La reforma educativa constitucional puede analizarse a través de varias vertientes. Desde la política y la política educativa, hasta la pedagogía. ¿Cuál es la más importante de todas? La de la alta política educativa. Es un término que tomo prestado de la teoría de relaciones internacionales, donde la “alta política” (“High Politics”) tiene que ver con temas de estrategia, seguridad y guerra; y la “baja política” con temas de economía, cultura, medio ambiente y otros, típicamente nacionales y que, en general, no tienen efectos en la estabilidad del sistema.

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A partir de ahí construyo una teoría de la política educativa basada, fundamentalmente, en “alta política educativa”; es decir, todo aquello que mantenga o quebrante el statu quo en las relaciones de poder y condiciones iniciales de operación del sistema, y “baja política educativa”, o sea, todo aquello que haga funcionar el sistema educativo: desde la política educativa per se hasta la pedagogía, la evaluación, los currículos, la gestión escolar y el trabajo en aula.

La reforma constitucional (RC) tiene dos vertientes muy claras de análisis: una de alta y otra de baja política educativa. Dos jugadores que son o podrían ser completamente enemigos en la “alta política” educativa, pueden ser aliados en la baja política educativa. Por ello, hemos visto en los últimos cuatro sexenios, desde Salinas hasta Calderón, juegos de baja política educativa.

En la alta política educativa por tratarse de la distribución de poder, el juego estrictamente es de suma cero: lo que uno gana el otro pierde; en la baja política educativa, como el poder no se toca, el juego es de suma positiva: las ganancias son para todos. Los juegos de suma cero son competitivos; no hay cabida a la cooperación, a menos que una fuerza mayor cambie la naturaleza del juego. Los juegos de suma positiva son cooperativos; ambas partes tienen posibilidad de ganar. Enemigos en lo estratégico, amigos en lo funcional.

Todo indica que tenemos un juego de gigantes de la estrategia: el presidente Enrique Peña Nieto y Elba Esther Gordillo. Los dos no pueden ganar al mismo tiempo y en el mismo juego. En la política no existe tal cosa como la cooperación donde todos ganamos. No. En la política —el área del conocimiento que estudia “el fenómeno del poder”— no se puede tener poder (capaz de imponer) y ser dominado al mismo tiempo. Si dos poderes antagónicos se asocian y crean un nuevo poder, por ejemplo alianzas entre partidos políticos para designar un candidato, quien gana es quien lo impone. La nueva fuerza política entrará en nuevos juegos. Pero la alianza es producto de una lucha de poder.

En este tablero estratégico de alta política, la RC es el primer movimiento de Enrique Peña Nieto. Elba Esther Gordillo está por mostrar su jugada que dependerá de su músculo (capacidad de imponer). El juego es de información perfecta y secuencial, ambas partes conocen las fichas del otro jugador (recursos, aliados, posibilidades, en otras palabras, peones, caballos, alfiles, torres y reina), pero no saben hacia dónde fija la mirada cada uno. La acción de uno de ellos desencadenará la reacción del otro. Pueden no hacer nada por algún tiempo, echar mano del alardeo o “bluff” o basar sus jugadas en el camuflaje, la persuasión, la distracción o el abandono. El presidente tendrá que esperar la reacción de la dirigente del SNTE. Pero al mismo tiempo construirá, como lo hacen los maestros o jugadores de ajedrez, un árbol de decisiones, con rutas contingentes.

Gordillo seguramente trabaja en su “cuarto de guerra” (“inteligencia colectiva”) posibles decisiones o tácticas para un objetivo claro: aumentar poder. En la construcción de estrategias, el cálculo de costo-beneficio es fundamental. Peña mandó un mensaje claro al jugar fichas de mucho peso: “una reforma constitucional” para mostrar y demostrar fuerza política.

En el terreno de la retórica (táctica) hay mucho por hacer; en el terreno de la acción, Gordillo tiene pocas opciones. Detener la reforma: imposible. Si no lo obtuvo a nivel federal, menos en el local, cuyas principales fuerzas de poder están en los gobernadores y legisladores federales, quienes en su mayoría apoyaron las reformas en las Cámaras federales. La dirigente de los maestros hará frente a la batalla con amenazas, manifestaciones, paros, cordura, prudencia, etcétera.

