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En las últimas décadas del siglo XX, fuerzas importantes del país se unieron para impulsar la modernización del Estado. Algunas instituciones públicas erigidas durante el ciclo histórico de la postguerra —marcado por la industrialización— mostraban disfuncionalidades graves y era urgente reformarlas. Era el caso de la educación pública. Aunque el sistema escolar tuvo éxitos resonantes entre 1920 y 1940, su organización y funcionamiento fueron modificados drásticamente —siguiendo criterios corporativos— en el sexenio 1940-1946. En la época siguiente, la atención de los gobernantes se centró en ampliar la oferta educativa y, como consecuencia, se produjo una expansión espectacular de la red escolar. La matrícula pasó de tres millones de alumnos en 1950 a 30 millones en el año 2000. Pero, a semejanza de otros países occidentales, la masificación dio lugar a problemas pedagógicos inéditos que condujeron inexorablemente a una crisis educativa (Coombs, P., 1968). Al mismo tiempo el entorno social nacional e internacional cambiaba aceleradamente.

disputa

El cambio cultural fue acelerado: el surgimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, el proceso de globalización económica, la irrupción del libre mercado y el derrumbe de los proteccionismos, la transición hacia la democracia, la persistencia de una aguda desigualdad social y de manchas urbanas de miseria y lumpenización, el incremento del narcotráfico, los movimientos migratorios, la irrupción del feminismo, la exigencia de derechos humanos y de una justicia más eficaz, la reivindicación de la pluralidad cultural impulsada por el movimiento de los indígenas de Chiapas, etcétera. Todos estos cambios presionaban a favor de una urgente reforma de la educación. En los años ochenta comenzaron a aparecer evidencias escandalosas del derrumbe en los aprendizajes de los alumnos (Conalte, 1983; Carpizo, J., 1986; Guevara, N., 1991).

En este contexto nació el movimiento en favor de “la calidad” educativa. Las fuerzas integrantes de ese movimiento fueron al principio restringidas: grupos magisteriales, investigadores universitarios y algunos sectores políticos. Pero suficientes para detonar una reforma que cristalizó en 1992, con el nombre de Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. Con ese acuerdo el gobierno federal se proponía modificar la organización y el funcionamiento del sistema escolar mediante: a) la atribución de la administración y operación de todas las escuelas a los gobiernos de los estados; b) la creación de un sistema de consejos sociales con la función de ejercer control y supervisión sobre el funcionamiento de las escuelas; c) la puesta en marcha de un mecanismo alternativo a la movilidad por escalafón, de gratificación a los docentes en función de su desempeño en el aula (carrera magisterial); d) la renovación de planes, programas de estudio y libros de texto.

El acuerdo encontró una oposición férrea por parte del SNTE que realizó numerosas maniobras para hacerlo fracasar. Con el control de las comisiones de educación de ambas Cámaras del Congreso, una vez que se elaboró la “ley secundaria” (la Ley General de Educación) el sindicato despojó de todo poder de decisión a los consejos sociales de educación y los convirtió en meras entidades metafísicas. La transferencia de los servicios educativos a los estados se hizo apresuradamente y tropezó con múltiples dificultades: normativas, financieras, etcétera, hasta el extremo que algunos gobernadores pidieron que los servicios educativos regresaran a manos de la Federación. En poco tiempo se advirtió que la carrera magisterial se había convertido en un sistema credencialista de movilidad en el trabajo que no impactaba en los resultados de aprendizaje. Asimismo, surgieron en este tiempo abundantes evidencias de los inconvenientes que tenía para México la existencia de un currículum estandarizado.

La alternancia en la presidencia de la República, con el triunfo del PAN en el año 2000, abrió un nuevo ciclo histórico en la educación básica del país. El acceso del PAN al control del poder Ejecutivo produjo un cambio en la correlación de fuerzas dentro del sector, pero este cambio favoreció a la dirigencia del SNTE. El vínculo personal del presidente Vicente Fox con la líder sindical, Elba Esther Gordillo, se tradujo en una serie de ventajas para los líderes gremiales, un incremento de la fuerza política del sindicato y un debilitamiento de la SEP. Sin embargo, ese mismo año se aplicó el primer examen internacional PISA (alumnos de 15 años de edad), y al hacerse públicos los resultados obtenidos por los estudiantes mexicanos se sacudió la opinión pública. He aquí una muestra de esos resultados. (Recuérdese que la OCDE presenta las calificaciones obtenidas en cinco niveles, del más bajo al más alto.)

Resultados en competencia
en lectura

(porcentajes de alumnos en cada nivel)
                             México             Promedio OCDE
Debajo del Nivel 1 16.1                            6.2
Nivel 1                   28.1                          12.1
Nivel 2                   30.3                          21.8
Nivel 3                   18.8                          28.6
Nivel 4                     6.0                          21.8
Nivel 5                     0.9                            9.4
Fuente: OCDE (2002): Education at a Glance.

El puntaje obtenido por los alumnos mexicanos en Matemáticas fue de 387 frente a un promedio de los países OCDE de 498. En todos los casos México obtuvo el último lugar de los países miembros de la OCDE. Poco tiempo después se hizo público que México había participado también en una prueba internacional de Matemáticas y Ciencias en 1995, el llamado TIMSS organizado por la International Assessment of Educational Progress (IEA) y que la SEP, una vez que comprobó los bajos puntajes obtenidos por los alumnos de México, había decidido prudentemente archivar los datos correspondientes a ese examen. En realidad, también en esa prueba los chicos mexicanos obtuvieron pésimos puntajes. Hubo nuevos exámenes PISA en 2003, 2006 y 2009 y en todos ellos México mantuvo su posición rezagada.

