seremos ciudadanos más satisfechos con nuestro pacto fiscal. n

Leo Zuckermann. Politólogo. Profesor afiliado  del CIDE. Conductor de Es la hora de opinar en FOROtv y de Artículo sexto en Radio Fórmula, columnista de Excélsior.

Ilustración de David Peón.