Viene la revisión del contrato colectivo, por ahí podría encajarse la presión sindical. Una confrontación abierta no conviene a ninguno de los dos jugadores. Ninguno realmente tiene el poder suficiente como para controlar los efectos negativos de convertir este juego en un “chicken”; la negativa a cooperación llevaría a la destrucción de ambos.

Supongamos que Gordillo no logra el pliego petitorio en la revisión anual del contrato colectivo y convoca a un paro nacional. La medida es totalmente antipopular; pero hemos visto que en distritos escolares de países completamente democráticos, con sindicatos democráticos (con poca distancia de poder entre líderes y representados), han logrado sentar a las autoridades educativas en la mesa de negociación. Así ha sucedido en Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Muy recientemente en el distrito escolar de Chicago, el tercero más grande de la Unión Americana, los maestros de las escuelas públicas, con lenguaje y acciones agresivas, se fueron a huelga. Líder y alcalde, con personalidades fuertes y aguerridas se enfrentaron, el tema estalló en huelga del sistema público, que mandó a 350 mil estudiantes fuera del aula. La huelga conjuró 10 días después, y todas las partes obtuvieron alguna concesión. Los maestros y el sindicato, con una reforma educativa más suave; el alcalde y los reformistas, con un esquema de evaluación magisterial; los estudiantes y padres de familia, con el regreso a clases. Siempre las aguas se calman después de una buena negociación. Pero primero las partes muestran toda su artillería.

El movimiento estratégico de inicio de partida de Peña Nieto fue de gran maestro. Con un fuerte bono democrático después de las elecciones, y los espaldarazos de los tribunales y autoridades electorales, y el apoyo de los medios de comunicación y líderes de opinión, el movimiento de la RC tenía que hacerse al principio del sexenio, durante la “luna de miel”, con toda la atención mediática y con la fuerza suficiente para gestionar el apoyo de gobernadores y legisladores. Además, el presidente enfrenta a una contrincante debilitada a nivel mediático, con múltiples señalamientos de involucramiento excesivo en la política educativa al grado de la imposición de maestros, directores y reglas del juego a modo. Con un Peña fuerte y una Gordillo sin proyección en los medios, el tiempo del movimiento fue magistral. Uno se pregunta ¿por qué no hicieron lo mismo Zedillo, Fox y Calderón? Salinas lo hizo, aunque no tan al principio, y sin bono democrático, en contra de Jonguitud, pero el reacomodo de las piezas resultó contraproducente a posteriori.

La partida de Peña no es tan agresiva, por el momento, como fue la de Salinas. Pero el juego apenas acaba de empezar.

¿Qué debe hacer Gordillo? Primero, detectar si tiene estrategia dominante, es decir, que en el análisis de costo-beneficio tuviera estrategia que dominara a cualquier otra. Una estrategia de confrontación por parte de Gordillo no puede ser dominante porque ahora refleja una imagen desgastada. Supongamos que en la renegociación del contrato colectivo las partes se enfrentan y ninguna cede. Y la huelga estalla, y unos 22 millones de niños de educación básica se quedan fuera de la escuela, más algunos de otros niveles, por apoyos intergremiales. Lo que sucederá es que el clamor de los medios, empresarios y padres de familia (muchos de ellos maestros), a favor del retorno a clases, será estridente. Y la figura de la líder y su sindicato se deteriorarán aún más. Gordillo sólo puede utilizar la huelga como amenaza; si la lleva a cabo, su estrategia será fallida.
Una huelga corta o larga para Peña tendría costos elevados también. Empezará a consumirse el bono democrático: los indecisos iniciarán por criticar; los gobernadores y legisladores que apoyaron bajo la premisa de una solución pacífica, elevarán sus precios del apoyo político, y poco a poco las arcas del presupuesto político de Peña empezarán a vaciarse. Con el tiempo, el presidente se verá forzado a ceder más y más. Por lo tanto, movimientos y soluciones rápidas es lo mejor para él.