Con estos datos el debate por la “calidad” de la educación dejó de ser una querella entre grupos específicos y se convirtió en un debate público nacional. El gobierno de Fox, al mismo tiempo que cortejaba al SNTE, lanzó una serie de iniciativas que tuvieron un efecto positivo sobre el sistema —aunque tal vez carecieron de sistematicidad—. De esa forma surgió el programa Escuelas de Calidad, el programa Enciclomedia, las Bibliotecas de Aula, el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, la prueba Enlace, etcétera, al mismo tiempo que se realizaron reformas en el nivel preescolar (2002) y en secundaria (2006). Entre 2004 y 2006, sin embargo, la cúpula sindical ostentaba un poder financiero enorme obtenido, a veces, por asignaciones de dinero directas e irregulares de la SEP. En esos años, con el patrocinio de la líder magisterial, Elba Esther Gordillo, se creó “el partido de los maestros” que logró su registro oficial en el IFE con el nombre de Partido Nueva Alianza (Panal) y quedó bajo la tutela de uno de los principales asesores de Gordillo.

La efervescencia social a favor de la “calidad” educativa no cesó bajo el gobierno de Felipe Calderón, pero éste, ingenuamente, otorgó todavía más poder a Elba Esther Gordillo. La Subsecretaría de Educación Básica fue entregada a un yerno de ésta. No sólo eso, la dirigencia sindical además impuso a la SEP un programa educativo particular: la llamada “Alianza por la Calidad de la Educación”, que suplió al programa oficial previamente anunciado. De esta forma la educación básica pasó a ser dirigida por comisiones paritarias SEP-SNTE, condición que vulneraba ostensiblemente la Constitución de la República toda vez que la educación básica, según reza el artículo tercero, es facultad exclusiva del Estado.

Con estos antecedentes es comprensible que el nuevo gobierno del PRI se proponga una reforma educativa cuyo primer objetivo es “recuperar para el Estado la rectoría de la educación”. Otros elementos de la nueva reforma educativa son:

Incorpora el valor “calidad” dentro de los rasgos de la educación que imparta el Estado.

Preserva para el Poder Ejecutivo la capacidad de decidir en materia de planes y programas de estudio, previa consulta obligatoria con los sectores involucrados.

Establece que el ingreso a las plazas docentes y a puestos de dirección y supervisión se realizará conforme a exámenes de oposición.

Se crea el Sistema Nacional de Evaluación cuyo eje institucional será el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación.

Se crea un sistema nacional, único, de información educativa.

Se reunirán elementos para otorgar mayor autonomía a las escuelas.

Se crearán, al menos, durante el sexenio, 40 mil escuelas con horario ampliado (entre seis y ocho horas).

Faltan muchos elementos por definirse, pero desde ahora se puede afirmar que la parte sustancial de esta reforma se ocupa de eliminar los mecanismos viciados de ingreso a la profesión docente (por compadrazgos o bautizos políticos, por venta o por herencia de plazas, etcétera) e impone un procedimiento que coloca el mérito (intelectual, pedagógico, moral, vocacional) como recursos para ocupar plazas y promoverse a puestos de dirección. No busca “eliminar empleos” como ha dicho el SNTE. Por el contrario, se trata de dignificar la profesión docente. Esta reforma abre oportunidades insospechadas a los maestros jóvenes y a los enseñantes talentosos para mejorar sus condiciones profesionales y contribuirá a elevar el esfuerzo de todo el magisterio por mejorar su desempeño en el aula. En su conjunto, lo que se quiere es dar un paso más a favor de la “calidad” de la educación y, con ello, hacer de ella un instrumento social para la justicia social.

La nueva reforma educativa abre un horizonte insospechado de oportunidades para el magisterio. Se trata de establecer una nueva plataforma normativa para el trabajo docente. La profesión magisterial será, en estricto sentido, una profesión (como la medicina, la abogacía, etcétera) y no una subprofesión condicionada por rígidas redes sindicales y burocráticas. Bajo estas condiciones el docente será mejor remunerado y gozará de un prestigio social que ha ido perdiendo. Asimismo, al reforzar el papel de las escuelas se incrementará el poder de decisión de la comunidad escolar, se mejorarán las condiciones del trabajo magisterial, asegurando igualmente que quienes ocupen la posición de directores de escuela posean aptitudes intelectuales y morales apropiadas de tal forma que se hagan merecedores del papel de líderes pedagógicos y sociales respetados por su comunidad.

Bibliografía
Carpizo, J. (1986): Fortaleza y debilidad de la UNAM, UNAM, México.
Conalte (1983): La educación básica en México, SEP, México.
Coombs, P. H. (1968): La crisis mundial de la educación, Ediciones Península, Barcelona.
Guevara Niebla, G. (1991): “México: ¿Un país de reprobados?”, en nexos, núm. 162.
OCDE (2002): Education at a Glance, París.

Gilberto Guevara Niebla. Profesor titular del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Director de la revista Educación 2001. Su más reciente libro es México 2012: La reforma educativa.