Ambas partes necesitan sentarse a negociar. Lo harán y finalmente sacarán un acuerdo digno para todos en 2013.

¿Qué deben hacer para el mediano y largo plazos? Elba Esther Gordillo debe reconocer que se le fue la mano y que las condiciones favorables para una manipulación de la política educativa a través de la distribución de lealtades a diestra y siniestra con posiciones de poder se terminó o está por terminarse. También debe reconocer que una cosa es opinar sobre la política educativa y otra es imponer la política educativa. Ésa es una práctica decimonónica. Gordillo tiene razón en dos cosas: es necesario tratar de mantener un equilibrio de poder entre fuerzas políticas (monopolios: burocráticos, empresariales, sociales, mediáticos) y que la culpa de la mala educación del mexicano no radica en los maestros y las escuelas.

¿Qué debe hacer la dirigente del SNTE como gran estratega? Replegarse, meditar, engendrar a un líder de cambio. Debe hacerle a la Gorbachov de la educación; una especie de “desmoronamiento unilateral”, semiforzado por las condiciones políticas actuales. Debe reconstruir totalmente al sindicato, democratizarlo con más fuerza que la sugerida por la sociedad. Un sindicato totalmente democrático recibirá una fuerte infusión de capital político y una revitalización mediática.

¿Qué debe negociar Gordillo más allá del contrato colectivo? Una reorganización de la distribución del poder en México. Un desmantelamiento de todos los poderes monopólicos (no democráticos) de manera paralela y verificable. Debe renegociar, también, el reconocimiento al nivel de la política pública, de que la principal causa del fracaso educativo de México está en la pobreza, en la segregación, en la desigualdad, en la corrupción pública y el cohecho privado, en los impresionantes monopolios que mantienen a la mayor parte de la población al margen del desarrollo. En términos de Carlos Fuentes, el progreso debe ser incluyente, para todos, si no, no es progreso.

¿Qué debe hacer el presidente de México? Su primera jugada para un reacomodo en las relaciones de poder a nivel de la política educativa, o de la intromisión en la política educativa, fue de experto. Sin embargo, Peña Nieto debe cuidar varias cosas: una, no dar demasiado poder a otros jugadores. Aniquilar a un monopolio para ensalzar otros tendrá costos políticos de largo plazo muy negativos para él mismo. Los monopolios atacarán ferozmente cuando lo vean debilitado. En el terreno de la baja política educativa, a Peña Nieto se le fue la mano con la reforma constitucional, al crear un jugador con poderes constitucionales casi ilimitados sobre la política educativa y la evaluación de ésta y al meter en el texto constitucional temas de baja política educativa. Además, no importa qué tan “expertos” sean los miembros de la Junta de Gobierno del nuevo Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), cuando los expertos se convierten en funcionarios públicos, dejan de ser académicos y científicos: su lealtad no es a la verdad sino al patrón.

En la alta política Enrique Peña Nieto, como estadista, debe buscar un equilibrio en la distribución del poder. Los monopolios de poder son muy perniciosos al progreso; pero la asimetría en la distribución del poder puede convertir a la naciente democracia mexicana en una oligarquía perenne. Queremos, en el mejor sentido aristotélico, una poliarquía que sea más democrática que oligárquica. Así, la siguiente jugada de Peña debe ser doble: por un lado, sentar las bases para un cambio radical en políticas públicas: políticas que promuevan una visión y acción holística; que reconozcan que mientras no erradiquemos pobreza, segregación, desigualdad y corrupción, el fracaso educativo continuará; por tanto, los instrumentos de la política educativa per se son limitados para el cambio educativo. Por el otro lado, Peña Nieto debe cambiar por completo el esquema de atracción, formación, certificación y apreciación del maestro.

En el mundo de la alta política educativa no está en juego la evaluación de maestros, escuelas o estudiantes, tampoco está en juego si las escuelas son autónomas o no, o si la jornada escolar es parcial o completa, o si los espacios son dignos o no, lo que está en juego son las condiciones iniciales, la distribución de poder, en otras palabras, lo que hará que todo lo demás funcione bien.

Eduardo Andere M.
Analista en temas de educación, aprendizaje y políticas públicas.